El verdadero rostro de las organizaciones civiles del Comando por el Rechazo

Hoy, en tiempos de campaña, los comandos por el Apruebo y el Rechazo se organizan y despliegan territorialmente, mientras diseñan el relato que será parte de sus respectivos espacios en la franja televisiva, que comenzará el próximo viernes 5 de agosto. En ese contexto, analistas coinciden en que la estrategia de cada comando pasa ahora por encontrar los rostros apropiados, que sean creíbles y que tengan la capacidad de hablarle directamente al electorado, considerando que el voto es obligatorio, en medio de un clima hostil hacia la clase política en general, y a un proceso constituyente que, según la gran mayoría de las encuestas, no tiene la mejor evaluación ciudadana.

Precisamente, con una posición favorable en varios de los sondeos preliminares, el espacio mayoritario es el Comando Franja Ciudadana por el Rechazo, que tomó la decisión -al igual que sus contendores- de estructurarse en base a una mixtura entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. A nivel de colectividades, el espacio está liderado por Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), el Partido de la Gente (PDG) y Republicanos. Además, existen 377 organizaciones civiles que harán campaña por el Rechazo -número muy superior a las 252 organizaciones inscritas por el Apruebo- dentro de las cuáles sólo nueve fueron elegidas para participar del comando: Salud Libre, No Más Víctimas, Mi Derecho a Educar, Mentoras, Cabilderos, Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, Educación Libre y Diversa, Con Mi Plata No y Apyme. Según el límite de aportes establecido por el Servicio Electoral (Servel), todos estos grupos podrán gastar, en conjunto, casi $2.665 millones en campaña.

Desde la organización de la campaña explican que la inclusión de estas organizaciones es fruto de un trabajo selectivo de los partidos que se desplegaron a nivel nacional para contactarse con dirigentes y voceros de estos grupos con el objetivo de convencerlos de participar en la franja. Una búsqueda que se ajustó a la estrategia del sector: que los políticos se mantengan en segunda línea y que la sociedad civil sea la cara visible de la campaña. Sin embargo, es posible constatar que muchos de estos, en algunos casos, son exfuncionarios del Gobierno de Sebastián Piñera.

Durante semanas, hubo giras nacionales que involucraron al senador y presidente de RN, Francisco Chahuán; y al diputado y secretario general del partido, Diego Schalper. En la UDI participó el timonel de la colectividad, Javier Macaya; y la exdiputada, María José Hoffmann. Recorrieron regiones como Los Lagos, Ñuble, La Araucanía, Tarapacá, entre otras, y sostuvieron reuniones con representantes del sector pesquero y minero, también artesanos y agricultores, entre otros gremios y agrupaciones. Finalmente, y después de ese proceso, cada partido promovió a las organizaciones que sentía más cercanas a su ideario.

Además, de este comando «oficial», existen otros ocho espacios que harán su propia campaña por el Rechazo, entre los cuáles se encuentran «Hagámosla en serio», grupo encabezado por Mario Desbordes (RN), junto a exmiembros del PRI como su expresidente Rodrigo Caramori y otros ex DC, como Adolfo Zaldívar Palma. Además, aparece registrada la organización «Una que nos una» y de la cual es vocera Javiera Parada, sumada a otras organizaciones.

Por su parte, también se inscribió el movimiento Acción Republicana presidido por José Antonio Kast y su director ejecutivo, Sebastián Figueroa. En el caso de Amarillos por Chile -liderado por Cristian Warnken- optaron por inscribirse en distintos territorios del país, a través de 49 organizaciones y variaciones de nombre. La explicación de esta estrategia podría ser económica, debido a que las organizaciones de la sociedad civil tienen un límite de gasto electoral de $150.976.921, por lo que al sumar las 49 agrupaciones inscritas, podrían gastar más de 7 mil millones de pesos, más que cualquier otro movimiento inscrito en la campaña.

Frente a la pregunta por el origen de los aportes económicos a la campaña y el financiamiento de las organizaciones, que por estos días despliegan su campaña por el Rechazo, es importante considerar que el Plebiscito Constitucional no contempla la realización de aportes mediante el Sistema de Recepción de Aportes, sino que estos pueden ser realizados directamente por personas naturales ante las organizaciones inscritas en la forma estipulada por estas. Una norma que según expertos electorales, genera el riesgo de tener una menor fiscalización y, por ende, que sea un proceso menos transparente. Según precisaron desde el Servicio Electoral (Servel), el máximo de aportes que un partido puede recibir en una sola donación son 500 UF, es decir, unos $16 millones. Para organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios independientes, los topes de financiamiento son de 500 y 60 UF, respectivamente.

En relación al financiamiento de las campañas, un reciente informe del Servel detalla que un 99% de las donaciones que han recibido las campañas para el Plebiscito de Salida, han sido a las organizaciones de los comandos que van por el Rechazo. Entre los donantes se encuentra el exministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, Félix de Vicente, con $2 millones 800 mil, además del empresario ganadero Cristián Hott Stange, quien entregó $2 millones; junto a Mónica Hott, dueña de Lecherías Osorno y accionista minoritaria de Soprole, con $1 millón 750 mil. Un monto similar donó Carlos Momberg Bórquez de la cooperativa Colun, que aportó a la organización “Lecheros del Sur por Chile”.

Pero analistas coinciden en que es evidente que recursos cuantiosos no garantizan un triunfo electoral, y prueba de eso es que en la campaña por el Plebiscito de Entrada más del 80% de los aportes registrados fueron para el Rechazo, opción que fue ampliamente derrotada en los comicios de octubre de 2020. En ese contexto, y más allá del financiamiento, el sociólogo y director de Tú Influyes, Axel Callís, cree que lo que está en juego, para ambos comandos, es alcanzar la credibilidad necesaria para llegar a quienes no están convencidos. Al respecto, considera que lo que busca el Gobierno y el Apruebo es propiciar un escenario que se parezca lo más posible a la segunda vuelta presidencial, tratando de derechizar lo más posible a su opción contendora, que podría sumar a José Antonio Kast como rostro en esta última etapa de campaña. Para Callís, la participación de figuras de una derecha más dura, como Kast, «podría espantar a muchas de las personas de centro izquierda o ex Concertación que ahora están cruzando la línea a favor del Rechazo».

¿Quiénes son las organizaciones ciudadanas por el Rechazo?

Entre las nueve organizaciones que fueron invitadas por los partidos de oposición a conformar el Comando Franja Ciudadana por el Rechazo, se encuentra la Asociación de Pequeños y microempresarios de Chile, APYME CHILE, que es un gremio que busca fomentar la vinculación empresarial y generación de mercado y empleabilidad. Su presidente, Jorge Peña, detalla que su principal fuente de financiamiento son los aportes voluntarios entregados por sus más de 23 mil socios y que su participación en el comando se limita a un rol territorial, debido a su presencia fuerte en regiones. Peña agregó que: «no han existido demasiadas reuniones de coordinación al interior del Comando», y que las conversaciones han sido orientadas por los partidos políticos, que han ejercido un rol de articulación. También dio cuenta de que la Asociación que preside fue invitada a participar de las reuniones de la comisión de Hacienda de la Convención Constitucional, pero se restaron de asistir, pues asumían que su voz no sería escuchada y que se trataba sólo de una invitación «por cortesía».

Por su parte, Con mi Plata No, es sin duda una de las organizaciones con mayor visibilidad y participación en medios masivos de comunicación. Nació como un movimiento para llegar a la Convención con una Iniciativa Popular de Norma (IPN), que buscaba defender la propiedad de los fondos previsionales, pero fue rechazada en la Comisión de Derechos Fundamentales y no llegó al pleno. Posteriormente, han seguido movilizando personas afines a sus objetivos y ya cuentan con más 78.755 firmas que los respaldan. Su principal vocero es Francisco Orrego, miembro del think tank de Renovación Nacional, Instituto Libertad, fundador de la Centro Derecha Universitaria y rostro activo en Cabilderos, otra organización de centro derecha ligada a RN que participará de la franja televisiva. Las conexiones con la derecha le permitieron a Orrego llegar a ser asesor de Bernardo Fontaine en la Convención, estableciendo una alianza que han buscado insistentemente publicitar: a nivel de anuncios, el dúo ha invertido aproximadamente $8,1 millones de pesos en publicidad en Facebook e Instagram, replicando sus apariciones en otros medios o creando sus propias infografías y panfletos.

Otro de los grupos que estará presente en la franja del Rechazo es la «Coordinadora» Nacional de Movimientos Ciudadanos, de la cual se desprenden otros 60 organismos, que promueven causas de padres y apoderados, emprendedores, estudiantes universitarios, entre otras. Presidida por el concejal de Buin y exasesor de la subsecretaría de Redes Asistenciales, Claudio Salinas (UDI). Esta organización promueve la habilitación de una tercera vía, a través de «una comisión de expertos, el mismo Congreso o una elección». En cuanto a gasto publicitario, la coordinadora ha invertido $14,7 millones de pesos en propaganda en Facebook e Instagram.

Frente al cuestionamiento por real independencia de estas organizaciones «ciudadanas» y sus posibles conexiones con los partidos de oposición, el caso de Cabilderos es ejemplificador. La agrupación que nació en 2016, frente al intento de la ex Presidenta Michelle Bachelet por propiciar un proceso constituyente, tiene evidentes vínculos con RN y sus principales rostros son militantes y dirigentes del partido. Su director nacional es el abogado Víctor Manuel Avilés, quien integra el Tribunal Supremo de la colectividad; Francisco Orrego, que además es vicepresidente de la directiva; y Diego Poblete, prosecretario del partido. En cuanto a su financiamiento, al ser una sola organización, tiene un gasto máximo en campaña de $150 millones de pesos.

Otra agrupación elegida fue Mentoras, entidad que se encarga de defender causas de género. Este organismo es liderado por la exasesora del comando presidencial de Sebastián Sichel y exfuncionaria de la UDI, Javiera Rodríguez; la excandidata a constituyente, Paulina Lobos(Evópoli); y la experta en marketing, Bárbara Biskupovic. Su propósito es transmitir en la franja la idea de que si bien hay muchos temas de paridad, asuntos como la libertad de educación y salud -que forman parte de la propuesta de Nueva Constitución- generan desigualdad de género. Por su parte, otro de los organismos es Salud Libre, que fue creado en enero pasado, promueve la libertad de elección del sistema sanitario y cuya vocera es Victoria Beaumont.

Las organizaciones vinculadas a la educación también serán parte de la franja del Rechazo. En este caso, Educación Libre y Diversa surge de la alianza entre La Coordinadora, el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, Acción Educar, Juntos por Chile y Comunidad y Justicia, ONG defensora de la doctrina social de la Iglesia. Su vocera es Ingrid Bohn, también portavoz de Con Mis Hijos No Te Metas y la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile (Confepa), ligado a la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS). Una parte importante de esta asociación es la Fundación Acción Educar, organismo creado por el exministro de Educación en el Gobierno de Sebastián Piñera, Raúl Figueroa, y el exmiembro de la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos) de la dictadura, Miguel Bejide Catrileo (UDI).

Finalmente, Mi derecho a Educar es una agrupación de centros de padres de establecimientos educacionales, nacida en agosto de 2021, y que en un 65% corresponde a colegios particulares subvencionados, 30% a particulares privados y 5% a establecimientos públicos. Por su parte, No más Víctimas, es una organización preocupada de temas de seguridad, recibió una reciente donación de $4 millones de pesos por parte del empresario de la construcción, Luis Bravo.