Asumiendo la responsabilidad política de un conflicto de mayor escala, Vega renunció este jueves al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, transformándose en la primera «baja» del gabinete del Presidente Gabriel Boric, a 10 días del plebiscito de salida. Desde el oficialismo, más allá de respaldar la medida del Mandatario y celebrar la oportunidad de la misma, sostuvieron que su salida implicaba una señal interna para terminar con la descoordinación en la materia, que partió con la propia ministra Izkia Siches, en su fallida visita a Temucuicui. Ahora bien, en este caso puntual, que de Interior no hayan tenido conocimiento de las gestiones de la ahora exministra para conversar con Héctor Llaitul, hizo encender las alarmas en La Moneda –donde Ana Lya Uriarte habría desempeñado un rol clave–, en el sentido de que una falta de coordinación y desprolijidad como aquella podría poner en riesgo el impulso del Gobierno para hacerse de la agenda de seguridad, algo que había comenzado a tener buenos réditos y donde la propia detención de Llaitul se enmarcaba en dicho camino. Y por otra parte, apuntaron, ante la amenaza de que la oposición buscara incendiar la pradera con este hecho a días del referéndum constitucional, la propia ministra Vega –de donde surgió la chispa– servía de sifón para apagar las llamas.
Este jueves y de forma imprevista sucedió la primera salida de un integrante del gabinete del Presidente Gabriel Boric. Se trata de la experta en Salud y militante PPD, Jeanette Vega, quien renunció a su cargo como ministra de Desarrollo Social y Familia, luego de conocerse una publicación sobre gestiones que una de sus asesoras habría realizado en mayo pasado para sostener un diálogo con el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, formalizado este mismo jueves por delitos sancionados por la Ley de Seguridad del Estado.
Sin embargo, el fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, reveló este jueves que la comunicación que gatilló la renuncia de la titular de Desarrollo Social, no fue usada como prueba en la audiencia de formalización de Llaitul, al no tener relevancia en la indagatoria. Según develó el medio Ex-Ante, un informe de la PDI consignó que el pasado 11 de mayo una asesora de la ahora exsecretaria de Estado llamó al celular del líder radical mapuche para solicitarle una conversación, luego de que se conociera una entrevista en la que el comunero hacía un emplazamiento al levantamiento armado contra el Gobierno.
Fuentes cercanas al oficialismo señalan que en Apruebo Dignidad no existen voces críticas frente a la detención de Llaitul, considerando que el propio vocero de la CAM había desplegado un discurso contrario a los partidos de izquierda, como el PC, comparándolo incluso con las empresas forestales. En esta ocasión ambas coaliciones estaban alineadas y –según detallan desde La Moneda– la jefa de gabinete del Ministerio del Interior y cercana colaboradora de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, habría jugado un papel determinante en la decisión de pedirle la renuncia a Vega, considerando que era una decisión rápida para esquivar una mayor polémica, con el plebiscito de salida muy próximo a suceder. Había que evitar que el tema se «transformara en un Caval 2».
Cabe recordar que desde abril pasado –por expresa petición de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches– Vega se desempeñaba como coordinadora interministerial del Gobierno en la denominada Macrozona Sur. En ese contexto, y en uno de sus primeros viajes a Temuco, la hoy exministra aseguró que su trabajo en la zona buscaba que «como Estado respondamos de mejor manera a todos los problemas de la región, no solamente a los pueblos originarios». Además, enfatizó que el motivo de su presencia en la Región de La Araucanía se debía a su intención de «constituir Gobierno». Este rol de coordinación, que estaba pensado inicialmente para Siches, a causa de los problemas políticos en Interior, terminó en manos de Vega, quien buscaba encabezar el anhelado proceso de paz.
Así, con una lógica de convocar al diálogo a todos los actores involucrados, siguiendo los lineamientos establecidos por el Presidente Gabriel Boric, es que sucedió este intento de contactarse con un Llaitul que por esos días no estaba procesado ni tenía orden de detención en su contra. Si bien no es de conocimiento público, sí existió algún intento de los gobiernos anteriores por establecer canales de conversación con el líder de la CAM. La filtración de este diálogo en que se evidenciaba el interés de Jeanette Vega por llegar a esa instancia, fue finalmente el hecho que determinó su renuncia al gabinete, a 10 días del plebiscito por una nueva Constitución.
Desde el oficialismo, más allá de respaldar la medida del Presidente de la República y celebrar la oportunidad de la misma, hacen hincapié en que Llaitul no es una persona particularmente difícil de ubicar. De hecho, hace algunas semanas estuvo en Peñalolén presentando un libro, ha asistido con prensa a celebrar ceremonias ancestrales en la cárcel de Temuco, donde se encuentran varios mapuche cumpliendo condena por diversos delitos, y ha mantenido contacto reiterado con periodistas. ¿Por qué esta comunicación entonces cobró tal relevancia que derivó en su salida del gabinete, toda vez que dentro de sus responsabilidades estaba, precisamente, la de tomar contacto con actores del conflicto mapuche? La respuesta –sostienen– solo se entiende en clave política.
De alguna manera con su salida se busca –señalan las fuentes– dar, por una parte, una señal interna para terminar con la descoordinación en la materia. Que de Interior no hayan tenido conocimiento de estas gestiones de Vega encendió las alarmas respecto a que una falta de coordinación y desprolijidad como aquella podría haber puesto en riesgo el impulso del Gobierno para hacerse de la agenda de seguridad, algo que había comenzado a tener buenos réditos y donde propia detención de Llaitul se encaminaba en dicho sentido. Y, por otra parte –apuntan–, la medida servía para cortar de raíz el intento de parte de la derecha de convertir este hecho en una bola de nieve para influir en el plebiscito. En tal sentido, que los costos políticos los pagara la ministra era un mal necesario.
Pero una fuente cercana a la ahora extitular de Desarrollo Social considera que su salida comenzó a cimentarse la noche del domingo 15 de mayo –mismo día en que sucedió la conversación con Llaitul–, cuando en el programa «Tolerancia Cero» declaró que en Chile existían presos políticos, levantando una fuerte controversia, de la cual debió retractarse horas más tarde. «Existen los presos políticos, sin duda, y puedo poner ejemplos: los chicos que están en este momento en prisión preventiva desde el estallido, que llevan incluso algunos dos años, si no son presos políticos, ¿qué son? Porque en la práctica no han sido enjuiciados”, dijo Vega. Después, a través de Twitter, aclaró que «hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar mal entendido”.
Cercanos a Jeanette Vega creen que este fue el primero de algunos errores de «ingenuidad política y mal asesoramiento», como cuando días después, en una entrevista a Revista Ya, se mostró contraria a la instalación de un Estado de Excepción en la zona de conflicto mapuche, señalando que “no es una solución para el Wallmapu, lugar donde ya hay una cultura de violencia y muertes”. Se trata de unas declaraciones emitidas días antes de que el Gobierno anunciara un Estado de Excepción acotado, el cual ha seguido implementándose. Una señal de incongruencia que desnuda la falta de una real coordinación interministerial para el proceso de paz en la zona de conflicto, donde Vega podría estar asumiendo la responsabilidad política. Con todo esto, con este escenario errático, según advierte un investigador sobre esta materia, «es muy poco probable que se atreva a interceder algún organismo internacional, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU)».
Jeanette Vega Morales es médica de la Universidad de Chile y doctora en Salud Pública. Ingresó a militar al PPD en 1998, renunciando en 2018, y volviendo a firmar a inicios del 2022. Es cercana al exsenador Guido Girardi y, en la reciente campaña presidencial, trabajó en la campaña de Paula Narváez (PS). Su desembarco en cargos de primera línea política comenzó en el Gobierno de Ricardo Lagos, cuando formó parte de la Secretaría Ejecutiva de la Reforma de Salud, siendo uno de los puntales de la elaboración del polémico Plan Auge. Con Lagos también fue directora del Instituto de Salud Pública (ISP), renunciando en 2002, para trabajar en la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se desempeñó hasta 2007.
Su salida del ISP, en octubre de 2002, causó polémica, luego de que fuera cuestionada, particularmente por los funcionarios de esa entidad, por los presuntos contratos que había hecho a personas cercanas a ella, el pago de honorarios a altos cargos y la denuncia de falsificación de cheques, todo lo cual costó a la repartición más de 10 millones de pesos. En el segundo Gobierno de Michelle Bachelet fue subsecretaria de Salud Pública, donde debió enfrentar la pandemia del virus H1N1, que dejó 155 fallecidos hasta el 2010. También se desempeñó como directora de Fonasa entre el 2014 y el 2018. Cercanos al bacheletismo aseguran que por poco fue ministra de Salud, pero el cargo quedó finalmente en manos de Helia Molina.
A principios de 2022, cuando el Presidente Gabriel Boric estaba terminando de conformar su gabinete, el nombre de Vega –reconocida internacionalmente por sus conocimientos técnicos en cuanto a Salud Pública– volvió a aparecer entre los nominados a liderar el Ministerio de Salud. Cercanos a la ahora exministra creen que probablemente este hubiese sido el mejor lugar para que pudiese demostrar su capacidad y liderazgo, lamentando que finalmente asumiera una cartera y un rol con mayores implicancias políticas –como la coordinación interministerial en la llamada Macrozona Sur–. Finalmente, su experiencia como titular de Desarrollo Social y Familia duró un poco más de cinco meses.
Al respecto, desde su partido, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, dijo que «valoramos la decisión de Jeanette Vega de asumir la responsabilidad política de los hechos que el país conoció. Relevamos que su única intención fue cumplir el mandato del Ejecutivo, en cuanto a dialogar con todos los actores, en momentos en que el planteamiento del Gobierno era que no se podían enjuiciar las ideas. Entendemos que los escenarios cambian, en particular la situación del señor Llaitul, que hoy está siendo procesado. Lo importante es centrarnos en lo que nos ha planteado el Presidente, en cuanto a que debemos enfocarnos en el diálogo con quienes quieren trabajar por la paz y construir soluciones”.