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Créditos: Agencia Uno
La denuncia laboral comenzó en mayo de 2020, cuando por el despido injustificado de empleados, el sindicato interpuso la querella como medida para proteger a los trabajadores durante la pandemia y que agregaba la autorización del aislamiento en sus hogares de los empleados con mayor riesgo de contagio, correspondiente a embarazadas, adultos mayores de 60 años, madres de hijos menores de 10 años y enfermos crónicos.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena por $356 millones a la Clínica Las Condes por el despido de 36 trabajadores durante la pandemia, quienes debían cumplir sus trabajos por teletrabajo por ser población de riesgo.
El tribunal falló a favor de los empleados, estableciendo que no se cumplen las causales interpuestas por la clínica, indicando que «para que pueda prosperar la errada calificación jurídica de los hechos o la infracción de ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, el recurrente debe respetar –respectivamente- las conclusiones fácticas o, en su caso, los hechos que se han dado por establecidos, y que fluyen de la sentencia impugnada», señaló La Tercera.
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La denuncia laboral comenzó en mayo de 2020, cuando por el despido injustificado de empleados, el sindicato interpuso la querella como medida para proteger a los trabajadores durante la pandemia y que agregaba la autorización del aislamiento en sus hogares de los empleados con mayor riesgo de contagio, correspondiente a embarazadas, adultos mayores de 60 años, madres de hijos menores de 10 años y enfermos crónicos.
La medida estaba acordada por la duración del Estado de Excepción, el cual se creía que fuese de corta duración, pero se extendió la fecha mediante seguían creciendo los contagios.
Frente a este escenario, CLC decidió en septiembre de 2020 despedir aproximadamente 70 personas que realizaban teletrabajo. El hecho derivó en seis demandas.
La Clínica Las Condes interpuso un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional el 25 de marzo, lo que deja el dictamen de la Corte de Apelaciones suspendido.
Con esta medida se busca evitar perder los contratos con el Estado en dos años, puesto que la Ley de Contratación Publica indica que se excluye a todo empleador que haya sido condenado por practicas antisindicales o de infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores.
«La sanción establecida, y según la interpretación que pueda dársele, arriesga consecuencias enormes para la salud de la población, mucho mayores de las previstas por el legislador al dictar los preceptos impugnados», expresó la empresa.
