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Crédito: Agencia Uno
La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, respondió –a través de un informe– el recurso de amparo presentado por la defensa del general (r) Juan Emilio Cheyre, quien acusaba que el procesamiento dictaminado por la jueza era «ilegal y arbitrario» y que «se funda en graves errores de hecho y de derecho». Ante esto, Rutherford respondió que «existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar, desde que, según admitió, fue él mismo quien dispuso en tal calidad la entrega de estos dineros. Tal razonamiento permite concluir que la competencia del tribunal para investigar, procesar y –como en el caso– disponer la prisión preventiva se encuentra indubitada». Dentro de los alegatos de Cheyre, estaba el argumento de que los delitos imputados se dieron cuando había dejado de ser comandante en jefe del Ejército, por lo que ya no era militar activo. De todas formas, Rutherford, nuevamente, desechó su tesis. «La defensa pareciera haber malentendido que los hechos justificados –hasta ahora– dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro», complementó.
La ministra en visita, Romy Rutherford, respondió –a través de un informe– el recurso de amparo presentado ante la Corte Marcial por la defensa del general (r) Juan Emilio Cheyre, quien acusaba que el procesamiento dictaminado por la jueza «es ilegal y arbitrario» y que «se funda en graves errores de hecho y de derecho».
Según informa La Tercera, luego de que la Corte Marcial recibiera el amparo, le solicitó a la ministra Rutherford que elaborara un informe donde respondiera a lo alegatos de Cheyre, quien se mantiene en prisión en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén desde el pasado 25 de octubre.
A lo largo de 23 páginas, Rutherford desestimó lo reclamado por la defensa del general en retiro y apuntó que «existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar, desde que, según admitió, fue él mismo quien dispuso en tal calidad la entrega de estos dineros. Tal razonamiento permite concluir que la competencia del tribunal para investigar, procesar y –como en el caso– disponer la prisión preventiva se encuentra indubitada».
Dentro de los alegatos de Cheyre, estaba el argumento de que los delitos imputados se dieron cuando había dejado de ser comandante en jefe del Ejército, por lo que ya no era militar activo. De todas formas, Rutherford, nuevamente, desechó su tesis.
«La defensa pareciera haber malentendido que los hechos justificados –hasta ahora– dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro», consignó la ministra en visita.
«Por lo anterior, la imputación se refiere a la malversación que de gastos reservados el encausado determinó y acordó para que fuera materializado cuando dejara su ejercicio activo, y pasara a tener la calidad de excomandante en jefe», adicionó.
A lo largo del informe, la jueza apunta que los excomandantes en jefe, Fuente-Alba, Oviedo, Izurieta y Cheyre, se organizaron para elaborar un sistema para gestionar la entrega de gastos reservados una vez que pasaran a retiro.
«Se alude al funcionario que tiene fondos a ‘su cargo’, es decir, que estén a su cuidado, disposición o responsabilidad y es, precisamente aquella hipótesis que se habría verificado en lo que atañe al comandante en jefe en ejercicio, quien estuvo en concierto con aquellos excomandantes en jefe que, a su vez, recibieron mensualmente los caudales públicos ya explicados», sostuvo Rutherford.
Asimismo, indicó que «al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandantes en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos –facilitando con ello la concreción del hecho ya imputado a los primeros–, no puede desconocerse el concierto que se ha referido».
En la misma línea y reforzando el punto anterior, la jueza detalló que «el imputado ha reconocido no solo que en su cargo como comandante en jefe activo dispuso la entrega de estos dineros sino, además, que los percibió mensualmente desde que se retiró de la institución el 2006 y hasta el año 2018, sin rendir nunca cuenta de ellos, por lo tanto, reconoce que tampoco justificó de modo alguno que los haya utilizado en seguridad, como en la actualidad asegura».
«Adicionalmente, debe anotarse que también el procesado admitió que –dada la irregularidad en la percepción de tales recursos– debió pagar al Servicio de Impuestos Internos (SII) una suma cercana a los $20 millones por haberse establecido, respecto de estos mismos dineros, que se trataba de ingresos no declarados», complementó.
Cabe recordar que son cuatro los excomandantes en jefe del Ejército procesados por malversación de caudales públicos mediante la sustracción de fondos provenientes de los gastos reservados. Así, la jueza Rutherford encausó a Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo, Oscar Izurieta y contra el general (r) Juan Emilio Cheyre.
