NUEVA CONSTITUCIÓN
Foto: Sebastián Beltrán Gaete Agencia Uno.
Al interior de Normas Transitorias se aprobó este jueves una norma, que el viernes 3 de junio tendrá que enfrentar la prueba del Pleno, es decir, buscar el apoyo de 103 votos, que fija un quórum de 2/3 para que el actual Congreso pueda hacer reformas constitucionales si la Constitución logra su aprobación. Mantener un quórum bajo, permitiría al Parlamento mayores facilidades para reformar la Carta Magna, algo que, para ciertos sectores que no les gusta el actual borrador constitucional, sería una condición para apoyar el documento bajo el eslogan «aprobar para reformar». Lo anterior, para otro sector de convencionales y expertos constitucionalistas, se trata no solo de «una discusión artificial» sino también engañosa, ya que al mantener las facilidades para reformar la Constitución en el Congreso podría darse la paradoja de –valga la redundancia– facilitar que sea el propio Parlamento el que se modifique a sí mismo, poniendo en riesgo la decisión supramayoritaria de la Convención, relativa a establecer un bicameralismo asimétrico. Con ello –advierten– la propia Cámara de las Regiones quedaría a merced del Congreso, con el riesgo de ser incluso desmantelada.
Como ha sido el tenor desde que la Convención Constitucional se puso en marcha hace más de 10 meses, las deliberaciones entre los diferentes sectores del organismo alcanzan grados de tensión muy altos mientras más próxima sea la votación por parte del Pleno. La discusión de las últimas semanas no ha sido la excepción.
Aun cuando la votación de las Normas Transitorias estaba prevista para ser votada este sábado, finalmente será el próximo 3 de junio cuando el Pleno resuelva dos posturas en pugna, dos relatos en colisión, entre quienes están por mantener un quórum bajo para que el Congreso pueda realizar reformas constitucionales con mayor facilidad –en el caso de que esta sea aprobada en el plebiscito de 4 de septiembre– y aquellos que ven en esa postura una maniobra para torcer la voluntad popular de que fuera un órgano externo y no el Parlamento el encargado de definir el nuevo pacto social.
Entre el primer grupo destacan algunos convencionales de derecha y fundamentalmente del Colectivo del Apruebo, como el exparlamentario Fuad Chahin, que plantean como objetivo el eslogan «Aprobar para reformar», en una suerte de condicionamiento para apoyar un texto que no les gusta; y por el lado de la izquierda y centroizquierda, convencionales como Fernando Atria, Jaime Bassa y Marcos Barraza, entre otros, anticipan que de no prosperar la iniciativa de los 2/3 podría darse la paradoja de que el caso del Poder Legislativo –y solo como ejemplo puntual–, sea el propio Congreso el que pueda reformarse a sí mismo, poniendo en riesgo la decisión supramayoritaria de la Convención, en cuanto a establecer un bicameralismo asimétrico.
El jueves recién pasado se aprobó al interior de la comisión un artículo convenido el martes por casi el total de la centroizquierda en dicho espacio, a excepción del Colectivo del Apruebo. Este fijaba en el 11 de marzo de 2026 —tras la elección presidencial y de las autoridades de los nuevos órganos de sistema legislativo el 2025— como el momento en que “las normas de reforma a la Constitución establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia”.
La norma agrega que durante la actual legislatura, “los proyectos de reforma constitucional serán aprobados con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y diputadas y senadores en ejercicio”.
La propuesta fue aprobada con 24 votos a favor y 5 en contra de Vamos por Chile y el Colectivo del Apruebo. Sin embargo, a partir de los cálculos que han hecho los distintos colectivos, se sospecha que es una norma transitoria que no conseguiría el apoyo necesario en el Pleno, especialmente por descuelgues de convencionales del Colectivo Socialista e Independientes por una Nueva Constitución o No Neutrales (INN), que estarían por bajar el quórum.
“En la comisión vamos a votar a favor, suscribimos ese acuerdo inicial, y vamos a concurrir sin perjuicio de que evidentemente cada uno de los colectivos tiene que hacer un estudio de este tema y pronunciarse en el Pleno”, dijo el jueves Tomás Laibe, integrante de Normas Transitorias y del Colectivo Socialista, antes de las votaciones. Transparentando que no era de común acuerdo entre los socialistas el quórum de los 2/3 y habría quienes estarían por bajarlo.
Unas horas antes el convencional del Colectivo Socialista, Ricardo Montero, de la Comisión de Armonización, sin fijar una posición clara aseguró en Radio Duna que el quórum dejaba “una Constitución bastante pétrea por cuatro años».
Este jueves Javier Fuchslocher (INN), que fue parte de las negociaciones que derivaron en la serie de disposiciones transitorias de parte de la centroizquierda, aseguró no estar de acuerdo con los 2/3. “Creo que sí tenemos que tener un quórum alto, pero no del nivel de los 2/3. Porque inherentemente va a haber materias que será necesario reformar en su aplicación para que sean concretadas de manera más eficiente”, argumentó.
En torno a reformas constitucionales en general (no solo para el sistema legislativo actual), el borrador de la Constitución quedó con una regla de reforma muy flexible que solo necesita mayoría simple (más de la mitad de los votos emitidos).
Tras el ingreso este martes desde la comisión de Normas Transitorias de la propuesta que fija en 2/3 el quórum para que el actual Congreso pueda hacer reformas constitucionales a la Carta Magna si es aprobada –acuerdo del que fueron parte convencionales del Colectivo Socialista–, Álvaro Elizalde, senador y actual presidente del PS, salió inmediatamente anteponiendo el fantasma del Rechazo. “Si se rigidiza el mecanismo de reforma de la Constitución se potencia la opción del Rechazo”. Cabe recordar que el senador fue un abierto opositor a la supresión del Senado y al bicameralismo asimétrico.
Ese mismo día Matías Walker, senador de la Democracia Cristiana (DC), respaldando la postura, tuiteó: “Corta vida tuvo el aprobar para reformar después”. El convencional Evópoli, quien fue parte de la Comisión de Sistema Político cuando aún funcionaba, Hernán Larraín, escribió más tarde: “¿Aprobar para reformar? Imposible. Con el candado de los 2/3 que acordaron, la nueva Constitución ‘se mira pero no se toca'».
Se fueron multiplicando así las intervenciones contra el quórum de 2/3 y empezó a concretarse un concepto que rondaba hace unas semanas por los alrededores del ex Congreso, especialmente al interior del Colectivo del Apruebo: “Aprobar para Reformar”, una especie de condicionamiento al plebiscito de salida del 4 de septiembre.
Uno de los padres de esa idea, el también excongresista Fuad Chahin, sostuvo que 2/3 «bloquea el camino para quienes evalúan la posibilidad de aprobar para reformar. Porque evidentemente que este texto tiene debilidades, y creo que no se le puede temer a la posibilidad de que sea corregido, muy por el contrario. Los mismos que criticaban los 2/3 en la Constitución de Pinochet, hoy los defiendan para que no se pueda modificar este texto constitucional”, profundizó a El Mostrador este jueves.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Javier Couso, la idea de “aprobar para reformar” es una discusión “artificial”, ya que según el experto el derecho comparado demuestra que la aprobación del borrador constitucional en los países que han tenido estos procesos, le da una legitimidad tal, que los cambios que los parlamentos han hecho han sido minúsculos, y los que han existido han sido más bien enfocados en la implementación de los artículos.
Sin embargo, aseguró que, según su punto de vista, el quórum de reforma constitucional debería ser el mismo para el actual Congreso que para el futuro Sistema Legislativo, debido a que la posibilidad de que el primero reforme aspectos sustanciales es mínima producto de la legitimidad que entrega una aprobación (si es que el proyecto constitucional lo consigue en el plebiscito de salida el 4 de septiembre).
Fue enfático al decir que había una incongruencia en torno al Sistema Político ofrecido por la Convención y que debería arreglarse a través de Armonización: que los parlamentarios —y futuros representantes regionales de la Cámara de las Regiones— puedan hacer las reformas constitucionales con un quórum de mayoría simple (el que quedó para la mayoría de las leyes).
Marcos Barraza (PC) fue tajante al condenar la opción aprobar para reformar. “La idea de aprobar para reformar es muy engañosa, porque se quieren reformar instituciones que aún no tienen existencia, entonces claramente eso es contrario al espíritu democrático de aprobar una Constitución”, aseguró.
Desde Antofagasta el convencional comunista había planteado la importancia de que solo los órganos legislativos mandatados por la Constitución pudieran corregirla a través de reformas a la Constitución, el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, no así el actual Congreso actual.
Sin embargo, el jueves explicó que para alcanzar el apoyo de los 2/3, es decir, 103 votos, se debe “llegar a acuerdos y eso es al mismo tiempo de ceder un poco y también hacer prevalecer los puntos de vista”, lo que derivó a la iniciativa presentada el miércoles por la centroizquierda y que da la oportunidad a los actuales parlamentarios para ejercer reformas constitucionales con un quórum de 2/3.
“Bajo ese predicamento (aprobar para reformar) podrían desmantelar la Cámara de las Regiones, sin que aún se haya dado vida a este órgano y se haya institucionalizado”, advirtió Barraza, deslizando el segundo relato que se ha escuchado. El contrasentido que, aseguran, conlleva la capacidad de que el Congreso pueda incluir reformas al órgano que viene a reemplazarlo (Cámara de las Regiones) y el riesgo asociado que –afirman– concita.
Jaime Bassa del Frente Amplio concordó: “Yo quisiera preguntar a la ciudadanía si nos parece sensato que el Senado decida la continuidad del Senado. O si la implementación de la Cámara de las Regiones tenga que quedar a merced del actual Congreso”.
El convencional, en entrevista con La Segunda, aseguró que se debe resguardar que no sean “los incumbentes (a los que les atañe directamente el nuevo Sistema Legislativo)” quienes modifiquen la Constitución por el riesgo que podría existir la posibilidad, según él, de que prioricen sus propios intereses.
Fernando Atria de la Comisión de Armonización, aseguró en entrevista con El Mostrador que “si la Convención propone un texto y es aprobado por el pueblo, creo que la posibilidad de que después pueda ser fácilmente modificado por el Congreso no es razonable”.
Jeniffer Mella (FA), integrante de Normas Transitorias, aseguró a El Mostrador que la lógica de un quórum mayor para reformas constitucionales tiene que ver con que “la Constitución del 80 va a seguir vigente en cómo ejercen los mandatos las autoridades. Las nuevas autoridades que empezarán a regir en 2026 empiezan con los quórum sobre reformas constitucionales de la Constitución del 2022”.
Además, según la convencional, el quórum de 2/3 “es una invitación al Congreso a implementar la nueva Constitución y en presencia de materias fundamentales para cambiar, se alcanzarán los acuerdos al igual que se hizo en casi 500 artículos en la Convención Constitucional”.
Describió como positivo el eslogan “aprobar para reformar”. “Me parece que aprobar por lo que sea es necesario”. De esta forma puntualizó que esperan que, antes de reformar la actual Carta Magna, el Congreso se enfoque en “implementar”, sin embargo, fue enfática en decir que “el poder aprobar evidentemente va a llevar en el futuro a reformas constitucionales”.
El jueves el convencional Ricardo Montero aseguró que el quórum de 2/3 para reformas constitucionales que busca implementar la Comisión de Normas Transitorias para el actual Congreso, “debe conversar con una decisión que tenemos que tomar en la Comisión de Armonización, que es si vamos a poder reponer un quórum de reforma constitucional o no”.
La norma transitoria que se impulsa, nació ante la preocupación que concitó al interior de algunos colectivos el hecho de que las reformas constitucionales quedaron con un quórum de mayoría simple (más de la mitad de los votos emitidos) en el borrador de la Constitución, sumado a la idea de que los quórum para tramitación de leyes —no así las atribuciones de los nuevos órganos legislativos— comiencen a regir de inmediato si fuera aprobada la nueva Constitución.
La excepción está en las reformas que impliquen cambios “sustanciales” en temas como “el régimen político y el periodo presidencial; el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes; la forma de Estado Regional; los principios y los derechos fundamentales, y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución”. Cuando se quiera modificar esos artículos, se exigirá un referéndum ratificatorio, y la única forma de prescindir de ese plebiscito es aprobando la reforma constitucional con un quórum de 2/3 de ambas cámaras.
¿Por qué quedaron las reformas constitucionales con un quórum de mayoría simple? La norma que fijaba en 4/7 el quórum para reformas constitucionales fue rechazada por hacer referencia también al mecanismo de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados por sobre la Cámara de las Regiones, un punto que el Colectivo del Apruebo y otros se negaron a apoyar.
“Yo esperaría que eso se pudiera corregir en Armonización, elevando el quórum de aprobación de esas normas constitucionales al menos a la mayoría calificada, que es la mayoría de los integrantes, o a 4/7, que fue la propuesta original”, aseguró Fernando Atria (FA) a El Mostrador. Iniciativa con la que también están de acuerdo en el Colectivo Socialista y el Colectivo del Apruebo; el mismo Fuad Chahin habló de la necesidad de esta corrección.
Cristián Monckeberg (RN) argumentó que el quórum para reformas constitucionales debería ser el mismo tanto para el actual Congreso como para el futuro sistema legislativo que propone la Constitución. “Creo que los quórum tienen que ser similares en este, en el próximo, y en los futuros congresos. Eso de estar haciendo ajustes, ahora quórum alto, mañana más bajo, no me parece”, aseguró.
Sin embargo, los cambios que se puedan hacer a través de esta comisión dependerán de lo que dicte la mesa directiva en torno a la interpretación del reglamento, ya que este establece que el principal objetivo de la Comisión de Armonización es hacer una revisión general y detallada de cada norma del texto borrador, para velar por su calidad técnica y coherencia, detectando posibles omisiones, inconsistencias, contradicciones, repeticiones o faltas de ortografía.
“El tema es hasta dónde podemos llegar. Cuál es el límite superior de las facultades de Armonización y, por lo mismo, lo que diga hoy la mesa directiva es determinante”, aseguró el jueves Amaya Álvez.
El abogado Javier Couso fue invitado a la Comisión de Armonización para exponer por qué, según él, existe una incongruencia entre los artículos del borrador que harían posible la reincorporación de un quórum para reformas constitucionales.
Argumentó que existe una “contradicción entre, por una parte, el ‘Principio de Supremacía Constitucional’ (en el artículo 15 del borrador) y, por la otra, la inexistencia de un quórum general de reforma constitucional que sea más difícil de aprobar que el establecido para la legislación común”.
