PAÍS
Con las fuerzas oficialistas divididas, desde el Gobierno hacen un llamado al orden y buscan encontrar una postura en común en su propia coalición con respecto a las definiciones sobre la propuesta de Estado Intermedio, después de solicitar la suspensión de la sesión de hoy lunes de la Comisión Mixta que revisaría la medida. Esto, en medio de un complejo escenario político que debilita a la figura del Presidente Gabriel Boric, entre críticas de la oposición y constantes presiones de las autoridades regionales, después de su prematuro llamado a un “gran acuerdo” en materia de seguridad, el que no recibió la respuesta que esperaban en el Ejecutivo.
Sin contar con el apoyo transversal de su base parlamentaria, el oficialismo transita por estos días por un escenario de incertidumbre en relación con la respuesta gubernamental a los hechos de violencia que continúan sucediéndose en distintos puntos del país, donde la zona mapuche sigue siendo el principal foco de conflicto. La propuesta de Estado de Excepción Intermedio responde, en ese sentido, a una reacción coyuntural que no ha logrado alinear a los diferentes partidos que conforman su coalición, mientras la oposición exige restablecer la militarización en las regiones de La Araucanía y Biobío, bajo las condiciones que plantea la actual Constitución.
Una medida que considera tres puntos clave, que la diferencian del Estado de Excepción Constitucional a secas y que, en primer lugar, considera la existencia de una autoridad civil a cargo, no limita las libertades o derechos de las personas y establece que el Presidente la puede prorrogar por dos periodos de 15 días, sin la necesidad de recurrir al Congreso, después de lo cual debe pasar obligatoriamente por el filtro del Poder Legislativo.
Quien está a cargo de las tratativas para que avance la agenda legislativa de La Moneda en el Parlamento, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, dijo en entrevista con El Mercurio de Valparaíso que “eso es una de las complejidades de situaciones como esta, donde alguien podría decir por qué no las aplican inmediatamente. Bueno, es porque tenemos que tener ciertos balances que permitan que cuando haya una persona en el Gobierno que piense distinto a uno, no la pueda ocupar de manera indiscriminada, como ha ocurrido en muchos países de nuestra región».
En ese sentido, el plan de requerir de fuerzas militares para el resguardo de infraestructura crítica en ciertas zonas del país cuenta con el apoyo del Socialismo Democrático (Partido Socialista, Partido Liberal, PPD y Partido Radical), pero en Apruebo Dignidad siguen existiendo reparos, puntualmente en el Partido Comunista, Acción Humanista y algunos sectores del Frente Amplio. Una discusión política e ideológica que se ha entrampado, obligando al Gobierno a solicitar la postergación de la sesión programada para hoy lunes de la Comisión Mixta, donde se buscaba avanzar en la tramitación del proyecto de infraestructura crítica que responde a una indicación a la propuesta de los senadores Kenneth Pugh (RN) y Carmen Gloria Aravena.
Desde la Moneda solicitaron la suspensión de la instancia, argumentando “razones de Estado”, con el fin de dilucidar todas las dudas que provocan conflicto al interior del oficialismo y, de esta forma, “avanzar con firmeza” en la búsqueda de los votos que aún restan para una reforma constitucional que requiere de tres quintos del Congreso para su aprobación. En caso de que las conversaciones no sean fructíferas, el Gobierno no descarta restaurar el Estado de Excepción Constitucional, que implica el involucramiento total de las fuerzas militares, sin términos medios. Se trata de una medida que no es apoyada por los parlamentarios de Apruebo Dignidad, quienes se han constituido en una de las principales trabas para el liderazgo político del Presidente Boric y que lo ha llevado en los últimos días a optar por no brindar entrevistas ni participar de actividades públicas ni conferencias de prensa.
Después que el propio Mandatario transparentara una conversación sostenida con el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, sobre la urgencia de lograr un consenso político transversal en materia de seguridad, comenzaron a surgir los primeros cuestionamientos sobre los contenidos que debería tener dicho acuerdo, donde desde un principio la militarización de la zona sur del país ha sido una de las materias que genera mayor división. Se trata de una de las condiciones que pone sobre la mesa la oposición para sentarse a dialogar con un Gobierno que no ha sido capaz de alinear a los partidos de su propia coalición, donde incluso se ha puesto en duda la verdadera efectividad de los Estados de Excepción como respuesta del Estado frente a los hechos de violencia en las regiones de La Araucanía y Biobío.
Uno de los conocedores de esta propuesta, el senador PPD por La Araucanía, Jaime Quintana, tras reunirse con el Presidente Boric el pasado viernes en La Moneda, señaló que “la situación de inseguridad que vive el país no es algo que haya partido hoy día, donde el Estado de Excepción de 8 meses decretado por el expresidente Piñera trajo más inseguridad. Hay una falsa sensación de seguridad que haya podido dejar el Estado de Excepción y eso no es real. En comunas como Carahue, donde no había violencia 8 años atrás, hoy día tiene hechos de violencia casi a diario”.
En la búsqueda de consensos, desde el Ministerio del Interior dan una señal de calma, asegurando que el plazo de 15 días aún no termina, y que esperan arribar a un acuerdo que dé cuenta de una decisión definitiva, mientras las autoridades regionales exigen respuestas inmediatas a una compleja situación que causa inconvenientes en el Ejecutivo y que se busca abordar de manera integral, donde –aseguran– podría requerirse más de una acción.
Desde las zonas afectadas por la ascendente situación de violencia, hacen un llamado urgente a las autoridades centrales a responder a una sensación de inseguridad, que –afirman– es insostenible. Los gobernadores de las regiones de los Ríos, La Araucanía y Biobío se han mostrado dispuestos a colaborar y responder a la convocatoria del Presidente Gabriel Boric sobre un posible acuerdo transversal en materia de seguridad, instando al Gobierno a asumir su responsabilidad de ocupar todas las herramientas necesarias para asegurar la paz.
En la búsqueda de respuestas inmediatas, el gobernador de la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, señaló que el aumento de la violencia después del último Estado de Excepción decretado en la zona corresponde a un 170%, por lo cual cree que “el Gobierno tiene la obligación de ocupar todas las herramientas que tenga en la mano”. Asimismo, dice estar de acuerdo con la propuesta de resguardo de instalaciones críticas, pero considera que es “un proyecto de tres o cuatro meses, donde nosotros tenemos un problema que es hoy día”.
Las autoridades regionales instan al Parlamento a honrar el compromiso suscrito por el Ejecutivo en materia de seguridad. En ese sentido, el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, agrega que el “Estado debe obligatoriamente brindar seguridad, y si no se ponen de acuerdo las personas de la base de Gobierno, entonces no nos queda más que avanzar en el Estado de Excepción Constitucional. Y, además, queremos que se avance en todas las materias relativas a acción política y a diálogo político, porque, por lo menos en el Biobío, más allá del Power Point de 5 láminas que tuve la oportunidad de ver en el Senado, no se ha avanzado nada”.
Seguridad y acción política, estas son las principales demandas de quienes representan a las regiones que más se han visto afectadas por la escalada de violencia y los problemas de las autoridades centrales para lograr el espacio de diálogo necesario en pos de hacer frente a tales hechos de violencia. Una situación que complica a un Gobierno cuyo relato se ha visto afectado por la coyuntura, y que llevó al Primer Mandatario a anunciar, hace algunos días, improvisadamente, un acuerdo transversal en materia de seguridad que se ha visto entrampado a causa de que no cuentan siquiera con el apoyo absoluto de la base parlamentaria de su propia coalición.
Ahora el desafío para el Ejecutivo será, durante los próximos días, convencer a los partidos del oficialismo que no están de acuerdo con la propuesta de Estado de Excepción Intermedio, con el objetivo de evitar un fracaso en el diálogo interno que afecte directamente la solución de un conflicto de larga data y que va en ascenso.
