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Créditos: Agencia Uno
En medio de su citación a la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados y Diputadas para realizar el balance de su gestión en el cargo, la ministra del Interior, Izkia Siches, precisó que «Ya hemos realizado más de 580 expulsiones judiciales, que no es solo que las dictamine el Poder Judicial, sino que también es materializarla dentro de las condiciones materiales. No siempre se lograban esas metas». También señaló que «ya hemos presentado más de 120 querellas en lo que va de nuestro mandato», precisando que «también nos hemos propuesto a que esto no solamente se delimite a querellas».
La Ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, se presentó en la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados y Diputadas para realizar el balance de su gestión en el cargo.
No estuvo exenta de polémica su participación, puesto que la secretaria de Estado asistió de forma telemática generando molestias en algunos parlamentarios, quienes le solicitaron presencialidad en futuras citaciones.
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Dentro de los balances que realizó la titular del Interior, uno de ellos fue la situación migratoria que vive el norte de Chile y que ha sido tema de preocupación para diversos sectores de la sociedad.
Siches al iniciar destacó inmediatamente que «nuestro gobierno no tiene ningún complejo con restringir el paso de las personas por pasos no habilitados».
También anunció una visita a la región de Tarapacá, señalando que «esperamos tener una migración regular por pasos habilitados, y para nada tener una mirada complaciente con lo que ocurre en el norte».
De paso informó a los legisladores las cifras relacionadas con las expulsiones que han llevado a cabo como Gobierno. «Hemos resuelto 800 resoluciones para el inicio de procedimiento para expulsiones administrativas», expresó.
«Ya hemos realizado más de 580 expulsiones judiciales, que no es solo que las dictamine el Poder Judicial, sino que también es materializarla dentro de las condiciones materiales. No siempre se lograban esas metas», complementó.
En esa línea, precisó que mantendrá una reunión con la ministra de Defensa, Maya Fernández, para que la Fuerza Aérea de Chile disponga de aviones para llevar a cabo las expulsiones.
«Quiero quiero reiterar, nuestro gobierno va a expulsar a todas las personas que cumplan con las expulsiones judiciales, pero también va a realizar activamente las expulsiones administrativas, como también las reconducciones», comentó.
También informó que los principales problemas para reconducir a las personas fuera del territorio nacional nacen con las autoridades Bolivianas. «Efectivamente con Bolivia tenemos un problema porque las reconducciones no están ocurriendo, entonces no es solo algo de voluntad política, sino que necesitamos condiciones bilaterales y para eso la canciller, Antonia Urrejola, ha estado trabajando en las reuniones con el Mercosur activamente», señaló al respecto.
Al referirse a un eventual Estado de Excepción Constitucional en la zona, Siches manifestó que «la solución es más compleja que tomar un decreto, un estado de excepción o cualquiera de las otras medidas, porque requiere un trabajo multilateral».
Al detallar como ha actuado el Ministerio en materia de persecución penal, Siches recalcó que el Ministerio Público es el principal ente en la materia, pero la cartera ha estado «parcialmente en torno a las acciones que tomamos para ser ente activo, querellante, ya sea por Ley de Seguridad del Estado o por delitos comunes», consignó La Tercera.
Bajo esta línea, indicó que «ya hemos presentado más de 120 querellas en lo que va de nuestro mandato», precisando que «también nos hemos propuesto a que esto no solamente se delimite a querellas». Desde la cartera buscan un trabado mancomunado entre las policías y el Ministerio Público.
Una de las medidas que tomaron para fortalecer la persecución penal fue cambios en el equipo jurídico del Ministerio del Interior con la llegada de la abogada penalista, Luppy Aguirre. También indicó que al momento de asumir, contaban con 39 abogados, pero han sido removidos 9 (seis en la RM y 2 en el sur), por exceso de remuneraciones.
«Habían algunos que tenían remuneraciones mucho más onerosas de lo que han sido las indicaciones por parte del Presidente de la República», detalló la ministra.
