NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: AGENCIA UNO
El Pleno de la Convención Constitucional votará este jueves en general, y el viernes en particular, el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente, que contiene 38 artículos y 2 disposiciones transitorias, de los que al menos 7 puntos podrían desatar la controversia. Algunos de estos están cruzados por el reconocimiento de derechos de pueblos originarios, iniciativa que ha causado polémica en todos los informes de comisiones. Junto a esto, algunos colectivos del órgano constituyente están preocupados por el principio que concede un reconocimiento a la naturaleza y los animales no humanos como sujetos de derecho. En la señalada comisión reconocieron que ciertos artículos podrían tener trabas en cuanto a redacción, por lo que desdramatizaron el hecho de que algunos vuelvan a esa instancia para ser perfeccionados. La mayor tensión, eso sí, no estaría en este informe de Medio Ambiente sino en el segundo, el que incluye el derecho al agua, además de articulados relativos al recurso hídrico, donde para algunos podría reaparecer la presión sobre la CC por parte de grupos de interés, como empresas y mineras.
Eran más de 100 artículos, pero finalmente el informe de la Comisión de Medio Ambiente incluye 38 puntos y 2 disposiciones transitorias, lo que será votado en general este jueves en el Pleno y el viernes en particular. Si bien se trata de principios generales, sin ahondar en profundidad en temas que podrían resultar polémicos, dados los intereses medioambientales y económicos en juego, la percepción que existe dentro de la Convención Constitucional (CC) es que será igualmente un debate complejo y tenso, pero mucho menos que lo que podría ser el del segundo informe, donde habrá iniciativas relativas al derecho y el uso del agua, así como artículos relacionados con la minería, entre otros.
Pese a que existen dudas hasta en 10 artículos, hay otros que podrían tener un trámite más rápido. Entre los puntos donde existe más confianza en que se pueda avanzar, se encuentra el del reconocimiento del Estado de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana y su responsabilidad para tomar medidas en pos de hacerle frente, además de generar mayor evidencia científica sobre los procesos.
Por otra parte, una de las dudas centrales estriba en el artículo 10, que establece que «el Estado promoverá una revisión histórica que busque identificar los procesos evolutivos de la Naturaleza y reconocer las intervenciones humanas sobre ella, y establecer la verdad histórica en la vulneración de sus derechos, a fin de lograr procesos de justicia y reparación integral de la Naturaleza».
La mayor tensión y debate además podría producirse en el subtítulo de «Medioambiente, biodiversidad, principios de la bioética y bienes comunes naturales», especialmente en artículos relacionados con principios de pueblos originarios (PP.OO.) y el concepto de la plurinacionalidad, que ha marcado transversalmente todos los informes de comisiones hasta ahora vistos, generando tanto un debate como los descargos de algunos constituyentes de Vamos por Chile. Por ejemplo, respecto a los bienes comunes naturales, especifica, en el segundo inciso del artículo 12, que «para los pueblos y naciones preexistentes estos bienes tienen una dimensión espiritual que trasciende lo visible, donde cohabitan fuerzas protectoras de los componentes de la Naturaleza, quienes contribuyen y velan por la armonía y equilibrio de los espacios. El Estado es el custodio de los bienes comunes naturales y deberá preservarlos, asegurar su gestión participativa, gobernanza democrática y acceso responsable».
El artículo 17 es el más específico en cuanto a derechos de pueblos indígenas y uno de los que podría apoderarse del debate más intenso. Establece un régimen especial de titularidad colectiva de los bienes comunes naturales que se encuentran en tierras y territorios de PP.OO. y que por eso «tienen derecho a acceder, utilizar y controlar dichos bienes, los cuales forman parte de su identidad y permiten su pervivencia cultural, social y económica». Asimismo, establece que el Estado reconocerá los usos ancestrales de dichos bienes, reconociendo asimismo como límite el sistema jurídico de cada pueblo y los derechos de la naturaleza. «El Estado no podrá constituir o asignar autorizaciones de uso sobre bienes comunes naturales existentes en tierras y territorios indígenas, en favor de personas naturales o jurídicas no indígenas o indígenas pertenecientes a otro pueblo», agrega.
La constituyente que integra la Comisión de Medio Ambiente, Gloria Alvarado (MSC), defensora y activista medioambiental, reconoció que hay puntos más complejos, pero dijo esperar que se logren acuerdos amplios en la mayoría de los artículos. «Espero que todo tenga acuerdo. Hemos estado conversando con algunos constituyentes, porque de un informe que tenía más de 100 artículos, llegamos a 38. Hicimos un trabajo súper arduo para reducirlo y dejamos los temas que son súper necesarios y que eran temas de la comisión del bloque 1, como derechos de la naturaleza, bienes comunes, crisis climática, animales, democracia ambiental», enfatizó.
A su juicio, la mayor dificultad la han puesto los mismos convencionales de la comisión, «que vota en contra de las propuestas nuestras y que es la misma que votó Rechazo», pues afirmó que ayer votaron propuestas en la comisión –que no se incluyen en el primer informe a votarse mañana– sobre una materia general, que debe pasar aún un proceso largo y se puede modificar el texto. «Salieron a decir ‘oye, les van a quitar el agua’, ‘el tema de las mineras’, y la gente se asusta, sobre todo en la ruralidad», reclamó.
Pero también en principios generales, como establecer derechos a la naturaleza y animales no humanos, generan ruido en sectores de Vamos por Chile, al igual que algunos principios de participación. En el caso del reconocimiento como sujetos de derecho a la naturaleza y animales no humanos, el constituyente Rodrigo Álvarez (UDI) subrayó que genera preocupación «este cambio profundo al modelo conceptual jurídico chileno, estableciendo a la naturaleza como un sujeto de derecho y a los animales como sujetos de derecho. Esta es una experiencia absolutamente inédita en nuestra estructura jurídica y, en la experiencia comparada, solo lo tienen países como Bolivia, Colombia y Ecuador». En lo concreto, lo que establece el artículo de animales no humanos –que fue parte de las Iniciativas de Norma Popular que revisó también la comisión– cambia el estatus de los animales no humanos de muebles a seres sintientes, y su derecho a vivir libres de maltrato.
Sobre «bienes naturales comunes», sostuvo que «es bastante imprecisa, compleja, que tiene normas extrañas, como que sea un bien natural común la radiación del sol o el aire, el viento. Nos parece preocupante». Otro punto que ven con atención en la derecha es el de los artículos transitorios, que buscan crear un Servicio para la Crisis Climática y Ecológica, así como un catastro de vertederos en el territorio nacional y que, a juicio de los constituyentes del sector, deberían ser objeto de ley y no de una Constitución.
En el documento que votará el Pleno se halla también el articulado sobre Gestión de Residuos, que busca incentivar y garantizar a través del Estado el reciclaje y la reutilización; además, la Construcción en Armonía con la Vida, donde entre los puntos se cuenta la vivienda digna y ecológica, en sintonía con el ecosistema y con bajo impacto ambiental.
Biodiversidad es otro punto, que incluye la protección y conservación de especies endémicas, polinizadores nativos, plantas, animales, entre otros. En Principios Ambientales se hace alusión a los delitos ambientales y la imprescriptibilidad de aquellos. Los últimos artículos dicen relación con la responsabilidad ambiental, la persecución de la responsabilidad administrativa, penal y civil de hechos u omisiones que vulneren derechos de la naturaleza.
La Comisión de Medio Ambiente ayer siguió avanzando en la votación en general y particular –dentro de la instancia– de articulados relacionados con el derecho al agua, la relación con la minería, entre otros puntos, que son las iniciativas más controvertidas emanadas de dicha comisión. Para Vamos por Chile es «altamente preocupante» lo que se está debatiendo sobre modelo económico, regímenes especiales en energía, agua y mar, entre otros puntos. Dentro de la CC dicen estar conscientes de que durante la votación de ese articulado –que será parte de un segundo informe de la comisión– se generarán las principales presiones desde el mundo empresarial y el debate más duro al interior de la Convención entre los distintos colectivos.
Lo que se votó ayer corresponde al Bloque B, de “Bienes Naturales comunes y su estatuto”, donde fueron aprobadas en general las normas sobre el «Derecho humano al agua y al saneamiento», que incluye el artículo 2, inciso 1, y que establece que «en virtud de este derecho, se priorizarán los usos del agua de la siguiente manera: – Mantención de ciclos naturales y preservación de ecosistemas; – Consumo humano y saneamiento; – Usos ancestrales y tradicionales; – Ganadería y agricultura local de pequeña escala».
Fueron 7 artículos los que se aprobaron y dicen relación con: «Derecho humano al agua y su saneamiento”; «Los deberes del Estado en la provisión de agua y demás servicios sanitarios”; «Dominio público de las aguas”; “Derecho humano al agua y gestión participativa en las cuencas”; “Protección, gobernanza y gestión de cuencas”; «Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares”; y «Por la restitución del agua y territorio como bien común para el Itrofilmonguen, todas las formas de vida”.
