A recordar que la Operación Colombo fue un operativo llevado a cabo por la DINA para encubrir las desapariciones y asesinatos de 119 personas que eran contrarias a la dictadura de Augusto Pinochet.
En un fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en donde condenó a 30 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el caso de la Operación Colombo.
A recordar que la Operación Colombo fue un operativo llevado a cabo por la DINA para encubrir las desapariciones y asesinatos de 119 personas que eran contrarias a la dictadura de Augusto Pinochet.
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La versión del régimen que circuló indicaba que las 119 personas habrían fallecido en el extranjero tras enfrentamientos entre los partidos políticos en que pertenecían. En el operativo se contó la participación de medios de comunicación, quienes levantaron el montaje.
Después se comprobó que los militantes que fallecieron en la operación fueron apresados por la DINA entre abril de 1974 y febrero de 1975.
El fallo condena a 15 años y un día de presidio, por su calidad de autor de los delitos a: César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann.
Los 26 agentes que fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio son: Gerardo Ernesto Godoy García, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Hermon Helec Alfaro Mundaca, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Olegario Enrique González Moreno, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Araneda Araneda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Leonidas Emiliano Méndez Moreno y Hernán Patricio Valenzuela Salas.,
Mientras que, en el aspecto civil, se obliga al fisco a pagar una indemnización total de 540 millones de pesos a los familiares de las víctimas por concepto de daño moral.