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«No se puede permitir un negociazo con un tema tan sensible y de tanta relevancia como es la entrega de más de cien raciones diarias a escolares que dependen de esta fuente calórica, muchas veces, siendo su único alimento del día», agregó.
El 8 de octubre de 2021, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) abrió una licitación para contratar los servicios de suministro de raciones para el Programa Escolar de Alimentación (PAE) y el Programa de Alimentación Parvularia (PAP), el cual se extenderá desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025.
El proceso no ha estado exento de cuestionamientos, en concreto, el diputado y senador electo de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, envió un oficio al Contralor de la República solicitando una completa fiscalización a la licitación en Junaeb.
«Nos preocupa lo que está pasando; aquí están en juego más de un millón de raciones diarias que se deben entregar y no podemos tolerar ni abusos ni prácticas de empresas al margen de la ley», indicó Flores.
Además, el parlamentario señaló que realizaba esta acción apelando al «resguardo del bienestar de niños, niñas y adolescentes del sistema escolar, la necesaria transparencia, el cumplimiento de las leyes vigentes y el buen uso de los recursos públicos, ante una serie de cuestionamientos y alarmas que nos preocupan».
«No se puede permitir un negociazo con un tema tan sensible y de tanta relevancia como es la entrega de más de cien raciones diarias a escolares que dependen de esta fuente calórica, muchas veces, siendo su único alimento del día», agregó.
Según señalan las bases del proceso- cuya adjudicación se daría a conocer este 26 de enero, pero se postergó sin explicación ni fecha para ser informada- está contemplado el pago igual o superior de 5.000 UTM, correspondiente a $272.210.000 millones de pesos, para adquirir “una cantidad estimada de 1.333.457 productos alimenticios diarios, compuesta por los servicios de desayuno, desayuno de media mañana, almuerzo, once, cena y tercer servicio”.
El falangista al referirse se al ingreso del ofició, expresó que “ya sabemos los efectos que tiene el monopolio y las distorsiones del mercado cuando hay oligopolio, pocas empresas colocándolos al borde de la colusión, o tal vez colusión; hay que investigar. Posteriormente, y a la luz de los resultados de la fiscalización, he solicitado remitir los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica en caso de existir indicios de prácticas predatorias, de colusión o cualquier otro tipo que afecten negativamente el proceso.»
“Hay una empresa cuestionada por prácticas antisindicales, hay otra que fue sancionada por entregar alimentos en mal estado; y, otra, donde ya se comprobó su ineficiencia en este rubro. Y, resulta que estas tres empresas son parte de un solo dueño, una empresa uruguaya. No se pueden burlar de nuestros estudiantes”, agregó el diputado.
Dentro del documento enviado por Flores al contralor, este indica que “estamos hablando de las empresas que se encargarán de algo tan fundamental en la vida de niños, niñas y adolescentes, como es la alimentación. Una correcta alimentación influye en su nutrición, en el desarrollo cognitivo y les permite un mejor desarrollo y crecimiento. Los riesgos que conllevan errores en el almacenamiento, distribución, preparación y entrega pueden ser enormes, especialmente si existen errores en la cadena de frío y/o mal estado de los alimentos suministrados.
El comunicado finaliza expresando que “el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es deber del Estado, y no es posible que empresas que han manifestado graves problemas con el almacenamiento y suministro de los alimentos, se reagrupen y puedan seguir prestando este servicio por varios años más, entregando alimentos de baja o directamente mala calidad a quienes más lo necesitan en una etapa de crecimiento y formación”.
