PAÍS
Crédito: Universidad de Concepción
La abogada Constance Nalegach, bajo el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, fue la negociadora principal de Chile -en representación del Ministerio de Medio Ambiente- en el proceso de negociaciones para la formulación del Acuerdo de Escazú, un tratado de carácter medioambiental para Latinoamérica y el Caribe. La segunda administración de Piñera rechazó la adhesión de Chile al acuerdo, lo que generó rechazo en la comunidad activista, en sectores de la oposición, y en el mundo académico. El gobierno de Boric tomará una postura distinta a la de Piñera. La futura ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, manifestó «ser miembros activos en el Acuerdo de Escazú» será una de sus prioridades.
La no adhesión al Acuerdo de Escazú por parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera generó un rechazo transversal en organizaciones ambientales y en sectores de la oposición. Una postura distinta tendrá el Mandatario (e) Gabriel Boric. Y es que su ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, nombró este lunes a la abogada Constance Nalegach como jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de esa cartera.
Nalegach, bajo el primer gobierno de Piñera, fue la negociadora principal de Chile -en representación del Ministerio de Medio Ambiente- en el proceso de negociaciones para la formulación del Acuerdo de Escazú. Según el extitular de la cartera en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, la abogada fue la «principal ideóloga» del tratado, recoge La Tercera.
También te puede interesar:
El tratado -válido para países de Latinoamérica y el Caribe que lo hayan ratificado- entró en vigencia el 22 de abril del 2021, sin la firma de Chile.
En concreto, el tratado busca la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El entonces ministro del Exterior, Andrés Allamand, zanjó en septiembre del 2020 la discusión por la no adhesión de Chile al acuerdo, arguyendo «la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación ambiental interna».
«Generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y, planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”, añadió.
La comunidad activista y una serie de académicas refutaron los argumentos del gobierno e instaron a la firma del tratado.
“Los motivos o pretextos para no firmar Escazú han ido variando en el tiempo, porque en un principio se habló del riesgo de demandas ante la Corte Internacional de Justicia, pero eso ya fue despejado», dijo abogada de la Universidad de Chile y Máster en Derecho Ambiental por la Universidad de París, Valentina Durán, a Diario UChile en el año pasado.
«Después, la ministra de Medio Ambiente aseguró que en realidad cumplimos con todo lo que requiere el tratado, por lo tanto no sería necesario correr riesgos de jurisdicciones internacionales. Pero todo eso se ha ido despejando”, agregó.
La futura ministra Maisa Rojas indicó que «ser miembros activos en el Acuerdo de Escazú es una de las prioridades de mi futura labor como ministra y Constance puede ser un gran aporte en ese objetivo. Es importante tener presente que Santiago será sede de la Conferencia de los Estados parte (COP) de Escazú en abril próximo».
Por su parte, Nalegach indicó que “necesitamos avanzar decididamente en una transición socioecológica y que las diversas voces en el ámbito internacional sean escuchadas y las particularidades de nuestros territorios, valoradas».
Asimismo, apuntó que «debemos contribuir a que la comunidad global enfrente en forma conjunta la crisis climática y ambiental con una especial atención a los impactos sobre las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y protegiendo a quienes legítimamente abogan por una relación armónica y respetuosa de la naturaleza”.
