Por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y cohecho: más de la mitad de los municipios del país se encuentran vinculados a alguna investigación penal

«Vemos con preocupación el aumento sostenible de causas relacionadas con infracciones penales en el ámbito municipal, y por supuesto que nos parece de la mayor importancia detenernos y hacer un análisis, y ver si es una tendencia o si es una situación temporal, y qué medidas podemos adoptar».

Esa fue la impresión del presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Peribonio, tras confirmar que más de la mitad de las municipalidades del país están siendo investigadas por corrupción.

Y es que de acuerdo a las cifras entregadas por el organismo estatal, durante un seminario organizado por el CDE para analizar el fortalecimiento de la probidad y la prevención de estos ilícitos, el 52,17% de las municipalidades del país se encuentra vinculado a alguna investigación penal.

Según detalló el CDE, en 2010 ingresaron 166 asuntos, el 2015 casi se triplicaron y el 2020 se llegó a 689 procesos. Desde entonces se ha mantenido un stock de causas vigentes, a noviembre de 2021, de 1.119, distribuidas en 260 de las 345 municipalidades del país.

De este universo, de acuerdo a información consignada por El Mercurio, 489 corresponden a materias penales en que se investigan delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencia, entre otros, asociadas a 180 municipios.

Otra cifra que captó la atención del CDE es que el 23,5% de las causas penales se concentran en 11 municipios. Entre ellos, Tierra Amarilla, Talcahuano, Ñuñoa, Pirque, San Joaquín, Recoleta, Viña del Mar, Cerro Navia, San Fernando, Punta Arenas y San Ramón.

Peribonio destacó la incorporación de una unidad especializada en materia municipal, pues «es un tema de la mayor importancia y afecta directamente a los sectores más vulnerables cuando se trata, por ejemplo, de la atención en materias de educación o salud».

El jefe del CDE también pidió avanzar en el ámbito constitucional, “a fin de que el principio de probidad pueda concretarse mediante una sanción ejemplar consagrada en la Constitución, como la que tenemos en el artículo 28 del Código Penal, que señala que los condenados con penas de presidio o reclusión que lleven consigo la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena».

«Esto debiera tener rango constitucional, con el propósito de que alguien que ha estado condenado por este tipo de delitos nunca más pueda optar a un cargo público», sentenció Peribonio.

La Fiscal Nacional (s), Claudia Perivancich, en tanto, que también participó en el seminario del CDE, indicó que una de las complejidades para indagar está en los «sistemas de registro, en los distintos mecanismos de soporte de la información de la municipalidad, de su contabilidad y movimiento. Sus ingresos y gastos no son uniformes entre una municipalidad y otra, sino que no hay una directriz nacional para ajustar esos criterios».

Por su parte, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expuso en el foro que ven «con frustración muchas veces en que se hace todo el trabajo, la auditoría, luego viene un sumario con la propuesta de sanción por falta grave a la probidad. Y quien debe aplicar esa sanción es el concejo (municipal), llevándolo ante el Tribunal Electoral Regional (TER), pero el concejo, por razones políticas, no hace ese trabajo y, por lo tanto, ese sumario por falta grave a la probidad queda en nada, y eso evidentemente es un desincentivo».

Mientras, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, centró su exposición «en que el fenómeno de la corrupción tiene un solo origen: que existen en las organizaciones y que permiten el aprovechamiento de los recursos públicos».