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Foto: Sebastián Beltrán Gaete, Agencia Uno.
Dos ejes fundamentales del Plan Buen Vivir –diseñado al interior del Gobierno para dar respuesta al conflicto del Estado con el pueblo Mapuche–, relativos a la creación de parlamentos con autoridades tanto indígenas como locales y a inversión, fueron trasladados desde el Ministerio del Interior al de Secretaría General de la Presidencia. Este cambio se dio, en parte, debido a una recomendación de Naciones Unidas, con el fin de separar los puntos de seguridad de los de diálogo. De acuerdo a fuentes de Palacio, el objetivo es que esta iniciativa se transforme en “un plan que trascienda a los gobiernos”, al tiempo que aseguraron que el Presidente “tiene un mandato especial” sobre el equipo a cargo, comandado por Víctor Ramos. Según información entregada por la cartera del Interior, desde el inicio del proyecto se han realizado 152 encuentros, desarrollados en 35 comunas de las 4 regiones que abarca la iniciativa.
Este jueves se informó el traspaso administrativo de dos de los ejes del Plan Buen Vivir –diseñado para buscar salida al conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche– que estaban radicados en el Ministerio del Interior, encabezado por Carolina Tohá (PPD), al de Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cartera comandada por Ana Lya Uriarte (PS). Este traslado, explican al interior de La Moneda, se dio en gran parte debido a la recomendación de Naciones Unidas de separar en dos ministerios distintos lo que son los puntos de seguridad, de aquellos que se refieren a diálogos con las comunidades. La ONU –aseguran en Palacio– ha cumplido un rol de interlocutor entre el Gobierno y las comunidades indígenas.
El cambio ocurre a horas de que la ministra Carolina Tohá visite –este viernes y por primera vez– La Araucanía, como representante de la cartera del Interior. Respecto a la misión de la titular de la Segpres, está marcada por una agenda centrada en el diálogo con los distintos actores de la región, para preparar el primer viaje del Presidente Gabriel Boric a la zona. También sucede luego de que el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, visitara la región el viernes pasado.
Se trata de una iniciativa que anunció el 17 de mayo la pasada titular del Interior, Izkia Siches, y que –según lo que informó ese día– consta de cuatro ejes esenciales: restitución de tierras; Ministerio de Asuntos Indígenas; parlamentos que reconozcan a las autoridades indígenas y a los actores del territorio; inversión en mejorar la calidad de vida de las comunidades y habitantes de la regiones de La Araucanía y Biobío, así como de las provincias de Arauco y Biobío; y, por último, un apartado que se refería a la seguridad en estas zonas. En un comienzo los primeros dos puntos se pusieron a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y los restantes, de la cartera de Interior.
El proyecto que estaba hasta este jueves en Interior –que refiere a la creación de parlamentos territoriales e inversión– seguirá comandado por Víctor Ramos, psicólogo, magíster en Políticas Públicas y militante del partido de Gabriel Boric, Convergencia Social. Fuentes de Palacio afirman que con la salida de Siches el programa no se vio amenazado, por ser un “equipo constituido por el Presidente, quien tiene un mandato especial sobre él”, ya que es “parte del diseño del Gobierno”.
De acuerdo a información entregada por el Ministerio del Interior a El Mostrador, para lograr los principales dos objetivos se han realizado 152 encuentros, desarrollados en 35 comunas de las 4 regiones que abarca el Plan Buen Vivir.
Según la respuesta oficial de la Segpres, «el plan continuará su avance en permanente coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública –que mantiene su rol en la estrategia de seguridad, de apoyo a víctimas y desde la agenda de la Subsecretaría de Desarrollo Regional–, y con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que está a cargo de la aceleración del plan de inversiones y restitución de tierras a través de la Conadi».
Detallaron que la iniciativa «busca activar la inversión, acelerar y hacer más eficiente el gasto público, particularmente en las áreas sociales y de infraestructura para cerrar las brechas existentes en la zona de La Araucanía» y que «será incluido formalmente en el Presupuesto de la Nación 2023″, el que será ingresado por el Mandatario este viernes.
Además, explicaron que el traspaso administrativo del Plan Buen Vivir a la Segpres «busca alojar este plan en un ministerio más pertinente en relación a su mandato y misión».
Uno de los títulos dentro del capítulo 2 del programa presentado por el actual Mandatario en segunda vuelta era “Pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente”, donde se consignaba que se proponían, como Estado, “conducir acciones tendientes a reconocer y propiciar los derechos que emanan de la plurinacionalidad, como la creación y fortalecimiento de las instituciones públicas, reconociendo además el derecho que tienen, dentro del marco constitucional, a elegir a sus autoridades y resolver sus asuntos propios, fomentando el buen vivir”.
Fuentes al interior de Palacio aseguran que la idea de cambiar los ejes que dependían del Ministerio del Interior al de la Segpres –a excepción de los referidos a seguridad para La Araucanía y Biobío-, surgió de una recomendación de las Naciones Unidas (ONU), organismo que ha funcionado como interlocutor entre el Gobierno y algunas comunidades. Y esta determinación, cuentan, venía incubándose desde la administración de Siches.
La ONU habría sugerido que era razonable que los ejes de seguridad se radicaran en Interior y que los puntos que se referían a las conversaciones con las comunidades y autoridades locales quedaran a cargo de otro ministerio. Esto, para que no fuera la misma cartera la que, por un lado, llegaba a acuerdos y que debía, por otro, tomar decisiones difíciles respecto de seguridad, como son las prórrogas de los Estados de Excepción en la zona –la última, octava ya, se aprobó en el Congreso el 27 de septiembre–.
Explican que se tomó la decisión de radicarlo en la Segpres por ser una cartera que entiende sobre procesos de diálogo y, de esta forma, dejar a Interior concentrarse en temas de seguridad. Mientras, la restitución de tierras seguirá a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
Al interior de La Moneda refrendaron que los tres ministerios –Interior, Segpres y Desarrollo Social– seguirán articulados en torno al Plan Buen Vivir, pero se repartirán las temáticas que son seguridad, demandas territoriales y desarrollo. La idea, enfatizan, es que esta iniciativa tome fuerza y sea “un plan que trascienda a los gobiernos”, convirtiéndose en una política de Estado que pueda continuar en los próximos gobiernos con una lógica similar.
De acuerdo a información oficial entregada por Interior a El Mostrador, esta secretaría de Estado quedará a cargo de “la estrategia de seguridad, de descentralización y de apoyo a gobiernos locales, donde emergen las figuras de las Delegaciones Presidenciales, Gobernaciones y alcaldes, instituciones que facilitan la ejecución de dichas estrategias”.
Según información del Ministerio del Interior, el proyecto ha tenido participación de Naciones Unidas con un rol de «observador», que “se desarrolla junto a otros actores relevantes como fundaciones y universidades”.
Dieron cuenta de que desde que se informó su implementación, en mayo de 2022, se han realizado –como se señaló anteriormente– 152 encuentros en 35 comunas de las 4 regiones que abarca el Plan Buen Vivir. Y, según los mismos datos, al interior de la Región del Biobío hay 58 comunidades impactadas por el proyecto en seis comunas; en La Araucanía, 403 comunidades en 25 comunas; en Los Ríos, en tanto, 22 comunidades en seis comunas; y en Los Lagos, 10 comunidades en 8 comunas.
El día en que se lanzó el Plan Buen Vivir a la prensa, dentro del eje de restitución de tierras, radicado en el Ministerio de Desarrollo Social –hoy encabezado por el ministro Jackson–, se informó que se duplicaría «el presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para la compra de predios y se mejoran los mecanismos para hacer más ágil la restitución de tierras, una demanda fundamental de los pueblos originarios».
El 22 de septiembre, el director nacional de Conadi, Luis Penchuleo Morales, puntualizó que la entidad ejecutará todo el presupuesto asignado para la compra de tierras a comunidades mapuche vía el artículo 20, letra B. Esto, debido a que en agosto el Gobierno incrementó el presupuesto para la compra de tierras, llegando a $35 mil millones, según cálculos de la Conadi.
Un día después (23 de septiembre), el ministro Jackson arribó a La Araucanía y encabezó su primera entrega de tierras –340 hectáreas– a la comunidad Mapuche Juante Nahuelpán, de Tirúa, junto al director nacional de Conadi.
Además, el secretario de Estado sostuvo reuniones con el gobernador regional, Luciano Rivas; con el delegado presidencial Raúl Allard; con la seremi de Desarrollo Social y Familia en La Araucanía, Mariela Huillipán, y con seremis de los distintos ministerios del Gobierno; asimismo, con alcaldes de las 11 comunas de Malleco.
“El gasto público, que llegará a los $35 mil millones, se encuentra comprometido administrativamente (…), lo que beneficiará a cerca de 15 comunidades mapuche de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos”, aseguraron desde Interior.
Y aclararon los criterios: “Todas las compras de este año 2022 se realizaron de acuerdo a la Ley de Presupuesto, considerando como criterios la antigüedad de la demanda, que los predios no estuvieran perturbados o en situaciones de hechos de violencia y que las comunidades cierren sus demandas territoriales al recibir tierras”.
Esto se suma a que la extitular del Ministerio de Desarrollo Social, Jeanette Vega (PPD) –quien dejó su cargo a causa del registro de la PDI que daba cuenta de la llamada que efectuó una de sus asesoras al líder de la CAM, Héctor Llaitul–, sostuvo, en entrevista el domingo con La Tercera, que en su tiempo a cargo de la señalada cartera lograron «delimitar la cantidad de predios que las empresas forestales estaban disponibles para vender, que era una cantidad importante de hectáreas».
