NUEVA CONSTITUCIÓN
Foto: Sebastián Beltrán Gaete de Agencia Uno
La mayor parte de los colectivos de centroizquierda al interior de la Convención Constitucional presentó un conjunto de indicaciones el martes, que serán votadas este jueves al interior de la Comisión de Normas Transitorias. El tema de los decretos con fuerza de ley, no fueron parte de ellos. Aunque la discusión fue planteada originalmente por el Contralor Jorge Bermúdez para que a través de estos se pudiera acelerar –por parte del Ejecutivo– la implementación de la Constitución, los convencionales se abstuvieron siquiera de plantearlo. Los asistentes a las reuniones de este martes aseguraron que no fue un tema que se puso sobre la mesa por no haber piso suficiente en la comisión ni en el total de la Convención para que prosperara. “Nunca estuvo en el diseño de nadie que la nueva Constitución se implementara vía decreto a fuerza de ley, se discutió respecto de algunas discusiones particulares, nunca fue una regla general”, afirmaron desde el Colectivo Socialista.
Finalmente no prosperó. Así fue el debut de la propuesta que deslizó el contralor Jorge Bermúdez, sobre un nuevo tipo de decreto con fuerza de ley adecuatorio. La finalidad de la herramienta era acelerar, por parte del Ejecutivo, la tramitación de normas constitucionales a fin de que no se convirtieran en «letra muerta», si es que el Sistema Legislativo no cumpliera con un plazo impuesto por la Convención para tramitar dichas temáticas, como aquellas referidas a la administración del Estado.
De esta forma, este instrumento no fue parte de las indicaciones en conjunto que presentó casi el total de la centroizquierda al interior de la Convención Constitucional, a excepción del Colectivo del Apruebo, sobre normas transitorias, que son las encargadas de establecer cómo y cuándo se implementarán en leyes o cambio de reglamentos ciertos artículos de la Constitución si es aprobada. Por ejemplo, una de las iniciativas convenidas el martes por este grupo fija en 2026 el término del período de los senadores actuales, teniendo elecciones en 2025 de asambleístas regionales y diputados para los nuevos órganos legislativos, la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados.
Fueron parte de las tratativas la representante del Frente Amplio en la comisión, Constanza Schonhäut y Jeniffer Mella; del Colectivo Socialista, Tomás Laibe y César Valenzuela, además se sumó Maximiliano Hurtado, que aunque no es parte de Transitorias cumple el rol de coordinador político del grupo de socialistas e independientes; del Partido Comunista, Marcos Barraza; de Independientes por una Nueva Constitución o No Neutrales (INN), estuvieron Patricia Politzer y Javier Fuchslocher; de Movimientos Sociales Constituyentes la coordinadora de la comisión Elisa Giustinianovich, Janis Meneses y Carolina Vilches, quien no es parte del espacio pero ha estado abocada a las normas que tienen que ver con agua; de Pueblo Constituyente, Loreto Vallejos; de la Coordinadora Plurinacional Tania Madriaga y Marco Arellano; y de Escaños Reservados estuvieron Adolfo Millabur y Félix Galleguillos como portavoces.
Para ser aprobadas al interior de la comisión estas indicaciones, junto a las que presentó la centroderecha, necesitarán 3/5 de los miembros, es decir, 20 votos.
Lo que alcance este consenso será sufragado el sábado por el total de convencionales en el Pleno. En el hemiciclo un artículo requerirá de un quórum de 2/3, 103 convencionales, para pasar al borrador de la nueva Constitución, y, si es rechazado, la comisión de Normas Transitorias tendrá una segunda y última oportunidad para presentarlo. Cabe destacar que la noche del martes quienes fueron parte del acuerdo de casi toda la centroizquierda aseguraban que, por la cantidad de materias y su complejidad, lo más probable es que este sábado en la votación en el Pleno se rechazarán varios artículos, con el fin de que vuelvan a la comisión y así tener más tiempo de discusión entre los distintos colectivos.
De acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional, actualmente los Decretos con Fuerza de Ley (DFL) corresponden a “cuerpos normativos que emanan del Presidente de la República y que recaen sobre materias legales, en virtud de una delegación de facultades del Parlamento”.
Lo que propuso el contralor Jorge Bermúdez durante su visita a la comisión la semana pasada es que la Convención podía mandatar al Ejecutivo a adecuar normativas existentes a la nueva Constitución mediante decretos con fuerza de ley adecuatorios (DFL) para limitadas temáticas, excluyendo la creación de nuevos órganos.
Los asistentes a las reuniones mantenidas el martes aseguraron que no fue un tema que se tocó en torno a la construcción en conjunto de las normas transitorias. Desde el Partido Comunista aseguraron que no se puso sobre la mesa por no haber piso suficiente en la comisión ni en el total de la Convención para que prosperara.
“Nunca estuvo en el diseño de nadie que la nueva Constitución se implementara vía decreto a fuerza de ley, se discutió respecto de algunas discusiones particulares, nunca fue una regla general”, aseguró César Valenzuela, del Colectivo Socialista.
Patricia Politzer explicó que INN no veía con buenos ojos esta herramienta. “Creemos que es el Poder Legislativo el que debe llevar adelante este proceso. Salvo que sea un caso excepcional, excepcionalísimo por decirlo de alguna manera, en que se requiera que el Ejecutivo dicte alguna ley especial por una razón concreta, no nos parece un buen camino para poner en vigencia la nueva Constitución”, señaló.
Una iniciativa que sí prosperó y que se tocó en otros términos durante las reuniones con el contralor y el ministro Giorgio Jackson (RD), fue la creación de una comisión para la Implementación de la nueva Constitución que dependerá de la Segpres.
La idea de usar decretos con fuerza de ley fue criticada días antes por los senadores Álvaro Elizalde (PS) y Matías Walker (DC). El primero aseguró que “son las dictaduras las que recurren a los decretos”, y el segundo, que era “profundamente antidemocrático”.
En cambio, fue respaldada por el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson (RD), y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), que aseguró el martes que existirán materias que “probablemente requerirán una adecuación más rápida para darles continuidad a los servicios, para poder como Gobierno y como Estado convocar a licitaciones públicas, y que no queden entrampadas o trabadas por las adecuaciones que se tengan que hacer».
Cristóbal Osorio, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile, planteó a El Mostrador que no se necesitaría este tipo de incentivos para que se materialice la Constitución de ser aprobada, ya que –según el abogado– las cartas magnas tienen eficacia directa: “Van a ser los Tribunales de la República, en el caso de que no se dicten leyes, los que a través de sus fallos le van a dar plena eficacia a la Constitución”.
Argumentó que en el caso de que no se dicten las leyes adecuatorias dentro de plazos y si los derechos sociales incluidos en la nueva Constitución no se cumplieran, “¿quiénes son los llamados a castigar aquella ejecución? Los ciudadanos y ciudadanas a través de la expresión del voto. Creer que existe una moral pública radicada exclusivamente en el Ejecutivo, puede dar pie a ciertos tipos de autoritarismos encubiertos, porque se estaría edulcorando el veto que se haría al Congreso”.
Fue enfático al criticar que el hecho de que “se otorgue la facultad al propio Ejecutivo de que se regule respecto a los parámetros que fija la Convención Constitucional, me parece de un conflicto de interés sumamente grave”.
Octavio Avendaño, doctor en Ciencia Política y profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, aseguró que “al plantear ese tipo de iniciativas se está vulnerando un órgano de representación importante como es el Congreso Nacional”, que nos dejaría “frente a un nuevo estilo de gobierno donde no hay contrapesos ni fiscalización”.
Postuló que concretar este ejercicio “echaría por tierra el famoso discurso del presidencialismo atenuado. Tendríamos un presidencialismo mucho más extremo que el que hemos conocido a lo largo de la historia política de nuestro país”.
Por último, explicó que son los órganos representativos los que definen las leyes que permiten concretar las normas constitucionales definidas en el marco de un cambio constitucional y, de acuerdo con el abogado, gobernar a través del uso de decretos con fuerza de ley podría ser una herramienta para “sortear la oposición del Congreso Nacional y las discrepancias incluso que surgen por parte del partido al cual pertenecía el Presidente de la República”.
