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Crédito: AGENCIA UNO
Ante el fracaso del llamado del Estado a los bancos para entregar créditos con aval fiscal, con una tasa de 5,6%, Larraín –como director de la Comisión Ingresa– instaló la idea de que las instituciones financieras otorgaran créditos que luego venderían al Estado con un sobreprecio que, en ocasiones, superó el 62%, generando sobreendeudamiento de estudiantes, perjuicios para el fisco e importantes ganancias para las entidades bancarias, que entre el 2006 y 2011 se hicieron de $150 mil millones por concepto de «recargas». Diez años después, Larraín Pizarro fue convocado para asumir la Subsecretaría de Previsión Social por Gabriel Boric, uno de los líderes universitarios que encabezaron la consigna del «fin al CAE» y cuyas deudas ahora, como Presidente electo, comprometió condonar.
“Fin al CAE” fue una de las consignas más fuertes que miles de estudiantes levantaron durante las manifestaciones del 2011, al que un año después se sumó el entonces presidente de la Fech, Gabriel Boric, como uno de los líderes de dichas protestas.
Diez años más tarde, el ahora Mandatario electo promete condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), el mismo que tiene entre sus diseñadores a Christian Larraín Pizarro, recientemente nombrado por el propio Presidente electo como subsecretario de Previsión Social. La designación generó de inmediato ruido en algunos círculos ligados a la educación y que se sumó a cuestionamientos en torno a otros nombres, ante lo cual La Moneda Chica reaccionó, bajando el perfil.
La próxima ministra del Interior, Izkia Siches, a modo general, subrayó que «más que fallar el chequeo, siempre hay antecedentes que no son de todo conocimiento, pero hay muchos de ellos que sí eran conocidos por los equipos y se ponderaron al momento de hacer los nombramientos». Mientras, el senador del PPD Jaime Quintana, agregó que «siempre va a haber reparos a algún nombramiento, pero muchas veces eso tiene que ver incluso con que puede no ser de la línea, del gusto de algún sector. Yo creo que son personas altamente preparadas».
Christian Larraín no es un desconocido. Fue desde el 2018 al 2020 comisionado y vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), mientras que antes, el 2016, participó del grupo asesor del Ministerio de Economía para modificar la Ley General de Bancos. Un año antes, también, fue parte de la Comisión Asesora Presidencial de la entonces Mandataria Michelle Bachelet, denominada “Comisión Bravo” –liderada por David Bravo–. Pavimentó el camino un par de años antes, cuando fue coordinador de la Comisión de Supervisión y Regulación Financiera del programa de Bachelet. En el ámbito privado, es socio de CL Group, que se especializa en asesoría financiera de organismos, entre ellos, gobiernos.
Pero su más recordada participación fue durante el Gobierno de Ricardo Lagos. El año 2005, en junio, se promulgó la Ley 20.027, que establece un sistema de financiamiento para la educación superior, que busca ampliar el acceso para estudiantes de bajos recursos. Ahí se crea la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, más conocida como Comisión Ingresa, que empujó el Crédito con Aval del Estado comprometido por Lagos Escobar el 2003.
El director de esa comisión fue Christian Larraín. Si bien la idea original era otorgar créditos bancarios con tasas más bajas y sin exigir garantía, teniendo al Estado como aval, el mecanismo no tuvo éxito, puesto que los bancos no vieron un buen negocio en el mecanismo y no quisieron participar. En este contexto, a fines del 2005, Larraín Pizarro apostó por la “recarga”, un mecanismo que ya a 2011 reportaba ganancias de $150 mil millones a los bancos, perjuicios para el Estado y sobreendeudamiento de los estudiantes.
Consistía, en palabras simples, en que el banco otorgaba créditos –en ese momento con una tasa de 5,6%– con el compromiso de que luego el Estado comprara esos créditos con un sobreprecio que determinara la entidad financiera, y que se tornaron excesivos, llegando a superar –entre los años 2006 y 2011– el 62% de recarga, en el caso del Banco BCI, tal como constató en ese momento Ciper Chile.
Ese mismo año, el mismo Christian Larraín justificó que, ante la poca garantía de las entidades bancarias para participar de la entrega del CAE, sí era conveniente para el Estado pagar un sobreprecio para no dejar fuera a estudiantes sin otra posibilidad económica. «Si como resultado del mecanismo, el Estado se ahorra el costo de financiamiento de la cartera, reduce el incumplimiento del 50% a un 10% o 15%, y se deshace de un 10% del riesgo de crédito, entonces es conveniente pagar un cierto sobreprecio, por cierto dentro de márgenes razonables”, fue lo que dijo, aludiendo a la pésima experiencia que –a su juicio– significaron créditos como Corfo e Indap, en cuanto a la administración de tales créditos y cobranza por parte de organismos estatales.
“Los bancos, cobrando una sobrecarga razonable, liberan al fisco de toda esa carga. Si las tasas se mantienen en torno al 6% que pidió CorpBanca en 2011, me parece que el sistema funciona bien”, aseguró, agregando que después de los primeros dos años de funcionamiento “el sobreprecio no debió ser superior al 10%”. Declaraciones que dio en pleno apogeo del movimiento universitario. Todo terminó posteriormente en algunos cambios en las siguientes administraciones, promesas de terminar con el CAE y condonar la deuda, y hasta en comisiones investigadoras.
Años después, el 2018, el ex Presidente Ricardo Lagos se lavó las manos en cuanto a la implementación del crédito, dejándolo en el Gobierno entrante de Michelle Bachelet, y en la Comisión Ingresa, de la que también participaban los ministerios de Hacienda y Educación.
