PAÍS
En el segundo tiempo de su segundo mandato, el Presidente Sebastián Piñera -que se apresta a dejar el poder en 18 días más- decretó el Estado de Excepción y sacó a las Fuerzas Armadas a la calle en cuatro contextos distintos. Para restablecer el orden público durante el estallido social; para supervisar las medidas restrictivas durante la pandemia, siendo el uso de esta medida la más prolongada en todo el mundo; para hacer frente a la violencia en la zona del conflicto mapuche; y, recientemente, para controlar la inmigración irregular que se ha desbordado en el norte del país. Aunque cada una de estas medidas tiene razones diferentes, diversos analistas coinciden que ante problemas graves el Presidente aprendió a «tirar la esponja», que no es sino otra forma de confesar la deuda de conducción política para enfrentar problemas -en su mayoría- de origen político. El analista de Defensa, Richard Kouyoumdjian, lo grafica así: «El uso de las Fuerzas Armadas son una mala solución a problemas que los políticos han sido incapaces de resolver. Al final del día le están pidiendo al gato que saque con sus manos las castañas del fuego”.
Al día de hoy cuatro provincias del norte del país se encuentran bajo Estado de Excepción Constitucional, decretado luego del desborde la crisis migratoria, agudizado por la delincuencia pero llevado a cabo tras la presión que impuso un gremio de camioneros tras el brutal asesinato de Brayan Castillo, quien fue lanzado a un precipicio. Al mismo tiempo, en la macro zona sur, cuatro provincias se encuentran también bajo la tutela de las Fuerzas Armadas luego de la escalada de violencia asociado al conflicto mapuche, un fenómeno que también se desbordó durante la actual administración, y que tiene como telón de fondo el fracaso del Plan Araucanía, aquel esfuerzo de diálogo que trató de buscar Alfredo Moreno, pero que fue al despeñadero tras el malogrado debut del comando Jungla y el asesinato de Camilo Catrillanca. Fuera de esto, desde el inicio de la pandemia Chile entero estuvo bajo Estado de Excepción por un año y medio, siendo uno de los más largos del plantea. Y cómo no destacar, el primero de todos, el que fue convocado por el Presidente Sebastián Piñera ante la incapacidad de recuperar el orden público durante el estallido social.
Y si bien -apuntan diversos analistas- cada uno de los estados de excepción decretados tiene diferentes razones y contextos, la utilización recurrente de esta herramienta de control ha devenido en un abuso del recurso que no ha hecho más que develar la falta de visión, estrategia y déficit político del Ejecutivo. Fuentes cercanas al gobierno admiten que La Moneda no ha tenido la capacidad de comprensión, anticipación, ni de acompañamiento a las crisis a fin de encontrar salidas políticas, teniendo que recurrir a las Fuerzas Armadas. Una, y otra vez.
Entre varios de los consultados, una buena parte coincide en que si bien los fenómenos no se explican en su totalidad en la responsabilidad del actual Gobierno, su tratamiento, conducción y una visión más profunda de cada uno de los aspectos, si serían factores de responsabilidad de Ejecutivo.
El director de TúInfluyes, Axel Callís señaló que “no es lo mismo plantear el estado de excepción después de un terremoto, a crisis sociales, que tienen causas sociales muy profundas. Lo que te permite es movilizar recursos, contingente de carabineros, te permite una serie de manejos que tienen que ver con la coyuntura, pero no con la solución de los problemas, ahí está el déficit político, entender los problemas no desde las causas, sino que desde los síntomas”.
En el caso del cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, señaló que “la declaración de estado de excepción es el síntoma más claro de la ausencia de la política, si entendemos la política como ejercicio del poder, y como la capacidad de un gobierno, para frenar los conflictos, o para canalizarlos de manera institucional”.
Los diferentes estados de excepción y sus razones
Respecto de los dos estados de excepción que rigen en este momento en el país, tanto en la macro zona sur como en cuatro provincias del norte pero que atraviesan tres regiones, las culpas apuntan a la falta de comprensión del primero y de anticipación en el segundo. En el sur del país el estado de excepción se decretó el 18 de octubre del año pasado y ha sido renovado en ocho ocasiones con la venia del Parlamento, ya que el Ejecutivo no puede hacerlo en más de una ocasión sin el concurso del segundo poder del Estado, el Legislativo. De todas formas, en palacio desde un inicio señalaron que iban a buscar renovarlo hasta dejar el gobierno, lo que para algunos si bien tiene una cuota de realidad, para otros es también la evidencia de haber dimitido del ejercicio del poder.
Para el experto en materia de Defensa, Richard Kouyoumdjian Inglis, en el caso de la macro zona sur “se les escapó de las manos un problema que venía de antes y que ningún gobierno ha sido capaz de resolver. Una vez que metes las Fuerzas Armadas, ya no las sacas más. Más aún, si no hay iniciativas dedicadas a resolver los problemas de fondo”.
En el caso del investigador del IES, Álvaro Vergara, su análisis apunta a que “sin duda se pudo haber hecho más. El antropólogo Rolf Foerster venía avisando desde la década de los 90 que se estaba formando un movimiento etnonacionalista en el sur y nadie se alarmaba. Tuvieron que reanudarse los atentados terroristas para que se pusiera el ojo en una de las regiones más abandonadas y pobres. Las comunidades, por ejemplo, vienen hace rato con problemas de precariedad; las hectáreas de pino crecieron a un ritmo brutal, secando las napas subterráneas que ya estaban siendo afectadas por la sequía. Hasta que esto estalló. La solución debió y debe ser política, pero a estas alturas eso se ha transformado en un lugar común”.
En el caso del norte, aun cuando el fondo es la crisis migratoria entremezclada con violencia delincuencial, la decisión del gobierno se tomó luego que un gremio de camioneros decidiera cortar las rutas de acceso, sólo ahí La Moneda reaccionó de una forma más activa, utilizando el Estado de Emergencia como moneda de cambio para bajar el paro. Y si bien, como la mayoría de los fenómenos, este no se inició bajo esta administración, sí hubo varias señales que los líderes de las tres regiones involucradas ya habían anticipado. En octubre del año pasado se interpeló al ministro del Interior y en la ocasión se le expuso la situación que se estaba viviendo, a lo que se sumaban las movilizaciones ciudadanas que dejaron postales como la quema de coches y los pocos enseres que un grupo de migrantes guardaba en sus carpas en la ciudad de Iquique.
Previo a que el conflicto estallara a los niveles conocidos por todos hoy, el excanciller, Andrés Allamand, factor importante en materia de migración, se encontraba fuera de Chile, y sólo regresó (para renunciar) luego de una presión insostenible por lo que se acusó de abandono de deberes. Fue tal la evidencia de que no se estaban haciendo las cosas de la manera adecuada que el día de su renuncia La Moneda sacó tres comunicados para explicar “lo inexplicable”, señalaron en su momento fuentes de Cancillería. A todo esto se suma que solo cuatro de los 23 ministros estaban en funciones al momento de una de las mayores crisis en la materia.
Para Callís “desde el estallido la derecha ha mirado la política desde afuera, no ha estado, el Gobierno ha llegado tarde sistemáticamente, no por un tema ideológico, sino también por un tema de no tener las capacidades de adelantarse, la política es adelantarse a los hechos”. Morales indicó que “migración, reacción tardía y torpe, se dieron cuenta que la crisis había explotado cuando se producen las primeras protestas en el norte. Haber ido a Cúcuta y decir que se recibiría gente acá, fue un error político grave del Presiente, sin perjuicio que la situación migratoria se haya puesto más difícil desde la ex Presidenta Bachelet”.
Vergara agregó que “el gobierno acá reaccionó mal y tarde, pero no es el único culpable: acá juegan también la Dirección de Extranjería y la oposición, que se ha vuelto destructiva excepto cuando puede sacar réditos políticos ella misma, tal como sucedió con la Pensión Garantizada Universal”.
En el caso de la pandemia, el estado de excepción duró meses, en la ocasión, los cuestionamientos apuntaron a que la fórmula aplicada por el Gobierno, tenía como segunda derivada una opción para tener un mayor control en materia de orden y seguridad, aquello debido a que aún la movilización social que generó el estallido estaba vigente.
Kouyoumdjian dijo que “pandemia, que exigió su uso por más de 18 meses, y con la tentación de usarlas a veces para otros temas. Me queda la duda de las críticas de la izquierda a su uso, yo creo que cualquier gobierno las hubiera usado, pero no sé si para tan largo”.
El caso de la aplicación del estado de excepción durante el estallido social, causó gran impacto tanto afuera como al interior de La Moneda, era la primera vez que se aplicaba desde el retorno a la democracia y la decisión, dejó a varios en la casa de Gobierno al borde de la descompensación. Por aquel tiempo, fuentes de palacio relataban como varios de los asesores y también ministros se mostraban complicados por no saber cómo defender aquella determinación ante sus cercanos, más de uno incluso lloró aquella noche.
La salida de los militares de sus cuarteles para, con armas de guerra, hacerse cargo de la seguridad, es considerada como otro de los hitos, que si bien, la historia los calificará, sin dudas que tienen una página especial en el libro de esta novela.
Callís lo explicó de la siguiente manera: “Lo que hubo es que Sebastián Piñera muestra todos los déficit. En él se acumulan todos los déficit, desde la rigidez de mantener intacto modelo. El acuerdo 15 de noviembre no exculpa al Presidente, se produjo casi en estado de parlamentarismo de facto”.
Como reflexión final, Vergara añadió ó que “la falta de un diagnóstico claro de las causas de los problemas tiende a llevarte a la aplicación del estado de excepción. Lo difícil es que estamos cayendo en una especie de excepción como regla general. Nos estamos acostumbrando a que cada vez nos vayan restringiendo más nuestras libertades. El mayor problema es que todo acople social a la excepcionalidad cruza una barrera en la vida de las personas que luego se hace muy difícil de reacomodar a sus circunstancias iniciales. Abusar de los estados de excepción es peligroso. Si bien son necesarios y casi todos los países del mundo contemplan medidas de excepcionalidad, autores autoritarios como Carl Schmitt o Donoso Cortés, reconocían expresamente que este tipo de medidas conformaban un instrumento de control social”.
Para Kouyoumdjian “el uso de los estados de excepción es una herramienta constitucional. El problema es que el sistema político le está autorizando y validando su uso a este gobierno. La verdad es que el sistema político no sabe qué hacer con La Araucanía y el problema de la inmigración y lo único que se les ocurre es usar las Fuerzas Armadas para reforzar a carabineros que no tiene la gente o los recursos para manejar problemas políticos. Ojo que el uso de las Fuerzas Armadas tiene su límite. No están entrenadas para labores policiacas y tampoco cuentan con regímenes legales que las ayuden en el caso de que deban actuar y ponerse pesadas. Actúan más por presencia. Son una mala solución a problemas que los políticos han sido incapaces de resolver, pero quizás la única que tienen a mano. Al final del día le están pidiendo al gato que saque con sus manos las castañas del fuego”.
