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La discusión para derogar la Ley de Pesca –más conocida como Ley Longueira y recordada por los actos de corrupción entre la industria pesquera y algunos parlamentarios, como Marta Isasi y Jaime Orpis (UDI), condenados por cohecho en el marco del caso Corpesca– se encuentra en su recta final en el Senado. Y precisamente desde ahí es que legisladores de la Cámara Alta, como los senadores Daniel Núñez (PC) e Iván Moreira (UDI), por razones distintas, vinculan esta tramitación con el proyecto constituyente, amenazando con agitar las aguas del Rechazo. Esto, al despertar todo el imaginario asociado a las platas políticas y los abusos de los poderosos, una de las causas que estuvo en el corazón del estallido social de 2019. De hecho, en su intervención de este miércoles, Moreira generó polémica tras calificar de inconstitucional el proyecto que busca derogar la Ley de Pesca. «Una cosa es una nueva ley, y aquí uso el reglamento para señalar la inconstitucionalidad de este proyecto de ley. No existe la anulación, sí existe la derogación y (…) esta urgencia se hace con motivo del próximo plebiscito», sostuvo. Para Núñez, en tanto, el futuro de la iniciativa –que seguirá tramitándose hasta después del referéndum del 4 de septiembre– está inexorablemente ligada al plebiscito de salida. «Si gana el Rechazo, la actual ley seguiría vigente, y la anulación se hará mucho más difícil desde el punto de vista constitucional y también la generación de una nueva Ley de Pesca, porque las empresas pesqueras van a argumentar derechos adquiridos sobre la propiedad de los peces, lo que implicaría multimillonarias indemnizaciones. La viabilidad política de generar una nueva Ley de Pesca tiene como requisito la generación de esta nueva Constitución», apuntó el parlamentario comunista.
Pasada una semana desde la bullada y fallida primera sesión de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, en que se buscaba discutir el proyecto de anulación de la denominada Ley Longueira, y que se debió suspender a causa de la inasistencia de todos sus integrantes –a excepción de su presidente, el senador Daniel Núñez (PC)–, este miércoles avanzó su discusión en la Cámara Alta, que se prolongará más allá del plebiscito del 4 de septiembre. Se trata de un trámite legislativo que, según su autor, se relaciona directamente con el resultado del proceso constitucional, y que dice relación con una ley conocida por la corrupción implicada entre pesqueras y parlamentarios, y que, según gremios invitados a participar de estas sesiones en el Congreso, ha beneficiado cuantiosamente a los empresarios vinculados a la pesca industrial.
Luego de más de cinco años en trámite, el proyecto de anulación de la Ley de Pesca fue aprobado el pasado lunes 8 de agosto, en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 117 votos a favor, ninguno en contra y 20 abstenciones. Dentro de estas últimas, se cuentan las de parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano, además del DC Miguel Ángel Calisto. Cabe mencionar que este proyecto busca abolir la Ley 20.657, creada durante la gestión del exministro de Economía en el primer Gobierno de Sebastián Piñera y exmilitante UDI, Pablo Longueira, la cual modifica el acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, así como también sus correspondientes regulaciones para su investigación y fiscalización.
El exministro y exparlamentario, cuyo nombre hace referencia a esta bullada ley, es además uno de los imputados por cohecho en el Caso SQM, donde se indaga el financiamiento irregular de la política y que ahora está en su recta final, después de que a fines de julio pasado finalizara la preparación del juicio oral en contra de ocho imputados –entre ellos, Longueira–, además del exgerente de SQM, Patricio Contesse. Ahora, solo resta conocer la fecha en que deberán comparecer ante el tribunal, lo que podría ser el epílogo de uno de los casos más controvertidos asociados a las platas políticas, como lo es el mismo caso Corpesca, por el cual el exparlamentario Jaime Orpis se encuentra privado de libertad y cumpliendo una pena de 5 años y 1 día, por fraude al fisco y cohecho.
En ese contexto, la semana pasada, el senador Daniel Núñez, a través de redes sociales, evidenció la inasistencia de sus colegas parlamentarios a la primera sesión de la Comisión de Pesca, en donde se discutiría el proyecto, en un gesto que no cayó bien entre algunos legisladores, considerando que el Senado carece de una estructura clara de penalización a las inasistencias –como sí ocurre en la Cámara de Diputadas y Diputados– y que se rige más bien por una lógica de «pacto de caballeros», según cuentan desde el Congreso. Al respecto, Núñez cree que lo que molestó a la ciudadanía fue que con este hecho se estaba dando una señal de que no se estaban haciendo cargo de un problema de legitimidad asociado a la actual Ley de Pesca y «la corrupción que la rodea», mostrándose «totalmente desentendidos de las preocupaciones ciudadanas». Además, el parlamentario agrega que «si hay críticas, la verdad es que no me afectan, porque acá hay que actuar con diligencia y no hay nada más lógico y transparente que decir, en una sesión del Congreso, quiénes están presentes y quiénes están ausentes, y más aún si esa ausencia impide que la sesión se efectúe».
Sobre el inicio de esta discusión en el Senado, el legislador comunista apunta que «aquí hay que comprender que esto tiene como consecuencia que se está reconociendo que la Ley de Pesca actual (Ley Longueira) tiene un vicio de ilegitimidad y corrupción, que ha manchado a las instituciones democráticas hasta la fecha, y frente a lo cual es necesario reparar ese daño, y la forma de reparar es desconocer la legitimidad del acto que generó esta Ley de Pesca y los derechos que entregó. Porque la industria pesquera, que se ha visto beneficiada con la propiedad de los peces, se vio beneficiada a través de un acto de corrupción, que está ya resuelto por la Justicia con penas que tienen a un exsenador preso y a una exdiputada con una condena también relevante”.
Además, el senador Núñez considera que «este proyecto responde a una demanda muy sentida de los pescadores artesanales de todo Chile, y también de la comunidad nacional científica, y es que se requiere una nueva Ley de Pesca, que tenga legitimidad y que aborde de mucho mejor manera una serie de problemas que no han quedado bien resueltos, particularmente lo que se conoce como el fraccionamiento de la propiedad de los peces, que quedó en su gran mayoría en manos de la industria pesquera, lo cual ha favorecido a una política de depredación y de marginación de la pesca artesanal, como un actor relevante del sector pesquero”.
Precisamente, desde la Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales –uno de los grupos que dice verse más afectado con la señalada ley, y que celebra el avance del proyecto de anulación en la Cámara Alta–, su asesora, Gigliola Centonzio, apunta a que uno de los daños profundos que tuvo la llamada Ley Longueira fue el «fraccionamiento perpetuo» en beneficio de la pesca industrial y «en desmedro de un sector importante de la pesca artesanal». Al respecto, Centonzio detalla que en varias oportunidades se ha intentado hacer gestiones y algunas propuestas de otros regímenes de administración de las pesquerías, pero señala que «no ha sido posible debido a la rigidez de esta entrega a perpetuidad que se le entregó al sector industrial, y de un fraccionamiento de las cuotas pesqueras artesanales. Entonces, por ese lado, vemos con mucha esperanza que ojalá se concrete a la brevedad posible esta anulación, que, por supuesto, tiene que venir de la mano con una nueva Ley de Pesca, que por fin haga justicia histórica a un sector que se ha visto muy perjudicado”.
Una de las críticas de la derecha apunta a la urgencia de esta tramitación en la previa del plebiscito del 4 de septiembre, debido a que creen que podría «instrumentalizarse» su discusión, a favor del Apruebo. Así lo reconoció uno de los integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara Alta, el senador Iván Moreira (UDI), quien escuetamente dijo, en uno de los pasillos del Congreso Nacional, que si bien estaba a favor de la anulación de esta Ley, no coincidía en que su discusión fuera vinculada directamente al proceso constituyente. Es más, durante su exposición en la comisión, Moreira pidió que el proyecto fuera declarado inconstitucional. «Una cosa es una nueva ley, y aquí uso el reglamento para señalar la inconstitucionalidad de este proyecto de ley. No existe la anulación, sí existe la derogación y (…) esta urgencia se hace con motivo del próximo plebiscito», cerró su intervención. Una relación que, sin embargo, para el presidente de la instancia, es indisoluble.
“El resultado del Plebiscito, para la anulación y la generación de una nueva Ley de Pesca, es fundamental. En el marco de la actual Constitución, y que si gana el Rechazo seguiría vigente, la anulación se hace mucho más difícil desde el punto de vista constitucional y también la generación de una nueva Ley de Pesca, porque las empresas pesqueras van a argumentar derechos adquiridos sobre la propiedad de los peces, lo que implicaría multimillonarias indemnizaciones, si es que se cambia el fraccionamiento. Entonces, la viabilidad política de generar una nueva Ley de Pesca que resuelva en forma correcta la propiedad de los peces, que establezca la propiedad del país sobre los recursos pesqueros, tiene como requisito la generación de esta nueva Constitución, y por eso es que es tan importante el paso de la aprobación», apunta el senador Núñez (PC).
Específicamente, el parlamentario –autor del proyecto de anulación– agrega que, de aprobarse la nueva Carta Magna, «los actuales derechos que obtuvo de forma ilegítima y corrupta la industria pesquera, pasan a ser derechos precarizados, los cuales no tienen los mismos pagos indemnizatorios y compensatorios, y son derechos que se pueden desconocer a través del acto de anulación». Además, Núñez asegura que «lo peor que puede pasarle a Chile es que escondamos los temas. Lo cierto es que en el debate del plebiscito y de la nueva Constitución, este es un tema que dialoga directamente, y por eso es que ha sido tan pertinente dialogarlo ahora en el Senado”.
Desde la Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales, sin embargo, asumen el debate con mayor cautela. Si bien reconocen que la propuesta de nueva Constitución, dentro de sus normas, contiene la posibilidad explícita de anular una ley, creen que, más allá del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, «no hay excusa para no anular esta ley». Según detalla una de las asesoras del gremio, Gigliola Centonzio, «ya está consagrado en la actual Constitución el principio democrático, y ya está demostrado por los Tribunales de Justicia que el dinero mandató parte importante de los articulados de la Ley de Pesca y ahí es donde el Senado, al igual como lo hizo la Cámara de Diputados, tiene que reivindicarse y responder a la ciudadanía, porque las leyes son mandatadas en representación de la ciudadanía, y no pueden ser mandatadas por el dinero, y nadie puede ni debe beneficiarse de aquello”.
Si bien no hay certeza respecto a por cuánto tiempo se extenderá la discusión sobre la anulación de la controvertida Ley Longueira en la Comisión de Pesca del Senado, lo cierto es que las conversaciones continuarán después del 4 de septiembre, considerando que este viernes 19 de agosto comienza una nueva semana distrital. Aunque asumen desde esta instancia que la discusión debe darse con premura, aún falta la participación de otros actores, como representantes de la pesca industrial, quienes se restaron de participar en esta primera sesión. Lo cierto es que desde el oficialismo se esfuerzan por que esta tramitación sirva para simbolizar una reivindicación por parte de una clase política, que en el caso de la señalada Ley Longueira –y tal como lo determinaron los Tribunales de Justicia– mostró su peor cara: manchada de corrupción y abuso de poder.
