Constituyente Jeniffer Mella y el Estado regional: «Queremos descentralizar el poder y democratizarlo. Proponemos más centros de impulsión política y autogobierno en los territorios»

El jueves pasado, la comisión de Forma de Estado aprobó en general que Chile sea un Estado regional. Con apoyo transversal de los sectores políticos, esta propuesta debe votarse luego en particular y en el pleno de la Convención. En lo particular, la norma sostiene que Chile «es un Estado regional conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado».

El Estado regional es una forma de Estado intermedio entre uno central –como el que existe actualmente– y uno federal –como ocurre en Estados Unidos–, que da autonomía a las regiones, fortaleciendo los gobiernos regionales y municipios, pero con un Estado integral, con las mismas leyes y una misma Constitución para todo el país. En la discusión se miraron ejemplos, como España, Colombia y Portugal, y también los posibles errores de cada país que hoy tienen este sistema.

Una de las coordinadoras de la Comisión de Forma de Estado es la constituyente Jeniffer Mella (independiente del bloque Frente Amplio), quien conversó con El Mostrador sobre los detalles de lo aprobado, pero también de los temas relevantes que vienen en la discusión.

«En Chile hay distintos sentidos de pertenencia, pero no hay un ánimo federal de tener cada uno su propia justicia y Constitución», dijo la constituyente, que además enfatizó que «queremos descentralizar el poder, queremos democratizarlo. Lo que estamos proponiendo son más centros de impulsión política, y que haya autogobierno en los territorios», al tiempo que adelantó la primera Iniciativa Popular de Norma de «Aconcagua y Chiloé región».

-La Comisión de Forma de Estado que usted coordina aprobó una norma que establece un Estado regional, lo que vendría siendo un concepto intermedio entre el unitario y el federal. ¿Qué significa en la práctica un Estado regional?
-No creíamos, primero, en la conceptualización de la forma de Estado, sino que esta se fuera dando naturalmente en torno a cómo se iban configurando las distintas entidades a nivel territorial. Pero una vez que fuimos conceptualizando, nos vimos en la necesidad, porque varias colectivas nos decían «queremos entender esta forma de Estado, doctrinariamente», dónde se ubica. Y efectivamente es una forma de Estado intermedia entre aquel federal y el Estado concebido como unitario, que es el único que ha tenido Chile en su historia republicana.

No es algo que progresivamente vaya a avanzar al federalismo, sino que es un tipo de Estado intermedio, que reconoce la integridad y unidad, pero también que está conformado por distintas entidades territoriales de carácter autónomo, y que se van a relacionar en un marco de equidad y solidaridad interregional.

Queremos descentralizar el poder, queremos democratizarlo. Lo que estamos proponiendo son más centros de impulsión política y que haya autogobierno en los territorios.

-¿En este concepto se mantendría la figura del gobernador regional?
-Hasta ahora, en lo que hemos presentado en la Comisión de Forma de Estado y que ha salido aprobado en el primer documento sistematizado, se mantiene la figura del gobierno regional, presidido por su gobernador o gobernadora. Eso sí, ahora acompañada por una Asamblea Legislativa Regional, que vendría siendo como una evolución del Consejo Regional.

-Más allá de que el Presidente electo habló de quitar el cargo de delegado presidencial, ¿ven necesario en la Constitución dejar claro que esa figura desaparece?
-La verdad es que la Constitución se debe hacer cargo de los principios, normas y reglas que van a regir al Estado. Hemos recibido muchísimas audiencias donde la figura del delegado presidencial incomoda, incomoda en estos primeros seis meses de ejercicio paralelo al rol del gobernador o gobernadora regional, y se nos planteó incluso la necesidad de que se pudiera reconvertir a un seremi de Seguridad, o que lisa y llanamente desapareciera, en atención a la duplicidad de figuras regionales de la máxima entidad.

Nosotros hasta el momento no lo hemos nombrado, pero esperamos que esta figura en la nueva Constitución no aparezca preconfigurada, por lo tanto, esperamos que el Gobierno cumpla el mandato de que no existirá el delegado presidencial.

-Han entregado propuestas complementarias al Estado regional, ¿cuáles son las más importantes?
-En primer lugar, además de definir este Estado regional autonómico, se ha abarcado y ampliado el concepto de territorio de la Nación, y hoy día estamos incorporando un concepto novedoso, que es el maritorio, evolucionando el mar territorial hacia toda esta entidad considerada un ecosistema marino, que incluya la zona costera, las aguas interiores, la zona económica exclusiva y que también sea protegido por el Estado, porque –como lo hemos escuchado en muchas audiencias– Chile, a pesar de sus miles de kilómetros de costa, se ha situado, o los ciudadanos chilenos nos hemos situado, de espaldas al mar, mirando hacia el continente, y no hemos apreciado que somos un país largo, ancho y profundo, y que ese espacio, llamado maritorio –a partir de la propuesta constitucional– también merece un reconocimiento a máximo nivel, y también para su protección. Ha tenido un apoyo transversal.

Además, hemos tratado los distintos principios que deben ir acompañando a este nuevo Estado regional, de los que destacan la equidad y la solidaridad, pero también hemos avanzado en un orden político interno regional. Hemos reconocido 3 niveles. El nivel central es lo que está trabajando la Comisión de Sistema Político, y luego nosotras nos hacemos cargo de estos subniveles con autonomía, que serían el nivel regional, donde va a estar la figura del gobernador o gobernadora, la Asamblea Legislativa Regional, que va a ser un parlamento, pero va a ser una transformación de los cores; y una Asamblea Social, para que la sociedad civil también esté representada a modo de fiscalización de estos órganos institucionales de cada entidad regional. Y si bajamos al tercer nivel de los gobiernos locales, también se vuelve a repetir la estructura, con un alcalde o alcaldesa, pero también con un concejo municipal 2.0, que tenga muchas más atribuciones, tanto normativas como fiscalizadoras. Y también el Cosoc (Consejo de la Sociedad Civil), que hoy día conocemos como Asamblea Social, que también sea una Asamblea Social Comunal, que tenga como finalidad el poder fiscalizar a sus autoridades y que sea representativa de la sociedad civil de la comuna en la que está.

Otra figura novedosa es, en el Gobierno Regional, el Consejo de Gobernadores, que será un órgano compuesto por los 16 gobernadores y gobernadoras del país, más la máxima autoridad del Ejecutivo, y que va a tener principalmente funciones de coordinación, para que las políticas se puedan llevar a cabo de manera coordinada y bajo la solidaridad y equidad territorial, que yo creo que va a ser muy importante, porque lo que no queremos es favorecer, a través de estas mayores atribuciones, la competencia. Lo que queremos es que se favorezca una redistribución que se piense con equidad territorial.

-Durante la discusión, ¿se vio algún modelo de Estado regional, como Bolivia, Portugal, España? ¿Y se va a incorporar el concepto de regiones especiales, como ocurre en otros países?
-Sí, absolutamente. A la vista tuvimos las distintas colectividades –y también tuvimos la oportunidad de oírlo en audiencias públicas– distintos modelos, que podían servir tanto como para mostrar el camino que no hay que seguir, por ser modelos que pudieran tener fallos importantes en su implementación, pero también modelos que nos llamaban mucho la atención. Principalmente creo que en la comisión se habló muchísimo del modelo colombiano, de la gradualidad del modelo español (que lleva más de 40 años implementando sus comunas autónomas), el modelo italiano y, por cierto, el modelo portugués.

Hemos intentado revisar de manera mundial los distintos modelos de regionalización, que no responden tampoco a un modelo federal en el que existen distintas identidades, y entendemos que en Chile hay distintos sentidos de pertenencia, pero no hay un ánimo federal de tener cada uno su propia justicia y Constitución.

Respecto a los territorios especiales, nos interesa hacer presente que la existencia y la consagración constitucional de los territorios especiales, existe en la Constitución del 80, en la isla de Rapa Nui, y hoy día queremos que se le pueda entregar esa calidad, ya sea por consideraciones geográficas, económicas, culturales o socioambientales. Y en particular nos hacemos cargo de esas zonas extremas, de difícil acceso o aisladas, zonas vulnerables al cambio climático, o incluso reconocer la categoría de refugios climáticos y, por cierto, los territorios insulares.

-En cuanto al Estado regional, se deberá armonizar con lo que salga de la Comisión de Sistema Político, ¿cómo va eso?
-Nosotros estamos trabajando y ya nos estamos invitando mutuamente entre comisiones a que veamos el trabajo que estamos haciendo cada uno, que se venga a ver lo que está haciendo la comisión 3 y que podamos contar con la sistematización del resto de las comisiones, principalmente la Comisión de Sistema Político y la de Sistema de Justicia. Ayer tuvimos nuestra última audiencia de participación, a la que invitamos al profesor argentino Roberto Gargarella, para que hablara de la importancia de la «sala de máquinas» de las constituciones – título de su libro, que hace referencia a la organización del poder que realizan las constituciones -, de cara al siglo XXI, en esta nueva Carta Fundamental. Tuvimos el placer de contar con convencionales de otras comisiones, como Agustín Squella, Roberto Celedón y Cristián Viera, que también dialogan en esta indicación de armonizar, ya sea en esta etapa como en las indicaciones y la Comisión de Armonización.

-¿Qué otros temas relevantes vienen ahora en la comisión? ¿Han ingresado ya algunas Iniciativas Populares de Norma?
-Sobre las Iniciativas Populares de Norma, estamos haciendo un seguimiento a través de nuestro enlace con la Comisión de Participación y ya tenemos una iniciativa que ingresó con más de 15 mil firmas, y que todavía no nos ha sido distribuida. Es la iniciativa 6.466, que tiene relación con «Aconcagua y Chiloé región». De esa iniciativa, vamos a recibir a quienes la presentaron, comunidades tanto del Aconcagua como de Chiloé, en sesión especial que vamos a realizar mañana, para que la puedan presentar. El resto de iniciativas no supera las 6 mil firmas, pero esperamos que ese número suba considerablemente durante esta última semana.

Temas importantes que nos queden por discutir, uno demasiado importante, creo yo, que es las autonomías territoriales indígenas, que también se tienen que insertar y coordinar con el resto de las autonomías que estamos estableciendo, y el tema de las cargas tributarias, que es cómo se va a financiar esta autonomía de autoridades a nivel regional y local.

-En marzo asume la Segpres Giorgio Jackson, un ministerio que tiene directa relación con la Convención. ¿Cómo lo ves? ¿Puede ser diferente a la relación que tuvieron las autoridades del Gobierno en ejercicio?
– La veo con mucha esperanza, porque creo que va a ser una relación muchísimo más fluida, donde desde el propio ministro hacia abajo, a través de la subsecretaría y del encargado de la Secretaría Administrativa de la Convención, van a poder atender con mucha mejor oportunidad los requerimientos para que la CC desarrolle su trabajo con las condiciones mínimas, y atendiendo el mandato que es otorgar la más amplia cobertura para que la ciudadanía conozca a lo largo de todo el país el trabajo que se tiene que hacer, una vez que la propuesta esté en elaboración, para que cada persona, en los distintos territorios de Chile, pueda hacerla suya, y no solo en la época de difusión del plebiscito de salida.

-¿Es una ventaja que haya sido parlamentario?
-Yo creo que sí. Evidentemente tener a alguien con el conocimiento previo de la relación que se tiene que establecer, va a servir mucho. Ha seguido, por su rol de parlamentario, de cerca lo que ha sido el proceso constituyente desde el Congreso, y creo que es un aliciente contar con gente que entiende la importancia histórica de este proceso, y que culmine con las condiciones óptimas para su desarrollo.