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En una labor de afinamiento y tras críticas transversales, el pleno rechazó 13 de las 30 normas propuestas tras ser consideradas un a buena parte de ellas como fuera de rango constitucional. Las 17 restantes alcanzaron la mayoría simple, necesaria para una segunda oportunidad. De esta manera, de las tres votaciones en pleno que van hasta ahora, la de Sistemas de Conocimiento fue la que mayor número de rechazos ha tenido. Entre las críticas y observaciones transversales (Vamos por Chile, Frente Amplio, Independientes no Neutrales y escaños reservados) estuvo la inclusión de artículos que no correspondían a la categoría de normas constitucionales enfrentando errores conceptuales con lo que son las normas legales, además de cuestionamientos respecto de la repetición de ideas en las diferentes normas. Distinto fue el caso del pleno de Sistemas de Justicia, donde 14 de 16 normativas cumplieron con los dos tercios y en el caso de las propuestas emanadas de la comisión de Formas de Estado, el pleno rechazó sólo 8 de 36. Este viernes durante la mañana la comisión deberá acordar los cambios que consideren necesarios a las normativas rechazadas y durante la tarde se votará en particular. Las que alcancen el quórum de dos tercios, se inscribirán directamente en el borrador de la nueva Constitución.
Una labor de afinamiento realizó este jueves el pleno de la Convención Constitucional, al revisar los 30 artículos propuestos por la Comisión de Sistemas de Conocimiento, que incluía temas como el de Medios de Comunicación, Participación Cultural, Sistemas Digitales y Bioética, entre otros, en lo que fue la tercera votación en general, después de las comisiones de Forma de Estado y de Sistemas de Justicia.
La Comisión de Conocimiento enfrentaba un duro desafío, ya que en el caso de las comisiones previas sus artículos fueron aprobados por dos tercios casi en su totalidad. En esta ocasión, tras un debate previo donde a nivel transversal se reconoció los problemas de una buena cantidad de propuestas, fueron acogidos solo 13 de 30 artículos propuestos. El resto, pese a ser rechazados alcanzaron mayoría simple, por lo que deberán volver a comisión para una nueva redacción.
Entre las críticas y observaciones transversales, de derecha a izquierda, estuvo la inclusión de artículos que no correspondían a la categoría de normas constitucionales enfrentando errores conceptuales con lo que son las normas legales, además de cuestionamientos respecto de la repetición de ideas en las diferentes normas.
Este viernes, los artículos rechazados serán revisados nuevamente por la Comisión y tendrán una nueva oportunidad cuando el pleno se reúna nuevamente para votar en particular. Las normas que alcancen los dos tercios se quedarán automáticamente inscritas en el borrador de la nueva Constitución, de lo contrario si son rechazados otra vez, quedarán fuera del borrador de la carta magna.
Dentro de todas las comisiones, esta es una de las más amplias en tanto principios a discutir, entre otros, abarca medios de comunicación, cultura, conectividad digital, neurodiversidad y bioética. Poco menos de cinco horas duró el debate previo a la instancia de votación con lo que debutó la nueva normativa que le puso tope horario a la discusión. Esto a raíz de que los plenos se estaban alargando demasiado, tanto así, que previo al debate de los artículos, fueron varios los constituyentes que acusaron desgaste y cansancio, pidiendo encontrar algún tipo de fórmula para acortar los tiempos de trabajo, algo que fue refutado por otros varios, que acusaron estar a contra reloj si es que se quiere alcanzar a cumplir con el mandato.
En esta ocasión, el patrón de la deliberación se repitió con respecto a los dos anteriores, y si bien no hubo ataques personales, desde la derecha más dura – Republicanos y algunos miembros de la UDI- utilizaron sus tres minutos de intervención para, en vez de referirse a los artículos que se votarían más tarde, acusar una visión sesgada o reclamar por cómo se estaban llevando adelante las discusiones previas. En el caso de la derecha más moderada – RN y Evópoli- entraron de fondo en la discusión, poniendo sus puntos de vista, que no necesariamente significaron un rechazo total a las propuestas.
En el caso del principio que debate acerca de los medios de comunicación, sólo dos de los ocho artículos alcanzaron los dos tercios. Se trata del artículo número dos, que reza que “el Estado tiene el deber de respetar la libertad de prensa, velar por el pluralismo de los medios de comunicación y por la diversidad de opiniones, siendo esto consustancial a la democracia y su fortalecimiento. Se prohíbe la censura previa”. Este logró 113 votos a favor, 19 en contra y 19 abstenciones.
Y si bien logró un amplio consenso, no estuvo exento de polémica. Fue el caso del RN, Ruggero Cozzi, quien apuntó a que “el artículo 2, este establece el deber de estado de velar por el pluralismo de los medios. Velar significa cuidar, hacer de guardia, y vamos a permitirle al Estado la obligación de calificar que medio es pluralista, quién dice la verdad o quién debe ser censurado, no me parece. En términos generales en la materia, el convencional de Evópoli, Hernán Larraín Matte acusó que “estamos ante una repuesta que atenta contra la libertad de expresión y prensa. Y con ellos, se debilita el rol de la prensa libre en nuestra democracia”.
El otro artículo aprobado fue el número 8, que indica que “toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio en que hubiese sido emitida. La ley regulará el ejercicio de este derecho, con pleno respeto a la libertad de expresión”. Este alcanzó 132 votos a favor, 11 rechazos y ocho abstenciones.
El debate sobre medios de comunicación ha causado una larga y profunda discusión incluso por fuera de la convención, principalmente durante la carrera presidencial, cuando el en ese entonces candidato Gabriel Boric, marcó una clara diferencia con su contendor Daniel Jadue. El programa del alcalde de Recoleta proponía , bajo el título de “Derecho a la comunicación y medios” que “es importante evaluar la incorporación de una nueva estructura en el Ejecutivo, que analice y estudie el devenir de políticas públicas en materia de comunicación. Se propone evaluar la implementación de experiencias de ministerios de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo”.
Ese sólo párrafo le significó un dolor de cabeza que lo persiguió durante toda su campaña, pues varios medios y personeros lo interpretaron como un intento de injerencia en los medios de comunicación de parte del Estado.
Los artículos que deberán ser revisados en comisión son:
Artículo 1 «Los pueblos y naciones tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación e información, en sus propias lenguas».
Artículo 3 «Se prohíbe la concentración de la propiedad de los medios de comunicación e información».
Artículo 4 apunta a «el espacio igualitario para la transmisión eficaz de estos».
Artículo 5 se destaca «El Estado promueve y respeta la existencia y desarrollo de medios públicos, regionales, locales y comunitarios».
Artículo 6 señalaba que «El Estado garantiza y fomenta la educación mediática con perspectiva de género, feminista y no sexista, derechos humanos, descentralizada y plurinacional en los medios de comunicación».
Artículo 7 «El estado garantiza la protección y seguridad de las fuentes de información, de quienes ejercen la labor de comunicar, de periodistas y de sus familias, en especial de mujeres y diversidades».
Cultura, tres de nueve artículos aprobados
En tanto, todos los artículos de la cultura se agruparon bajo el título de «Participación cultural». Aunque todos superaron la mayoría simple, al no alcanzar los dos tercios (103 votos) seis de ellos volverán a comisión para una nueva redacción.
Antes de la votación hubo un largo debate, que comenzó a las 15:00 horas. A su inicio, el presidente de la comisión, Ignacio Achurra, destacó el trabajo realizado, y señaló que las propuestas » han sido trabajadas con el tiempo y profundidad, junto a decenas de especialistas, organizaciones y comunidades». Posteriormente, los convencionales se expresaron sobre los artículos, antes de votar.
Como era de esperar, la izquierda y los pueblos originarios defendieron la propuesta, más allá de expresar su reserva sobre algunos artículos en particular, mientras la ex Concertación expresó matices y la derecha la criticó.
«La palabra cultura aparece cuatro veces en la Constitución vigente», expresó Achurra. «En Chile, los derechos culturales que involucran libertades o ámbitos de no interferencia, se encuentran en constantes situaciones de desprotección y vulneración, mientras que aquellos que involucran prestaciones y acceso, han quedado a merced de las lógicas de mercado y la capacidad de pago en tanto consumidores, con un Estado ausente en la generación de condiciones para el goce y realización efectiva de estos».
«Por esto es que consagrar un catálogo de derechos culturales tales como el derecho a participar libremente en la vida artística y cultural; a hacer uso de los espacios públicos y bienes comunes; a conocer, comprender y educarse en la cultura propia y las diversas culturas; entre otros, viene a aportar cimientos necesarios para la construcción del Chile plurinacional e intercultural que por fin reconocerá esta nueva Constitución. Este Chile, debe respetar plenamente la diversidad cultural, junto con propiciar el intercambio recíproco entre las diversas culturas, generador de cohesión social, en condiciones de equidad, a través del diálogo y del respeto mutuo», dijo.
En cuanto a los artículos aprobados por más de dos tercios, se trató del artículo 12 que contó con 146 votos a favor, el 13, con 109 apoyos y el 15 que alcanzó los 116.
En este caso, el artículo 12 señala que «el Estado promueve, fomenta y garantiza el acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de colaboración e interculturalidad».
«El Estado debe generar las instancias para que la sociedad contribuya al desarrollo de la creatividad cultural y artística, en sus más diversas expresiones. El Estado promueve las condiciones para el libre desarrollo de la identidad cultural de las comunidades y personas, así como de sus procesos culturales. Esto se realizará con pleno respeto a los derechos, libertades y las autonomías que consagra esta Constitución», señala.
El artículo 13, en tanto, indica que «los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos».
«El Estado adoptará mecanismos eficaces en materia de restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos y garantizará el acceso de los pueblos a su propio patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos para su desarrollo», señala el artículo.
Finalmente, el artículo 15 indica que el Estado «velará por remover los obstáculos que impidan o dificulten el acceso, goce y ejercicio de los derechos culturales, con el objeto de desarrollar una vida cultural plena».
Resto de artículos aprobados
El articulado de «Conectividad digital» tuvo más éxito, al lograr la aprobación de todos sus artículos del 18 al 23. Fue rechazado el artículo 24, correspondiente al apartado «Derecho al descanso, al ocio y a disfrutar el tiempo libre», al igual que el artículo 25 del apartado «Derecho al cuerpo».
El apartado «Neurodiversidad y protección de personas neurodivergentes», de los artículos 26 y 27, logró la aprobación sólo del primero, mientras que de «Principios de la bioética» sólo logró el visto bueno el número 29.
El artículo 26 señala que «el Estado reconoce la neurodiversidad y a las personas neuro divergentes, su derecho a una vida plena, al buen vivir, autonomía y autodeterminación durante todo su ciclo vital; a su respecto debe garantizar el acceso todos los derechos reconocidos en esta Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile, asegurando los ajustes necesarios y especializados dirigidos a eliminar las barreras estructurales que impidan su ejercicio pleno».
«El Estado deberá garantizar y promover el trato digno y su inclusión en todos los espacios sociales y políticos en igualdad de condiciones sin discriminación. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes, oportunidades y equidad de condiciones».
Asimismo, el artículo 29 indica que «la Constitución reconoce el principio de protección de la identidad humana presente y futura, base del respeto de la dignidad personal como principio y valor en sí».
Críticas
En el debate previo hubo diversas críticas a las propuestas. Ricardo Neumann (UDI), por ejemplo, habló de una «descuartización cultural» y de un «informe maximalista», al criticar en lo que calificó de «privilegio» de los pueblos originarios en parte del articulado.
También criticó una «confusión» entre medidas constitucionales y legales. En las legales incluyó artículos como el referido al arte callejero o el derecho al ocio. Concretamente, éste último, a su juicio, corresponde al Código Laboral.
Su correligionaria Constanza Hube también habló de una Constitución que separa entre «buenos» y «malos», con «conceptos confusos» propios del «realismo mágico» en que «ha caído la Convención».
También alertó de una intromisión de algunos artículos en otra comisión, como Derechos Fundamentales. Criticó el «indigenismo» del informe y señaló en esa línea que la Constitución «aumenta la desigualdad», al privilegiar a unos grupos sobre otros.
En esa línea, Alfredo Moreno criticó la ausencia de la «cultura tradicional» del «campo chileno» en el informe. Moreno es presidente de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos e hijo del actual ministro de Obras Públicas homónimo.
