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Crédito: Agencia Uno
El Ministerio Público decidió remover a los fiscales María Izurieta Fornazzari y Andrés Iturra Herrera, hija y yerno del excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta, respectivamente. El militar en retiro fue procesado por malversación de caudales públicos.
Una resolución del fiscal regional Metropolitano Oriente (s), Felipe Sepúlveda, removió a los fiscales María Izurieta Fornazzari y Andrés Iturra Herrera, hija y yerno del excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta -procesado por malversación de caudales públicos-, respectivamente. La remoción se da porque ambos ayudaron al militar en retiro a desprenderse de una serie de inmuebles, mientras era investigado por el caso de fraude en el Ejército, más conocido como Milicogate.
La ministra en visita Romy Rutherford, en el marco de la investigación contra Izurieta, descubrió que los dos fiscales participaron de un procedimiento en la justicia civil, a través del cual el excomandante en jefe del Ejército se desprendió de cuatro inmuebles que adquirió durante su carrera. Ello impidió que fueran embargados.
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De acuerdo a La Tercera, el sumariante Miguel Ángel Orellana acreditó graves faltas a la probidad por parte de Izurieta e Iturra. Ello fue ratificado por el fiscal Felipe Sepúlveda, en reemplazo de la titular de la Fiscalía Regional Oriente, Lorena Parra, quien se inhabilitó por su amistad con ambos.
Izurieta e Iturra pueden apelar a la sanción ante la Fiscalía Nacional.
La hija y el yerno del excomandante en jefe del Ejército también enfrentan una investigación penal de oficio -ordenada por el exfiscal nacional Jorge Abbott– por el presunto delito de lavado de activos.
“Del análisis de los hechos acreditados durante esta investigación se desprende que las acciones fueron realizadas por María Constanza Izurieta Fornazzari y Andrés Iturra Herrera, privilegiando sus intereses particulares, familiares y personales por sobre la debida atención al grave riesgo que sus conductas implicaban para la eficacia del sistema de justicia criminal en relación al cumplimiento de las resoluciones judiciales», señala la resolución.
“Sin perjuicio de la particular gravedad de las conductas ejecutadas por los inculpados hay que considerar además otro pernicioso efecto del que nos advierte el investigador, cual es que la profusa difusión en los medios de prensa de los hechos indagados lesionó de forma severa la imagen institucional», continúa el texto de 19 páginas.
«Estos actos privados de los investigados han sido utilizados para desvalorar a la institución en su conjunto, generándose una injustificada sensación de corrupción generalizada al interior del Ministerio Público”, se lee en otro extracto de la resolución», agrega el documento.
