La «estadística fantasma» en materia de inmigración que el Ministerio Público desconoce o no quiere dar

Es un hecho de la causa que algunos ciudadanos extranjeros se han visto involucrados en delitos de alta connotación social, con ciertos grados de alarma pública. De hecho, el incremento de las tasas de homicidios en las regiones del norte, muy especialmente en la de Iquique y Tarapacá (de 18 homicidios consumados en 2020 pasó a 51 en 2021, según la propia Fiscalía Regional), es un dato incontrovertible incluso para las organizaciones proinmigrantes, cuyos integrantes piden hacer la justa distinción entre aquellas personas que vienen en busca de una mejor vida y los delincuentes que se aprovechan de estos flujos para delinquir, de los cuales son, por cierto, sus principales víctimas.

Según un estudio del CEP, titulado “Inmigración en Chile: una mirada multidimensional”, los extranjeros constituyen solo al 2,36% de los imputados y solo el 2,57% de los condenados. Aunque estos números adolecen de un problema: el porcentaje se refiere a una cifra gruesa de delitos, pero no especifica cuántos de estos corresponden a crímenes de alta connotación social, tales como homicidio, sicariato, narcotráfico, secuestro, tráfico de personas, etc.

De acuerdo diversos investigadores y centros de estudios, desagregar estas cifras gruesas bien ayudaría a poner en su justa dimensión una de las aristas más problemáticas del fenómeno migratorio, como es su eventual vinculación con el aumento de la actividad delictual. El dato ha de surgir de una pregunta concreta: ¿qué porcentaje del total de delitos de alta connotación social cometidos en Chile involucra a extranjeros, independientemente de su situación migratoria? Un dato sencillo… al menos en apariencia.

Aunque las diferentes instituciones que formn partae de la administración de justicia, como las policías y el Poder Judicial, manejan residualmente la información, el Ministerio Público, a través de su Unidad de Estudios, es la institución encargada de sistematizar la información provienente de la persecución penal.

Realizada la consulta, la Fiscalía se excusó de entregar la información por no tenerla desagregada, pese a que tanto la problemática de la seguridad como la de la migración irregular aquejan al conjunto de la sociedad y particularmente constituyen datos de base para gobiernos, a fin de definir las políticas públicas.

Pero el Ministerio Público va más allá. Fuentes de la Fiscalía sostuvieron que la información no era sistematizada estadísticamente, para «no incentivar la estigmatización de la población extranjera residente en el país». En otras palabras, la Fiscalía decidió prescindir de una información que –según los expertos– bien puede ayudarle a realizar su labor persecutora de mejor manera, del mismo modo que contribuiría en un mejor diseño de políticas en materia de seguridad. En otras palabras, la institución se resta de conocer el dato para evitar las interpretaciones. Algo parecido a la censura previa.

Pero el dato existe, Carabineros informa que toda detención de una persona de nacionalidad extranjera es debidamente informada a la Fiscalía.

La cifra fantasma

En el Poder Judicial, en tanto, se excusaron afirmando que no cuentan con esa información, pero que podrían llegar a ella si realizan una revisión caso por caso, procedimiento que se antoja arduo y lento. Del mismo modo, la PDI –que tiene entre sus deberes el control migratorio– se excusó, dado que la información no sería pública. En la Subsecretaría de Prevención del Delito no respondieron al requerimiento y organizaciones privadas como Paz Ciudadana tampoco.

La directora de Chile Transparente, María Jaraquemada, observó que la falta de información relevante apunta a un fenómeno que ya había sido destacado en su minuto por el exministro de Hacienda del Gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones: la “pobreza de datos” en los organismos del Estado, lo que le impidió diseñar –así lo explicó en su minuto– un plan focalizado de ayudas durante la pandemia. “Es un problema de datos, creo yo. Nosotros mismos, como Chile Transparente, hemos requerido información relevante en materia de corrupción y no la hemos encontrado. Hablamos de información relevante y de interés público que definitivamente no está sistematizada”, precisó.

“Y es información que debería estar disponible para trabajos de investigación, para desmitificar campañas, para trabajos académicos, en fin. Creo que es una asignatura pendiente para los organismos del Estado la de contar con mejores datos”, agregó la directora de Chile Transparente.

Alejandra Mohor, del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, cree que hay otros factores que explican esta imposibilidad de acceder a información. “Una primera cosa es que cada una de las instituciones producen datos que son de relevancia para ellas mismas y para el desempeño de su labor, y esos datos son producidos, almacenados y organizados en función de aquello. No están pensados en función de una mirada de Estado”, sostiene la investigadora, quien se ha topado con problemas similares en su trabajo, especialmente en materia de corrupción policial.

“Otro factor es el celo con que manejan la información. No hay incentivos para generar información más allá de las tareas particulares. Son entidades estanco, y las exigencias que se les hace están remitidas en el ámbito de lo posible”, agrega Mohor, en orden a que la Ley de Transparencia tiene forados que posibilitan la negativa a proporcionar información que no necesariamente implica un riesgo para la seguridad de la nación, que es una de las razones establecidas en la ley para negar su entrega. A la larga, dice, las instituciones pueden excusarse de compartir datos si simplemente arguyen que tal obligación implica destinar recursos adicionales tendientes a levantar los antecedentes requeridos. En otras palabras, las instituciones siempre encuentran una forma de bloquear la entrega de datos, situación que revela los vacíos de la Ley 20.285.

“La información es un mecanismo de control sobre las instituciones en un sentido negativo, en circunstancias que podría serlo en sentido positivo”, recalca la investigadora del CESC. “Si no hay indicadores de gestión monitoreados por el Estado, entonces no es una materia que me interesa y, por tanto, no pongo esfuerzos ahí”, agregó, destacando la serie de desincentivos para cumplir con un accountability más amplio. “En el fondo es ‘no quiero que me observen para que no me evalúen, porque si me evalúan e hice algo mal, me perjudica a mí como institución’. Todavía es un Estado pensado en protegerse a sí mismo y no está pensando en el bienestar de la ciudadanía”, subrayó. Sin ir más lejos, Mohor recuerda que aún no es posible coordinar las bases de datos de las dos policías.

Pero es sabido que la opacidad y la reserva son una fuente inagotable de sospechas, incluso de teorías conspirativas. Y, en ese sentido, los expertos coinciden en que existe la posibilidad cierta de que la “cifra fantasma” efectivamente se encuentre disponible en Fiscalía y que se mantenga bajo siete llaves por las complejidades políticas que pudiera ocasionar su publicación, como bien podría ser una contribución al creciente sentimiento xenofóbico que ya echó raíces en parte de la ciudadanía. “No debiera ser razón para negarla”, señaló la directora de Chile Transparente, María Jaraquemada. Tal información debería ser proporcionada de todas formas y “dependerá del criterio, el juicio y la responsabilidad del medio de comunicación para determinar cómo presenta esa información”, añadió.

Pero una verdad incómoda, si la hubiere, no desaparece porque eventualmente se la esconda. Para el académico y abogado penalista Mauricio Salinas, de la fundación Ciudadanía y Justicia, esta opacidad no hará más que aumentar las sospechas que creó el desbande migratorio evidenciado durante el Gobierno de Sebastián Piñera, un fenómeno que –según afirmó– fue “de lo más sospechoso”.

“Creo que el Gobierno de Piñera, viéndose sobrepasado e incapaz de legitimar el orden existente, ocupó los dos últimos años de su Gobierno para preparar e instalar bombas de efecto retardado que pudieran reportarle réditos políticos a su sector, y en ese arsenal el tema de la inmigración masiva ilegal ocupa un lugar de privilegio”, puntualizó. “Hoy tenemos una situación muy compleja con mucha gente molesta por la incapacidad de gestionar un flujo que provoque menos problemas en la población local. Además, tenemos a miles y miles de personas en un limbo administrativo y legal que, como todos sabemos, genera las condiciones necesarias para explotarlas. Y es obvio que hay gente ganando mucho con eso”, añadió.