«Es un negocio desesperado»: Ariel León Bacián, el representante indígena que busca revocar licitación del litio

No fue uno sino dos recursos los que acogió la Corte de Apelaciones de Copiapó y que permitieron suspender de manera temporal el proceso de licitación del litio, a través de una orden de no innovar. Uno de ellos es el que presentó el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, y el otro fue interpuesto por representantes de pueblos originarios, el 12 de enero pasado.

En él están las firmas de Ercilia Araya, presidenta de la Comunidad de Pai Ote, de Atacama; Esteban Araya Toroco, presidente de los agricultores de Lay Lay, de Calama; Nancy Piñones Ormazábal, presidenta de la Comunidad Elba Sanjinés de Huara; Verónica Enríquez Antimanqui, del Futa Trawun, de Paillaco; Rafael Tuki Tepano, del pueblo Rapa Nui; y Ariel León Bacián, del pueblo quechua, quien redactó el recurso.

El objetivo principal es revocar todo el proceso de licitación, sobre la base de un incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que resguarda la realización de una Consulta Indígena, que –según explicaron– es anterior al proceso de evaluación ambiental y que debió realizarse incluso antes de ingresar las bases de licitación a la Contraloría.

En conversación con El Mostrador, Ariel León Bacián –quien ha sido asesor en la Convención Constitucional y el Senado– sinceró que saben que el litio se explotará igual, pero que buscan que se haga en respeto a los derechos humanos de las comunidades y los pueblos originarios, sin destruir el medioambiente y respetando sectores ceremoniales de las comunidades indígenas. El recurso es en favor de la comunidad colla Pai Ote y de todas aquellas personas y comunidades indígenas que habitan los territorios en cuestión.

El documento plantea que «esta licitación, tal como está diseñada, afectará a las personas en cuyo favor se recurre, pues la licitación no tiene límite geográfico dentro del territorio de Chile y, por ende, puede ser invocada en cualquier territorio donde exista litio, sean los salares de Atacama, Maricunga, Coipasa, Salar del Huasco, u otros».

-¿Cómo se tomaron la respuesta de la Corte de Apelaciones de Copiapó y cuál es la expectativa de lo que viene ahora?
-Para nosotros es importante la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó, porque es una decisión valiente. Nosotros creemos que es también por la fuerza de nuestros argumentos, porque la vulneración de derechos fundamentales por parte del Ministerio de Energía y Minería es flagrante, es evidente.

La Consulta Indígena es un derecho que está consagrado en el Convenio 169 de la OIT, está reconocido en todos los tratados internacionales. En Chile el Convenio 169 tiene vigencia plena desde el año 2009, hay una farragosa jurisprudencia en la Corte Suprema en relación con la Consulta Indígena y el Estado. Los sucesivos gobiernos no se han cansado de vulnerar ese derecho y este es un caso más. Nosotros, el año pasado en la Corte Suprema, logramos un fallo victorioso en contra del ministro Juan Carlos Jobet por vulneración de la Consulta Indígena en contra de 11 lof mapuche del Alto Bío Bío. Esto no es nuevo, es una conducta que el Estado comete de manera recurrente.

La vulneración viene dada por el hecho de que la licitación del litio impone minería en los territorios indígenas. El artículo 7 del Convenio 169 señala que los pueblos originarios tenemos derecho a nuestros propios planes de desarrollo, y si el Estado tiene un plan de desarrollo alternativo al de los pueblos indígenas, tiene que consultarlo, y en tanto la licitación del litio impone minería sin consulta, es ilegal.

Lamentablemente ya nos estamos acostumbrando a este tipo de vulneraciones y tener que recurrir a la justicia para poder conjurar en contra de ella.

-En el proceso de los alegatos, ¿creen tener antecedentes suficientes para frenar completamente el proceso?
-Nosotros lo que pedimos en el recurso fue la revocación y nulidad de todo el proceso, porque uno de los requisitos de la Consulta Indígena es que sea previa y, por lo tanto, si no se realizó la consulta, todo el proceso está viciado, porque no se hizo de acuerdo a las formalidades legales, y son formalidades que no se pueden subsanar con acto posterior.

No se consultó, por lo tanto, el acto de licitar. Incluso la publicación misma de las bases de licitación no contó con la opinión, con la manifestación de voluntad aprobatoria o denegatoria o modificatoria de los pueblos originarios. Por lo tanto, todo el proceso es nulo, y así lo ha declarado la Corte Suprema y los tribunales ambientales un montón de veces respecto de decretos inconsultos, resoluciones administrativas inconsultas y, también, respecto de resoluciones de calificaciones ambientales inconsultas.

Nosotros estamos pidiendo la nulidad, que se revoque todo el proceso, que quede sin efecto.

-Uno de los argumentos del Gobierno, y que lo dijo el ministro Jobet, es que no se hizo una Consulta Indígena ni a otras comunidades porque aún no se define un lugar de explotación, que esta etapa es solo para permitir explorar.
-Nosotros creemos que el ministro está equivocado, porque, cuando tú evalúas ambientalmente un proyecto, haces una Consulta, es cierto, pero esa consulta está reducida solo a los efectos ambientales, solo a la contaminación. En este caso, nosotros estamos pidiendo una consulta anterior, que dice relación con los planes de desarrollo. Vale decir, los pueblos originarios tienen derecho a decidir, de acuerdo a los tratados internacionales, si quieren vivir de la agricultura, del turismo o de la ganadería. Y, en este caso, lo que se hizo fue imponerles la minería. Eso no tiene nada que ver con el medioambiente y es una consulta distinta, aparte, que tiene que ver con los planes de desarrollo.

Esa consulta ya se debió haber hecho, antes de la licitación, antes de dictar las bases de licitación, antes de decidir si se licitaba el litio o no. El ministro se está refiriendo a una consulta ambiental, pero esta es otra consulta.

-¿Cómo afecta un proyecto de extracción del litio a una comunidad indígena en lo concreto y lo cotidiano?
-Es desastroso. Como se ha practicado la minería hasta ahora, de manera extractivista, ha sido absolutamente dañino para las comunidades. Allá en Atacama, el salar de Pedernales, hay sanciones por contaminación con mercurio de algunas empresas mineras que explotan cobre o extracción de oro.

En el caso del litio es la extracción de agua, en una zona donde hay cambio climático, decretos de emergencia hídrica, donde hay una sequía, la más grande de los últimos años. No obstante, no es el único efecto. La presencia de la minería en los territorios destruye lugares sagrados, destruye lugares valiosos para los pueblos originarios, que son lugares ceremoniales. El salar de Maricunga es un lugar donde el pueblo colla realiza ceremonias, la comunidad de Pai Ote cuenta con estudios que acreditan eso, así como la posición ancestral del salar de Maricunga. Y se va a ver directamente afectada porque destruyen el paisajes, impide la realización de ganadería, de actividades pecuarias, corta con las carreteras las rutas de trashumancia. Hay una serie de efectos perniciosos que están suficientemente datados y estudiados, no es algo nuevo.

El Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama ha rechazado proyectos y ha aprobado también otros de mala manera. Nosotros creemos que la institucionalidad siempre ha estado al debe, porque hay proyectos que no debiesen haberse aprobado y que están funcionando en la Región de Atacama con graves vulneraciones a las comunidades.

-El ministro Jobet dijo también que, mientras se daba esta discusión, ganan los otros países productores de litio. El gobernador de Atacama aseguró que no es que no quieran que el país sea competitivo, sino que, para serlo, se deben hacer las cosas bien. ¿Cuál es su visión sobre eso?
-Respecto al desarrollo de Chile, nosotros creemos que debe ajustarse a los derechos humanos. El desarrollo de Chile debe respetar los derechos fundamentales de todos los chilenos, y nosotros, los pueblos originarios, estamos cansados de ser sacrificados una y otra vez en pos del desarrollo de Chile.

El desarrollo de Chile se construyó con la riqueza robada a los pueblos originarios, tierras y aguas, agricultura, ganadería y, ahora, minería. Entonces, lo que le decimos al ministro es deje de ser ladrón, pare de robar, porque su ministerio es un ministerio colonial, que administra minería y energía que es de los pueblos originarios. Nosotros estamos dispuestos a compartirlas, pero en condiciones de justicia, que no nos destruyan el medioambiente.

Los pueblos originarios no necesariamente somos antiminería. El pueblo colla, el pueblo quechua, hacen pirquinería, pero de manera sustentable, sin destruir el medioambiente, sin perjudicar a nadie.

En perspectiva histórica, Chile ha sufrido sus principales traumas por minería. Nosotros sabemos que estas potencias extranjeras, estas empresas, son capaces de matarnos con tal de extraer litio, les damos lo mismo, no les importamos. Ni siquiera les importa qué país domina esos territorios, lo que quieren es plata.

Nosotros sabemos que el litio se va a extraer sí o sí, pero por último háganlo en justicia, que no destruyan el medioambiente, que no destruyan el salar, que no destruyan a los pueblos originarios, que nos permitan vivir en un territorio en que hemos vivido siempre, y que también dejen beneficios a la comunidad. Lo que suele hacer la minería es explotar, no dejan ningún recurso y se lo llevan todo al extranjero, no le dejan nada a Chile y menos a los pueblos originarios.

En esa correlación de poderes donde sabemos que estamos en desventaja, sabemos que no vamos a poder detener el poder de estas superpotencias que quieren apropiarse del litio. La plata se va para afuera. Lo que esperamos es que se haga en respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que no se haga por medio de la muerte o desaparición de los dirigentes indígenas, o destruyendo la cultura.

-¿Cómo ven los tiempos del Gobierno? Algunos expertos dicen que este proceso pudo hacerse hace 2 años, no a meses de terminar la administración.
-Yo creo que hay un negocio desesperado, donde el Presidente seguramente algún interés tiene. Él y sus socios.