Mauricio Daza y actual sistema de justicia: «Ha generado prácticas torcidas, oscuras y que bordean la corrupción en la designación de los cargos judiciales»

El martes pasado la tensión se sintió en la Convención Constitucional (CC), después que la Corte Suprema emitiera una declaración cuestionando una de las materias que aprobó en general la Comisión de Sistema de Justicia: comenzar una discusión sobre la duración de los cargos de los jueces.

«Establecer períodos acotados de tiempo para su desempeño no solo contradice las recomendaciones internacionales, sino que pone en riesgo un elemento fundamental de toda sociedad democrática, como es el contar con jueces independientes, y por tanto inamovibles hasta la edad de jubilación», decía la declaración del máximo tribunal, y que fue calificada por los constituyentes como una intromisión, a pesar de que horas después la presidenta de la CC, María Elisa Quinteros, le pusiera paños fríos al asunto.

La propuesta en concreto busca limitar a 10 años el periodo de un juez en la Corte Suprema, y a 8 años en el caso de jueces de las Cortes de Apelaciones y jueces de primera instancia, pero estos últimos con la opción de reelegirse. Lo medular de la iniciativa es que cambie el sistema de designación y acceso a esos cargos, a través de un concurso público comandado por un Consejo Nacional de Justicia. Así lo explicó en entrevista con El Mostrador el constituyente y abogado Mauricio Daza, que integra la comisión de Sistema de Justicia.

Daza detalló que «lo que estamos planteando es precisamente eliminar la designación de Poder Judicial –la que está en desuso en gran parte de las democracias occidentales– y establecer que existen sistemas de justicia, que están al servicio de la ciudadanía». A los reclamos del máximo tribunal del país y exministros del mismo, los calificó como «una reacción corporativa por parte de un gremio que pretende que no se efectúen modificaciones al estatuto que le entrega un privilegio».

-¿Cuál es la propuesta que se discute en la Convención respecto a la duración del periodo de los jueces?
-Nosotros proponemos que se cambie el sistema de designación de jueces, para lo que se debe establecer un órgano autónomo, de rango constitucional, denominado Consejo Supremo de Justicia, el que estaría integrado por personas vinculadas al ámbito judicial en su mayoría, como jueces elegidos entre sus pares, funcionarios del Poder Judicial que sean electos, entre otros miembros.

En este contexto, proponemos que la designación de todos los jueces se haga a través de concursos públicos, bajo criterios de mérito y en un proceso con transparencia. Para los efectos de poder concretar de una manera efectiva la posibilidad de que haya una rotación dentro de los cargos de jueces, proponemos que la duración de las distintas magistraturas sea limitada.

Específicamente, proponemos que la duración de cargos en la Corte Suprema sea de 10 años. En el caso de tribunales de Apelaciones y de los jueces de instancia, 8 años, con la posibilidad de reelegirse. Esta reelección depende, precisamente, de un concurso público, en el que quien está sirviendo en un determinado cargo va a poder participar, pero va a tener que someterse a un escrutinio respecto de sus antecedentes, frente a otras personas que también buscan servir en ese cargo.

Esta es nuestra propuesta y es un cambio sustantivo a la situación actual, donde todos los cargos de jueces son designados por el Presidente de la República a partir de nóminas que emanan de los tribunales superiores de justicia, las que se arman de una forma poco transparente y que en la práctica se definen a partir de criterios de cercanía –de la persona que se está postulando– con los ministros de una determinada Corte. Este mecanismo, que es el vigente, ha generado prácticas torcidas, oscuras y que bordean la corrupción en la designación de estos cargos judiciales.

-Profundicemos en ese punto…
-En la actualidad, si un juez de instancia, por ejemplo, quiere subir en el escalafón judicial y acceder a un cargo que sea superior al actual, va a tener que tratar de quedar en la terna que elabora la respectiva Corte de Apelaciones. En los hechos, lo que normalmente ocurre es que van a presentarse ante los ministros de la respectiva Corte en un procedimiento que se ha dado en llamar «besamanos». Y una vez que la persona haya logrado el favor de la respectiva Corte, para integrar la terna, la decisión estará en el Gobierno de turno, para lo que también, habitualmente, quienes integran esa nómina toman contacto con los denominados «operadores judiciales», quienes son abogados que tienen contactos con autoridades políticas, para efectos de hacer lobby y ser seleccionados en esta terna.

Lamentablemente, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados y ninguna de las otras entidades, jamás se han pronunciado pública y críticamente respecto de este mecanismo que claramente vulnera la independencia judicial en los hechos, que es poco transparente y que puede generar corrupción.

-Usted hablaba de un Consejo Supremo de Justicia, el que varios asimilan a la figura del Consejo de la Magistratura que existe en otros países. El exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, dijo que no había una muy buena experiencia según los comentarios que había recibido en el extranjero, pues también tenían cierta participación política. ¿En qué se diferencian?
-Los Consejos para las Magistraturas efectivamente existen en otros sistemas. En casos como Argentina o Perú, han tenido problemas en su funcionamiento, porque han sido capturados políticamente en la práctica. Eso se debe a que existen problemas en su diseño y composición.

En nuestra propuesta, la mayoría de este Consejo Supremo de Justicia serán personas elegidas entre quienes se desempeñan en los distintos estamentos de la justicia. Estamos hablando, por ejemplo, de 6 integrantes elegidos entre los jueces, por sus pares, a partir de criterios de paridad y descentralización. También va a tener integrantes elegidos por los funcionarios del Poder Judicial y una minoría elegida por el Presidente de la República y el Congreso Nacional. Además incluimos la posibilidad de que integren este órgano personas que han sido elegidas por organizaciones de la sociedad civil, bajo un mecanismo equivalente al que hoy funciona para elegir a los miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Por lo tanto, nosotros creemos que los temores en relación con una captura política del Consejo se disipan a partir de una participación cuya mayoría está ajena a la designación de órganos políticos.

Las propias resoluciones de organismos internacionales integrados por jueces, como también de pronunciamientos por parte de organismos vinculados a Naciones Unidas, señalan que las designaciones judiciales deben, en lo posible, ser definidas por órganos como un Consejo Nacional de la Magistratura.

-¿Qué le parece la defensa que hizo la Corte Suprema, apoyada luego por exministros de dicho tribunal, a la inamovilidad de los cargos? Ustedes hablaron de una intromisión.
-Estamos en un escenario que va más allá de la opinión legítima que puede tener un grupo de jueces acerca del trabajo que estamos realizando. Nos encontramos ante una operación político-comunicacional en la que la Corte Suprema, como poder del Estado, se autoconvocó y oficialmente emitió una opinión, la que ordenó remitir a todos los jueces del país. Ahí se criticaban los fundamentos de un proyecto de norma constitucional que está actualmente en debate en la Convención. Y eso es lo grave. Se trata de un poder del Estado que está interviniendo en la actuación del poder constituyente, expresado en esta fase por la Convención Constitucional. Y esto es abiertamente ilegal, ya que vulnera lo establecido en el artículo cuarto del Código Orgánico de Tribunales, que impide que el Poder Judicial pueda inmiscuirse en el ámbito de competencia y de la actuación de otros poderes públicos.

Pero también esto vulnera el sentido que se tuvo en consideración al momento de regular el proceso constituyente, ya que ahí se estableció la facultad de la Corte Suprema para conocer reclamaciones en contra de actos de la CC. Pero estableció un límite claro, en cuanto a que en esa revisión la Corte no podía pronunciarse respecto del fondo o mérito de las propuestas de norma constitucional que debatiera la CC. Por lo tanto, nosotros entendemos que además, si se agrega el despliegue comunicacional realizado con posterioridad a la declaración y el conjunto de otras acciones ejecutadas de manera obviamente coordinada, estamos derechamente ante una reacción corporativa por parte de un gremio que pretende que no se efectúen modificaciones al estatuto que actualmente tienen, y que le entrega un privilegio, que es mantenerse en sus cargos de manera indefinida hasta la edad de jubilación, que corresponde a los 75 años.

-El reclamo que ellos hacen es que una medida como esta afecta la independencia de los jueces, que es fundamental para que funcione la justicia. ¿No ocurre esto para ustedes?
-Nosotros tenemos la convicción de que no afecta la independencia de los jueces. Acá se señala que esa afectación se concretaría porque un juez que tuviese que concursar, al cabo de 8 años, en un proceso público ante un órgano autónomo y técnico, basado en criterios de mérito, pondría en riesgo la posibilidad de la continuidad del juez y que necesariamente estaría considerando otra alternativa laboral cuando estuviera próximo a terminar su periodo. Sin embargo, esa es una visión que es bastante acomodaticia para mantener los cargos hasta los 75 años. En la práctica, sin ningún control real ni objetivo.

Un juez que ha cumplido de buena manera un determinado cargo, no debiese tener ningún problema para participar en un concurso público y ganarlo. Me llama profundamente la atención que la Corte Suprema, a partir de lo que ha señalado en este acto de intromisión indebida a la Convención, nunca se haya pronunciado previamente sobre la situación de los jueces de los Tribunales Ambientales, los que, según la legislación actual, duran 6 años en su cargo con posibilidad de reelección; que tampoco haya dicho nada durante todo este tiempo respecto de los jueces de los Tribunales de Contratación Pública, que duran 5 años en sus cargos con posibilidad de reelección. Y que tampoco se haya pronunciado sobre la independencia de los jueces de los Tribunales de Libre Competencia, que duran 6 años con posibilidad de reelección

Entonces, acá existe una reacción desesperada, de dar un golpe de efecto a través del expediente del denominado «supremazo», para hacer valer una postura gremial. Porque si realmente se afectara la independencia de los jueces a partir de un mecanismo de determinación de periodos para ejercer sus cargos, con posibilidad de reelección, entonces supongo que habrían estado en la obligación de hacer algo respecto de la judicatura ambiental, adjudicación pública y libre competencia, y nada han hecho.

Es más, ellos de una forma torcida, han citado un conjunto de instrumentos internacionales. Han señalado que existirían sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las que establecerían que la independencia e inamovilidad involucran necesariamente el prescindir de determinar un plazo para la duración de los cargos judiciales. Sin embargo, nada dicen acerca del hecho de que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos duran 6 años con posibilidad de reelección. No sostienen que los miembros del mismo tribunal internacional no serían independientes. Por lo tanto, nos encontramos más bien frente a una reacción corporativa, que a críticas que busquen hacer cambios respecto de un sistema que no responde a las necesidades de la ciudadanía, y que no cumplen con los estándares propios de un Estado democrático de derecho.

-¿Se va a incluir algo sobre mayor fiscalización de las platas del Poder Judicial?
-Lo que estamos haciendo es definir la creación de un Consejo Superior de Justicia que tendrá a cargo la administración de lo que hoy se conoce como Poder Judicial, en cuanto a la gestión de sus recursos, como también del tema disciplinario relacionado con los jueces.

Lo que queremos es que quienes ocupen los cargos de jueces en los distintos tribunales de justicia del país se dediquen únicamente a conocer y resolver casos. En esto se ha manifestado de acuerdo la Asociación de Magistradas y Magistrados, como también el expresidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, quien fue invitado por la Convención para que expresara su punto de vista.

-El exministro de la Corte Suprema, en este mismo diario, dijo también que lo que busca la Convención es terminar con el Poder Judicial y reducirlo a un servicio de justicia. ¿Es así?
-Más allá del nombre que se le coloque, lo que a nosotros nos interesa es contar con un sistema de administración de justicia que sea eficaz, que le garantice acceso a la justicia a la ciudadanía y que opere bajo criterios de transparencia e imparcialidad. Desde esa perspectiva, lo que estamos planteando es precisamente eliminar la designación de Poder Judicial –la que está en desuso en gran parte de las democracias occidentales– y establecer que existen sistemas de justicia, que están al servicio de la ciudadanía.

Considerar a los jueces como autoridades que deben ser tratadas con denominaciones como «excelentísimo», «ilustrísimo», entre otras, corresponde a una lógica del siglo XIX. El problema de fondo que estamos planteando es que se están planteando modificaciones estructurales a órganos del Estado que se han mantenido sin mayores cambios durante los últimos siglos. Por lo tanto, tenemos que enfrentar no solamente la resistencia corporativa de los jueces para que no se cambie la forma en que ellos han funcionado, y que en nada beneficia a la ciudadanía, sino que además tenemos que enfrentar una suerte de cultura institucional, donde el interés relativo a entregarles la mejor justicia posible a los ciudadanos pareciese que no está dentro de las mayores prioridades.

Ante estas reacciones corporativas, estas manifestaciones de fuerza, frente a estos «supremazos» que corresponden a un Chile que queremos dejar atrás, nosotros lo que vamos a hacer es avanzar en cambios estructurales en beneficio de las personas. Esto, obviamente, es algo completamente disruptivo a la forma en que se ha abordado la gestión de la administración de justicia durante las últimas décadas.