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En este proceso constituyente se ha formulado una multitud de informaciones falsas que preocupan a la comunidad de expertos y de observadores, quienes ven con alarma cómo han echado raíces afirmaciones que van más allá de meras discrepancias interpretativas. Preocupante resulta –sostienen varios– que algunas de estas situaciones surjan de espacios como los canales de televisión abierta, si se atiende al enorme grado de influencia que estos ejercen en ciertos grupos etarios. Lo problemático es que, hasta aquí, programas de TV como ‘Radiografía Constitucional’, que transmite Canal 13 –apuntan analistas–, se ajustan a la lenidad con que tratan a los convencionales de derecha que protagonizan exabruptos o contribuyen a propagar mentiras, en contraste con la severidad con que son tratados los convencionales maximalistas que incurren en excesos discursivos. “Levantan esas mentiras en los matinales, en los noticiarios o en los programas cuando hacen preguntas, pero sin mayor indagación y sin hacer cuestionamientos, y eso me parece lamentable”, señala un reputado constitucionalista de la plaza, al tiempo que otros apuntan a los medios tradicionales por desatender su rol como filtradores en la emisión de contenidos. «Lamentablemente, de cara al proceso constituyente, los medios de comunicación en Chile se han comportado como lo que son: un aparato de reproducción ideológica”, dicen otros expertos, mientras que en el Consejo Nacional de Televisión reconocen su preocupación por la concentración en la propiedad de los medios, situación que genera esta «unanimidad» de opinión tendiente a generar un estado de ánimo en favor del Rechazo.
Fue la noche del pasado 16 de junio, mientras miraba el sexto capítulo de “Radiografía Constitucional”, programa de conversación política de Canal 13, que el abogado penalista Mauricio Salinas escuchó una crítica a una norma ya inscrita en el borrador que lo sobresaltó. “No soy muy bueno para ver televisión, pero me interesaba ver este programa porque juntaba el tema constituyente con la seguridad pública”, cuenta el secretario de la Corporación Ciudadanía y Justicia e integrante del Observatorio Cívico Constituyente.
Que el capítulo haya referido a la delincuencia lo hacía atractivo, ya que esta materia –afirma el abogado– no solo está en la cima de las preocupaciones de la ciudadanía, sino que además suele inspirar –asegura con cierta resignación– los comportamientos más irresponsables y demagógicos en los políticos, y ello en vista de la alta carga dramática que implica el dolor de las víctimas.
Enorme fue su sorpresa cuando escuchó a Sebastián Soto, abogado constitucionalista invitado al programa, sostener que la mencionada norma ya presente en el borrador permitía a reos que cumplen pena aflictiva por delitos graves, como los homicidios, postular a cargos de representación popular, una aspiración que el reo podría cumplir incluso estando tras las rejas.
Salinas reconoce que le pareció afiebrada la imagen de un reo dirigiendo su comando de campaña desde una galería carcelaria. Pronto acudió a revisar el borrador para revisar el artículo, uno que, al tenor de su experiencia, había pasado poco menos que inadvertido ante sus ojos porque no entrañaba nada muy singular ni descabellado. Y leyó: “No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley”.
El extracto “y los demás que así establezca la ley” le remitió al artículo 28 del Código Penal, donde se establece que las penas aflictivas mayores a 5 años y un día (y en esto se incluyen penas como el presidio, la reclusión, el confinamiento, el extrañamiento y la relegación) “llevan consigo la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena”. El artículo se mantiene inalterado desde 1874.
Todo estaba claro, a su juicio. Seguro se trataba de un error, pues, a la larga, “todo el mundo se equivoca”, agrega. Pero el desconcierto, lejos de marcharse, se acrecentó cuando, minutos después, escuchó al convencional Felipe Harboe, también abogado y además exsubsecretario del Interior (y senador, para más señas), asegurando que la Convención había eliminado “la inhabilidad para ser candidato o funcionario público a alguien condenado por terrorismo”.
“Ya había visto ‘Sin Filtro’ y me pareció un espacio horrible, un espacio poco apto para la discusión y el intercambio de ideas de cierto nivel. Pero me acerco a ver este programa y entonces me doy cuenta de que incluso estos programas que se presentan como serios se han convertido en plataformas para emitir información falsa, ¡y nadie dice nada! Porque una cosa es tener una opinión diferente sobre un hecho determinado y otra es mentir. Y claro: la opinión distinta podrá ser legítima, pero la mentira nunca lo es”, sostiene Salinas.
“Y aquí tenemos nuevamente en este canal, pero en todos los canales, a personas sembrando mentiras y confusión. Lamentablemente, de cara al proceso constituyente, los medios de comunicación en Chile se han comportado como lo que son: un aparato de reproducción ideológica”, agrega.
El hecho causó revuelo entre los observadores más informados del proceso constituyente y los expertos en la materia. El debate se encendió de inmediato en redes sociales, a través de aclaraciones por parte de otros convencionales, algunos constitucionalistas y varios reputados penalistas de la plaza deseosos de llevar claridad sobre el punto, entre ellos, el fiscal Carlos Gajardo, quien se trenzó en una discusión con el convencional Manuel José Ossandón, el hijo del homónimo senador de RN. Hasta aquí, Salinas todavía espera que el programa se abra a una aclaración o a una opinión alternativa. Porque he ahí el otro desbalance, según el académico: la representación del Rechazo en el set de televisión era muy superior a la del Apruebo, que contaba solo con Janis Meneses, de Movimientos Sociales Constituyentes. En efecto, en defensa de la opción Rechazo a la propuesta constitucional se encontraban Ruggero Cozzi (RN) y Pablo Toloza (UDI). Felipe Harboe, pese a ser presentado como panelista de centroizquierda, fue un crítico implacable de las propuestas en materia de seguridad a lo largo de todo el programa.
“Entonces, con este tipo de actuaciones queda claro que en el canal hay un compromiso editorial con el Rechazo, nada extraño si consideramos que alguien como el señor (Andrónico) Luksic, el dueño, debe estar más comprometido con el statu quo que con los cambios. Entonces nuevamente queda de manifiesto que ese sector privilegiado, ese que se beneficia de las desigualdades ilegítimas que padece la sociedad chilena, no escatimará en levantar mentiras y hacer todo cuanto esté a su alcance para evitar lo que más les aterra: perder poder”, añade. “En democracias imperfectas las élites se especializan en la mentira y la distracción. Sin esas armas, no tendrían cómo ganar elecciones”, subraya enseguida.
Hasta ahora se ha visto caer una cascada de afirmaciones falsas: que los fondos de pensiones serán expropiados, que solo el Estado va a poder proveer educación, que desparecerán los colegios subvencionados… El abogado y politólogo Jorge “Pirincho” Navarrete saca a relucir una que “ha calado fuerte en un sector de la ciudadanía”. Su promotor más entusiasta, a través de las redes y los medios de comunicación tradicionales, es el senador Felipe Kast (Evópoli), quien pocas horas antes brindaba una entrevista en la radio del Canal 13 sobre tal punto.
“Tiene que ver con esta afirmación de que la actual propuesta permite que una mujer pueda abortar hasta pocos minutos antes de parir. Por lo tanto, lo que facilitaría esta Constitución es el aborto a los siete, ocho o nueve meses, y eso es insostenible respecto del tratamiento de las leyes de aborto en todas partes del mundo, donde además tienen normas constitucionales similares”, sostiene.
Pero las mentiras no se agotan ahí: que una empresa desistió de invertir 60 mil millones de dólares en un proyecto de hidrógeno verde por la incertidumbre que introduce la propuesta constitucional. “También se ha dicho que ya no habrá más salud privada, que se terminará el derecho a propiedad, que los pueblos indígenas tendrán poder de veto ante cualquier iniciativa de ley o reforma…”. Larga es la lista, según enumera el propio convencional Christian Viera, mientras ejercita una memoria que se empeña en entregar nuevos ejemplos: “Aquí se ha instalado con cierto éxito la idea de que se acaba la igualdad ante la ley”, dice, en relación con los sistemas de justicia para los pueblos originarios, una de las propuestas que enfrenta más cuestionamientos por parte de la ciudadanía.
A juicio de Navarrete, el tratamiento informativo de la plurinacionalidad y los sistemas de justicia parece, en efecto, orientado a generar “encono y rabia”, al tiempo “que ha promovido el racismo latente con una explicación interesada de cómo se van a desplegar legalmente esas normas”.
Viera, por su parte, afirma no desconocer la magnitud de un problema que –así como sostienen otras fuentes que accedieron a hablar del tema– parece generalizado en el sistema de medios. Él mismo ha visto cómo estas especies “inexactas” o derechamente falsas surgen de programas políticos de todos los canales, en los matinales o en cualquier espacio de conversación, en los que es posible ver y escuchar a panelistas o invitados deslizando afirmaciones que no se ajustan a la realidad del texto. “Para corregir esas falsedades, uno antepone el argumento jurídico en orden a que el texto tiene potencial de habilitación para un nuevo modelo chileno de convivencia”, señala. El problema es que, en opinión de Viera, desde la vereda de enfrente surgen frases con “ideas fuerzas atractivas y que generan opinión pública, pero es información falaz”.
El académico y constitucionalista Domingo Lovera también ha sido testigo de cómo algunos grupos se han dejado ver en los medios de comunicación con “un ánimo declarado por desinformar o presentar cierta interpretación de los artículos que ha aprobado la Convención, pero en los que no hay ninguna intención de ofrecer un debate o un argumento racional, sino más bien de crear miedo”.
“La doctrina de las fake news requiere de dos partes: la parte que enuncia la mentira y la parte que está dispuesta a creer esa mentira, y a esta última parte no los sacas más de esa mentira, sin importar el argumento que ofrezcas”, apunta Lovera, quien expresa su preocupación por el tenor del debate en los medios, donde “levantan esas mentiras en los matinales, en los noticiarios o en los programas cuando hacen preguntas, pero sin mayor indagación y sin hacer cuestionamientos, y eso me parece lamentable”, recalca el académico, quien ha debido actuar en redes sociales para orientar una discusión contaminada con esas falsedades que ya parecen haber desbordado el espacio virtual, ese lugar donde las mentiras cultivadas con esmero han demostrado una enorme capacidad para crecer y diseminarse, al punto de llegar a alterar procesos eleccionarios en países que gozan de sistemas democráticos consolidados.
Por cierto: a decir del académico, investigador y director del Departamento de Fiscalización y Supervisión del Consejo Nacional de Televisión, Luis Breull, los medios de comunicación siempre son responsables de lo que se emite en sus espacios, al punto que las fake news “son derechamente acciones que –sea por razones deliberadas o por negligencias involuntarias– dañan la fe pública y el debate informado. Por lo mismo, es común en los medios contar con procesos de fact check con organizaciones civiles y universidades para evitar caer en ellas, que son faltas graves al derecho a la información”.
El constitucionalista Tomás Jordán también coincide en cuanto a que el debate en los medios no ha gozado de una prolijidad a la altura de la importancia histórica que entraña el proceso. De hecho, declara el académico, «se puede visualizar que hay personas que afirman cuestiones que no son ciertas y no se chequea. Solo algunos medios han podido hacerlo o tienen la voluntad de chequear para determinar si la información es fidedigna o no, porque en televisión un eslogan vende más que la verdad».
Pero todo este asunto deja entrever un problema más profundo. “Sin lugar a dudas que la caja mediática del Rechazo es desmedida desde la perspectiva de los patrones de representatividad política”, indica el convencional Christian Viera, preocupado por un debate en los medios tradicionales de comunicación que –a su juicio– ha carecido no ya solo de toda la rigurosidad argumental necesaria para orientar e informar debidamente a la ciudadanía, sino que también ha faltado a los equilibrios necesarios que hagan posible la justa promoción de una de las posturas en disputa, como es la del Apruebo.
“Desde la perspectiva del pluralismo, el sistema se ve seriamente limitado, ya que no se favorece la amplitud de voces en estos conglomerados que concentran la propiedad de los medios de comunicación”, puntualiza Viera, acerca de este sesgo editorial comprometido con el Rechazo.
“Se nota que hay unos medios de comunicación que no están interesados en una legítima disputa política, sino que más parecen interesados en llevar aguas a una interpretación caricaturesca del texto constitucional, a efectos de generar desafecto o indiferencia”, añade.
La presidenta del Consejo Nacional de Televisión y Premio Nacional de Periodismo 2007, Faride Zerán, recuerda que la libertad de expresión, el derecho a una comunicación veraz y oportuna, así como el respeto a principios como el pluralismo y la diversidad, “son los pilares centrales de una democracia, así como el derecho a que todas las voces concurran al debate público y que todas sean escuchadas”. Lo anterior, según Zerán, “es fundamental y son principios en extremo necesarios cuando nos enfrentamos a algo tan inédito como un cambio constitucional, que es el resultado de la fuerza del diálogo que han promovido los movimientos sociales y partidos políticos en la búsqueda de un nuevo pacto social”.
Y agrega: “Sin embargo, una parte de la opinión pública ve con impotencia que estos estándares no siempre se cumplen, y si a eso le sumamos un espectro mediático concentrado y más bien homogéneo en su línea editorial; la ausencia de medios públicos, entre otras características que nos hablan de una democracia con déficit de libertad de expresión, en tanto hay voces, discursos y argumentos que no están presentes en el debate público”.
Zerán añade que este problema viene de lejos, lo que hace más complejo este cuadro “y explica este malestar ciudadano que percibe que no existe equilibrio informativo ante un proceso tan importante como el que estamos viviendo”.
¿Tienen derecho los medios de comunicación a tener línea editorial y postura frente a un proceso? Una democracia robusta y saludable confiere ese derecho, sostiene Viera, pero la nuestra no es robusta ni saludable precisamente porque –sostiene el jurista y convencional– Chile carece de un sistema pluralista de medios que permita que esa opinión editorial hegemónica, en este caso en favor del Rechazo, “pueda ser disputada con otras opciones editoriales”. El problema es que esta concentración de medios y su captura por parte de grupos de interés genera, en opinión de Viera, una sensación de unanimidad que “contribuye en la generación de estadios de opinión pública en base a conceptos erróneos”.
Los juristas consultados coinciden en que la dimensión jurídica de la discusión puede facilitar la propagación de mentiras, ya que no todas las personas presentes en un panel (menos los que siguen tal conversación desde sus hogares) cuentan con los rudimentos necesarios para identificar aquellas palabras o minucias que, al menos en un texto legal, hacen toda la diferencia entre la verdad y la mentira.
“Hay mucha ignorancia jurídica”, plantea el constitucionalista Domingo Lovera, quien ha observado cómo este desconocimiento, en boca de personas que gozan de ciertos grados de influencia en la opinión pública, puede estar siendo funcional a la narrativa del Rechazo. En suma, asegura que a los mentirosos –los que actúan con dolo– se suman también los “audaces”, es decir, aquellos que creen saber y hablan sin complejos, pese a carecer de base y formación sobre dichas materias.
“Aquí aparece mucha gente que, supuestamente, es experta o técnica, y lo hace opinando sobre temas en los que no tiene la más mínima idea”, agrega Lovera. “Es un nivel distinto al de las fake news, porque la persona desinforma pero sin el ánimo deliberado de mentir. Lo hace porque es gente que no tiene los conocimientos adecuados y opina de cualquier tema jurídico”, señala el académico y también columnista, quien apunta así a la atracción que ejercen las cámaras y los focos. “Cosa que yo entiendo, porque para muchos debe ser difícil decir que no. Yo lo hago, pues cuando me preguntan de un tema que no manejo mucho, prefiero restarme”, indica.
De hecho, una convencional consultada sobre este asunto justifica sus opiniones en off para no ser excluida de una futura invitación a un programa. ¿Por qué querría participar eventualmente de un programa diseñado para la promoción del Rechazo? Su respuesta: “Aunque es evidente el sesgo de estos programas, uno no puede restarse de esos espacios, para defender su postura y tratar de desmentir las cosas que se cuentan en esos paneles”. Desde Apruebo Dignidad, una fuente argumenta que el problema no solo tiene que ver con las mentiras y los desbalances en los programas de conversación, sino que también se observa un diseño tendiente a maximizar las contradicciones del Apruebo y potenciar las “virtudes” del Rechazo.
“Para el Rechazo se reservan buenos panelistas, panelistas informados, con buen manejo ante la cámara, mientras que el Apruebo es representado por las voces más maximalistas. En el fondo, llaman a esos que pueden meter la pata o decir algo inoportuno, o que se enredan”, puntualiza la fuente de Apruebo Dignidad.
Lovera, en tanto, conmina a diferenciar los mensajes tendientes a intoxicar el debate de aquellas legítimas discrepancias interpretativas, algo comprensible debido a esas “normas muy amplias, muy vagas y que invitan al desacuerdo”, sostiene el académico. “Bienvenido ese desacuerdo y esa discrepancia en base a una interpretación de un determinado precepto constitucional, y ello debe distinguirse de una fake news”. Así las cosas, las inexactitudes no saldrían solo de quienes faltan a la verdad por una actitud dolosa o por simple audacia, sino también de expertos que pudieron confundirse con el alcance de una norma.
El problema es que, mientras tanto, las mentiras circulan “legitimadas” por su mención en programas de televisión, la plataforma que, aún hoy, es la que más influye en ciertos grupos etarios de la población. ¿Y si la afirmación del académico Sebastián Soto –en orden a que las personas recluidas por delitos graves podrían aspirar a cargos públicos y participar de elecciones– respondía a una simple diferencia interpretativa? ¿Es posible que su opinión se haya visto modificada o al menos matizada conforme avanzó la conversación jurídica después del programa? Salinas sostiene, no obstante, que el artículo es tan sencillo que no deja mucho espacio para lecturas “creativas”.
El académico de la Universidad Católica quedó de transmitir sus impresiones sobre este punto, pero por problemas de agenda fue imposible conocerlas. ¿Debe “Radiografía Constitucional” establecer un sistema de fact checking para desbrozar las verdades de las tergiversaciones o inexactitudes que pudieran emitir panelistas e invitados? El Mostrador quiso contactarse con el productor ejecutivo, Enrique Mujica, pero no obtuvo respuesta. La conductora Mónica Pérez recomendó gestionar una respuesta institucional en Canal 13, pero fue imposible conseguirla, pese a las gestiones.
Sostiene Jorge Navarrete que la trascendencia del actual proceso constituyente, así como todo proceso álgido desde el punto de vista político, “contribuye a que se discuta con trazos gruesos, con fake news e informaciones llenas de imprecisiones”. Ciertamente hay muchas cosas en juego, al tiempo que la dinámica misma de los medios, inspirada por el espectáculo, conspira contra la posibilidad de sostener discusiones más reposadas y reflexivas, plantea. “La inmediatez, las redes sociales, contribuyen poco a generar espacios de reflexión más amplios”, agrega.
Pero ¿es posible determinar objetivamente cuándo un programa de televisión cumple con un estándar mínimo de pluralismo y diversidad? ¿Puede el Consejo Nacional de Televisión fiscalizar a las estaciones televisivas, considerando que operan gracias a una concesión del espacio radioeléctrico, que es patrimonio de todos y todas?
Luis Breull, desde su rol de director del Departamento de Fiscalización y Supervisión del Consejo Nacional de Televisión, aclara que no es papel de esta entidad el ir de policía preventiva de contenidos. “No nos compete censurar a priori, sino revisar ex post cuando recibimos denuncias ciudadanas al respecto”, explica el investigador. “Los estándares éticos no son materia específica de fiscalización del Consejo, sino los actos que pudieren constituir faltas al correcto funcionamiento y que están incluidas en la Ley de Televisión. El Consejo tiene un mandato de fiscalizar el pluralismo y en torno a eso se está desarrollando un trabajo para cumplir con ello, cuestión que se encuentra pendiente desde que fue incluida en la última reforma legal”, indica enseguida.
Pese a todo lo anterior y a las directrices editoriales de cada medio de comunicación, hay un elemento que ha contribuido a propagar afirmaciones falsas, reconoce Viera. “Los estudios recientes y más correctos establecen que una de las razones del aumento de intención de voto para el Rechazo es el comportamiento de los convencionales. Sería un error desconocerlo”, indica el constitucional y convencional.
Navarrete coincide, ya que “la naturaleza misma del proceso” ha contribuido a generar situaciones falsas, “porque nunca habíamos diseñado una Constitución de manera democrática, con paridad, con personas de las más diversas índoles, con distintas opiniones políticas y distintas posiciones sociales”, muchas de las cuales provenían de los extramuros de la política, desconociendo así los usos comunicacionales, y con poca experiencia ante los medios. Y, por si fuera poco, “con escasa conciencia de la importancia que tienen los detalles”, de modo tal que “se percibe que el debate es apresurado dentro de la propia Convención”. El constitucionalista Tomás Jordán cree que «el debate entre constituyentes muchas veces es confuso y básicamente son momentos de discusión e interpretaciones contradictorias sobre el texto». A renglón seguido, Jordán interpela a los responsables de los medios de comunicación en el sentido de que es tiempo de «chequear mejor lo que es correcto y verdadero de lo que no» y «explicar mejor las cosas en los programas de debate»
No obstante lo anterior, y si bien reconoce los excesos performativos y discursivos de sus colegas, Viera refiere a otro elemento que da cuenta de la inclinación clara del sistema de medios en favor del Rechazo: “También es cierto que hay voces en la derecha con un comportamiento muy irresponsable (en comportamiento y emisión de información falsa), pero a esas voces nunca se les ha juzgado con la misma severidad”.
Por lo demás, la libertad de expresión es también un derecho que se ejerce con responsabilidad, recuerda la Premio Nacional de Periodismo 2007 y titular del CNTV, Faride Zerán. “Desde hace mucho, los tribunales internacionales de derechos humanos han sostenido consistentemente que el respeto de la libertad de opinión y de expresión y el rol de los medios de comunicación son uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática y una de las condiciones para el progreso y desarrollo de las personas”, declara.
“Pero esas mismas cortes han señalado que, en ese contexto, lo que es digno de protección es la información veraz, que es aquella obtenida por los medios de comunicación con diligencia y a través de un trabajo competente y dedicado. En ese sentido, la ‘libertad editorial’ no puede sostenerse sobre mentiras o falsedades deliberadas, particularmente cuando la libertad de expresión fue establecida en favor de la sociedad en su conjunto”, agrega la titular del CNTV.
Con sesgo o sin sesgo, el abogado penalista Mauricio Salinas –académico e integrante de la Corporación Ciudadanía y Justicia, y miembro del Observatorio Cívico Constituyente– concluye reflexionando sobre una derivada de las fake news que ha logrado prosperar a punta de repeticiones “majaderas” y una ausencia total de controles editoriales en pos de la anhelada veracidad informativa. “¿Es posible creer que existe una genuina voluntad de reformas cuando desde este mismo sector surgen mentiras de esta magnitud? Yo lo veo difícil”, sostiene.
