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Desde el denominado socialismo democrático, o derechamente ex Concertación, diversos personeros acusaron como un mal cálculo de la futura administración de Gabriel Boric el que los convencionales de Apruebo Dignidad (FA y el PC) hayan estimulado el debate sobre la posible extinción del Senado tal como lo conocemos hoy, porque que –a su juicio– aquello podría transformarse en “un balazo en los pies”, dada la actual composición del Congreso. El peligro es que el futuro Ejecutivo tendrá que trabajar al menos un par de años con una Cámara Alta resentida, antes de que pueda materializarse un eventual cambio en el Poder Legislativo, si es que logra aprobarse en el Pleno de la CC la unicameralidad o bicameralidad asimétrica y, luego, el texto completo en el plebiscito de salida. Esto, sin considerar que las fuerzas políticas, en el caso de estar todas alineadas, apenas alcanzarían el 50 por ciento en el Senado, lo que hace que reformas como la tributaria –una de las prioridades del nuevo Gobierno– se pongan cuesta arriba.
La arremetida “unicameralista” en la Convención Constitucional (CC) de parte del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), ambos agrupados en Apruebo Dignidad –uno de los dos polos del oficialismo en la entrante administración– ha generado un importante grado de desconfianza en el otro polo, el de la ex Concertación (sin la DC) que también será parte del nuevo Gobierno. Más allá de las visiones contrapuestas respecto de si se debería tocar más o menos profundamente a la Cámara Alta, diversas fuentes advirtieron que, considerando el precario peso que tendrá la administración de Gabriel Boric en el Senado, intentar restarle poder sin haber realizado un debate más profundo podría resultar en un riesgo de gobernabilidad, ya que en términos reales –como quisieron plantearlo–, de la molestia, más de alguno podría pasar a la frustración.
Más que una amenaza, el socialismo democrático intentó plantearlo como una realidad. Esto, pues si bien todos están avisados de que modificaciones al Senado, tal como se le conoce hoy en día, van a llegar sí o sí –de aprobarse el texto de salida–, a la Corporación de igual manera le quedarían al menos entre uno o dos años de funcionamiento, es decir, el tiempo que demore el Parlamento en adecuar la potencial nueva Constitución. En este marco y considerando que el nuevo Gobierno ya declaró a la reforma tributaria como su caballito de batalla, no tener a todos alineados podría transformarse en un problema no menor.
Y es que si se suman a todos los representantes desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda, el electo Gobierno cuenta con apenas el 50 por ciento de representación, y si los esfuerzos están puestos en convencer a un sector de Chile Vamos para avanzar con la agenda reformista, con las complicaciones que eso conlleva, tener que además pensar en subir al carro a uno que otro descolgado, transformaría los esfuerzos en unos de mucha mayor complejidad.
En este escenario, y si bien no existió una coordinación transversal en defensa de la Corporación, la colectividad llamada a hacerse cargo de lo que ocurre en la Convención Constitucional es el PS, principalmente debido a su peso en los tres espacios donde se juega el partido en estos momentos: la Cámara de Diputados, el Senado y también la Convención. Sumado a esto el hecho de que sus convencionales miembros de la Comisión de Sistema Político dieron el visto bueno en primer término a la creación del denominado Consejo Territorial, el que no consideraba iniciativa legislativa y se abocaba principalmente a temas regionales, situación que encendió en el sector todas las alarmas.
De esta manera, y en un intento por morigerar los cambios, una vez conocida la propuesta, y con varios llamados entre incumbentes y la directiva, llegaron a la conclusión de que la forma de actuar debía ser cautelosa, es decir, evitar los llamados personalizados que luego pudiesen traer como efecto secundario un eventual quiebre o acusaciones de intromisión en el órgano autónomo. De esta manera, se habría decidido actuar a través de la presión por medio de la prensa para dejar en claro su posición y, de esta manera, intentar bajar la temperatura reinante en el sector.
Dentro de la coordinación, la primera de las voces que se hizo presente fue la del saliente senador Rabindranath Quinteros, que al no ejercer su cargo durante el próximo período, señalaron, evitaba el cuestionamiento inmediato que apuntaría a una defensa corporativa de los incumbentes. En entrevista con La Tercera, el parlamentario señaló que «el PS no está a favor de eliminar el Senado. En la bancada jamás hemos hablado de eso. ¿Quién es Montero? Es un error quitarle atribuciones al Senado, que es la Cámara revisora”. Luego vino la arremetida del electo senador Juan Luis Castro, quien en radio Pauta les dio piso a las declaraciones del senador, indicando que «no, no lo representa y se lo digo con mucha responsabilidad, porque yo he interlocutado con dirigentes de alto nivel del PS, y puedo decir, con plena responsabilidad, que lo acordado por el Colectivo Socialista constituyente no representa el planteamiento del Partido Socialista».
Esta segunda reacción llegó tras las palabras del convencional por el Colectivo Socialista, Ricardo Montero, coordinador además de la comisión, quien había asegurado que la postura de los representantes del PS en la Convención sí eran representativa del partido.
En medio de este embrollo, el también senador saliente, José Miguel Insulza, convocó a una cita –no institucional– vía Zoom, donde participaron algunos parlamentarios y también convencionales. Algunos de los presentes aseguraron que la reunión se dio en un tono de calma y amplio debate, donde la explicación que entregaron algunos de los convencionales habría sido que en su momento la mayoría de la Convención estaba por el unicameralismo, y que su voto se habría dado “en un marco transaccional”.
Fuentes del PS agregaron que en realidad no existe una resolución de parte de ninguna instancia del partido que asegure algo respecto al bicameralismo, más allá de que la mayoría estaría por esa opción, por lo que se hacía imposible acusarlos de estar faltando a algún tipo de principio institucional.
Por ahora, la intervención estaría entregando ciertos resultados, ya que la discusión derivó en una nueva negociación, impulsada por el Colectivo Socialista y que busca morigerar la propuesta primaria.
Cabe recordar que el PS cuenta con 14 convencionales, tres al interior de la Comisión de Sistemas Políticos, 13 diputados y cuatro senadores, siendo la bancada individual más potente del futuro oficialismo.
En el caso de la actual oposición, y futuro oficialismo, no son pocos los que han apuntado al equipo político del futuro Gobierno por –acusan– no considerarlos en las que señalan como “las grandes decisiones”. Todos los consultados se mostraron incrédulos de un actuar meramente independiente de los convencionales representantes de Apruebo Dignidad. “Si no es a través de una conversación directa, es que están dejando hacer, que es lo mismo, y no fuimos considerados”, agregaron desde el sector. De esta manera se generó un choque de trenes entre los dos sectores encargados de darle sustento político a la futura administración en un tema de gran alcance.
Sabido es que ambos mundos no concilian ni en los tiempos ni en la profundidad de las reformas, más allá de las directrices entregadas por el propio Presidente electo, Gabriel Boric. Y no son pocos los que se recuerdan de lado y lado que, más allá de los acercamientos, este es finalmente un “matrimonio por conveniencia”, ya que el sector que agrupa al PS, PPD, PR y PL terminó ingresando al Gobierno por “necesidad” más que por “convicción” de quienes sustentaron la candidatura del Mandatario electo.
Todo en busca de un mínimo piso legislativo para poder darle tracción a la promesa del programa de gobierno. Sumadas todas las fuerzas que gobernarán, no alcanzan la mayoría simple en la Cámara, y apenas la mitad en el Senado.
Pero más allá del debate que se pueda dar al interior de cualquiera de los partidos o colectivos, existe una máxima que difícilmente se pueda torcer, y es que el Senado, tal como se le conoce hoy en día, no será más.
Y si bien en un principio, tanto desde el FA como desde el PC se apostó por la unicameralidad, llegando finalmente –luego de una extensa negociación– al denominado bicameralismo asimétrico (con votos del PS), este tampoco tendría posibilidades de sobrevivir en el Pleno que revisará el informe de la Comisión de Sistemas Políticos.
Esta fórmula consideraba no solo el cambio de nombre de la Corporación a Consejo Territorial, sino que además le restaba facultades legislativas, como la iniciativa de proyectos de ley, y el visar los mismos, como ocurre actualmente. Además, reducía su labor a temas principalmente regionales y del presupuesto anual.
Aquella apuesta, que en algún momento parecía se consolidaría, tuvo que volver a matizarse, principalmente luego de las presiones que varios constituyentes han acusado de lo que denominaron como poderes fácticos. Así lo hizo el propio exvicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, quien –en entrevista con Emol– acusó que «vimos materializarse una cuestión que hemos estado sintiendo en el aire en las últimas semanas, que es la presión de los poderes fácticos, de los poderes constituidos sobre los constituyentes, especialmente de aquellos que vienen de partidos políticos que históricamente han ejercido el poder político en el país».
El día martes en comisión se aprobó una indicación que borra el concepto de unicameralismo, además de reemplazar el Consejo Territorial por Cámara Territorial, acercándose nuevamente a un bicameralismo más parecido al que se conoce hoy en día.
De todas formas, aún falta que se voten varias de las indicaciones (760 en total), pero la propuesta, y que contaría con un principio de acuerdo transversal, entrega mayores facultades a esta Cámara, logrando retomar el tipo de bicameralismo que desde la ex Concertación han reclamado con fuerza. Esto sería “conocer los proyectos de reforma constitucional, de leyes interpretativas de la Constitución, de la ley anual de presupuesto, de ley sobre la división política y administrativa del país, de la ley que afecte las competencias de las regiones, de la ley de votaciones populares y del sistema electoral”.
La discusión respecto de un cambio más o menos profundo del sistema legislativo ha llevado a varios de los incumbentes, ya sean actuales senadores o recientemente electos, a pronunciarse al respecto.
De esta manera, la actual presidenta de la Cámara Alta, la DC Ximena Rincón, dijo a La Tercera: “No creo que una generación pueda arrogarse la potestad de refundar la República construida entre muchas generaciones por más de 200 años (…). Un error para el funcionamiento de la democracia”.
El también democratacristiano Matías Walker, quien asumirá en el Senado el próximo 11 de marzo, advirtió que lo que se estaba votando en la Convención era un “unicameralismo de facto con facultades muy limitadas para el Consejo Territorial”. Agregando que se declaraba como un defensor del Senado.
Una vez comenzaron a votarse las iniciativas en el Pleno, se evidenció que los dos tercios corrían desde el centro hacia la izquierda, donde los convencionales de derecha, representativos tanto de Chile Vamos como del Partido Republicano, situándose en la sola opción del rechazo a las propuestas, no contaban con la influencia necesaria para “trancar la pelota”, considerando que sus 36 representantes no llegan al tercio requerido para vetar.
En este lado de la vereda también se ha pronunciado al respecto el histórico senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien indicó que se transgrediría “el rol de equilibrio y contrapeso al Poder Ejecutivo”. También lo hizo el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, quien en entrevista en El Dinamo acusó que se quiere “borrar con el codo lo que ha sido una institución clave en la estabilidad institucional y democrática del país”. Además de “atentar contra la tradición”, sostuvo.
