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Finalmente y a través de la presentación de indicaciones, 16 miembros de la comisión de Sistema Político, con la excepción de los seis miembros de la derecha, lograron un amplio acuerdo en uno de los temas más complejos en la propuesta de la nueva Carta Magna, como es la transformación del Congreso, consenso que daría piso a una eventual aprobación por dos tercios en el pleno, cuya sesión quedó fijada para la próxima semana. De esta manera se acordó implementar el bicameralismo asimétrico, que implica terminar con el actual Senado para dar lugar al Consejo Territorial, una cámara que velará por los temas principalmente regionales, y que considera entre otros, ley de presupuesto, división política administrativa y reformas constitucionales. Si bien este nuevo organismo tendrá incidencia legislativa, la facultad exclusiva de presentación y término de los proyectos de ley, seguiría estando en el Congreso Plurinacional (ex Cámara de Diputados). La composición del mismo se llevaría a cabo a través de elección directa de sus miembros, con el mismo número de representantes en todas las regiones, y mantendrá un vínculo estrecho con las denominadas asambleas regionales autonómicas.
Fueron largas e intensas negociaciones, las normas rechazadas en un principio, y que apostaban a la unicameralidad, a las asambleas legislativas regionales con facultades administratvas, y la elección indirecta de autoridades, fueron finalmente neutralizadas por un amplio acuerdo al interior de la comisión de sistema político, y que daría el piso necesario para alcanzar los dos tercios (103 de 154 votos) y así pasar directo al borrador de la nueva constitución. De esta manera, y a través de veinte indicaciones, los representantes del PC, FA, Colectivo Socialista, INN, Movimientos Sociales Constituyentes, la Lista del Apruebo, la DC y otros – sin los representantes de la derecha- ingresaron el documento al filo de la media noche (el reglamento determinaba las 23:59 como hora límite).
La comisión de Sistema Político es considerada la madre de todas las comisiones, puesto en este espacio se juega la estructura y diseño del mecanismo de funcionamiento del Estado y es, junto a la comisión de Medioambiente y Recursos Naturales, las que mayor atención generan en el último tercio de vida de la convención constitucional (de no mediar una solicitud de aplazamiento). De esta manera, las diferencias que existieron y sentaron en bancas opuestas a viejos conocidos, nuevos socios, y a los amigos por conveniencia, se resolvieron en un documento de 23 páginas.
Y es que la insistencia que existió tanto del FA, como del PC, Movimientos Sociales Constituyentes, entre otros, de contar con un poder legislativo unicameral, despojándose de una segunda Cámara revisora (espejo) como el Senado, no contó nunca con la venia del colectivo socialista, espacio de poder que se ha transformado en el eje de las negociaciones en general, ni tampoco con los INN, o el colectivo del Apruebo, además de la derecha.
En este marco, en reemplazo del Senado, se acordó crear el Consejo Territorial, una cámara que velará por los temas principalmente regionales, y que considera entre otros, ley de presupuesto, división política administrativa y reformas constitucionales, entre otros. Y si bien tendrá incidencia legislativa, la facultad exclusiva de presentación y término de los proyectos de ley, sería de exclusiva potestad del Congreso Plurinacional (ex Cámara de Diputados), lo que pone fin a una institución centenaria como lo es la Cámara alta o el Senado, que cumplía, entre otras, el rol de cámara espejo.
La composición del Consejo Territorial se llevaría a cabo a través de elección directa de sus miembros (derrota del FA), con el mismo número de representantes en todas las regiones (mínimo tres) composición paritaria y mantendrá un vínculo estrecho con las denominadas asambleas regionales autonómicas, que operarían como órgano consultivo).
Las facultades de este nuevo organismo se regirían bajo el concepto de “leyes de acuerdo regional”, y que contemplaría la relativa al presupuesto anual; a la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales. Además, se suma a estas las relativas al establecimiento de los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria; las que alteren la división política o administrativa del país, las que reformen el texto constitucional en aquellas materias relativas a la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales, sumado a aquello, las demás que esta Constitución califique como de acuerdo regional.
Para el Constituyente Marco Barraza, representante del PC y firmante de la misiva “en definitiva se trata de un sistema que mejora la eficiencia del proceso legislativo, haciéndolo más veloz y permitiendo que el órgano político, el Congreso Plurinacional sea el encargado de las principales potestades, pero que interactúa con el Consejo Territorial en materias regionales”.
Otras transformaciones
Entre otras de las transformaciones al sistema de Estado que aparecen en el documento presentado a última hora de anoche, se establece el rol de la vicepresidenta o vicepresidente y la obligación de reunión del gabinete presidencial al menos una vez a la semana.
Respecto del Congreso Plurinacional (ex Cámara de Diputados), establece la elección de sus miembros dos años después de asumido el nuevo gobierno, dando un vuelco en la estructura tanto legislativa como relacional entre el Ejecutivo y el Legislativo, dando la oportunidad de que la ciudadanía se pronuncie respecto de cómo lo ha hecho la actual administración.
Además, y a diferencia de lo que se hacía actualmente, el Presidente ya no podrá sacar del Parlamento a un representante para ingresar a las filas del gobierno. “Ninguna diputada o diputado, desde el momento de su elección y hasta seis meses después de terminar su cargo, puede ser nombrado para función, comisión o empleo público retribuidos con fondos fiscales o municipales.”
A los mismos ahora se les exigirá vivir en el territorio que representarán, al menos con dos años previos a la elección, y mantener la residencia durante su cargo. Se establecen escaños reservados para los pueblos originarios, y al menos uno para el pueblo afrodescendiente.
