El espaldarazo de la Corte Suprema a decisión del Gobierno sobre ampliar querella a Llaitul: «Es lo que corresponde hacer»

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la decisión del Gobierno del Presidente de la República, Gabriel Boric, sobre ampliar la querella contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, tras los dichos pronunciados que, de acuerdo al Ministerio del Interior, son constitutivos de delito.

En conversación con Meganoticias, Vivanco apuntó que «eso es lo que indica que la decisión del Gobierno es lo que corresponde hacer, si ellos estiman que es constitutivo de delito, entonces ya lo que corresponde hacer es usar las acciones y las herramientas legales con que se cuenta».

«Yo creo que eso muy importante decirle a la ciudadanía que situaciones como las que estamos viviendo tienen una normativa que permite que se controlen, que se lleven a tribunales, que se discutan jurídicamente hablando y que esto no puede ser tierra de nadie, donde cada uno haga los anuncios que quiera con toda la peligrosidad que esos anuncios pueden tener», complementó.

En ese sentido, la vocera del máximo tribunal tildó como «una buena opción que finalmente se haya decidido ampliar las querellas porque agiliza ese proceso que estaba un poco entrabado y por otro lado le da confianza a la ciudadanía en el sentido que situaciones así y este tipo de anuncios, que son muy graves, por lo menos tienen que concitar una revisión jurídica para ver si están dentro del ámbito del derecho o no lo están».

«No puede ser que se digan amenazas en sentido amplio o abierto y que esto quede, de alguna manera, bajo la alfombra de una aparente libertad de expresión, cosa que evidentemente no lo es. Amenazar a las personas con sabotajes o con otro tipo de delitos no es parte de la libertad de expresión», abordó.

Es por eso que Vivanco sostiene que los dichos constatan una amenaza, ya que «está haciendo un anuncio y me parece que es un anuncio creíble, que viene además de una persona que tiene el poder para realizar esas conductas y, en consecuencia, creo yo que es bastante visible que se encuadra en ese ámbito y no en el ámbito de la libertad de expresión».

«Aquí se trata de conductas anunciadas y por eso, al anunciar ese tipo de conductas, sin perjuicio a lo que resuelva posteriormente en los tribunales, corresponde hacer una revisión jurídica del tema, porque de otra manera esto podría transformarse en una costumbre», adicionó.

Sobre las posibilidades de que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, tenía para abordar el caso, Vivanco manifestó que «el Ministerio Público siempre puede investigar aquellas conductas que parezcan constitutivas de delito, siempre lo puede hacer».

«Ahora, los caminos que el Ministerio Público va a tomar, una vez que realice su investigación, son los que van a determinar qué va a pasar jurisdiccionalmente. Si el Ministerio Público determina luego de su investigación que aquí lo que procede es aplicar la Ley de Seguridad del Estado, allí requiere efectivamente, como lo dijo el fiscal Abbott, una querella por parte del Gobierno», declaró.

«Sin embargo, si esa querella no estuviese, también hay otros tipos que están contenidos en la ley, que pueden aplicarse a situaciones como esta y en consecuencia la habilidad del fiscal a cargo es seleccionar aquellos tipos que sean más coincidentes con la situación», añadió.

«Hay recursos y hay modos de investigar y de poder hacer valer las normas legales frente a conductas de esta especie. El punto es la selección y esa selección se hace de acuerdo a lo que tenga un mejor destino frente a los tribunales, pero no es que si el Gobierno no movía una pieza nada se podría hacer. Ahora, bien que el Gobierno haya movido esa pieza, porque eso de alguna manera destraba», concluyó.