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Un acuerdo administrativo firmado el pasado 10 de marzo entre los partidos de Gobierno, la DC, el PDG e independientes, estableció lo que, al menos hasta hace algunas semanas, era indiscutible, y que decía relación con la instalación de seis periodos legislativos, de ocho meses cada uno, y que diseñaba además la jefatura de las diferentes comisiones que funcionan en la Corporación. Ahora, frente a la real amenaza de que el PDG –debido a la incomodidad que genera el nombre de Cariola– rompa con su compromiso, que responde a un acuerdo alcanzado en otro contexto político, parlamentarios advierten que se trata de una situación particularmente compleja. Esto, entendiendo que si se desahucia este bullado pacto, se borra el diseño administrativo de todas las comisiones, generando una situación de ingobernabilidad en la Cámara. Además, en La Moneda observan con preocupación que, ante la posibilidad de que Chile Vamos o el PDG consigan los votos necesarios, la derecha podría tener en 2023 la presidencia de las dos Cámaras del Congreso Nacional –entendiendo que en marzo próximo Juan Antonio Coloma (UDI) asume a la cabeza del Senado–. Esto, advierten, podría poner en riesgo el futuro de su alicaída agenda legislativa.
El próximo lunes 7 de noviembre, en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se podría zanjar el dilema que ha acaparado las conversaciones de pasillo entre parlamentarios y que dice relación con el posible arribo de Karol Cariola (PC) a la presidencia de la Corporación, según quedó establecido en un acuerdo pactado en marzo pasado por las bancadas del oficialismo, DC, PDG e independientes.
El llamado «acuerdo de gobernabilidad» firmado hace siete meses –un día antes de la ceremonia de instalación de los nuevos legisladores para el período comprendido entre 2022 y 2026– impulsó el nombramiento de seis mesas directivas, con periodos de ocho meses para cada una, encabezadas por diputadas y diputados de las diferentes bancadas que fueron parte de la negociación. Al lograr ser mayoría, quedaron excluidos sectores de derecha como Chile Vamos y el Partido Republicano.
Uno de las artífices de ese diálogo desarrollado en marzo pasado, detalla que tanto el oficialismo como la oposición ofrecieron sus respectivas propuestas de acuerdo administrativo al Partido de la Gente (PDG), en ese entonces una fuerza política emergente que aprovechó el impulso de la candidatura presidencial de su líder y fundador, el economista Franco Parisi. Entendiendo que sus nueve votos resultaban atractivos, tanto para la derecha como para las coaliciones de gobierno, el PDG se dejó querer y delegó esas conversaciones a una mesa negociadora, que finalmente consideró más atractiva a la propuesta oficialista, que le ofreció incluso la presidencia de una comisión –rol que actualmente ejerce la diputada Yovana Ahumada en la Comisión de Minería y Energía–.
De esta manera, las condiciones ameritaban que el acuerdo se cumpliera, esperando que la Sala aceptara la renuncia de la actual mesa presidida por Raúl Soto (PPD), dejando en su lugar a la actual presidenta de la Comisión de Constitución, Karol Cariola, quien además ejerció como vocera del comando oficial del Apruebo en la fallida campaña previa al plebiscito constitucional de salida. Ambos roles, particularmente su papel en el fracaso del proyecto de ley de retiro de fondos de las AFP, y además de su lugar en la primera línea de Aprueba x Chile, son los argumentos esgrimidos por la derecha para evitar la concreción de dicho acuerdo. Razones que fueron escuchadas por un sector mayoritario del PDG, que estaría dispuesto a romper con el pacto suscrito al comienzo del periodo legislativo, para poner la rúbrica en un hipotético nuevo acuerdo con Chile Vamos.
Desde el oficialismo advierten que sería una jugada arriesgada para un partido como el PDG, que precisamente busca entregar señales de diferenciación respecto a la política tradicional. Además, admiten en las bancadas de Apruebo Dignidad que la ruptura de este acuerdo sería un «hecho grave», provocando un «daño irreparable a la gobernabilidad de la Cámara». Esto, entendiendo que el pacto firmado en marzo no solo involucraba a la mesa de la Corporación, sino a todas las comisiones con sus respectivas presidencias, durante cada uno de los seis periodos de ocho meses.
Al interior de las bancadas parlamentarias que defienden el cumplimiento de este tratado, puntualizan que desde un comienzo se explicitó que era un acuerdo puramente administrativo, que determinaba el diseño y composición de la mesa y de la presidencia de las 27 comisiones legislativas. Según detallan desde el oficialismo, si el acuerdo se cae, sucumbe con él todo el diseño de conformación de las comisiones, generando una situación «caótica», que podría repercutir en el ya complejo escenario de tramitación de los proyectos de ley procedentes de La Moneda.
Al respecto, el jefe de la bancada de diputadas y diputados del PC, Boris Barrera, cree que más allá de las especulaciones sobre un posible nuevo pacto cocinado entre la derecha, el PDG y algunos parlamentarios independientes, según sus cálculos a dicho sector todavía le restaría conseguir más de 10 votos, mientras que al oficialismo solo le resta convencer a uno o dos diputados para conseguir que el acuerdo de gobernabilidad se respete.
Sobre este escenario, Barrera aseguró que «la derecha hoy está lejos en los votos, y está engañando a quienes les dice que les va a asegurar comisiones, donde no tiene las mayorías necesarias. Es un engaño, y creo que lo que se busca es instalar un clima de inseguridad para que estos grupos indecisos se replieguen a la oposición (…). Lo único que le puede ofrecer la derecha al PDG, en un eventual nuevo acuerdo, son presidencias en comisiones que no son relevantes, pero en las comisiones que nosotros consideramos relevantes –Hacienda, Trabajo Educación, Constitución, Mujeres y Equidad de Género– y que fueron parte del acuerdo, nadie nos va a quitar la presidencia”.
Las negociaciones al interior del Congreso Nacional han sido intensas durante las últimas semanas. Es que desde el Gobierno se ha instruido a los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático a acelerar el ritmo del diálogo con las bancadas que integraron el acuerdo firmado el pasado 10 de marzo, sobre todo con el PDG y la DC, ambas colectividades que no pertenecen a las coaliciones oficialistas y que podrían ser eventualmente seducidas por la derecha, que asume a esta como una oportunidad única, entendiendo que la caída del acuerdo de gobernabilidad les permitiría liderar ambas Cámaras. Esto, al considerar que en marzo de 2023 Álvaro Elizalde (PS) deberá entregar su cargo en la presidencia del Senado a Juan Antonio Coloma (UDI).
Según creen al interior del oficialismo, frente a la posibilidad de conducir administrativamente ambos órganos del Congreso Nacional, la derecha ha procurado desplegar un diseño táctico basado en generar argumentos políticos en contra de la figura de Cariola, pero que en el fondo desnudaría una estrategia que va más allá del nombre de la diputada comunista y que dice relación con que, ante el eventual escenario de que Chile Vamos o el PDG se queden con la testera de la Cámara, en 2023, el Presidente Gabriel Boric podría perder el control de la agenda legislativa en ambas corporaciones.
Desde la derecha, si bien reconocen que la postura dubitativa del Partido de la Gente en torno a respetar o no el bullado acuerdo administrativo los instala en un escenario de influencia que jamás imaginaron antes del triunfo del Rechazo el pasado 4 de septiembre, desconocen públicamente la existencia de dichas conversaciones con los diputados y diputadas que integraron el pacto, y que estarían dispuestos a faltar al compromiso de sus partidos.
Pero la verdad es que en los pasillos de la Cámara Baja este es un secreto a voces, y en los próximos días las negociaciones se intensificarán, desde un lado y otro. Mientras Chile Vamos intentará atraer la mayor cantidad de votos posibles, los partidos de Gobierno continuarán generando reuniones bilaterales con parlamentarios, entendiendo que hasta ahora se han reunido con todos los diputados que fueron parte del acuerdo de marzo, a excepción de Pamela Jiles y René Alinco, debido a que ya han manifestado su postura contraria a que Karol Cariola asuma la presidencia de la Corporación.
Precisamente desde la oposición, el jefe de la bancada de diputadas y diputados de la UDI, Jorge Alessandri, detalló que “Chile Vamos no es mayoría en la Cámara de Diputados, por lo tanto, tiene que hacer alianzas para llegar a esa mayoría. Hoy día existe un pacto administrativo y político, que no se ha roto formalmente, donde sí han existido conversaciones, pero se debe entender que deben propiciarse dos instancias distintas: primero, a fines de octubre, donde se aceptará o no la renuncia de la actual mesa (Soto, Mix y Sepúlveda) y, posteriormente, el próximo 7 de noviembre –si es que se acepta esa renuncia–, en que se vote la nueva mesa. Hasta ahora, la información formal dice que el pacto administrativo de las fuerzas de izquierda continúa”, complementó.
Por su parte, el diputado oficialista y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, dijo que la oposición tiene el derecho a presentar sus candidaturas y tratar de ganarse legítimamente la presidencia de la mesa, pero lo que a su juicio es inadmisible es que algunos partidos estén dispuestos a romper un acuerdo pactado, con fines políticos de la derecha. “Cuando a alguien le crecen los dientes y le sobreviene la ambición de poder tener un cargo que no estaba contemplado, siempre va a tener argumentos a la mano, y en este caso los argumentos esgrimidos contra Karol Cariola, por su rol en el comando del Apruebo o en la Comisión de Constitución, corresponden a vetos inaceptables”, apuntó el parlamentario.
Finalmente, la decisión se tomará en las próximas semanas, y lo cierto es que la polémica se involucra con algo que va mucho más allá del nombre de la diputada Cariola, y que es el riesgo de que el Gobierno pierda un sitial que será de vital importancia para llevar adelante su alicaída agenda legislativa. De hecho, desde La Moneda así lo entienden, y es por eso es que han convocado a sus bancadas a intensificar las conversaciones, para evitar que la derecha consiga atraer los votos necesarios para crear un nuevo acuerdo que deje a la presidencia de la Cámara en sus manos, provocando con ello una caótica situación en la gobernabilidad de la Corporación. Se trata, por tanto, de una discusión decisiva y que dice relación con el debilitamiento del oficialismo y el empoderamiento de la oposición, que enarbola la bandera del triunfo del Rechazo y que busca seguir obteniendo posiciones de poder.
