La llegada de este nuevo antecedente, establece que María Constanza Izurieta, hija del ex comandante en jefe del Ejército y fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, habría recibido con su hermana, parte de los bienes que Izurieta dice haber traspasado antes de ser procesado. Su marido, Andrés Iturra, yerno de Izurieta y fiscal Jefe Adjunto de la Fiscalía de las Condes, actuó como uno de los testigos en el proceso de «insinuación de traspaso de bienes». Ante los antecedentes, la oficial de programas IDEA Internacional, María Jaraquemada, declaró que «si es que hay hechos que hacen presumir que podría haber un ilícito, debiera investigar para tranquilidad de la ciudadanía».
En el marco de la ampliación de seis meses de la «dedicación exclusiva» de la ministra Romy Rutherford al mando de las indagatorias por el caso de fraude en el Ejército, una nueva arista ha llegado a la luz pública. Los encargados del proceso de «insinuación de traspaso de bienes» del ex comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, habrían sido su hija y su yerno, ambos fiscales del Ministerio Público.
Según CNN Chile, Izurieta posee vínculos con el Ministerio Público. Sin ir más lejos, su hija, quien junto a su hermana recibieron la donación en vida de los bienes del ex comandante en jefe del Ejército, es fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, lo que supone un caso de conflicto de interés.
Andrés Iturra, el esposo de María Constanza Izurieta, hija del general en retiro, actuó como uno de los dos testigos del proceso de «insinuación de traspaso de bienes», hecho que también supone un grave conflicto de interés, debido a que, al igual que su esposa, Iturra es fiscal adjunto de la Fiscalía de las Condes.
En la misma línea, el citado medio hizo referencia al reportaje que realizó Canal 13, en donde se consignaba sobre el patrimonio de Óscar Izurieta, en donde también se abordó la donación en vida de sus bienes a sus dos hijas.
El fiscal y esposo de María Constanza Izurieta, testificó en una causa civil que «puedo señalar en profundidad la situación económica y familiar de la familia Izurieta, y puedo decir sin lugar a dudas que posee una solvencia que le permite realizar la donación a sus dos únicas hijas (una de ellas, su esposa e hija del general en retiro). Su patrimonio supera los 1.800 millones», señala.
A raíz de esto y en conversación con CNN Chile, la oficial de programas IDEA Internacional, María Jaraquemada, anticipó lo compleja que se podría volver la situación y el rol que debería tener el Ministerio Público en la misma.
«Complejiza mucho la situación en el sentido de que, si es que la Fiscalía va a investigar por presunto lavado de activos obviamente ahí puede haber ciertos conflictos de interés y ciertas personas que tendrían que inhabilitarse si es que hubiera una relación cercana, laboral o de amistad», planteó.
«No es primera vez que se investigaría a personas dentro del Ministerio Público por este tipo de situaciones, ya lo hemos visto con el fiscal Emiliano Arias», añadió. Cabe destacar que este último fue a juicio tras protagonizar el caso de violación de secreto.
Asimismo, sobre los vínculos de la hija y yerno de Izurieta con el Ministerio Público, Jaraquemada advirtió sobre cuales deberían ser los siguientes pasos a realizar.
«Esta información va a ameritar una rápida reacción del Ministerio Público, una rápida declaración de su unidad anti corrupción de cuales son los pasos a seguir», explicó.
En cuanto a abrir una investigación para esclarecer los sucesos, María Jaraquemada adelantó que, de comprobarse el vínculo, esta debería ser realizada. «Si es que hay una sospecha, la Fiscalía debería hacerlo», expresó. «Si es que hay hechos que hacen presumir que podría haber un ilícito, debiera investigar para tranquilidad de la ciudadanía», aseveró.
Cabe destacar que Óscar Izurieta se encuentra en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, luego de que la Corte Marcial rechazara otorgarle el beneficio de la libertad bajo fianza. El ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue procesado esta semana por malversación de caudales públicos, correspondientes a 3.975 millones de pesos, el cual en la actualidad de calcula por sobre los $6 mil millones en gastos reservados.