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Créditos: Agencia Uno (referencial)
La entidad cuenta en su directorio con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (presidente), además de los ediles de Puente Alto, German Codina (vicepresidente) y de Valparaíso, Jorge Sharp (tesorero). El informe del ente contralor cuenta con 161 paginas, el cual denuncia convenios declarados ilegales por más de 613 millones de pesos con las municipalidades de Recoleta, Paillaco y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), contratos inconclusos con la Universidad de Concepción para la fabricación del cuestionado medicamento Interferón y falta de respaldos e información financiera.
La Contraloría General de la República envió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado los documentos de la auditoría que le realizo a la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) tras detectar irregularidades en su interior.
La entidad cuenta en su directorio con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (presidente), además de los ediles de Puente Alto, German Codina (vicepresidente) y de Valparaíso, Jorge Sharp (tesorero).
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El informe del ente contralor cuenta con 161 paginas, el cual según Radio Biobío, se denuncia convenios declarados ilegales por más de 613 millones de pesos con las municipalidades de Recoleta, Paillaco y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), contratos inconclusos con la Universidad de Concepción para la fabricación del cuestionado medicamento Interferón y falta de respaldos e información financiera.
Ante estos antecedentes, Contraloría inició sumarios administrativos en las instituciones indicadas.
La investigación comprendió el periodo entre el 1 de enero de 2019 y el 20 de junio de 2021, con el objetivo de determinar si los dineros utilizados por la Achifarp cumplen con sus finalidades, junto con saber si las operaciones realizadas por la entidad fueron de forma regular para «resguardo de los recursos públicos disponibles».
Ante esta línea, se encontró una falta de respaldos e información financiera, junto con falta de información administrativa. En el primer punto, se descubrió que la Asociación » no puso a disposición los antecedentes relativos a los procedimientos establecidos para la adquisición de medicamentos, canalización y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas».
Además, la entidad no entregó las resoluciones que emitió en virtud de sus estatutos, tampoco lo hizo con «las actas de directorio, de asambleas generales y de comité ejecutivo realizadas desde su constitución a la fecha de revisión, ni directrices formales que regulen los procesos de recepción de cuotas de incorporación y anuales».
«Las conciliaciones bancarias, sus antecedentes de respaldo, los mayores contables, el auxiliar del libro de banco para la cuenta corriente que administra, ni el libro de compra y venta de los años 2019, 2020 y 2021, el procedimiento de contabilización del pago de cuotas sociales, ni sus inventarios valorizados», fue otros documentos que no fueron entregados a la Contraloría.
El ente contralor realizó reiteradas solicitudes para que la Achifarp le entregase «los estados financieros de los años 2019 y 2020, así como lo Informes de rendición de cuenta anual’ previstos en sus estatutos», ambos no fueron suministrados.
«No fue posible verificar si los recursos que administra -la Achifarp- se utilizan en el cumplimiento de sus finalidades; establecer la regularidad de sus operaciones; ni verificar su dicha entidad mantiene procedimientos de control para velar por el debido resguardo de los recursos disponibles», ante la ausencia de información clave, es que se decidió enviar el informe al Ministerio Público y el CDE.
La investigación también encontró la falta de un registro de socios por parte de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Para la identificación de los municipios asociados, solo hay «un archivo Excel el cual no contiene la fecha de incorporación de cada entidad edilicia a esa Asociación».
Contraloría preguntó a las 345 municipalidades asociadas a la Achifarp, identificando a cinco municipios que desconocían su incorporación, a pesar que recibieron los respectivos pagos, que entre 2019 y 2021 llegaron a casi los 70 millones de pesos. Otras 19 sedes comunales informaron que no pertenecían a la Asociación.
También se identificó «falta de certeza de las cuotas aportadas por los socios, pues de las respuestas recibidas, 6 de los municipios oficiados, en su calidad de socios, documentaron pagos por concepto de cuotas sociales por la suma de $78.164.701, que no se encontraban contenidos en los citados ingresos informados por la Achifarp».
Dentro de la investigación que tuvo acceso Radio Biobío se encuentra la adquisición de 180 mil dosis de Interferón, por parte de la Municipalidad de Recoleta y de Macul, por $10 millones. Medicamento que sería utilizado para combatir el covid-19, pero que el Ministerio de Salud (Minsal) y el Instituto de Salud Pública (ISP) no aprobaban su utilización.
Contraloría descubrió que la Achifarp le transfirió a la Universidad de Concepción 25 millones de pesos entre el 25 de julio de 2020 y el 4 de mayo de 2021, pero quedó una deuda de $215 millones, cuando la cuenta corriente de la entidad cuenta con solo 29 millones de pesos.
Además, se comprobó que hay casi 1.300 dosis de Interferón almacenadas en la Municipalidad de Recoleta.
Se declararon ilegales los convenios entre la Achifarp con los municipios de Recoleta, Paillaco y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), por 613,6 millones de pesos, por no ajustarse al derecho que regula la adquisición de bienes y servicios.
«Esta Contraloría General iniciará un proceso sumarial en la municipalidad de Recoleta y Paillaco con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos descritos», indica el documento.
Avivafir es otro fármaco que se encuentra en investigación, puesto que la Achifarp pagó $240,4 millones y $150 millones tras convenios con los municipios de Recoleta y Macul, respectivamente.
El problema radica en que existe un saldo pendiente de ejecución por más de $15 millones que se desconoce su destino. Estos antecedentes también fueron enviados al CDE y el Ministerio Público.
El secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, Matías Muñoz, respondió a Radio Biobío que «siempre hemos visto con buenos ojos el trabajo de la Contraloría porque permite mejorar procesos administrativos de nuestra Asociación».
«Nosotros ya estamos trabajando en subsanar cada una de las observaciones emitidas y cumpliremos, sin duda alguna, con el plazo que se establece para el seguimiento», agregó.
Sobre las acusaciones financieras y la nula entrega de la documentación solicitada, Muñoz expresó que «cuando empieza la auditoría de la Contraloría, nosotros estábamos en pleno proceso de integración, informes contables, contratación de ERP que nos facilita los procesos administrativos contables y documentales».
«Entregamos todo lo que teníamos en nuestras manos, de hecho nos pusimos a disposición de la Contraloría para abordar temas contables y procesos internos», añadió.
Al referirse a la arista de Interferón, sostuvo que «es un convenio que celebró Achifarp Con la Universidad de Concepción, que aún está en desarrollo».
«Respecto del almacenamiento del Interferón nosotros cumplimos con el primer paso establecido, la dosis no se ocuparon solo estaban bodegadas, hasta que el ISP hace sus reparos y las dosis fueron trasladadas nuevamente al laboratorio de la Universidad. Pero eso fue subsanado de inmediato», cerró.
La municipalidad de Puente Alto comunicó que el edil y vicepresidente de Achifarp, German Codina, afirmó que la administración de la entidad era preocupante.
Bajo esta línea, señalan que Codina solicitó una «contratación de una auditoría externa», la que fue aprobada en diciembre de 2021 por la propia Achifarp.
Finalmente, expresan que «a la luz de los antecedentes, en el próximo Concejo Municipal el alcalde Codina va a solicitar aprobación para que Puente Alto se retire de la Achifarp».
