Presidente de Dispensario Nacional de cannabis cumple un mes preso por no presentar un permiso que no existe

Luis Quintanilla Alarcón (34) lleva 27 días en prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1, ya que según la justicia es un peligro para la sociedad. Es químico farmacéutico, no cuenta con causas donde exista una víctima ni relación con delitos de tráfico, pero es presidente de Dispensario Nacional, la primera asociación de cultivo colectivo de cannabis con fines medicinales en Chile, lo que le pone un blanco en su espalda.

Es líder en la comunidad cannábica, ha ido a hablar al Congreso en diferentes ocasiones, para las comisiones de Salud y Seguridad, sobre la regulación del acceso al cannabis en Chile. Es fundador del señalado Dispensario Nacional, corporación de usuarios medicinales de cannabis que alberga a más de 350 socios de diferentes edades y con múltiples enfermedades.

Hoy su libertad se ve coartada, según Fiscalía, por el incumplimiento de un permiso de cultivo y plantación que da el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), sin embargo, este permiso es inexistente, ya que no se entrega ni para uso personal ni colectivo, e incluso desde el SAG han enviado un oficio a Fiscalía indicando esto.

«Ni peligrosa ni criminales ni delincuentes”

El 21 de octubre de 2021, Luis Quintanilla y su pareja, Valeska Frías, fueron allanados debido a la denuncia de un vecino por olores que salían de un inmueble arrendado por la asociación.

En agosto de 2017 habían tenido otro allanamiento, el que sumado al de 2021 le dio la reincidencia a Luis para que entrará en prisión preventiva, afirma Valeska.

La formalización ocurrió el 2 de agosto de 2022, declarándose prisión preventiva por el tiempo que dure la investigación. El abogado de Luis, y coordinador de la Clínica Psico Socio Jurídica de Fundación Daya (organización que promueve el uso de cannabis medicinal), Hernán Bocaz, comenta que “se le comunica (a Luis) que se le está investigando por el art. 8 de la Ley 20.000, que es cultivo sin autorización, y esta investigación es en calidad de presidente y representante legal de Dispensario Nacional”.

Durante el tiempo que lleva Quintanilla en el centro penitenciario, solo lo ha podido ver a su abogado. Valeska Frías no ha tenido ningún tipo de comunicación con él, pero sí sabe lo que ha tenido que vivir su pareja. “Hubo una semana que estuvo en transición por temas Covid y por protocolos, en la que estuvo muy mal, pasó hambre, pasó frío, no le dieron agua, lo tuvieron en un calabozo”, señala.

Bocaz indica que “para nadie es sorpresa” el estado de incumplimiento respecto de las cárceles en el país y que en Santiago 1 no se cumplen los estándares mínimos de derechos humanos. «Cuando llegó Luis eran seis o siete personas en una celda en el módulo 1, con ventanas quebradas por donde entraba frío y humedad. Cuando estaba en el módulo de tránsito tenía que dormir en tres colchonetas que compartían entre todos, tenía que tomar agua con la mano”.

A raíz de esto, la diputada del Partido Humanista, quien encabeza la Bancada Transversal Regulación por la Paz, que busca establecer una nueva política de drogas, Ana María Gazmuri, logra que Quintanilla entre en un programa de víctimas de violaciones a los derechos humanos, donde lo traspasan a un módulo con “personas de su misma categoría, digamos, ni peligrosa ni criminales ni delincuentes”, cuenta Valeska. Sin embargo, Luis es usuario medicinal de cannabis, tiene una operación gástrica, sufre de insomnio y ansiedad, se encuentra con dolores de espalda, reflujo y no está durmiendo bien, lo que no ayuda a su condición.

El 7 de septiembre fue la audiencia donde la defensa especificó las vulneraciones a Luis Quintanilla, pero según el juez esto era constitutivo de otras transgresiones, por lo que se tenía que ver en una cautela de garantías, la cual se fijó para el 26 de septiembre, señaló el abogado Bocaz. “Lo que no tiene sentido, porque por los problemas de salud de Luis, de aquí al 26 no sabemos cómo puede estar”, comentó.

Ley de Drogas y Dispensario Nacional

Situaciones como la de Quintanilla no son nuevas. Así, casos de organizaciones completamente reguladas, como Greenlife, o personas naturales como Rosa Salazar, Sebastián Henríquez y Demetrio Jiménez, que hacen uso del cannabis en forma medicinal y son perseguidos por la Ley 20.000, suceden constantemente.

Al consultarle a la diputada Gazmuri sobre la existencia de un patrón desde el Estado en cuanto a perseguir o ir tras quienes cultivan y hacen uso del cannabis de manera medicinal, enfatizó que “absolutamente, aquí hay un patrón sostenido desde el Ministerio Público, en que incluso ya en los alegatos finales de los juicios, cuando ha estado toda la prueba a la vista, que conduce al sobreseimiento, Fiscalía hasta último minuto insiste en condenas, que en lo general parten de 3 años y 1 día hasta 10 años y 1 día (…), entonces, sí, podemos ver una actitud absoluta, clara, inexplicable, en que Fiscalía insista en criminalizar a usuarios a pesar de que su discurso público es distinto”.

El Estado chileno reconoce y legaliza el uso medicinal del cannabis, por medio del Decreto 84, el cual modifica los reglamentos 404 y 405 sobre Psicotrópicos y Estupefacientes en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de ciertas sustancias.

Por lo tanto, el cannabis medicinal es legal en Chile, y según la ley Luis no tendría por qué estar en la cárcel, así lo puntualiza la diputada Gazmuri. “La finalidad de la Ley 20.000 es reducir el tráfico, el bien jurídico protegido es la salud pública. Cuando hay una corporación que cultiva para su autoconsumo, no existe afectación de la salud pública, por lo tanto, no hace sentido una condena como esta”.

En el caso de Dispensario Nacional, entidad que existe desde 2016, esta funciona bajo una estructura clara. No existe tráfico, no venden cannabis ni promueven la automedicación, son una organización privada y cerrada. Cuentan con sus patentes y registros al día, “y bajo ningún respecto está oculta”, señala Bocaz.

“Es con tramitación, esto no es llegar y comprar cannabis, aquí entran a un ciclo, son membresías, es todo completamente ordenado y según lo que la persona necesita por su enfermedad, entonces, es un modelo social que ayuda a las personas que hoy en Chile no pueden cultivar”, destaca Valeska.

Las asociaciones de cultivo colectivo de cannabis son corporaciones sin fines de lucro y se encuentran reguladas según la Ley 20.500. “Representan un modelo social, cooperativo y compasivo, que acoge a pacientes que no pueden cultivar, ya sea por imposibilidad física, por tiempo, desconocimiento o por miedo a ser criminalizados”, se lee en la página web del Dispensario.

Desde niños con leucemia a adultos con dependencia funcional y cuidados paliativos, son algunos de los miembros del Dispensario y quienes hacen uso de los productos derivados de las plantas, por las cuales hoy Luis se encuentra en prisión. Esto debido a un permiso de plantación y cultivo que es inexistente.

La defensa asegura que “el permiso al que se refiere Fiscalía, art. 8 y 9, no corresponde a esta actividad, que son básicamente cultivos personales o, en el caso de Dispensario, un cultivo que es colectivo, que es una extensión del personal, en torno a una corporación. Pero el permiso al que se refieren las autoridades es un permiso que tiene un fin industrial”.

Según Fiscalía, este permiso lo entrega el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), sin embargo, la directora nacional del SAG, Andrea Collao, envió –el 6 de julio de este año– un oficio al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, indicando que en “innumerables ocasiones” se ha requerido al servicio una autorización para “sembrar, plantar, cultivar y cosechar especies vegetales del género cannabis, para uso personal, próximo en el tiempo, pero especialmente para uso medicinal”.

Puntualizando que “el SAG no otorga autorizaciones para uso personal y próximo en el tiempo, aun cuando se trate de fines terapéuticos o medicinales, por lo cual, creemos de la mayor importancia socializar esta situación, con el objeto de no generar expectativas en quienes se encuentran sometidos a proceso penal, por contravención a las normas establecidas en la Ley 20.000”.

Además, dentro del oficio se indica que “existe extendidamente la creencia” de que el organismo puede entregar un “certificado que habilitaría a las personas con indicación médica de uso de cannabis, para mantener plantas de esta naturaleza, en su residencia o similares, lo cual, por supuesto, no posee sustento jurídico”.

“Entonces es básicamente un requerimiento que te impone la autoridad, pero que no existe”, afirma el abogado Hernán Bocaz. De esta manera, la prisión preventiva “no solo es desproporcionada, sino que no está fundamentada”, agrega.

Por lo que esperan como defensa que Fiscalía aplique un principio de objetividad y la absolución completa de los cargos por los que se le imputa a Quintanilla. «Es bien extraño que se considere que Luis puede ser un peligro para la sociedad o que haya peligro de fuga, siendo que él mismo se presentó voluntariamente al tribunal para cumplir la medida que ellos decretaron”, señala Bocaz.

«No más presos por plantar»

Debido a las prácticas de persecución del Estado en contra de las personas que cultivan cannabis para fines medicinales, desde la comunidad han creado el eslogan “No más presos por plantar”, para detener la criminalización de los usuarios y cultivadores. Precisamente, uno de los objetivos de la Bancada Transversal Regulación por la Paz es legislar una nueva Ley de Drogas para alejar a los consumidores de cannabis de las redes del narcotráfico y los prejuicios en torno a esto.

“Desde la bancada se está impulsando el cambio en la tipificación del cannabis, que se ponga en su correcta clasificación, es decir, que se saque del art. 1 del Reglamento de la Ley 20.000 y se cambie al art.2 (…). Desde el Ejecutivo tienen que hacer un decreto, que es un acto administrativo, que permitiría poner al cannabis en su correcta clasificación, que es su clasificación de sustancia controlada pero con usos medicinales. Hoy día está clasificada en las sustancias de alto poder tóxico sin uso medicinal y sabemos que eso es falso”, indica Gazmuri.

Diputados como Jorge Brito, Diego Ibáñez y Jaime Sáez, pertenecientes a la bancada, han estado apoyando la situación de Luis Quintanilla desde el Congreso, “para que se suba en tabla la Ley Antinarcos y se baje el cannabis de categoría”, indica Valeska.

Ante la realidad en la que se encuentra Luis, socios de Dispensario Nacional redactaron una carta para el Presidente Gabriel Boric, donde se le solicita realizar las gestiones para “obtener la libertad provisional del preso político Luis Quintanilla Alarcón” y el cumplimiento del “programa presidencial de su campaña”, el cual establecía modificar el decreto 867 y avanzar en “políticas de salud pública y seguridad”.

Fue la misma coordinadora Sociocultural de la Presidencia de la República, Irina Karamanos, quien le entregó la carta, por medio de uno de los socios que trabaja con ella. Valeska asegura que el Mandatario se comprometió, luego del plebiscito “a impulsar y bajar la planta de cannabis de artículo”.

Los días pasan y Luis sigue en Santiago 1 a la espera de la investigación, de una nueva audiencia y de la promesa del Presidente Boric. Continúa alejado no solo de su familia sino también de los socios y miembros de Dispensario Nacional, a quienes les brinda ayuda.

“Yo soy una activista cannábica y llevo varios años luchando por que se regule, por que nos dejen de perseguir, pero ahora me tocó de forma personal, como mujer, como mamá”, cuenta Valeska Frías, emocionada. Les ha tenido que decir a sus hijos que “él papá se fue de viaje, que está en una misión que solo él puede cumplir, que está haciendo historia para Chile”.

Frente a un Estado que criminaliza y persigue a los usuarios de cannabis, Luis Quintanilla es una de las personas que ha dado paso a un modelo de desarrollo en el país, así lo indica la diputada Ana María Gazmuri: “Somos parte de los que hemos dado la lucha en conjunto (…), el mundo cannábico tiene una organización, frente a un Estado que no ha atendido las necesidades de la población”.