PAÍS
Créditos: Agencia Uno
Para la jefa de gabinete «el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche es centenario y tiene raíces históricas y políticas, existe una herida abierta que debemos empezar a sanar. Hacerlo es una tarea compleja. Y en esto tenemos que ser claros y francos: no hay atajos posibles. Necesitamos esfuerzo de todo el Estado, acuerdos de todas las fuerzas políticas para avanzar en un camino de solución». Después de explicar las medidas que tiene el Gobierno para abordar los problemas que aquejan al sur del país, Siches anunció de que forma apoyarán a las policías de la zona: 34 camionetas blindadas y $1.000 millones para drones. Sobre los hechos de violencia que aquejan al sur, la secretaria de Estado habló sobre la persecución a los responsables, indicando que «el Ministerio del Interior está autorizado a intervenir penalmente, por medio de la interposición de una querella cuando exista un hecho constitutivo de delito que altere el orden público y afecte la seguridad pública, debiendo cumplirse otros requisitos legales adicionales».
La ministra del Interior, Izkia Siches, participó en la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados por la Macrozona Sur.
El encuentro fue solicitado por parlamentarios de oposición para abordar «la postura y estrategia del Gobierno ante la persecución penal y la ejecución de condenas por parte de protagonistas de graves hechos de violencia y criminalidad que han afectado a la Macrozona Sur, así como a otros puntos del país».
También te puede interesar:
En dicho escenario, la secretaria de Estado explicó los lineamientos que tiene el Gobierno del Presídete, Gabriel Boric, en la materia, además de informar las medidas que establecerán en la zona.
«Como gobierno y ministerio nos interesa recuperar la tranquilidad y el buen vivir para todo nuestro país, para todos los habitantes, sin exclusiones», comenzó Siches.
«Nos preocupa profundamente la escalada de violencia que se ha vivido en los años recientes en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. No queremos más víctimas, mapuche y no mapuche, no queremos más muerte, no queremos más violencia ni temor», sostuvo.
También detalló que «nuestro diagnóstico es que a pesar de los esfuerzos de los distintos gobiernos, los hechos de violencia no han disminuido, sino que aumentado impresionablemente. Pasamos de 432 eventos de violencia el 2017 a 1.731 el 2021».
Con estos números, la titular del Interior señaló que «o enfrentamos ahora las causas o efectos de esta violencia o podemos entrar en una espiral cada vez más difícil de controlar y que tendrá enormes costos, no solo económicos, si no en vidas».
«Considerando estos elementos el Presidente ha planteado que la solución de este conflicto no será exclusivamente judicial ni militar, es profundamente política. Lo contrario únicamente prolonga esta situación y, cómo se ha demostrado, propicia una escalada de violencia que creo todos queremos detener», añadió.
Para la jefa de gabinete «el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche es centenario y tiene raíces históricas y políticas, existe una herida abierta que debemos empezar a sanar. Hacerlo es una tarea compleja. Y en esto tenemos que ser claros y francos: no hay atajos posibles. Necesitamos esfuerzo de todo el Estado, acuerdos de todas las fuerzas políticas para avanzar en un camino de solución».
«¿Qué hemos pensado para avanzar en las soluciones? Hemos estado mirando cuáles son las experiencias internacionales que han sido exitosas: Nueva Zelanda, Canadá, Colombia, países que nos llevan la delantera y que han logrado obtener resultados favorables. Y que han logrado detener esta espiral de violencia que se puede profundizar en nuestro país», recalcó.
La ministra nuevamente detalló los cinco ejes -tal como lo hizo en el Senado- que tiene planificado el Gobierno para abordar la problemática que afecta al sur del país: La creación de una Comisión de la verdad y el esclarecimiento histórico en un conflicto intercultural; la implementación de parlamentos y diálogos territoriales; mejorar la entrega de tierras y, por ende, la activación de la Conadi; la activación del Estado mediante un trabajo interministerial hacia el territorio; el desarrollo de medidas de seguridad.
Después de explicar las medidas que tiene el Gobierno para abordar los problemas que aquejan al sur del país, Siches anunció de que forma apoyarán a las policías de la zona.
Cabe recordar que ya no rige el Estado de Excepción que estuvo implementado desde octubre del año pasado hasta el 26 de marzo del 2022.
«Hemos reforzado la presencia policial y nuestro gobierno se ha encargado de disponer equipamiento necesario para que las policías puedan desarrollar sus funciones de mejor manera. Hemos aumentado la cantidad de vehículos blindados, pasando de 4 a 19 equipos. En la misma línea el gobierno ya ha aprobado, a solicitud de Carabineros, la incorporación de 34 nuevas camionetas blindadas para mejorar la labor preventiva», manifestó la ministra.
«Se dispondrán de mil millones de pesos para comprar drones de mayor alcance que faciliten la acción policial y prevenla la ocurrencia de eventos de violencia», agregó.
Bajo este escenario, Siches expresó que «en idea de tener una mejor información que nos permita proveer escenarios de conflicto que deriven en focos de violencia, he instruido a los equipos del Ministerio del Interior empezar a trabajar en lo que será un nuevo sistema de inteligencia del Estado».
Sobre los hechos de violencia que aquejan al sur, la secretaria de Estado habló sobre la persecución a los responsables, indicando que «el Ministerio del Interior está autorizado a intervenir penalmente, por medio de la interposición de una querella cuando exista un hecho constitutivo de delito que altere el orden público y afecte la seguridad pública, debiendo cumplirse otros requisitos legales adicionales».
«En 2021 hubo 1.218.792 causas penales ingresadas en las distintas fiscalías del Ministerio Público, mientras que la División Jurídica del Ministerio del Interior, presentó 37 querellas durante el mismo año», agregó.
En dicho escenario, complementó que «el Ministerio del Interior cumplirá con esa tarea bajo consideraciones de eficiencia y racionalidad de la política de persecución penal. Nuestro enfoque es intervenir con especial énfasis en los delitos de crimen organizado, narcotráfico, delitos contemplados en la ley de armas, crímenes de odio y de género, trata de personas, tráficos de migrantes y en aquellos delitos que atenten o comprometan gravemente la vida y la integridad física de las personas».
Además, realizó una crítica a la Ley Antiterrorista: «La invocación leyes excepcionales, como la Ley Antiterrorista ha demostrado que existe una completa desconexión entre la calificación de esos hechos y la calificación jurídica que realizan los tribunales respecto de ellos. Los tribunales superiores, por regla general, excluyen el carácter terrorista del delito, sin perjuicio de que ello sea invocado por los querellantes», sostuvo.
«Del mismo modo resulta contraproducente para una persecución penal racional y proporcionada el invocar la Ley de Seguridad del Estado en caso de que se cometan delitos comunes, específicamente tipificados por el legislador sin que exista una afectación adicional al orden público o la seguridad del Estado», cerró.
