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Créditos: Agencia Uno (referencial)
En la cita, los parlamentarios solicitaron los detalles sobre los distintos traslados de reos a otros recintos penales del país, especialmente en el caso de los presos llevados desde la región Metropolitana hasta Los Ríos lo que preocupó a la Corte de Apelaciones de Valdivia por la peligrosidad de estos. Por otra parte, también exigieron la información sobre los recursos que se han dispuesto para los centros de internación relacionados con la reinserción social juvenil. La ministra Ríos comenzó su intervención señalando que como Gobierno han llevado a cabo planes de incautación permanente de elementos peligrosos en los recintos penales.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, en conjunto del director nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra, fueron invitados a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado para hacer un balance de la situación de las cárceles nacionales.
En la cita, los parlamentarios solicitaron los detalles sobre los distintos traslados de reos a otros recintos penales del país, especialmente en el caso de los presos llevados desde la región Metropolitana hasta Los Ríos lo que preocupó a la Corte de Apelaciones de Valdivia por la peligrosidad de estos.
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Por otra parte, también exigieron la información sobre los recursos que se han dispuesto para los centros de internación relacionados con la reinserción social juvenil.
La ministra Ríos comenzó su intervención señalando que como Gobierno han llevado a cabo planes de incautación permanente de elementos peligrosos en los recintos penales.
«Iniciamos una política después de un poco más de un mes de haber iniciado el gobierno. Es un plan de registro periódico para la incautación de material prohibido en los recintos. Este es uno de los componentes del trabajo que estamos haciendo para enfrentar la dinámica de las bandas al interior de los recintos y el vínculo que puedan tener con el exterior», sostuvo.
Al ir en detalle de esta iniciativa, la titular de Justicia señaló que ya han realizado dos incautaciones a nivel nacional destacando el efecto sorpresa de estas, además de llevarlo a cabo en distintas regiones.
En los dos operativos llevados a cabo, Gendarmería confiscó 23 kilos de droga, 16 mil armas blancas, 8 mil teléfonos celulares entre otros dispositivos.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien también asistió a la cita en el Senado indicó que en Chile hay 42 mil personas cumpliendo presidio efectivo en los 88 recintos penales del país. De los cuales 12 son de carácter concesionados.
En cuanto a los promedios de ocupación penitenciaria, el subsecretario reportó que llega al 101% a nivel nacional, especificando que no todas las cárceles se encuentran al 100%. Al ir en detalle, algunos de las cifras son: Alto Hospicio – 99%; La Serena – 93%; Rancagua – 89%; Bio Bío – 90%; Valdivia – 79%; Puerto Montt – 72% y Santiago Uno – 112%.
Sobre la nacionalidad de la población penal, Gajardo indicó que el 94% de los 42 mil reclusos son de nacionalidad chilena, mientras que el 6% es de extranjeros, destacándose las nacionalidades colombianas, bolivianas y peruanas.
Los delitos más comunes de la población penal, según consignó La Tercera- corresponden a robo (40%); infracciones a la Ley 20.000 de drogas (18%); robo no violento (12%) y homicidio (11%).
Ríos también expuso sobre la población penal, la que creció en un 30% los últimos años. Al profundizar sobre su distribución, la secretaria de Estado informó que el 60% son condenados, mientras que el 40% son imputados con una medida cautelar.
Frente a estos números, la ministra recalcó la necesidad de una intervención, puesto que el creciente aumento de la población penal crea «contaminación criminológica», puesto que -según sus propias palabras- el 20% resulta ser inocente.
Sobre las medidas que se han utilizado para reducir en un 40% el hacinamiento del penal de Santiago Uno, es que se ha decidido redistribuir a ciertos reos hacia otras cárceles, principalmente dentro de la región Metropolitana.
En esa línea, también se informó que se busca abrir el penal de Talca, el que contará con dos mil plazas que hoy no están, sumado al recinto de Río Bueno, como medida para el hacinamiento en el sur. Por otra parte, se comunicó que se está analizando la idea de construir módulos de alta seguridad en el norte.
