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Créditos: Agencia Uno
Dentro de los puntos de la denuncia que interpusieron las autoridades comunales, se destaca un viaje por parte de Barriga junto a otros funcionares municipales a la ciudad de Mendoza, Argentina, lugar en que asistieron a ver el show musical «La Cenicienta», lo que «significó un desembolso cercano a los dos mil millones de pesos».
Siete concejales de Maipú ingresaron en diciembre del año pasado un requerimiento contra la exalcaldesa de la comuna, Cathy Barriga, para que sea inhabilitada de ejercer cargos públicos por notable abandono de deberes y graves faltas a la probidad durante su administración. Hoy, el Primer Tribunal Electoral de la región Metropolitana declaró admisible la acción judicial.
Según consignó La Tercera, dentro de los puntos de la denuncia que interpusieron las autoridades comunales, se destaca un viaje por parte de Barriga junto a otros funcionares municipales a la ciudad de Mendoza, Argentina, lugar en que asistieron a ver el show musical «La Cenicienta», lo que «significó un desembolso cercano a los dos mil millones de pesos».
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El escrito indica que «para proceder a autorizar los gastos incurridos en el viaje realizado a Argentina, la Municipalidad de Maipú utilizó un reglamento interno que se llama ‘Procedimiento para la autorización y pagos de viáticos por concepto de comisiones de servicios y cometidos de funcionarios de la Municipalidad de Maipú’. Del análisis efectuado por la Contraloría se pudo desprender que dicho reglamento no tenía vigencia normativa».
«Al momento de efectuar los gastos para poder llevar a un viaje internacional para funcionarios de la municipalidad tanto de planta como de horarios, el municipio -detalla el requerimiento-no contaba con ninguna norma que permitiese desembolsar ese gasto o que lo regulase, y lo que es peor aún se utilizó como antecedente habilitante una norma que no tenía ninguna validez», complementa el texto presentado por los concejales.
A esta denuncia se suma un informe que emanó Contraloría, que precisó que el viaje «tiene su origen en dos invitaciones que hizo el Concejo de la Municipalidad de Maipú de Argentina a su homónimo de Chile» y que no de ha pudo acreditar.
En el requerimiento, también se denuncia las irregularidades que tuvo la gestión de Cathy Barriga con la sanitaria pública de Maipú (Smapa). «El ente contralor detectó que Smapa tenía demoras que iban desde los 30 días hasta los 295 días en la entrega de información hacia la Superintendencia cuando efectuaba las fiscalizaciones», indica el documento.
A su vez, la Contraloría General de la República «calificó como ‘compleja’ la actitud reiterativa, grave y contraria a la probidad administrativa efectuada por la ex alcaldesa», por ocupar «recursos municipales para resaltar o promocionar indebidamente su imagen personal».
La líder de esta acción judicial, la concejala, Ka Quiroz (Comunes), indicó en el mismo medio que «hemos presentado bastante evidencia que nos permite afirmar que hubo graves irregularidades por parte de la ex alcaldesa Cathy Barriga».
«Ante ello, el objetivo que tenemos los siete concejales denunciantes es que no exista impunidad por el daño que se le hizo a la comuna, a sus vecinas y vecinos, con el despilfarro de recursos de la gestión anterior», sostuvo, agregando que esperan que la denuncia «sea un precedente para que nunca más llegue una autoridad que sienta el poder de destruir un municipio a costa de todos los vecinos y vecinas».
Por su parte, una de las abogadas que representa a las autoridades comunales, Claudia Sarmiento, expresó que «objetivo principal de este requerimiento es establecer la responsabilidad de la ex alcaldesa por las faltas a la probidad administrativas e incumplimiento de deberes propios de su cargo que se cometieron durante la administración y que, por lo demás, han tenido graves consecuencias para los habitantes de la comuna de Maipú».
Finalmente, señaló que «si la Justicia electoral acoge nuestra demanda o, eventualmente la que fue presentada por los concejales de la administración pasada, la única sanción que podría establecer la justicia electoral es la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años».
