PAÍS
A la izquierda, Ignacio Sapiaín. A la derecha, Rodrigo Román.
Ignacio Sapiaín, abogado querellante del Ministerio del Interior en la causa contra Héctor Llaitul y que hoy lo mantiene en prisión preventiva tras la formalización de este jueves en el Juzgado de Garantía de Temuco, salió de la segunda línea tras señalar en la audiencia que «Llaitul era un líder, más que un guerrero, un líder que había perdido el rumbo». La declaración instaló sospechas sobre su calidad de querellante en la causa, las que se incrementaron con una polémica falsa, según remarcó el Gobierno, al vincular equivocadamente su rol en el Ministerio del Interior como representante de las víctimas en el montaje de la Operación Huracán -donde Llaitul es una de estas- con una defensa penal del histórico dirigente de la CAM. Sin apagarse del todo la polémica, el formalizado dirigente radical mapuche confirmó a Rodrigo Román, como su abogado defensor, el mismo profesional que logró dar vuelta el caso Huracán, hasta demostrar que los cargos contra los comuneros detenidos habían sido construidos artificialmente por efectivos de Inteligencia de Carabineros. El profesional de la Defensoría Popular tiene un largo historial en causas similares. Ha representado a la familia de Francisco Martínez en el caso «Panguipulli»; a algunos de los imputados en el caso Luchsinger Mackay; al werkén Daniel Melinao, acusado por la muerte del carabinero Hugo Albornoz el 2013; y a Mónica Caballero en el caso «Bombas», entre otros casos de alta connotación pública.
Las alarmas se encendieron este jueves en el Gobierno tras la audiencia de formalización del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Y no por la llamada de la asesora de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega -que a la postre terminó con su salida del gabinete- sino por la presencia de Ignacio Sapiaín Martínez, abogado querellante que representó al Ministerio del Interior durante la audiencia de formalización, realizada en el Tribunal de Temuco.
Dicha alarma la encendieron las declaraciones «empáticas» que hizo Sapiaín durante la audiencia: «El señor Llaitul es un líder, mucho más que un guerrero. Podemos empatizar en algunos aspectos con su causa, referida a la reivindicación territorial; el Gobierno ha ido trabajando en esa área, por medios pacíficos, recuperando tierras y entregándoselas al pueblo mapuche, un pueblo que él dice proteger, pero como buen líder, ha perdido el rumbo, no se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo».
Esta «empatía» fue el detonante de las críticas que recibió el Gobierno, ya que el medio El Líbero aseguró posteriormente que es el mismo jurista quien defiende a las víctimas en la causa correspondiente al “caso Huracán”, dentro de las cuales se encuentra precisamente Llaitul, lo que originó una polémica artificial que obligó un despliegue de Interior para negar que representen a Llaitul en dicho caso. En el caso concreto, Sapian forma parte del equipo de abogados del Ministerio del Interior que representa a la víctimas del montaje de la operación Huracán, y en cuyo causa además ni siquiera es parte como querellantes por descoordinación en los plazos, por lo que su única participación en el litigio en su calidad de representación de las víctimas en su conjunto, y no de una defensa personal, como se buscó instalar.
Sapiaín es conocido en la región del Biobío no sólo por su carrera como abogado, sino porque también estuvo vinculado con el mundo de la política. Esto, porque el abogado de 48 años, especialista en Derecho Civil, fue primero candidato a concejal en las elecciones del 2016 por el pacto «Pueblo Unido» (que reunía a los movimientos de izquierda «Frente Popular» y «Partido Igualdad»), aunque no logró el cupo al quedar segundo.
Este fracaso electoral no lo amilanó y regresó a la carga el año 2021, como candidato a alcalde de San Pedro de la Paz, como independiente fuera de pacto. En esta ocasión, terminó sexto con el 7,07% de las preferencias.
Es en esta campaña donde alcanza notoriedad nacional, pero no por buenas razones, ya que fue acusado de agresión por parte de un integrante del comando del entonces candidato y ahora alcalde de la comuna, Javier Guíñez, debido a que lo grabaron -junto a otras tres personas- recogiendo banderas de Guíñez y acusándolo de destruir la propaganda, para que luego el abogado diera un manotazo a la cámara.
Aclarada la confusión que tuvo que salir a desmentir el Gobierno, toca por dilucidar quién es entonces el abogado que representa a Llaitul. Se trata de Rodrigo Román, quien ha tenido un activo rol en causas asociadas al estallido social y en la defensa de comuneros mapuche. De hecho, él es el que defendió a Llaitul en el caso «Huracán», asegurando en ese entonces que se trataba del «montaje más rasca desde el regreso a la democracia».
Román es integrante de la Defensoría Popular, quien ha participado en diversas causas ligadas al estallido social y defensa de los llamados «presos políticos de la revuelta». De hecho, el pasado 1 de julio, en una declaración de la Defensoría Popular, donde se ve a Román, critican que habían pasado «más de 100 días del Gobierno transformador que en campaña prometió la liberación de los presos políticos, al punto de celebrar un acto de campaña en el CDP Santiago 1».
Además, el pasado 18 de mayo, y siendo encargado por Llaitul, el abogado solicitó a la Contraloría una fiscalización al Ministerio del Interior, por un presunto intento de enlodar su nombre. «Se habría realizado una actividad de propaganda fallida, que consistía en cambiar o modificar la biografía del peñi Héctor Llaitul, en esta plataforma conocida como Wikipedia», señaló Román en un video.
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía también han sido dardos de las críticas de Román. Por ejemplo, el año 2020 acusó un «montaje urdido y armado por la PDI» tras la libertad otorgada por el 7° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago a B.E.S.M. y Daniel Morales, quienes pasaron un año en prisión tras ser acusados de incendiar la estación del Metro «Pedreros» durante el estallido social. Román sufrió un revés en 2021, debido a que la Corte Suprema le rechazó un recurso de nulidad y ratificó la sentencia de cinco años de internación provisoria en régimen cerrado y semicerrado para B.E.S.M.
Además de Llaitul, ha representado a la familia de Francisco Martínez en el caso «Panguipulli» -interpuso una querella por homicidio calificado que fue rechazada, la causa cerrada y el carabinero acusado sobreseido por legítima defensa-; a parte de los imputados en el caso Luchsinger Mackay; al werkén Daniel Melinao, acusado por la muerte del carabinero Hugo Albornoz el 2013; y a Mónica Caballero en el caso «Bombas».
Román también se aventuró en el mundo político, ya que intentó ser candidato a diputado el año 2013 por el distrito 21 (Providencia y Ñuñoa), opción que entonces era apoyada por el Partido Igualdad.
