PAÍS
Cerca de tres años han transcurrido desde el incendio en la bodega de Kayser en la comuna de Renca –en el contexto del estallido social–, el que, una vez sofocado por bomberos, dejó al descubierto los cadáveres de cinco personas en su interior. Por entonces se instaló una tesis que es rechazada por los familiares de las víctimas: que las personas fallecieron intoxicadas por el humo en momentos en que participaban de un saqueo y que, de manera contraintuitiva, permanecieron en el lugar pese a las llamas. Las dudas de los familiares encuentran soporte en un informe antropológico forense que acusa inconsistencias técnicas en los peritajes elaborados por el Servicio Médico Legal. Pero pasan los meses y los años, y las familias sostienen que hasta aquí el fiscal Centro Norte, José Morales, ha mostrado indiferencia. Mientras tanto, la Cámara de Diputadas y Diputados se apresta a activar el trabajo de una comisión investigadora que indague sobre la actuación de los organismos auxiliares de justicia y que debería comenzar sus sesiones en un par de semanas.
A días de conmemorar el tercer año del estallido social, permanecen sin esclarecerse los acontecimientos que tuvieron lugar en la bodega de la empresa textil Kayser, en la comuna de Renca, donde cinco personas –señaladas por Carabineros como presuntas saqueadoras– terminaron muertas en extrañas circunstancias, en lo que podría calificarse como uno de los grandes enigmas de ese momento histórico que puso en jaque a la democracia y sobre el cual aún no se termina de entender el alcance de sus efectos.
El caso Kayser suele pasar más tiempo cubierto por la bruma. A ratos emergen informaciones que dan cuenta de aquellas cinco personas, cuyos restos humeantes todo Chile pudo ver a través de un video captado por un efectivo de Carabineros, poco después de que las llamas fueran extinguidas por Bomberos. “Incluso les salía humo. O sea, por lo que me cuentan todos, porque yo me niego a ver una cosa tan espantosa”, dice María Román, la esposa de Manuel Muga, de 59 años, la víctima de mayor edad de todas las que perecieron, en teoría, producto de la inhalación de dióxido de carbono.
El caso de Manuel Muga es un rompecabezas con algunas piezas. Su viuda cuenta que alrededor de las 15:00 horas del domingo 20 de octubre, su marido salió de casa en busca de una torta que servirían en la celebración de un cumpleaños de su yerno. Lo vio alejarse de casa con la acostumbrada dificultad al caminar, ya que “él sufría de artritis y artrosis, además que era hipertenso y diabético dependiente de insulina”, recuerda su esposa, con quien había contraído nupcias recientemente, después de 30 años de relación.
La realidad de aquella jornada provocó su inquietud cuando se percató de la tardanza, una inquietud que luego trocó en angustia, conforme pasaban las horas y le llegaban noticias de diversos hechos de violencia en los alrededores. Pasaron los días y nada se sabía de su marido, del que solo volvió a tener noticias casi una semana después, “cuando me dicen que apareció en una bodega de Kayser, que está al otro lado de la comuna de Renca».
«No lo puedo entender. ¿Cómo llegó hasta allá si tenía problemas para desplazarse? ¿Para hacer qué, si él era una persona que jamás le robó un peso a nadie, que nunca fue a protestas ni a nada de eso? Al final fuimos con mi hijo al Servicio Médico Legal, se hizo un examen de ADN y total que confirmamos que el cuerpo era de mi marido”, recuerda María Román, quien dice encontrarse en un estado de permanente confusión y angustia, tan propio de esa incertidumbre que se extiende ya no por días, sino por meses, debido a la falta de avances del Ministerio Público, investigación cuya responsabilidad recae en el fiscal de la causa, José Morales.
La herida –dicen– se torna más lacerante cuando se refieren a sus familiares como delincuentes, un calificativo de lo más oprobioso, considerando que fueron los mismos efectivos policiales los que grabaron el video que aún da vueltas por la red, registro en el que se les puede escuchar señalando a las víctimas como saqueadores que fueron incluso capaces de ir a contrapelo de su instinto de supervivencia, algo que fue motivo de escarnio público a través de las redes sociales. “Mi hijo trabajaba desde los 17 años. Me duele tanto que hayan dicho que era ladrón. Era una persona de 38 años que salió de la casa diciéndole a la abuela que volvería altiro. De hecho, dejó su celular”, sostiene Alejandra Ponce, madre de Andrés Ponce. “Le pregunté a Carabineros, a la PDI, recorrí todas las postas y al final terminé en el Servicio Médico Legal, que es donde lo encontré a los días. No tengo claro cuántos días después, porque perdí la noción del tiempo. Ni siquiera sé cuándo lo enterré”, añade.
María Román acusa desidia, a ratos con negligencia, casi siempre indolencia de parte de los encargados no solo de investigar los delitos sino también de acoger a la víctimas. “Porque en el fondo está eso, ¿no? En el fondo nadie hace nada porque somos personas pobres. Y pasa y pasa el tiempo y no veo interés del señor fiscal (José Morales) por llegar a la verdad. Parece que no somos prioridad para él, porque llevamos más de un año pidiendo diligencias y nada se mueve, y nosotros nos sentimos pésimo por eso. La abogada (Alejandra Arriaza) le pidió al fiscal que pidiera un informe a la PDI por esto de las dudas que hay sobre las heridas y la forma en que reunieron evidencia, y todavía no pasa nada”, sostiene.
Hasta ahora, la tesis instalada es que las cinco personas fallecieron por haber inhalado humo tóxico de un incendio que se propagó por el recinto mientras era saqueado. En suma, los fallecidos serían saqueadores aturdidos por el humo y calcinados por las llamas que se desataron al fragor de los desmanes. Sin embargo, una decena de envases –entre botellas y bidones– fueron hallados al interior del recinto. Todos presentaban orificios y lucían aplastados, probablemente para apurar el vaciamiento del contenido.
Un informe del Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (ECHAF), entregado el 6 de enero de 2020 a Fiscalía Metropolitana Centro Norte, da cuenta de múltiples irregularidades procedimentales e incumplimiento de protocolos, así como la probable existencia de lesiones premortem y perimortem (es decir, antes y durante el deceso de las cinco víctimas fatales) e inconsistencias relativas a las posturas de los cuerpos. La autopsia de Andrés Ponce determinó la presencia de un hematoma subdural (en simple, una lesión sangrante dentro del cráneo), lo que según el SML respondería a un efecto postmortem producido por el calor, lo que es derechamente desafiado por los antropólogos de ECHAF. “Se espera al menos una aclaración de cómo se forman hematomas subdurales por calor”, reza el documento, toda vez que ese tipo de lesión solo podría ser provocada por un golpe o trauma violento, en ningún caso por calor.
En el caso de Manuel Muga, el informe metapericial detalla observaciones a la carbonización parcial observada en la novena y décima costilla del lado derecho y en novena y duodécima del costado izquierdo. ECHAF cuestiona que la autopsia del SML refiera a que “existen antecedentes de que víctimas de incendio no solo se ven afectadas por acción del fuego”, lo que da cuenta entonces de una eventual alteración.
En el caso de Luis Antonio Salas, se encuentra el mismo hematoma subdural que se observó en Andrés Ponce. ECHAF menciona un estudio histológico realizado en fracturas costales en el tórax, una fractura y una herida de bala en el pie compatible con un calibre 22, lo que no fue incorporado en la “Ampliación de Informe de Autopsia” del cadáver, omitiendo así una explicación para ambas fracturas. ECHAF además da cuenta de una contradicción: la autopsia del SML sostiene que la bala no luce deformación, mientras que las pericias del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) indican lo contrario.
En el caso de Julián Pérez, el informe resalta que todas las extremidades del fallecido se encontraban flectadas, excepto una, pues “el hecho de que sólo una extremidad haya quedado extendida permite a lo menos desarrollar una hipótesis de que todo el cuerpo no fue sometido a una misma intensidad y/o fuente de calor, pues no hay una reacción cadavérica uniforme. Al no contar con la información suficiente del proceso de levantamiento de los cadáveres no es posible observar la presencia o no de algún elemento forzando dicha posición, o si el cuerpo se encontraba atrapado. Nuevamente se hace imperioso el acceso a los informes periciales del sitio del suceso”.
Respecto a la víctima más joven, Yoshua Osorio (17), el informe se detiene en los tres orificios en el tórax, específicamente en las costillas, y en las “fracturas conminutas de cráneo asociadas a hematoma epidural”, lo que levantó sospechas en los profesionales de ECHAF. “Debemos recalcar que la descripción hecha a estos orificios como solución de continuidad, con fracturas conminutas y astillamiento y pérdidas de segmentos en costilla, son similares a las descripciones de un evento lesivo de energía contundente y a paso de proyectil de arma de fuego respectivamente”, sostiene el documento, que hace severos cuestionamientos al incumplimiento del Protocolo de Minnesota para el tratamiento de muertes en contexto de posible violación a los derechos humanos, como desarrollar autopsias sin identificar primero los cuerpos, la inexistencia de un representante de los familiares de víctimas en la sala de autopsias, el hecho de que solo dos autopsias contuvieran bibliografía y protocolos utilizados y que solamente dos sumaran análisis complementarios de uso de acelerantes en los cuerpos y la inexistencia de un bosquejo o croquis sobre la ubicación de los cuerpos y su posterior levantamiento, así como la inexistencia de material fotográfico con características periciales.
Ni hablar de los procedimientos adoptados por Bomberos, el procedimiento policial para aislar el sitio del suceso, etc. De esta manera, se torna complejo arribar a la verdad, una que para los familiares parece un tanto menos lejana gracias a sus esfuerzos personales. “Encontramos restos de su ropa y sus llaves en otra parte de donde se supone que murió mi marido”, sostiene María Román.
Alberto Rodríguez, vocero de la asociación de familiares de víctimas del Montaje de Rinconada de Maipú (otro de los hechos que tienen en la cárcel de Punta Peuco al exbrigadier de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko), sostiene que la investigación en el sitio del suceso se extendió por alrededor de cinco horas, “entre las 22:00 del domingo 20 de octubre hasta las 03:00 del lunes 21 se desarrollaron todas las pericias. Luego Carabineros se retiró del lugar sin clausurarlo, sin aislar la zona, nadie perició el lugar… que siguieran apareciendo prendas o efectos personales de las víctimas habla mal de ese trabajo, lamentablemente”, sostiene Rodríguez.
“No vamos a hablar de una investigación judicial en forma porque nada de eso ha ocurrido”, agrega el activista por la defensa de los derechos humanos, quien da cuenta de una coincidencia que acabó siendo poco feliz para los familiares de las víctimas, quien se muestra particularmente crítico con la labor del Fiscal Regional Centro Norte, José Morales.
“Esa noche del 20 de octubre estuvo presente el también Fiscal Regional Centro Norte Xavier Armendáriz, quien apareció como bombero, pero se puso a decretar diligencias que tendieron a oscurecer que aclarar. Cuando bomberos llega al lugar, testigos nos dicen que Carabineros no querían dejarlos entrar en circunstancias que hay testigos que sostienen que se escuchaban gritos al interior del recinto. Otra cosa es la disposición rígida de cuerpos que aparecían estirados y no es posición fetal, y eso no se condice con personas fallecidas por inhalación de dióxido de carbono. Las familias quieren y merecen saber la verdad. Que no pase como en el caso de nuestros familiares, que pasamos más de 40 años buscándola”, apunta Rodríguez. Según este, el informe de ECHAF es al menos desafiante, al menos atendible y, dada la gravedad de lo sucedido –afirma–, debería ser uno de los casos prioritarios para el Ministerio Público. «Lamentablemente no ha sido el caso hasta ahora», se lamenta el dirigente social.
Rodríguez recuerda que el “proceso cambió de mano, pues pasó de Carabineros a la PDI, se le ha pedido la declaración a más de 400 personas. Hay una cantidad de 9 y 12 cámaras al interior de Kayser que no han sido periciadas. A tres años de estos sucesos vemos un estado de displicencia absoluta con estas familias humildes de un sector periférico de Santiago”.
¿Qué hay de cierto que la Fiscalía ha actuado con displicencia en la materia? ¿Tan poco prolija fue la labor pericial? ¿Qué se dice en las instituciones del Estado sobre el informe de ECHAF? Tantas son las preguntas como tantas las dudas que sobreviven al requerimiento hecho por El Mostrador a dos instituciones claves en este caso: el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal (SML).
La Fiscalía informa –a través de una respuesta escrita– que el incendio de Kayser es una causa que “está abierta y vigente desde el día en que ocurrió el siniestro y el fallecimiento de las víctimas. La Fiscalía ha desarrollado una extensa investigación en la que ha instruido las diligencias investigativas a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI”, y que, en consecuencia, están a la espera de contar con ese documento para proceder con nuevas diligencias. “Respecto de eventuales formalizados, es algo que se analizará con el informe final que entregará la PDI y las actuaciones posteriores que de él emanen. No podemos adelantar diligencias que pueden entorpecer el curso de esta investigación”, informa la Fiscalía Regional Centro Norte, que desmiente así a familiares de víctimas que acusan un abandono total de la causa. “La Fiscalía además ha desarrollado diligencias solicitadas por los querellantes y seguirá realizando la investigación de acuerdo al mérito de los antecedentes”, informa también el Ministerio Público.
Sin embargo, la abogada de las víctimas, Alejandra Arriaza, sostiene que, por ahora, y en lo que respecta a los hechos, hay un retraso importante, toda vez que “se acogieron las diligencias solicitadas por nosotros el año pasado, sin embargo, aún no llega el informe de la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI”.
De acuerdo a los antecedentes recogidos, la institución policial ya estaría en condiciones de evacuar ese informe que resultará clave en el desarrollo de la causa. “Hablé recién con el inspector a cargo, Iván Hernández, y me aseguró que ya están terminando y revisando ese informe para enviar orden diligenciada a más tardar la próxima semana (esta semana)”. La tardanza en el despacho del informe se explicaría por el gran volumen de información que contiene y el atochamiento derivado de la pandemia, cosa que la PDI declinó confirmar.
“Se ha dilatado mucho la realización de diligencias”, puntualiza la abogada Arriaza, quien cree que el fiscal a cargo, José Morales, no ha sido todo lo activo que ellos hubieran querido, pues “en el inicio de esta causa no se realizaron aquellas diligencias que nos parecían indispensables, como cerrar el sitio del suceso, fijar y levantar evidencias, entre otras. Dicen que están sobrepasados, ya que tienen muchas causas tanto de violaciones a los derechos humanos durante el estallido y también de la dictadura”, detalla Arriaza, para quien resulta clave acelerar el tranco, pues “el Estado en su conjunto debe cumplir el deber de esclarecer las circunstancias en que murieron cinco personas durante el Estado de Excepción Constitucional, sancionar a los responsables y reparar integralmente a los familiares”.
Respecto de las críticas a los informes de autopsia elevados por el Servicio Médico Legal, esta institución sostiene, también a través de respuestas escritas, que sus profesionales proceden según las instrucciones de Fiscalía y que las discordancias obedecen a simples diferencias técnicas de apreciación entre profesionales.
“Fiscalía solicitó la realización de peritajes para determinar la existencia y data de posibles lesiones balísticas, las que fueron entregadas en tiempo y forma al ente investigador. Sobre las diferentes apreciaciones relativas, como por ejemplo la posición del cuerpo de las víctimas (valoradas en el sitio del suceso y en la sala de autopsias), las entendemos como diferencias de interpretación que se pueden generar en la apreciación por parte de distintos profesionales. A este respecto, el SML, como organismo auxiliar de la justicia, siempre se encuentra a disposición para la realización de nuevas pericias según disponga la Fiscalía correspondiente, y a la participación en las mismas de peritos externos a la institución”, reza el comunicado.
“Es atribución del Fiscal que investiga la causa la ponderación de los informes periciales que recibe según haya instruido, considerando los antecedentes que aportan también otras instancias investigativas”, aclara el documento proporcionado por el SML.
Asimismo, y respecto a los cuestionamientos técnicos, el SML sostiene que “los peritajes se realizaron con especial atención, oportunidad y rigurosidad científica. Los profesionales del SML realizan cada uno de sus peritajes con el mismo nivel de diligencia y profesionalismo”, y si bien empatizan con la congoja que embarga a los familiares de las víctimas y comprenden la irritación que pudieran sentir, el SML recuerda que “realiza cerca de 12 mil autopsias al año, y cada una de ellas se realiza con respeto irrestricto a la dignidad de las víctimas y sus familiares, sin realizar distinción alguna por sexo, identidad de género, nacionalidad, creencias religiosas, situación socioeconómica u otra característica; lo que garantiza a la ciudadanía la calidad, confiabilidad, oportunidad, imparcialidad de sus peritajes y el correspondiente trato digno que merece cada uno de los usuarios y deudos que realicen trámites de retiro de sus seres queridos”.
En tanto, el diputado Andrés Giordano destaca que al menos ya se ha conformado una comisión investigadora para analizar el trabajo realizado por las distintas instituciones que han intervenido en el caso. “Lo concreto es que la comisión ya fue aprobada con 70 votos a favor, con solo 15 abstenciones y un voto en contra, del RN Frank Sauerbaum, por lo que el trabajo investigativo se iniciaría a fin de mes o inicios de noviembre”, indica el parlamentario.
“La justicia debe dejar de ser un privilegio para los que tienen plata y poder. Aquí tenemos familias trabajadoras que no han sido escuchadas por las instituciones del Estado. De hecho, a nosotros mismos nos ha costado tener respuesta, al punto que le presentamos un oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y no ha sido respondido, y estas familias llevan años esperando”, afirma el diputado independiente de Apruebo Dignidad, cupo Revolución Democrática. Por cierto: consultados por esta materia, en el INDH no respondieron a nuestros requerimientos.
Para el diputado Giordano, “este es el primer paso para una reparación. Un primer paso para sanar las heridas por las muertes de estas personas. Ojalá podamos avanzar porque hasta ahora parece que las instituciones han discriminado a estas personas por su origen social y eso es algo que no nos podemos permitir”.
Sin embargo, los familiares de las víctimas aseguran que están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias, no descartando incluso acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Mientras tenga vida y salud voy a hacer todo lo posible para llegar a la verdad. No puedo hacer otra cosa cuando pienso en mi hijo, una persona decente que trabajaba desde los 17 años. Nunca bajaré los brazos porque tampoco puedo vivir en esta incertidumbre. Necesito saber… necesitamos saber una verdad científica. Todos necesitamos saber”, manifiesta Alejandra Ponce, madre de Andrés Ponce.
