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Crédito: Agencia Uno
A través de un comunicado, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, informó que, tanto su directora nacional, María José Castro, como el subdirector nacional, Juan Ignacio Carmona, presentaron su renuncia voluntaria a sus cargos. En el caso de Castro, la medida comenzará a ser efectiva desde el 1 de abril y en el caso de Carmona, el 18 del mismo mes. «Agradecemos profundamente el compromiso y profesionalismo que dedicaron al Servicio desde el primer día. Les deseamos a ambos mucho éxito en sus nuevos desafíos», consigna el documento. De momento, no se establecen los motivos de la decisión, que se da justo días después de que El Mostrador revelara la grave situación de un centro de menores expuestos a explotación sexual y tráfico de drogas.
El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia atraviesa días complejos. Esto, luego de que El Mostrador expusiera los casos de explotación sexual y tráfico de drogas al interior de las residencias del organismo a niños, niñas y adolescentes.
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Dicha situación sumó un nuevo capítulo este miércoles, debido a que se confirmó la renuncia -de carácter voluntaria- de su directora nacional, María José Castro, como el subdirector nacional, Juan Ignacio Carmona.
«Agradecemos profundamente el compromiso y profesionalismo que dedicaron al Servicio desde el primer día. Les deseamos a ambos mucho éxito en sus nuevos desafíos», sostiene el comunicado, en el que no se especifican los motivos de la renuncia.
De esta forma, la renuncia de María José Castro se hará efectiva a partir del 1 de abril y en el caso del subdirector Carmona, desde el 18 del mismo mes.
Las razones de la decisión no han sido informadas, pero esto se da en el contexto de los graves sucesos ocurridos al interior de las residencias, donde niños, niñas y adolescentes se han visto expuestos a tráfico de drogas y casos de explotación sexual comercial.
Hace unos días, un crudo informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados subrayó que las situaciones de abuso y explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA) bajo protección del Estado han sido «reiteradas y de larga data en el sistema». Asimismo, apuntan que esta debilidad institucional ha sido identificada por redes de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).
«Ven en los centros de protección un blanco fácil para su acción, lo que transforma a las residencias de protección en espacios de riesgo de vulneraciones más graves, y no espacios seguros de protección como debería ser», detalla el documento.
Sobre las redes de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, la mencionada comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados constató que esto no se resuelve con el cierre de los Cread. Y puntualizó que «la denuncia de captura de una residencia familiar» fue lo que gatilló la conformación de la comisión.
Un caso particular es el de la Residencia Familiar Puma, ubicada en Recoleta. Funcionarios del recinto emitieron una carta –fechada al 22 de febrero del 2022– a la directora metropolitana del Servicio Mejor Niñez, Bárbara Soto, en la que denunciaron falencias de resguardo, protección y seguridad, tanto para los jóvenes que residen en Puma como para los equipos que se desempeñan en dicho lugar.
Entre las falencias de protección, se señala que los menores de dicho centro se enfrentan a dos situaciones que asoman como particularmente muy graves: explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, y tráfico de drogas.
Fuentes del servicio aseguraron a El Mostrador que las renuncias se da en el contexto del cambio de la nueva administración.
