PAÍS
Fue en una comida de amigos en Santiago, donde salió el tema de los jueces que hacían clases en instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Había magistrados , ex fiscales y abogados. Un juez puso el tema: “Me parece impresentable que jueces den clases en academias policiales y luego, vean causas donde están metidas estas instituciones”, dijo. Y un abogado agregó: “Peor es que cobren doble jubilación”. La conversación de esa noche da cuenta de un debate ético que al día de hoy no está zanjado. Mientras tanto, continúa la práctica de que jueces den clases de derecho procesal y derecho penal en las escuelas de Carabineros e Investigaciones y que cuando se retiran, sean reemplazados por otros magistrados. Algunos de ellos, dada su antigüedad, tienen derecho a jubilar tanto por Dipreca como por AFP.
El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y la ministra Adelita Ravanales Arriagada son los dos últimos integrantes de ese tribunal que tienen la posibilidad de jubilar tanto por el sistema Dipreca, que rige para beneficiarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, como por el de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Igual situación tiene el juez Juan Antonio Poblete Méndez de la Corte de Apelaciones de Copiapó, sobre el que pende un cuaderno de remoción.
Esto lo pueden hacer porque han sido profesores civiles en establecimientos de Carabineros desde antes de abril de 2002, razón por la cual imponen en Dipreca -que depende del Ministerio del Interior- , y, al mismo tiempo, ejercen como jueces donde se afilian al sistema previsional regido por el decreto ley Nº 3.500.
Cuando el juez Juan Eduardo Fuentes Belmar asumió como presidente de la Corte Suprema, decidió renunciar como docente de la Escuela de Oficiales de Carabineros donde figuró haciendo clases desde 2001 hasta marzo de 2022, según indicó esta institución por Ley de Transparencia. Al solicitar su “retiro temporal”, así se llama el trámite de quienes con 20 años de servicio dejan de formar parte de la institución, se dio curso a su jubilación por el sistema de Dipreca.
La oficina de comunicaciones del Poder Judicial ratificó la información, diciendo que “el ministro Fuentes Belmar fue profesor de la Escuela de Carabineros durante 21 años, tiempo en el cual cotizó en Dipreca. Es por esto que tiene fondos en esa entidad y también en su AFP, debido a su cargo de juez. Y por ello, conforme al ordenamiento legal le corresponde jubilar en Carabineros”.
“No es una gran pensión la de Fuentes Belmar (en Dipreca) y no hubo un aumento malicioso de sus honorarios como sí sucedió en el caso de Myriam Olate”, señalaron fuentes de la Contraloría General de la República, recordando el escándalo de gendarmería donde se determinó que en diez años se habían cursado 667 pensiones que superaban el tope máximo legal de 60 UF ($1.995.180 de hoy).
La cifra que obtendría Fuentes Belmar por Dipreca sería bastante menor a eso, bordearía los $200.000. Contraloría está tramitando la toma de razón de su pensión, lo que, en consecuencia, le pondrá el sello de legalidad definitivo. A modo de referencia, vale decir que la pensión promedio pagada por el sistema de pensiones privado en 2021 fue de $257.428.
¿Por qué Fuentes Belmar y otros jueces pueden jubilar por Dipreca?
En 2008, Contraloría -bajo la dirección de Ramiro Mendoza- fue tajante en su dictamen. Señaló que todos los profesores civiles que hubieran hecho clases en instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros desde el 11 de noviembre de 1985 quedaban sujetos al sistema previsional del decreto ley Nº 3.500 de 1980, es decir, a las AFP y no al de Dipreca.
Sin embargo, un año después hizo una excepción. El órgano contralor emitió un nuevo dictamen en 2009, donde indicó que las imposiciones de los profesores civiles contratados desde el 11 de noviembre de 1985 y hasta el 17 de abril de 2002 debían remitirse a Dipreca y no a una AFP.
En este dictamen, Contraloría se hizo cargo de que Carabineros había cometido “el error” de mantener en Dipreca a un grupo de profesores civiles por un período superior a cinco años. Puesta en ese escenario, no quiso perjudicar a los profesores que habían actuado de buena fe, ya que el responsable de la falta era su empleador. “Habiéndose mantenido esta situación jurídica viciada por un lapso mayor de cinco años, la reparación del citado error de la Administración no sólo produciría perjuicios en el patrimonio de aquéllos, sino que, además, en tales casos ha operado la prescripción”.
Al igual que Fuentes Belmar y Ravanales, el ministro en ejercicio Mario Carroza dio clases de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Escuela de Carabineros, según consigna el Observatorio Judicial. A diferencia de ellos, él ya es un jubilado de Dipreca.
Su par, Haroldo Brito, también impartió las mismas asignaturas entre 1986 y 1993 y, además, fue profesor del curso de especialización en drogas del OS7 de la Escuela de Carabineros. Este magistrado no tiene pensión por Dipreca.
Por su parte, el juez Manuel Antonio Valderrama realiza ocho horas semanales de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Escuela de Oficiales de Carabineros. Este ministro comenzó a dar clases en marzo de 2011, por lo que cotiza en AFP.
De los 20 ministros que integran hoy la Corte Suprema -falta un cupo por llenar-, hay once que sólo ejercen como ministros de este tribunal. Algunos de ellos tienen actividades no remuneradas en organismos judiciales o de beneficencia, según aparece en sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio.
Los nueve restantes realizan labores académicas remuneradas en universidades del Estado o privadas. Esto está autorizado por el Código Orgánico de Tribunales, donde se señala que los jueces y los funcionarios del poder judicial sólo pueden hacer clases hasta un límite máximo de 12 horas semanales y tienen que estar fuera de los horarios jurisdiccionales, explica Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la UCH.
El informe de junio de este año sobre dotaciones del Poder Judicial registra que la remuneración bruta de un juez de la Suprema varía entre los $11.115.338 y los $9.825.507.
Detrás de las críticas que afloraron en esa comida de amigos, hay un viejo debate. En general, tanto en Latinoamérica como en Chile, se acepta que los jueces realicen actividades docentes, dice el director del Departamento Procesal de la UAH, Leonardo Moreno, aunque en algunos países como Estados Unidos y México se estipula que no pueden ser remuneradas, ya que son funcionarios públicos.
La discusión se vuelve aun más acalorada cuando se trata de definir a quiénes deberían impartir las clases. Por ejemplo, no hay mayor debate sobre si pueden enseñar a otros jueces o a universidades donde van alumnos con intereses diversos. “Pero es distinto dar clases en la academia de formación policial. Ellos tienen claramente una agenda institucional propia. Tienen una forma de actuar que quieren que sea reconocida por el ordenamiento. Estás llevando a un juez a hablarle a un operador sobre su actividad práctica y la evaluación que se hace de ella”, explica Moreno.
Hay un tema adicional que resaltan tanto Moreno como Cristián Riego, profesor de Derecho Procesal de la UDP. “Los jueces penales tienen que pronunciarse sobre las actuaciones de la policía y es institucionalmente muy cuestionable que establezcan vínculos permanentes con las policías, con el Ministerio Público, la Defensa Penal Pública o cualquier otra entidad que sea litigante habitual u objeto habitual de su control. Cabe recordar que cualquier juez de la Corte Suprema puede llegar a servir en la sala penal”, indica Riego.
A esos argumentos, Moreno añade que “en América Latina, es habitual el discurso del poder judicial de que los jueces están sobrepasados de trabajo, que hay un exceso de causas y que no tienen tiempo para asumir su labor que es la jurisdiccional. Y, pese a eso, tienen una actividad anexa a su trabajo que es la académica. Entonces, si tenemos jueces que están sobrepasados y éstos suman otra actividad -aunque esté fuera de sus horas de trabajo-, se termina afectando su labor principal. Ahí hay un problema de integridad”, concluye Moreno.
La independencia e imparcialidad se evalúan hoy desde la apariencia o percepción de los ciudadanos, complementa Riego. Si surgen razones, por las cuales los ciudadanos pueden sospechar de que hay parcialidad por parte del magistrado, el juez debe inhabilitarse. “Por ejemplo, si un juez tiene un trabajo en Carabineros y tiene la expectativa de jubilar, debería abstenerse de intervenir en causas donde Carabineros tenga algún interés”.
El Código Iberoamericano de Ética Judicial, por el que se rige el poder judicial chileno, dice que: “El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así”.
De hecho, el presidente de la Corte Suprema tiene informadas en la página web del Poder Judicial sus inhabilidades, entre las que figuran Carabineros de Chile y la Universidad Mayor.
El ministro Manuel Antonio Valderrama también tiene un registro de inhabilidades publicado en línea, pero sólo indica temas relativos al Banco Security y Banco Santander, no menciona a Carabineros en ninguna parte.
En tanto que los ministros de la Corte Suprema, Adelita Ravanales y Mario Carroza y el ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete, no publicaban sus inhabilidades en la web cuando se hizo esta nota.
Consultada la dirección de comunicaciones del Poder Judicial por Ravanales, se envió el registro de inhabilidades de la jueza y se explicó que “no está visible por un tema informático que se pidió solucionar”. Se supone que esa información la tendrían disponible los abogados en cada causa de su sala. Entre los conflictos de interés, la ministra Ravanales identifica a Carabineros de Chile, Escuela de Carabineros y causas de derechos humanos en que se encuentren involucrados carabineros, entre otros.
El actual presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, ingresó al poder judicial en 1974. En 1990 lo designaron Ministro Titular de la Corte de Apelaciones de Arica y 10 años después pasó a ser titular de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Dos años más tarde, en 2002, asumió en la Corte de Apelaciones de Santiago, en 2011 fue su presidente y ese mismo año fue nominado para la Corte Suprema de Justicia.
En su último año en la Corte de Apelaciones de San Miguel, comenzó a dar clases en la Escuela de Oficiales de Carabineros. Y es que a Fuentes Belmar le gusta la docencia a juzgar por su currículo. Ha sido profesor en la Universidad Austral de Valdivia, en la Universidad de Tarapacá, en la Universidad Bolivariana, en la Academia Judicial, en la Universidad Mariano Egaña, en la Universidad de Ciencias, Artes y Comunicación, en la Universidad Pedro de Valdivia y en la Universidad Mayor.
En ninguna ha estado tanto tiempo como en la Escuela de Oficiales de Carabineros, donde completó 21 años de docencia. Sin embargo, en la actualidad sólo ejerce la docencia en la Universidad Mayor, según indicó en su Declaración de Intereses y Patrimonio de este año.
Su vocación docente fue una de las cosas que valoraron los senadores cuando lo nombraron en la Corte Suprema, incluso, no vieron ningún conflicto en el hecho de que diera clases a Carabineros, por el contrario. “En el órgano técnico (Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento) también valoramos que hubiera realizado labores docentes en diversas universidades públicas y privadas, y que participara en la formación de Oficiales de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, así como en cursos de perfeccionamiento para el personal del Poder Judicial, que imparte la Academia Judicial”, argumentó el entonces senador Patricio Walker.
Fue así como el martes 27 de septiembre de 2011, a las cuatro de la tarde, los 30 senadores presentes en la sesión votaron a favor de su promoción.
Al juez Fuentes Belmar le ha tocado fallar en causas que involucran a Carabineros. El 13 de septiembre de 2018, cuando integraba la Sala Constitucional concurrió con su voto para rechazar un recurso de casación (nulidad) de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones. Este recurso fue interpuesto por Ximena Concha Briceño e involucraba a Carabineros de Chile, ya que una comisión médica de esta institución declaró que ella no tenía capacidad física apta para seguir en el servicio.
Consultada la dirección de comunicaciones del Poder Judicial por el criterio que se emplea para participar en las causas, se contestó que: “El ministro Fuentes tiene publicada en el sitio web del Poder Judicial su inhabilidad con Carabineros de Chile por la causal de recusación del número 4 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, ello fundado en su calidad de profesor, dejándose la constancia correspondiente en cada causa para que las partes hagan uso de su derecho cuando lo estimen necesario”.
La jueza Adelita Ravanales Arriagada ha sido más cuestionada. Fue designada en la Corte Suprema recién en octubre de 2020, tras integrar la Corte de Apelaciones de Santiago y asumió como ministra del Tribunal Calificador de Elecciones en marzo de este año.
Hace clases en la Escuela de Oficiales de Carabineros desde el 1 de marzo de 2001, lo que también le da derecho a obtener una doble jubilación, tanto por Dipreca como por AFP. Actualmente es profesora de Derecho Penal y realiza cuatro horas a la semana, informó el departamento de Información Pública y Lobby de la Subcontraloría General de Carabineros.
No es su única labor docente, de acuerdo a su Declaración de Intereses y Patrimonio, cumple cinco actividades académicas y otras cuatro no remuneradas. Con la sola excepción de su trabajo en el Instituto de Estudios Judiciales que asumió en marzo de 2021, en todo el resto de sus actividades anexas al rol de ministra, Ravanales mantiene en reserva el nombre de la institución. Sólo se puede saber que ejerce docencia en una universidad del Estado desde 2001 y en una universidad privada desde 2017 y que sumó otras de índole académicas en 2008 y en 2022. Si se busca en la red, aparece como profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la UC.
Este secretismo llama la atención, ya que su actividad académica le jugó a favor cuando el Senado discutió su nominación, que fue aprobada de manera unánime con 41 votos.
El senador Alejandro Navarro (independiente de izquierda) dijo: “quiero señalar que ella es profesora de la Escuela de Oficiales de Carabineros. Confío, por su trayectoria, en el recto juicio que tendrá como magistrada de la Corte Suprema cada vez que sean revisadas las situaciones pendientes con carabineros”.
El senador Juan Ignacio Latorre (RD) argumentó su voto a favor, diciendo: “Dado que estamos en un contexto donde se han registrado en el último tiempo masivas violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, en que hay querellas presentadas en contra de carabineros, algunas de las cuales pueden terminar en la Corte Suprema; y dado el conocimiento y la experiencia que ella tiene (Adelita Ravanales), uno esperaría en el fondo que pudiera cumplir un rol importante en materia de independencia, de justicia y de derechos humanos”.
La jueza, como integrante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema confirmó en agosto de 2021 la sentencia apelada por un señor Rendón en contra del entonces director general de Carabineros. Se reclamó por el uso de elementos químicos mezclados con agua del carro lanza agua durante las manifestaciones de octubre y noviembre de 2019. El único voto en contra fue del juez Sergio Muñoz, quien era partidario que carabineros sólo usara agua potable.
En otras circunstancias, sin embargo, Ravanales acogió un recurso de protección, interpuesto por Rodrigo Orlando Sánchez Iturra, en contra de la Prefectura de Carabineros de Concepción y en contra de la comisión médica central de Carabineros en mayo de 2022. También concurrió con su voto a la revocación de la sentencia apelada y acogió el recurso de protección interpuesto a favor de una funcionaria de Carabineros, Angela Moncada Rosas, lo que implicó que se la reincorporara al servicio en noviembre de 2021.
Así como estos ejemplos, hay varios más en la plataforma vlex.com, donde ella participa del fallo, pese a que tiene una relación contractual con Carabineros. A veces vota en contra y otras a favor de Carabineros.
Durante su permanencia en la Corte de Apelaciones, no fueron pocos los casos vinculados a derechos humanos y a carabineros, donde se pidió su inhabilidad por la relación que tenía con esa institución. No siempre se consiguió. Los jueces de la Corte Suprema estimaban que carabineros no estaban directamente involucrados en las causas o que por tratarse de ex efectivos de carabineros, no se hallaba involucrada la institución como tal.
Hubo otras ocasiones en que la propia jueza se inhabilitó, como es el caso de un recurso de protección de la “Asociación de Empresas de seguridad Privada y Transporte de Valores con el director general de Carabineros y otro”, de marzo de 2020.
Adelita Ravanales no era la única que generaba estos resquemores en la Corte de Apelaciones de Santiago. Otro colega suyo, Juan Antonio Poblete Méndez, también era continuamente mencionado por los abogados de derechos humanos.
Con una carrera menos prestigiosa que Fuentes Belmar y Ravanales Arriagada, este juez lleva 34 años vinculado a Carabineros que le impone en Dipreca. Dio clases de Derecho Procesal Penal y Aspectos Legales y Procesales en la Escuela de Oficiales de Carabineros entre 1988 y 2021 y se mantiene como docente en la Escuela de Especialidades de Carabineros, donde imparte la asignatura de Criminalística LABOCAR desde 2020, destinándole dos horas semanales, según informó el departamento de Información Pública y Lobby de Carabineros.
Además de Poblete que da clases en Carabineros, los jueces Alejandro Madrid Crohare, Fernando Carreño Ortega y Alejandro Rivera Muñoz de la Corte de Apelaciones de Santiago ejercen la docencia en la Policía de Investigaciones (PDI). Madrid y Carreño lo hacen desde 2018 y Rivera desde 2014. Ninguno de ellos tiene previsión en Dipreca, contestó el Departamento de Acceso a la Información Pública y Lobby de la PDI.
La Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en contra de Poblete Méndez en abril de 2022 debido a que no cumplió, entre otras cosas, con su obligación de redactar 23 fallos en la Corte de Apelaciones de Copiapó, donde había sido trasladado luego de un pobre desempeño en la Corte de Apelaciones de Santiago.
De Poblete Méndez se lleva hablando hace mucho tiempo. Se desempeñó entre 2017 y 2018 como ministro de turno para los casos de inteligencia. Fue él quien autorizó la solicitud del Servicio de Inteligencia del Ejército (DINE), para interceptar cinco líneas telefónicas que correspondían a cuatro denunciantes y al periodista Mauricio Weibel que habían alertado sobre los escándalos de corrupción en el Ejército, conocido como el caso Milicogate.
Cuando Poblete fue a declarar ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados en 2021, aseguró que nunca fue engañado por la DINE y que sabía que se trataba del periodista, aunque en la solicitud en papel no se hablaba de Weibel, sino de una supuesta agente extranjera por lo que se requería de una operación de inteligencia.
En más de una ocasión los jueces han tenido que dar explicaciones por sus labores académicas en Carabineros. Las tuvo que dar Mario Carroza a raíz de que fue mencionado en Informe Especial de 2017 y lo hizo a través de El Mercurio: «Decidí jubilar porque yo investigo causas de derechos humanos y ya no tenía intenciones de seguir en Carabineros, por la incompatibilidad que puede generar. No tengo inhabilidad, lo hice por un tema ético».
Y también el ex ministro de la Suprema, Hugo Dolmetsch -jubilado por Dipreca en 2015-, quien fue señalado por Contraloría como un “profesor de papel”, es decir, que daba menos clases de lo que correspondía.
El tema de fondo, sigue sin respuesta: ¿Qué es lo que gana un juez dando clases en Carabineros? ¿Y qué gana Carabineros contratando a jueces para que enseñen a sus oficiales?
