PAÍS
El mandato del Presidente Sebastián Piñera se desvanece sin luces, con una aprobación ciudadana por los suelos, con grandes ambiciones personales que terminaron frustradas –como su intento de influir en la agenda internacional–, con querellas por violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido, sin legado político más allá de una buena gestión en el proceso vacunatorio para enfrentar el COVID-19. En contraste con la falta de números azules, prevalecen los rojos, como las notas 2.0 y 2.2 con que se le evaluó al Gobierno en los temas migratorio y delincuencia. Esas dos áreas, más el conflicto mapuche, se convierten –a días de entregar el poder al Mandatario electo, Gabriel Boric– en las grandes deudas, las herencias no deseadas, en la bolsa rota que deja la administración saliente, fruto –según advierten distintos observadores– de una política efectista, muchas veces errática, cortoplacista, y enceguecida por las métricas de las RRSS y la evaluación de las encuestas.
Mucho se escribió durante los dos primeros años de Gobierno de Sebastián Piñera sobre una de sus principales características en su estilo para gobernar: su extrema preocupación por los resultados de la encuesta de los lunes. A eso se sumó la preocupación por las métricas de Twitter, con informes semanales que llegaban al escritorio de todos los ministros, con datos adjuntos y los resultados de la visibilización de las estrategias gubernamentales. Con todo ese background, el Ejecutivo empujó con insistencia múltiples campañas para influir en la opinión pública, salidas directamente de las oficinas de la Segegob, con diferentes y creativos hashtags.
Fuera de lo acertado a no de las estrategias, el gran problema es que expuso las debilidades del saliente Jefe de Estado, esa necesidad de caer bien, de estar siempre bien evaluado y ser apreciado por la ciudadanía, una obsesión que nunca logró sacarse en las dos administraciones en las que le tocó suceder a la ex Presidenta Michelle Bachelet. Aquello redundó en una serie de decisiones efectistas, algunas erráticas, con mirada de corto plazo, y que terminaron por profundizar problemáticas que requerían otro tipo de enfoque, situación ampliamente criticada por Chile Vamos.
Tanto en el oficialismo como en la coalición de Gobierno que se apresta a asumir sus funciones este viernes 11 de marzo, hay coincidencia en que estos errores de conducción redundaron en la aplicación de políticas fallidas en tres grandes áreas, con las cuales tendrá que lidiar la administración de Gabriel Boric. Se trata de las herencias no deseadas.
La primera de ellas es la crisis migratoria, donde si bien todos repiten que no nació en la actual administración, sí coinciden en que su profundización se dio por no haber generado estrategias de prevención y una salida de largo plazo. La segunda es el conflicto mapuche, problema político que tampoco se generó en este Gobierno, pero frente al cual, tal como el anterior, las medidas adoptadas solo llevaron a recrudecer el conflicto. Y en tercer lugar está la seguridad pública y la delincuencia, problema que cabe en el mismo canasto. Porque la «fiesta nunca se les acabó», como prometía el Presidente en uno de sus eslóganes de campaña, sino por el contrario, esta se encendió como fiesta eterna.
Respecto de esto último, el director de Tresquintos, Kenneth Bunker, indicó que “de la delincuencia este Gobierno nunca se hizo cargo. Resulta paradójico que, si alguien se iba a hacer cargo de esta, iba a ser la derecha. Llama la atención, Sabemos que tiene que ver con la pérdida de agenda de parte de Sebastián Piñera. Hace casi dos años que prácticamente no gobierna”.
Algunos hechos que marcaron el enfoque que el Gobierno buscó darle a este ítem redundan en el proyecto de control de identidad, finalmente aprobado en el Parlamento con votos transversales, pero bajo presión gubernamental, y respecto al cual, en los hechos, los números mostraban un alto gasto de recursos para un mínimo resultado final. Aquello le sirvió a la administración para ir presentando continuamente números de personas controladas y sus antecedentes para marcar en la agenda de seguridad, junto con buscar bajar los niveles de percepción de inseguridad, pero que no tenía resultados dirigidos a trabajar el fondo del asunto. Recordadas también son las rondas policiales de los viernes del exministro del Interior, Andrés Chadwick, lo que fue calificado en innumerables ocasiones como un mero acto de populismo.
Lo cierto es que, de acuerdo a la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), se demostró un alza en la percepción de temor en la materia y una baja en los delitos, que –según varios expertos– no necesariamente reflejaría la realidad, ya que existe el factor de los números en negro y que consideran la no denuncia, ante la falta de credibilidad que han sufrido las diferentes instituciones.
Para el director de Criteria Research, Cristián Valdivieso, “en seguridad pública hubo demasiado efectismo, demasiado populismo con ese tema. Y cabe la idea de que esto tenía soluciones rápidas. Lo banalizó y utilizó como eslogan de campaña en Piñera 1. Dejó instalada la idea de que esto se podía solucionar de manera rápida y fácil y con un par de maniobras o un par de medidas. En vez de mostrarle a la ciudadanía que esto es un problema muy complejo que requería de distintas formas y fórmulas para poder trabajarlo, y que no íbamos a tener un resultado en el corto plazo”.
A diferencia del trabajo respecto de la seguridad pública, varios de los consultados, tanto del oficialismo como expertos en la materia, reconocieron que “al menos” en este conflicto sí hubo un intento por cambiar las cosas. Esto en referencia al Plan Araucanía con el que, en el inicio de Gobierno –y a cargo del en ese entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno–, se trató de dar un nuevo enfoque, basado, entre otros aspectos, en el diálogo, un intento que terminó en el fondo del escritorio luego del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Un hecho fatal sobre el que muchos lograron prever su epílogo, menos el Gobierno, cuando el propio Jefe de Estado presentó a un grupo de Carabineros, fuertemente armados, y los bautizó como Comando Jungla.
De ahí en más, en general, la focalización prioritaria de la actual administración se fijó, más que en intentar resolver el tema de fondo, en tratar de encasillarlo meramente en el ámbito delictivo, instalando el concepto de narcoterrorismo, el que fue replicado por todo el gabinete cada vez que se les preguntó, y dejando de lado un trabajo de mayor profundidad. Las varias visitas a la zona por parte del exministro del Interior, Andrés Chadwick, tuvieron un enfoque meramente policial, así como las del actual titular de la cartera, Rodrigo Delgado.
Para el director del IES, Claudio Alvarado, “es claro que tanto la crisis migratoria como la de La Araucanía se agravaron bajo el segundo Gobierno del Presidente Piñera, pero hay responsabilidad que se comparte con el tipo de oposición que tuvo”.
El actuar de La Moneda sufrió varios cuestionamientos por lo que sucedía en la región, principalmente desde Chile Vamos, desde donde lo acusaron de “no hacer la pega”. Aquello llevó incluso al congelamiento de relaciones de Evópoli con el Gobierno. En aquel momento, la administración pasaba por un complejo momento político y de credibilidad ante la ciudadanía, lo que le impidió jugar la carta que gran parte de la derecha esperaba y que consistía en aplicar un Estado de Excepción.
Pero una vez se acrecentaron los episodios de quemas, incluidos asesinatos en los diferentes incidentes, y ya impuesto el relato del narcoterrorismo, las cosas se le facilitaron en ese aspecto.
Entremedio, y previo a la seguidilla de Estados de Excepción, hubo un paro de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), liderada por Sergio Pérez y que contó con una grave acusación de parte de Juan Araya, representante del gremio Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC). En la ocasión, Araya había apuntado a La Moneda, acusando que esta habría solicitado a la CNTC la paralización de sus funciones para la aprobación de la Ley Juan Barrios, que endurece las penas por ataques incendiarios a vehículos con personas en su interior. Si bien luego Araya retrocedió en sus dichos, de igual manera insistió en que “hubo un paro que no es típico de los paros que hacen los camioneros». Hoy se encuentra querellado por sus dichos.
Una vez pasado el tiempo, desde La Moneda decidieron dar un paso del que no retrocederían hasta dejar la administración, y así fue relatado por cercanos asesores en octubre del año pasado. El decreto de Estado de Excepción en la zona, y que ahora busca su novena renovación, pasando incluso por sobre el Gobierno entrante, donde deberán hacerse cargo al menos por 15 días más de la decisión del Presidente Sebastián Piñera.
Varios en Palacio recuerdan que, una vez ocurrido el asesinato de Camilo Catrillanca, la apuesta por el diálogo, o alguna estrategia de trato y salida del problema, simplemente, dejó de existir en el interés del Ejecutivo.
Las futuras autoridades han insistido en que su estrategia se abocará a buscar el más amplio diálogo, contrastando con el quehacer de la administración del Presidente Piñera, sin embargo, en una entrevista con CNN, la futura ministra de Interior, Izkia Siches, matizó aquella postura señalando que “no todo está escrito en piedra”.
Al igual que con lo que sucede en la Macrozona Sur, este no es un fenómeno que se haya iniciado bajo el mandato del actual Jefe de Estado, pero sí se profundizó durante esta administración, pues –como denunciaron varios de los gobernadores regionales– nunca se le habría dado la importancia que requería, previo a que la problemática se extendiera y quedase totalmente fuera de control de las autoridades centrales.
Y es que la inmigración irregular trajo aparejado, así lo señalan las autoridades regionales y centrales, el fenómeno de la violencia, y ambos, sin capacidad de contención, terminaron por producir una sensación de descontrol en la ciudadanía.
Durante la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en octubre del año pasado, el diputado Vlado Mirosevic, le hizo saber de la situación que estaba ocurriendo en la frontera norte del país, pero en ese entonces el tema no fue prioridad.
Este fenómeno, indesligable de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, tuvo un capítulo que, si bien el Gobierno ha buscado bajarle el perfil, prefiriendo instalar las palabras del futuro Presidente, Gabriel Boric, como más preponderantes en responsabilidad, tiene que ver con el denominado Cucutazo.
En medio del intento del Presidente Piñera por situarse como líder internacional, viajó hasta la ciudad de Cúcuta, en Venezuela, para, a través de la excusa de la ayuda humanitaria –así lo reconocen cercanos colaboradores– participar de un evento que buscaba que las Fuerzas Armadas venezolanas se rebelaran. Junto con el presidente de Colombia, Iván Duque, y el autodenominado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hicieron todo tipo de llamados de acogimiento a la población venezolana. Se estableció la visa de responsabilidad democrática, entre otros. Hasta ahora, no existe especialista en RR.EE. que no haya catalogado el episodio como uno de los más vergonzosos de la historia diplomática del país y que no lo haya ligado a un aumento de la inmigración ilegal.
Ya con el fenómeno siendo portada de todos los medios, y en medio de las palabras del director del Servicio Nacional de Migraciones (SNM), Álvaro Bellolio, quien con cero autocrítica solo culpó al futuro Gobierno, fue el propio ministro Delgado quien buscó, in situ, instalar una nueva política de contención, ya que la situación estaba golpeando de lleno a la saliente administración. En medio de todo, cabe destacar la ausencia y posterior renuncia en medio de la crisis de Andrés Allamand, hoy flamante Secretario General Iberoamericano.
Al respecto, y también en relación con la seguridad pública, Valdivieso agregó que “la profundización del problema se va a olvidar respecto de cuánta responsabilidad tuvo el Gobierno anterior y va a pasar a ser una responsabilidad de Gobierno presente. La responsabilidad de los gobiernos anteriores dura dos meses”.
El analista político Tomás Duval apuntó, en términos generales, a que “quizás el gran problema del Gobierno de Piñera fue el de un diagnóstico errado de la situación del país, en el sentido que su segunda llegada a La Moneda fue contra Bachelet, y en el desarrollo de este careció de instrumentos, de miradas y sensibilidad para comprender la realidad cambiante que se le presentó, especialmente en la política y la conexión con la ciudadanía. Eso solo profundizó los problemas. Cabe recordar que en marzo del 2018 –siete meses antes del estallido social que tumbó el tablero político–, el entonces ministro del Interior (Andrés Chadwick) rechazó el proyecto de reforma constitucional de Bachelet en plena sesión de Enade, ante el aplauso cerrado de los asistentes”.
En la última encuesta Ipsos, del mes de febrero, en una escala del 1 al 7, en áreas como “Control del Proceso Migratorio” y “Seguridad Pública y Control de Delincuencia”, el actual Mandatario solo obtuvo notas 2.2 y 2.0, respectivamente.
