El reconocimiento de los animales como seres sintientes, el del derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales y el reconocimiento de una crisis climática y ecológica causada por la actividad humana, fueron tres de los seis artículos –de un total de 40– que aprobó anoche el Pleno de la Convención Constitucional. Así, los mismos serán votados esta tarde en la sesión plenaria en particular, mientras que los 34 rechazados –un 85% de ellos– regresan a la comisión para ser mejorados. A pesar de estos números, constituyentes de la Comisión de Medio Ambiente desdramatizaron los resultados, asegurando que es una estrategia distinta a lo que sucedió en otras comisiones y que, en tal sentido, se optó por rechazar artículos en general, con el fin de evitar que se cayeran en la votación en particular, teniendo así la posibilidad de mejorarlos pronto y, asimismo, generando mayores consensos para que puedan pasar tanto una nueva votación en general como también en particular. Las reticencias más fuertes provinieron de Vamos por Chile, que habló de un ecologismo talibán, mientras que, en el caso de los pueblos originarios, había ciertas dudas respecto a las implicancias en actividades ganaderas y pesqueras de sus comunidades con el nuevo estatus que podrían adquirir los animales en la nueva Constitución.
El resultado no fue sorpresivo. Desde temprano las y los convencionales constituyentes barajaban que los artículos del informe de la Comisión de Medio Ambiente serían en su mayoría rechazados, junto con pronosticar que solamente un 20% de este documento sería aprobado. Y el resultado estuvo cerca de esas cifras: de los 40 artículos –incluyendo los 2 transitorios–, 6 fueron aprobados en general y serán votados hoy en particular. Los rechazados fueron 34 y regresarán a la comisión para ser modificados, varios de ellos con menos de la mitad de los votos de los constituyentes en ejercicio. Los convencionales tienen 3 días hábiles para ingresarles indicaciones, vale decir, hasta el lunes. Esto porque, tras una reciente votación, el sábado es considerado como día hábil.
Entre los constituyentes que integran la comisión, desdramatizaron el rechazo de gran parte del informe, asegurando que, a diferencia de lo que sucedió con otras comisiones, en esta discusión se prefirió rechazar en general, mejorar lo antes posible la norma con nueva redacción e indicaciones, y no arriesgarse a un rechazo en particular, como ha sucedido. Destacaron que, si bien hay puntos en los que será difícil consensuar los dos tercios, hay otros en que modificaciones a la redacción serán suficientes para alcanzar los consensos, atendiendo a las incertezas o dudas que algunos constituyentes hicieron presente que se generan en la ciudadanía, en especial con pequeños agricultores y comunidades que se dedican a la ganadería o la pesca artesanal.
Los artículos aprobados incluyen el reconocimiento de una crisis climática y ecológica causada por la actividad humana, el reconocimiento de los animales no humanos como seres sintientes y el del derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales, que –a juicio de un constituyente– constituían «la columna vertebral de los mínimos que se debían avanzar en un contexto climático como el actual». Los rechazados fueron todos los que incluían aspectos relativos a los pueblos originarios (PP.OO.), donde sectores de derecha reclamaron que se superponía la importancia indígena por sobre la del resto de los ciudadanos –lo que fue rebatido por los mismos constituyentes de PP.OO.–, también el que consignaba como sujeto de derecho a la Naturaleza, así como el que establecía los Bienes Comunes Naturales, que resultó ser uno de los debates centrales.
Una de las coordinadoras de la comisión, Camila Zárate, analizó el resultado y afirmó que, aunque estos artículos tuvieron mayoría en la comisión, «lo que faltó de manera posterior fue el diálogo entre los distintos miembros de la comisión, sus distintos colectivos, quienes sienten que pudieron haber participado mucho más con sus distintos representantes. No olvidemos que en esta comisión el Frente Amplio no participa directamente, pero de todas maneras nosotros le hicimos la invitación y formaron parte de las indicaciones». A su juicio, hubo esfuerzos de diálogo, pero aún faltan. Además, acusó un asedio mediático del empresariado, subrayando que «sabemos que estamos viendo el modelo económico asociado a la protección ambiental (…). Son temas sensibles, son temas complejos». Su compañero en la coordinación, Juan José Martin, destacó que es la primera vez que se encuentran dos visiones, dos mundos que antes nunca han dialogado, sobre el tema ambiental.
Sin embargo, constituyentes de derecha celebraron el rechazo de gran parte del articulado. El convencional Rodrigo Álvarez (UDI), integrante de la comisión, opinó que “era un informe profundamente equivocado, desmedido para las necesidades de nuestro país, que creaba categorías jurídicas absolutamente incorrectas, así que nos parece que este es un buen resultado para Chile” y añadió que fue una “derrota profunda para el ecologismo radical, talibán”.
La constituyente Tania Madriaga (Coordinadora Plurinacional y Popular) sostuvo que «el resultado de las votaciones fue muy negativo, ya que se esperaban resistencias, pero no al nivel en que se expresaron» y que «al escuchar los discursos de muchos convencionales se desprende que hay una resistencia al cambio respecto a las medidas concretas que se están proponiendo, a pesar de aceptar la realidad de la crisis climática y ecológica en que vivimos. Esto es insólito, porque demuestra la poca conciencia y compromiso respecto a la responsabilidad de la actividad humana en esta crisis y, por lo tanto, a la búsqueda de nuevas formas de producción, distribución y consumo». Pese a esto, Madriaga dijo creer que hay sectores que pueden cambiar su voto en el segundo paso de los artículos por el Pleno.
Los artículos aprobados en general fueron: el 1 (con 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones), que establece que «el Estado reconoce la existencia de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana» y que es deber de este tomar medidas para gestionar riesgos, vulnerabilidades y efectos. También el número 5, que fija que «es deber del Estado garantizar y promover los derechos de la Naturaleza, debiendo realizar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración y regeneración cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental».
Uno de los más relevantes, y que fue objeto de varias Iniciativas de Norma –tanto de constituyentes como populares– fue el número 23, que establece a los animales como seres sintientes y no como muebles, como se reconocen actualmente. «El Estado protegerá a los animales, reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato. La ley establecerá los demás derechos de los animales, un servicio público para su protección y no extinción, una acción para su tutela, el resguardo de su hábitat y la prohibición de prácticas que los sujeten a tratos crueles», detalla la propuesta. Se aprobó con 103 votos a favor, 28 en contra y 20 abstenciones. Entre los votos en contra estuvieron constituyentes de la UDI y del sector más duro de la derecha, además de los constituyentes Felipe Harboe, Christian Viera e Isabella Mamani (PP.OO.). Entre las abstenciones se contaron constituyentes de RN y Evópoli, algunos del Colectivo del Apruebo y varios representantes de pueblos indígenas.
En las intervenciones, el constituyente aymara Luis Jiménez puntualizó estar de acuerdo con establecer que los animales no humanos son seres sintientes, pero que “una norma redactada así como está puede dar incertidumbre de cuál va a ser nuestra relación con los animales, porque nosotros practicamos la ganadería ancestral tradicional, y tenemos todavía temores de que una interpretación muy estricta pueda causar algunas implicancias con eso. Puede ser mejorado si es que vuelve a la comisión”.
También dijo estar de acuerdo en la sintiencia de los animales no humanos el constituyente Alfredo Moreno, de Vamos por Chile, quien eso sí especificó que «lo que se ha dicho en la Comisión de Medio Ambiente es que esta es una propuesta civilizatoria y buscar un modelo alimentario que no se base en el sufrimiento y muerte de un animal. ¿Un Chile sin asados?».
Se suma a los artículos aprobados el 25, que puntualiza que «el Estado fomentará una educación basada en la empatía hacia los animales y propenderá, a través de la ley, sus órganos y políticas públicas, al bienestar animal», con 103 votos a favor, 16 en contra y 34 abstenciones. En los votos en contra estaban incluidos algunos del Frente Amplio.
Además, el artículo 33, donde «se reconoce el derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales. Los mecanismos de participación serán determinados por ley», que los constituyentes destacaron como uno de los más relevantes, asegurando que es una puerta para evitar que avancen proyectos medioambientales que tienen un rechazo transversal y amplio de las comunidades, incluidos alcaldes de todas las tendencias políticas. Por último, se aprobó el 37, que establece que «todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental pública, que conste en poder o custodia del Estado, de las empresas, instituciones y organismos que presten servicio al Estado».
Entre los artículos rechazados que se contaron como los más debatidos, están el que establecía Bienes Comunes Naturales, como el agua, el viento, radiación solar, entre otros, además del que establecía a la Naturaleza como sujeto de derecho y que había generado duros discursos desde constituyentes de Vamos por Chile, que alegaban, por ejemplo, que solo quienes generaban cultura eran sujetos de derecho, junto con preguntar quién representaría a la Naturaleza en caso de un conflicto.
*Siga aquí los avances del borrador de la nueva constitución