PAÍS
Los que se manifiestan en contra de la propuesta de nueva Constitución llaman a establecer un diálogo orientado a solucionar la «cuestión constitucional» a través de un «Plan B», una especie de «revival» de la vieja política de los consensos que marcó gran parte de la transición. ¿Qué dicen sobre el régimen de aguas? ¿Son partidarios de un Estado social y democrático de derecho? ¿Y qué proponen en materia de pueblos originarios? Preguntamos a Amarillos por Chile; a Casa de Todos, que reúne a intelectuales de derecha de centros de pensamiento como Horizontal y el Instituto de Estudios de la Sociedad (IES); y a Pivotes, el laboratorio de políticas públicas que tiene a Bernardo Larraín Matte a la cabeza. Pese al entusiasmo mostrado inicialmente, Amarillos por Chile finalmente no materializó ninguna propuesta, excusándose por temas de agenda. Pivotes y la gente de IES, por el contrario, enseñaron sus cartas. En el tema del agua, se muestran de acuerdo con que sea un «bien nacional de uso público e inapropiable», pero que se respeten los derechos de propiedad y sea comerciable. Respecto a que Chile sea un Estado social y democrático de derecho, tampoco se declaran en principio en contra, siempre y cuando sea a la vez subsidiario. Y en cuanto a pensiones, hay matices. Mientras unos se abren a repartir el mercado entre privados y el Estado, pero sin sistema de reparto, otros son más claros: mantener la propiedad de los actuales y futuros ahorros previsionales.
“Rechazar para reformar” es la consigna de los detractores de la propuesta constitucional que dejó la Convención. La proclama viene de mucho antes, de cuando los líderes de los principales partidos de Chile Vamos se oponían a iniciar un proceso constituyente. Nunca se supo en qué consistían tales reformas, pero al parecer ello podría disiparse de cara al plebiscito de salida, en virtud de una serie de propuestas que comienzan a surgir de parte de agrupaciones insatisfechas con la propuesta de texto de Carta Magna.
Tres son los grupos que, habiendo o no expresado una postura colegiada ante el referéndum del 4 de septiembre, han convocado a un diálogo transversal para acordar reformas concretas a la Constitución firmada por Pinochet y Lagos: Amarillos por Chile, agrupación liderada por Cristián Warnken e integrada por figuras de la vieja Concertación; el grupo Casa de Todos, que aúna a intelectuales de derecha que se desempeñan en centros de pensamiento como Horizontal y el Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), entre otros; y, finalmente, el grupo Pivotes, un laboratorio de políticas públicas que, sin decantarse por una posición u otra (son enfáticos en eso), ha generado un conjunto de propuestas para contrastarlas con las ideas matrices contenidas en el texto que emanó de la Convención Constitucional. En este grupo se inscriben personalidades como Bernardo Larraín Matte, Ignacio Briones y Javiera Parada.
Pensiones, salud, trabajo, educación, medio ambiente, Estado y economía, Estado y pueblos originarios, el Estado y su territorio, el Estado y su sistema político… todas las anteriores son materias que preocupan a las personas y que, muy presumiblemente, debieran estar presentes en una conversación que permita elaborar un paquete de reformas que sea más o menos viable frente a la composición del actual Congreso.
Uno de los temas controvertidos, sin lugar a dudas, es el agua. El agua y el medio ambiente, ello por la magnitud de la crisis climática que enfrenta el planeta y la catástrofe ambiental que ha sufre el país. ¿Cómo seguiría el régimen de aguas? ¿Cuáles serían esos principios rectores?
Amarillos por Chile, pese al entusiasmo exhibido en un primer momento, se excusó de transmitir cualquier tipo de propuesta alternativa, aduciendo problemas de agenda. Además, El Mostrador realizó gestiones con los equipos de los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker, quienes también han referido un “Plan B”, a efectos de conocer otras propuestas que eventualmente pudiesen estar elaborando para presentar a la ciudadanía, pero tampoco se obtuvo respuesta.
Desde donde sí hubo respuesta fue de Pivotes. Paula Streeter –miembro de ese colectivo– asegura que la propuesta es consagrar el agua como “un bien nacional de uso público inapropiable”, con “limitaciones a los derechos de uso para que el agua cumpla con su rol ecosistémico y humano, pero al mismo tiempo mantendríamos la protección del derecho de propiedad a los títulos jurídicos que permiten su aprovechamiento y, por lo tanto, su comerciabilidad”. En otras palabras, inapropiable pero vendible.
Similar es la propuesta de IES, que viene de la mano del abogado Álvaro Vergara, donde son partidarios de consagrar “el derecho humano al agua y saneamiento, la priorización del consumo humano, la declaración del agua como bien de uso público, la creación de un organismo de carácter autónomo y técnico que detente la supervigilancia, fiscalización y concesión del agua”, y “establecer el carácter concesionable de los derechos de aprovechamiento”. A diferencia del laboratorio de Bernardo Larraín Matte, el IES no propone respetar la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua, sino concesionarlos.
Como el diálogo por una convivencia cívica se ha de hacer con los que piensan distinto, consultamos con aquellos que se han dedicado a estudiar el tema. El ecólogo Manuel Baquedano, por ejemplo, coincide con otros expertos consultados en orden a que, por medio del respeto a los derechos de agua, se obliga al Estado a indemnizar a quienes han adquirido la concesión del recurso. “Imagínese que por priorizar el consumo humano y el equilibrio ecosistémico debamos dejar sin agua a las empresas… ¿Qué va a pasar? Habrá que pagarles. Y eso es inadmisible considerando que recibieron gratis el agua y han hecho negocios con ella. ¿Cómo es posible?”, apunta Baquedano.
El abogado y académico de la Universidad de Chile, Ezio Costa, sostiene que “desde un punto de vista jurídico, las propuestas parecen pequeñas adiciones que no modifican prácticamente en nada la normativa actual y son más bien propuestas de política pública. El punto ahí es meramente ideológico, quieren mantener la propiedad sobre el agua”.
En el mismo tema ambiental, que en el órgano constituyente operó como fuente generadora de conflictos, pero cuyos artículos fueron podados profundamente por el Pleno, tanto Joaquín Barañao, de Pivotes, como Álvaro Vergara, de IES, más que propuestas concretas presentaron una declaración de intenciones. Así, por ejemplo, Pivotes recomienda “velar por que el derecho de la comunidad y de las personas de las generaciones actuales y futuras a vivir en un medio ambiente sano, adecuado y apto para su desarrollo integral y bienestar no sea afectado; y mandatando a la ley para establecer restricciones específicas al ejercicio de otros derechos para proteger el medio ambiente”. Y el IES, como integrante de Casa de Todos, sostiene que “el Estado debe tener un rol importante imponiendo estándares que permitan la actividad económica bajo parámetros sustentables, fiscalizando y sancionando cuando corresponda e invirtiendo en nuevas tecnologías que permitan mitigar y recuperar el daño. Debe también incentivar el traspaso de la economía chilena hacia parámetros verdes”.
“Me parece muy ilustrativo de la falta de voluntad de hacer cambios y favorecer el largo plazo. Rechazar para quedar igual, sumidos en los mismos problemas que nos trajeron hasta acá”, declara al respecto Ezio Costa, quien evalúa muy negativamente las propuestas de ambos grupos.
¿Los partidarios del “Plan B” se inclinan a consagrar a Chile como Estado social y democrático de derecho? El abogado Álvaro Vergara, de IES, dice que no hay problema con ello, pero sin abandonar la subsidiariedad: “Nosotros apostamos por consagrar el derecho a la salud y educación. El problema está en las formas para materializarlo: en ese sentido, planteamos que las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un rol fundamental ahí”. Muy similar a lo que propone Paula Streeter, de Pivotes.
“La Constitución debe integrar subsidiaridad con solidaridad, pero lo relevante es cómo se expresan los derechos sociales”, señala, criticando la actual propuesta, ya que “marginaliza a la sociedad civil y el emprendimiento en la prestación de bienes públicos necesarios para satisfacer los derechos sociales. Por ello, proponemos que los sistemas universales y públicos de educación, salud y pensiones sean integrados por prestadores públicos y privados sujetos a una regulación y fiscalización eficaz del Estado”.
Expertos consultados por El Mostrador reflexionan sobre la cerrada defensa de la provisión privada en estas materias, lo que los lleva a dudar respecto a si el interés está puesto, más bien, en aprobar la consagración de derechos sociales solo en la medida en que la satisfacción de los mismos suponga una oportunidad de negocio para el sector privado.
Por ejemplo: en cuanto a consagrar el derecho a la seguridad social (materia clave, pues tiene relación con las pensiones), el abogado de IES, Álvaro Vergara, señala que “constitucionalmente hay que establecerlo, mínimo. Ahora, las delimitaciones del sistema deben ir a nivel legislativo”, declarándose partidario de establecer la libertad de escoger sistemas de capitalización individual como el que conocemos, o bien cooperativas, mutuales, incluso una AFP estatal.
La existencia de sistemas basados en el reparto o de reparto puro no despierta mucho entusiasmo: “Están quebrados en todo el mundo. Un país con los recursos de Chile no podría satisfacer pensiones dignas con ese sistema. La gente lo sabe, por eso no se la podrán comprar. Los convencionales están desesperados por que el ofertón de declaraciones no les está funcionando. Debemos perfeccionar lo que tenemos”.
Desde Pivotes, Elisa Cabezón propone un sistema de seguridad social que integre “administradores de los fondos ahorrados públicos y privados operando en igualdad de condiciones, entre los cuales las personas puedan elegir, para que no quede el Estado con un rol monopólico”. ¿Incluir el reparto? “La tendencia en la OECD es migrar desde los sistemas de reparto hacia los sistemas de ahorro individual, como el que tiene Chile, pero con pilares solidarios financiados con impuestos generales. Sobre si bajo el principio de la libertad de elección, que por supuesto compartimos, las personas podrían elegir un sistema de reparto, me pregunto: ¿cómo se puede asegurar que tal elección no le imponga un gravamen a los otros trabajadores o a las futuras generaciones?”. Asimismo, desde Pivotes se propone “mantener la propiedad de los actuales y futuros ahorros previsionales”.
Los especialistas consultados desmienten la «quiebra» de los sistemas que operan con base en el reparto. Creen que es una especie de fake news que se repite una y otra vez, al tiempo que recuerdan que hoy son apenas siete los países que cuentan con un sistema basado en la capitalización individual similar al que tenemos en Chile. ¿Se han incorporado sistemas de capitalización individual en otros países? Sí, pero solo como complemento. Por cierto: los expertos recuerdan que ni siquiera países demográficamente envejecidos, como Japón, ni aquellos países culturalmente reacios a las soluciones colectivas, como es el caso de Estados Unidos, se encuentran en esa reducida lista de naciones con sistemas de pensiones equivalentes al nuestro.
El doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley, y experto en pensiones, Andras Uthoff, advierte que la propuesta de Pivotes “reniega la solidaridad contributiva”. Asegura no tener problemas sobre “la competencia del Estado y el sector privado”, pero siempre que esté nivelada la cancha. “Ello implica que deben competir por funciones donde no haya imperfecciones como economías de escala o bienes públicos, pero lo importante es la institucionalidad que centralice las funciones de soporte para beneficio del afiliado”. Sobre la propuesta del instituto cuyos referentes integran Casa de Todos, Uthoff cree que “tiene el problema de hablar de derechos mínimos y no de un paquete universal digno”. Y agrega: “Después dice que (los sistemas de reparto) están quebrados como sistema, pero no se niega a incorporar mutuales y cooperativas… ¿supongo que para capitalización individual? Muy confuso”, indica.
Otra de las materias relacionadas con las pensiones es la manera en que el Estado se plantea frente a la relación capital-trabajo, cosa que provocó revuelo en el empresariado y la derecha, debido a la amplitud con que se consagró el derecho a huelga. La directora ejecutiva de Pivotes, Angélica Cepeda, no entrega una propuesta alternativa, sino más bien critica lo aprobado en la Convención, ya que “para mejorar los sueldos, entre otras cosas, se necesita estabilidad laboral y formalidad. En la propuesta de nueva Constitución los trabajadores y sindicatos podrán decidir libremente las causas de huelga, y estas causas no pueden ser limitadas por ley. Al reducir las limitaciones a la huelga es probable que aumenten los conflictos internos de las empresas, lo que entrega inestabilidad laboral”, señala. Los analistas consultados coinciden en que esta «no propuesta» viene a confirmar que en esferas más conservadoras no hay conciencia del riesgo que implican los bajos ingresos en la fuerza trabajadora, ni cómo ello incide en la la inestabilidad del sistema económico y los niveles de inseguridad.
Una materia clave es qué tipo de relación tendrá el Estado de Chile con sus pueblos indígenas. La plurinacionalidad y los sistemas de justicia indígena son profundamente resistidos por la sensibilidad conservadora, toda vez que, según se afirma desde los grupos que lo integran, son dos principios que disgregan la unidad nacional y cultural, al tiempo que suponen la afectación de un principio básico de la democracia, como es la igualdad ante la ley, sostienen. Sin embargo, desde las agrupaciones que han dedicado esfuerzos a construir visiones alternativas, todos hablan de “avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios”.
Para el Instituto de Estudios de la Sociedad, tal cosa se traduce en “integrar, reparar y precaver. El Estado chileno, en palabras del historiador Gonzalo Vial, tiene una deuda histórica con nuestras naciones originarias. Nos parecía bien no solo avanzar en esos tres ejemplos, sino también en muchas cosas más, como pluralismo jurídico, incentivo y protección de los dialectos de los pueblos, consulta, representación política y formas de autogobierno. Aunque todo bien delimitado, de manera que no generara conflictos entre chilenos y otros pueblos, y entre las etnias mismas”.
Para Barañao, de Pivotes, ese reconocimiento, más allá de lo simbólico, supone “escaños reservados en ambas cámaras legislativas, pero definidos como la proporción de las personas efectivamente inscritas en un registro electoral indígena, y no como proporción de la población autodeclarada. También un mandato al legislador para que adopte diversas medidas de reparación, pero con pleno respeto a los derechos del resto de los ciudadanos”.
Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, afirma que ambas propuestas constituyen “un retroceso en relación con lo que ya el Estado de Chile ha firmado en el Convenio 169 y la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. En este sentido, las propuestas son generosas en el ámbito de reconocimiento cultural, y muy tímidas en lo que se refiere a tierras y territorios. Uno de los temas centrales es la cuestión de la restitución de tierras que viene trabajándose desde 1993 con la Ley Indígena. En ambas reflexiones no se hacen referencias específicas a ello e, incluso, se las mira con temor”.
“Se observa una diferencia entre la propuesta más acotada de Pivotes y la más amplia de IES, que se abre a reconocer el derecho de consulta, formas de autogobierno y pluralismo jurídico, lo que advierte de diferencias entre ellos sobre la extensión del reconocimiento”, agrega el doctor en Ciencias Políticas.
La discusión sobre los pueblos originarios nos remite, inevitablemente, al territorio. En esa línea, la directora ejecutiva de Pivotes apuesta por un “Estado unitario política, administrativa y fiscalmente descentralizado, que propenda a una relación de colaboración entre los territorios y al desarrollo equitativo, solidario y armónico de estos”, con preferencia en lo local por sobre lo regional, lo regional por sobre lo nacional, pero con “transparencia, gobernanza y rendición de cuentas”. IES no se pronuncia al respecto.
Y ya que hablamos de Chile y su territorio, emerge aquello que es clave para ordenar el sistema político del futuro: el Poder Legislativo. ¿Son partidarios de eliminar o reponer el Senado, cuya supresión ocupa un lugar de privilegio en la discusión? Para el Instituto de Estudios de la Sociedad, hay que mantener el Senado, una institución condenada a desaparecer en la propuesta de nuevo orden institucional y que sería reemplazada por una Cámara de las Regiones que, sostiene Vergara, casi no tendría atribuciones.
“Según los estudios del profesor de la Universidad de Concepción Sergio Toro, el Senado tenía una tasa de eficiencia de tramitación de proyectos de ley mucho mayor. Además, funcionaba como filtro, pues cuando los diputados aprobaron una ley que prohibía el cobro de intereses bancarios a candidatos y partidos políticos, el Senado la bajó”, sostiene Álvaro Vergara, quien cree necesario “regular bien las urgencias legislativas y poner sanciones en caso de incumplirlas”.
Coincide a grandes rasgos con su postura Rafael Palacios, de Pivotes: “Proponemos innovar estableciendo constitucionalmente un debido proceso legislativo que fije un estándar de actuación a los legisladores en términos de calidad técnica, participación experta, ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, tanto en el proceso prelegislativo, legislativo, como de evaluación ex post, incorporando en dicho principio, además, una directriz para que los legisladores desarrollen un análisis de impacto regulatorio de los proyectos de ley», detalla.
“¿Desean volver a la lógica del bicameralismo espejo que caracteriza a la actual situación?”, se pregunta Claudio Fuentes. “¿Cómo se representan las regiones en la escena política nacional? Discrepo del juicio del IES en cuanto a que la Cámara de las Regiones se quedó ‘casi sin atribuciones’. Por de pronto, incide directamente en todos los nombramientos; incide directamente en la aprobación del Presupuesto anual; es la responsable de ser jurado ante acusaciones constitucionales; y por esa Cámara pasan una veintena de temas en las normas de acuerdo regional que incluyen reformas constitucionales y temas gravitantes en materia social y política. No queda claro qué proponen”, sostiene el académico.
