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Foto: Camilo Alfaro, Agencia Uno.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a temas de seguridad e inmigración irregular en Tarapacá. Dos aspectos que –según analistas– son los nuevos focos del Gobierno de Gabriel Boric. De hecho, el plan que tienen en mente se divide en dos campos: expulsión para los que delinquen y regularización extraordinaria para los que «quieren trabajar». Esto se ha deslizado en el último tiempo. En tal sentido, ante la consulta sobre cómo enfrentará la situación de migrantes que no han podido regularizarse, el Mandatario contestó que es algo que están «estudiando, tiene que haber una resolución durante este semestre”. Una de las medidas anunciadas en la gira presidencial, el empadronamiento de migrantes irregulares, se pondrá en marcha durante los próximos meses. Ya se autorizaron $2.600 millones para dicha iniciativa, la que –de acuerdo con expertos en migración– enfrentará grandes problemas técnicos. Al respecto, explican que será difícil la participación de los extranjeros por temor a las deportaciones.
En medio del incremento de migrantes irregulares en el norte, el Presidente Gabriel Boric hizo acto de presencia en la región para realizar distintos anuncios, como intervenciones policiales para la seguridad en territorios, migración y una priorización de delitos por parte del Consejo Asesor Regional contra el Crimen Organizado. Nada concreto, como esperaban los alcaldes de la zona. Pero, entre tantas entrevistas, el Mandatario deslizó otra idea: la de regularizar extraordinariamente la situación de los migrantes que vienen al país a trabajar y no a delinquir.
“En Chile ha habido cuatro procesos extraordinarios de regularización. Uno en 2007, otro en 2011, otro en 2017 y otro en 2020. Nosotros, con la nueva Dirección de Extranjería, estamos estudiando, y tiene que haber una resolución durante este semestre, si es atingente poder hacerlo”, respondió el Presidente Gabriel Boric a la pregunta de cómo enfrentar la situación de los migrantes que entraron por pasos fronterizos no habilitados, que ya están en las ciudades y no han podido regularizarse.
Lo dijo en la Radio Sol el viernes 14 de octubre, durante su gira por la Región de Antofagasta la semana pasada. “Lo queremos hacer de manera territorial. En ciertas regiones hay emprendedores que nos piden que ayudemos a la regularización de quienes quieren trabajar», agregó.
Los dichos del Presidente en el norte dejaron distintas lecturas. El cientista político Mauricio Morales explica que hizo un giro, dando especial énfasis a asuntos urgentes como delincuencia y migración, y describe que probablemente avance a una regularización extraordinaria, pero con “mano dura” contra los extranjeros que cometen delitos. Mientras, el Gobierno planea poner en marcha –dentro de los próximos meses– un empadronamiento de migrantes irregulares.
El Ejecutivo envió, durante el viaje del Mandatario a Antofagasta, un proyecto para hacer más expedita la expulsión de migrantes condenados por Ley de Drogas, y otra iniciativa que agrega alternativas para la notificación de procesos administrativos de expulsión, con el fin de hacerlos más rápidos. Por ejemplo, se podría notificar vía correo electrónico.
Además, estando allí, el Jefe de Estado instruyó al subsecretario del Interior para que procediera, mediante el artículo 132 de Migración, a la expulsión de las personas extranjeras que agredieron a carabineros en Puerto Montt. “Aquí hay que dar señales muy claras, muy firmes. La seguridad es tema prioritario en la Región de Antofagasta”, subrayó.
Un día antes, el jueves 13 de octubre, pronunció la célebre frase: “A quienes estén en situación irregular, o se regularizan o se van; y a quienes hayan cometido delitos, derechamente se tienen que ir».
Inicialmente se concluyó un cambio de política hacia una más dura desde la Presidencia. De hecho, entre el 15 y 16 de octubre de 2022, cuando se realizó el 7° Encuentro nacional de la Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, una de sus voceras, Lorena Zambrano, aseguró que rechazaban «tajantemente» las declaraciones del Presidente. Consideró que profundizaban “la criminalización de la migración y de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana”.
Agregó que “reiteramos la necesidad urgente de la implementación de mecanismos que permitan la regularización migratoria, con requisitos claros y accesibles, pues las autoridades saben muy bien que hoy estos mecanismos son inexistentes”.
A raíz de que la actual Ley 21.325, de Migración y Extranjería, promulgada en abril de 2021, no se permite que migrantes que hayan ingresado por pasos no habilitados tramiten visas para establecerse en el país, ya que establece esta acción como causal de expulsión. En el artículo 155, consigna que solo pueden regularizarse a través de mecanismos que disponga la Subsecretaría del Interior. En la práctica, significa que deben salir del país.
A lo anterior se suman restricciones especiales que tienen impuestas para poder entrar al país Venezuela –desde 2019–, Haití, Nicaragua y Cuba.
Con el paso de los días, hay quienes creen que la frase “o se regularizan o se van” esconde la intención de reemplazar una política única de migración por otra de dos caras. Una ruda con los criminales –el Mandatario indicó, en la señalada entrevista radial, que “vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia”–, que permita avanzar en otra respetuosa con los derechos humanos para quienes estén dispuestos a regularizarse.
Parlamentarios del oficialismo aseguran que el tono del Presidente cambió y que puso especial énfasis en la expulsión de los extranjeros que delinquen, sin embargo, admiten que fue parte de la conversación el punto de que se está analizando la posibilidad de una migración extraordinaria. Incluso, explican que algunos vieron el empadronamiento biométrico —medida que el Primer Mandatario anunció en su visita– como el primer paso para una regularización extraordinaria.
El jueves 20 de octubre, en su discurso en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa –donde expuso sobre seguridad y economía–, el Presidente hizo una distinción: “Que no se confunda migración con delincuencia. La gran mayoría de quienes vienen a Chile buscando nuevas oportunidades son gente honesta; quienes no lo sean, no son bienvenidos; y quienes agredan a Carabineros, se tienen que ir”.
“Probablemente se avance hacia una regularización extraordinaria, pero de la mano con la firmeza y decisión para expulsar migrantes cuando la situación lo amerita”, interpreta Mauricio Morales, académico de la U. de Talca y doctor en Ciencia Política.
Morales añade que el Jefe de Estado está haciendo un giro en su agenda, “postergando el plan de transformaciones presente en su programa de Gobierno, privilegiando los asuntos urgentes”, los que el cientista político caracteriza como la delincuencia y la migración. Describe que el Mandatario, “tal como distingue entre manifestantes pacíficos y delincuentes en las jornadas de protesta, también divide a los migrantes que buscan oportunidades de aquellos que vienen a cometer delitos”.
Asegura que “el Gobierno sabe que necesita de golpes comunicacionales efectistas. Por eso mismo es que las expulsiones, al ser visibles, generan una oportunidad para que demuestren con hechos los avances en esta materia”.
Lorena Oyarzún, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, sostiene que la administración de Boric tiene muchos frentes abiertos, como es el de seguir en medio de un proceso constituyente, y señala que “el tema de seguridad ha estallado en el norte y eso ha puesto en el tapete la idea de volver a regularizar”.
Morales, en tanto, agrega que las encuestas muestran un mayor grado de hostilidad hacia los migrantes. Ya que la percepción negativa de antes, que se trataba –según el cientista político– de “ser vistos como eventuales competidores en el mercado laboral”, se ha transformado en una asociación con “situaciones mucho más conflictivas y, en algunos casos, vinculadas con la seguridad pública”.
Sin embargo, puntualiza que “una regularización extraordinaria y un plan de mano dura hacia los migrantes que vienen a cometer delitos, sería una propuesta gubernamental que encontrará apoyo ciudadano”.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajaron a la Región de Tarapacá el viernes 21 de octubre para encabezar la cuarta reunión del Consejo Asesor Regional contra el Crimen Organizado. Se reunieron con distintas autoridades regionales para tratar temas de seguridad e inmigración irregular.
Llegaron a la región también el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, el subsecretario de Educación, Gabriel Bosque, y la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro. “Esto es muestra de lo que el Presidente nos ha mandatado. Ha dicho que pongamos foco no solo en comentar y discutir, sino que hacernos cargo de los problemas de la gente que vive en la zona norte”, aseguró Monsalve.
El subsecretario señaló que para el Presupuesto 2023 hay recursos para mejorar las condiciones de Carabineros, en pos de tener más puntos de control en la frontera, al tiempo que especificó que existen recursos para “avanzar en la instalación de un sistema de identificación biométrica para que podamos tener la identidad de quienes entren a Chile”.
El 14 de julio, en entrevista con el diario La Tercera, el director del Servicio Nacional de Migraciones (SerMig), Luis Eduardo Thayer, detalló que se iniciaría un proceso de empadronamiento y que «se va a revisar caso a caso, vamos a revisar si la persona tiene antecedentes penales y cuando haya mérito para la expulsión, se va a hacer, pero también hay atenuantes que considera la ley”. En la ocasión fue enfático en señalar que no se daría paso a un proceso de regularización masivo.
«En la próxima estimación vamos a incorporar el dato de la irregularidad en la fórmula. Nos parece importante visibilizar esta realidad, que tanto desde el punto de vista estadístico como de política pública es muy desafiante», aseguró Thayer el día 12 de octubre, cuando lanzó –junto al Instituto Nacional de Estadísticas (INE)– estimaciones de la población migrante realizadas al 31 de diciembre de 2021.
El estudio arrojó que la población extranjera que reside habitualmente en Chile está compuesta por 1.482.390 personas, lo que representó un alza de 1,5% respecto a igual fecha de 2020, y un aumento de 14,1% en comparación con 2018. Además, la mayoría de las personas extranjeras residentes en el país, al 31 de diciembre de del año pasado, proviene de Venezuela (30%), Perú (16,6%), Haití (12,2%), Colombia (11,7%) y Bolivia (8,9%).
Esas cifras solo representan a quienes tienen trámites migratorios iniciados, por lo que principalmente incluyen a personas en situación regular o que han estado regulares. Ignacio Eissmann, director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), aseguró que probablemente son cerca de 130 mil personas las que han ingresado por pasos no habilitados como Colchane desde el 2019.
«Hay que hacer el catastro, ofrecer alternativas”, subrayó el Gabriel Boric el 13 de octubre en Antofagasta. Así le daba un nuevo impulso al proyecto de catastro de migrantes.
De acuerdo a información entregada por la Delegación de Antofagasta a El Mostrador, el censo será realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en cincuenta puestos especialmente destinados para ello, los cuales se distribuirán por todo el territorio nacional. Se estará implementando dentro de los próximos meses y el Presidente ya autorizó $2.600 millones para tal efecto.
Desde la delegación la describieron como una medida para facilitar el trabajo de las policías y recalcaron que “es importante mencionar que serán priorizadas las expulsiones de las personas que no acudan a empadronarse”.
La iniciativa tiene similitudes con la primera parte de uno de los puntos del programa de segunda vuelta de Boric. En la página 191 se proponía “realizar un empadronamiento de las personas que se encuentran en situación de irregularidad para iniciar una evaluación de cada caso, atendiendo las necesidades y capacidades de los mercados de trabajo locales y los compromisos internacionales que tiene Chile en materia de refugio y protección de la infancia”.
El gobernador regional de Antofagasta aseguró, en entrevista con El Mostrador, que él mismo le pidió este empadronamiento de migrantes irregulares al Presidente. “De tal manera que sepamos de todos los migrantes que están irregulares, en qué situación están. Y que ahí hagamos una distinción: si es posible que puedan ofrecer un servicio al país a través del trabajo, o si simplemente se identifica que están delinquiendo, y expulsarlos inmediatamente”, señaló.
Consultado por si necesitaba un proceso de regularización extraordinario, explicó que –según la ley actual– una persona irregular debiera devolverse a su país, hacer la solicitud de ingreso a Chile a través de su consulado y ahí recién volver. “Pregunto, ¿es posible sacar a todos los migrantes irregulares, que no tenemos idea cuántos son, enviarlos en avión, y que los reciban en los países de origen? Eso no está pasando”, indicó.
El presidente de Comunes –uno de los tres partidos que forman el Frente Amplio–, Marco Velarde, plantea que “para identificar a quienes no se quieren empadronar porque han cometido delitos, tenemos que atraer a quienes estén aquí trabajando para hacer su vida, buscando mejores oportunidades. Hay que darles confianza a quienes están en el país, para que puedan empadronarse y así el Gobierno pueda atacar de forma más directa el crimen organizado”.
Ignacio Eissmann pone énfasis en que debe elaborarse este registro, porque “no puede continuar como una cifra negra la situación en que están” los migrantes en situación irregular. “En términos cualitativos se sabe en la condición que están. Gente que ha sufrido mucha violencia en el tránsito, que hay problemas de trata de personas, que están llegando a la frontera prácticamente sin recursos. Cuantificar eso para poder generar acciones es algo que ya deberíamos tener”, subraya el director de Incidencia y Estudios del SJM.
Sin embargo, Eissmann y distintos expertos admiten que será una tarea difícil. “La gente no se va a acercar si está el miedo de que puede existir una medida de devolución o algo punitivo. Los desafíos son tener un objetivo integrador del empadronamiento, que no sea desde la persecución», describe.
Lorena de Ferrari, jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Tarapacá, coincide en que los migrantes estarán desconfiados y, en tal sentido, apunta como razón algunas de las expulsiones realizadas durante el Gobierno de Sebastián Piñera. “A las personas se les notificó y se les sacó de residencias sanitarias donde estaban prácticamente sin poder moverse. Va a ser más complejo por ser un proceso solo de registro. Habría sido menos complejo si el proceso les fuera a conducir a una regularización», señala.
