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El Gobierno presentó su reforma previsional con varios aspectos ya rechazados a priori por la oposición, más allá de algunos cambios nominales: aumento de 6% de la cotización de cargo del empleador para destinarlo a solidaridad, además de la separación de las tareas de administración y de gestión para abaratar los costos. Hay un elemento, eso sí, en que existiría mayor sintonía: la “libre elección” –o una “libertad de elegir”–, que se presenta bastante acotada en la propuesta gubernamental, pues incorporaría como alternativa nada más que a un gestor público. Si bien este principio es compartido por la oposición, a la hora de definir el mejor camino, se enredan. Tras la presentación de la reforma por parte del Presidente Boric, se observa que no hay consenso entre los partidos que integran el bloque opositor respecto de qué significa la verdadera “libertad de elegir” y cuáles son los límites para ejercer dicha libertad. Hasta aquí, solo Evópoli se abre explícitamente a que una reforma ofrezca herramientas distintas a la capitalización individual.
La propuesta de Chile Vamos en pensiones ha experimentado un claro retroceso respecto de lo que ofrecía durante la crisis del estallido: de los 6 puntos adicionales de cotización propuestos por el ex Presidente Sebastián Piñera en el ocaso de su Gobierno, 3 de ellos irían destinados a solidaridad.
Pero hoy la derecha cree que el aplastante resultado del Rechazo constituyó un triunfo ideológico y, por ende, una ratificación del modelo económico que con legítimo entusiasmo defiende, “queriendo así borrar con el codo lo que millones de personas demandaron y que sigue vigente”, sostiene el diputado integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Andrés Giordano. “Las reformas que está llevando a cabo el Gobierno buscan escuchar ese malestar y dar respuesta a las grandes demandas, como lo es cambiar el modelo de pensiones, y la derecha se equivoca si piensa que puede aprovecharse de ese resultado para frenar las transformaciones y defender sus intereses, que son los de las AFP y el gran empresariado también, tanto así que ha habido diversas candidaturas de partidos de oposición financiadas por directores de AFP”, añade el diputado, anticipándose al rechazo de la oposición.
De esta manera, la derecha propone que el 6% adicional sea íntegramente destinado a las cuentas individuales de las AFP (mientras que el Gobierno propone que 1,8% se destine a solidaridad intergeneracional, mientras que el 4,2% restante iría a cuentas nocionales no heredables); plantea además separar este proyecto de la PGU, pese a que la idea de incrementar esta última a $250 mil depende de una reforma tributaria cuyos votos también niega; propone, también, mantener unida la administración y la gestión; y, por último, defiende el “derecho a elegir”, que es lo que vienen proponiendo sectores de centro, como la bancada de la Democracia Cristiana. Asimismo, la reforma incluye incentivos a la cotización y mecanismos compensatorios para las mujeres, que por razones culturales se han visto más marginadas del mercado laboral formal.
En suma –sostienen parlamentarios oficialistas–, resulta del todo esperable que el Gobierno vea bloqueada su reforma en el Congreso. Cuando mucho podría lograr –y tampoco es claro– que las personas que no están de acuerdo con el sistema de AFP puedan abandonarlo para siempre.
Sin embargo, es en este último aspecto donde Chile Vamos bien podría enredarse y conseguir, si insiste en empujarlo, un efecto contraproducente sobre el sistema de pensiones que defiende. En suma, existiría en el sector la creencia de que el deseo mayoritario de destinar la totalidad del 6% a cuentas individuales supone un espaldarazo tácito al sistema vigente, en circunstancias que bien podría ser posible que las personas quieran el 16% total de cotización en sus cuentas y, al mismo tiempo, exigir que estas puedan ser gestionadas bajo otros esquemas alternativos, como podrían ser las cooperativas, tal y como propusieron en su momento el diputado DC Alberto Undurraga y el nuevo referente del recién nacido colectivo Demócratas, Matías Walker, quien destacó la necesidad de avanzar a un sistema que ofrezca efectivamente esa libertad de elegir que resulta tan valorada por la ciudadanía.
Según dicen en el oficialismo y en sectores del centro político, no es razonable que se continúe impidiendo que las personas hagan solidaridad con su dinero si así lo estiman conveniente. Obligar a los cotizantes a mantener sus ahorros en un solo sistema, constituye un “corralito previsional” que solo se mantuvo en pie gracias a un consenso transicional ya caduco.
La reforma del Gobierno dejó con gusto a poco a muchos parlamentarios del oficialismo, en especial de Apruebo Dignidad, toda vez que la alternativa máxima sería una especie de “AFP estatal”, lo que –al menos desde el mundo oficialista– sería simplemente “cambiar carne por charqui”, pues mantendría la lógica centrada en el individuo, factor clave si lo que se pretende es garantizar la “heredabilidad” de esos ahorros. Una alternativa a la capitalización individual estaría en un sistema anclado en la solidaridad, y no necesariamente este debiera ser gestionado desde el Estado. ¿Y el que quiera quedarse en una AFP? Pues que se quede. En eso no habría discrepancias.
En Chile Vamos se dicen convencidos de esta máxima, la “libertad de elegir”, que es consustancial a su ideología “liberal”, aunque a la hora de mostrar las cartas se observa que no hay consenso entre los partidos que integran el bloque respecto de qué significa la verdadera “libertad de elegir” y cuáles son los límites para ejercer dicha libertad. Hasta aquí, solo Evópoli se abre explícitamente a que una reforma enriquezca la paleta de colores y ofrezca herramientas distintas a la capitalización individual.
“No estamos en contra de que existan nuevos actores y que existan nuevos instrumentos de gestión, y que cada uno elija. Lo importante es que se ratifique la propiedad sobre el total de cotización, por lo que el 6% adicional debe ir a capitalización. No es bueno hacer solidaridad con las personas que ahorran”, sostiene el diputado de Evópoli Jorge Guzmán, quien representó a su partido en el anuncio de Chile Vamos. Para el legislador de la derecha liberal, el 6% no debe imputarse al empleador, ya que constituiría un impuesto al trabajo, aunque desde el oficialismo se preguntan: ¿si la imputación de este porcentaje fuese al trabajador (lo que justificaría su destinación a las cuentas individuales) no implicaría entonces un recorte en su sueldo líquido?
“Tenemos una postura favorable a nuevos actores que mejoren el rendimiento de los ahorros y generen utilidades para las personas. Creemos en la libertad, y si eso implica que las personas elijan llevar sus ahorros a compañías de seguros, cooperativas o a una AFP estatal, deberían tener la libertad de hacerlo. Lo importante es que se incentive la formalidad y la cotización, y que la gente sepa que su plata va a estar”, sostiene Guzmán.
Un tanto más restrictiva es la libertad para la UDI y RN. Si bien no son categóricos a la hora de rechazar la implementación de nuevos sistemas de gestión más solidarios para quienes así lo decidan, no se observa en este segmento una actitud tendiente a explorar fórmulas paralelas a la ya existente capitalización individual.
No obstante, la reforma debería tener, a juicio del diputado RN Frank Sauerbaum, “los menores elementos ideológicos posibles y los elementos más prácticos posibles. Las personas quieren que ese 6% extra vaya a un fondo privado, ya que si lo va a gestionar el Estado va a perder la heredabilidad. Si quieren traspasar sus fondos a un sistema público, también lo pueden hacer. Si hay quienes piensan que el Estado va a mejorar la gestión, ni un problema”, sostiene Sauerbaum.
El diputado UDI Cristian Labbé Martínez insiste en que “la idea es que la gente pueda elegir entre un sistema privado o uno público para el manejo de sus cotizaciones. Lo importante ahora es buscar una solución para las personas que les dé la mayor libertad posible sin comprometer sus ahorros, a la vez que se trabaja para disminuir la informalidad, las lagunas previsionales y otros factores que afectan la capacidad, sin importar el sistema, de entregar pensiones acordes a las necesidades de las personas”. No obstante este compromiso, lo cierto es que ambos parlamentarios no aportan alternativas concretas.
Donde la libertad de elegir es bastante más acotada es en Republicanos, ahí donde el diputado Luis Fernando Sánchez mira con suspicacia la posibilidad de generar una verdadera alternativa –de libre elección, claro– al sistema de capitalización individual gestionado por privados, que es lo que hay como única opción hoy en día.
Para el republicano, si bien la libertad individual es un ideal para su sector, lo cierto es que es necesario “buscar un equilibrio entre proteger la libertad de elegir con construir un sistema que no lleve a una gran mayoría de chilenos a depender finalmente del subsidio estatal para tener una pensión mínimamente digna, porque eso finalmente lo financiaremos todos con nuestros impuestos”, sostiene, apostando a priori por el fracaso de un sistema basado en la solidaridad, aun cuando las personas que lo escojan debieran hacerse responsables de su elección.
“Esto ya lo vivió Grecia hace menos de 10 años. Validar un sistema de pensiones estatal fracasado, que no puede financiar jubilaciones dignas sin un fuerte subsidio estatal, y donde la administración no es transparente, sería tremendamente irresponsable y nos condenaría como país a empeorar aún más la economía y la capacidad del Estado de entregar ayudas sociales”, agrega.
Los matices dentro de Chile Vamos son tan claros que hasta hay distintas posturas frente a una tercera opción bastante menos binaria: permitir que las personas puedan, incluso, repartir libremente su cotización en los sistemas que eventualmente pudieran emerger en la conversación parlamentaria, y recibir de parte de ellas en conformidad a lo aportado de manera proporcional.
En otras palabras: una persona podría destinar soberanamente el 6% a una cooperativa solidaria, otro 6% a su AFP (o Inversor de Pensiones Privado, como sugiere la reforma denominar a estas gestoras) y el otro 6% a una AFP estatal. El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) se abre a analizar esta posibilidad. “Veamos cuáles son las herramientas. Si hay distintos instrumentos, por qué no”, sostiene. Incluso el parlamentario se muestra abierto a la posibilidad de eliminar los multifondos en el actual sistema de capitalización individual, pues –a su juicio– “no han tenido éxito”, y ello se explica además porque “las personas no somos brokers” –señala–, en atención a que una de las grandes fantasías del sistema es suponer que los cotizantes tienen el tiempo, las herramientas y la información necesaria para comportarse como corredores de bolsa, a fin de extraer la mayor rentabilidad posible de sus fondos.
En el mundo republicano, sin embargo, miran con recelo una alternativa múltiple y combinada para gestionar esos fondos, aun cuando tal escenario supone el nivel más amplio de libertad. “Sería un experimento”, asegura el diputado Sánchez.
“Creo que los chilenos hoy esperamos resultados y no tanto experimento, para peor, sin ninguna certidumbre respecto de lo que podría salir de ello. Los modelos de pensiones administrados estatalmente no son una novedad. Se han aplicado en muchos países del mundo, Chile incluido, y siempre operan a pérdida, peor aún cuando las sociedades se envejecen y la cantidad de personas trabajando no resulta suficiente para pagarles buenas pensiones a los jubilados. ¿De dónde va a salir la plata que falte? ¿Quién va a pagar? Esto sería como el Transantiago. Los recursos van a llegar y las micros se van a mover, pero a cambio de que no podamos construir hospitales, pagarles mejores sueldos a Carabineros o levantar todas las viviendas sociales que necesitamos”, sostiene. ¿Y los multifondos? “Hoy el sistema te permite repartir tu plata entre distintos multifondos de los que administra la AFP donde estás inscrito. No veo por qué no podría continuarse con esa idea a futuro”, responde el legislador.
Pero en las dos coaliciones oficialistas toman palco ante esta conversación que se da en la derecha y analizan el escenario para apretarla con sus mismas armas discursivas. Por de pronto, muchos juzgan algo aventurado suponer que la discusión previsional se vaya a cerrar con un aumento de la PGU –cosa que tampoco es segura–, toda vez que, en el mejor de los escenarios, esta pensión podría trepar a los 250 mil pesos (hoy paga menos de 195 mil pesos), monto que está demasiado lejos de un sueldo mínimo, ya de por sí insuficiente para el costo de la vida en Chile. El problema es que la derecha además rechaza la reforma tributaria que haría posible el alza.
En vista de ese pequeño “detalle”, el diputado Jorge Guzmán cree que la PGU podría mejorar “si retomamos el rumbo del crecimiento y el desarrollo y tenemos una mejor recaudación sin desatender otras necesidades”, destacando que, aún así, “250 mil pesos es mejor que lo que tenemos y llegaría a un universo mayor de personas”, al tiempo que destaca otras fuentes de recursos para incrementarla, como la reasignación presupuestaria, para lo cual resultaría urgente “tomar decisiones de modernización del Estado e invertir mejor los recursos, así como crear un sistema tributario que genere inversión”.
Aún así, el diputado Sauerbaum (RN) sostiene que “lo importante es que el Estado les garantice a los chilenos una Pensión Garantizada Universal que vaya aumentando con el tiempo y que por el solo hecho de ser chileno tenga derecho a eso, independiente de su nivel de ingreso”. Según el parlamentario, la PGU tiene la ventaja de que “es pagada por impuestos generales y no gravando al mercado laboral como hace este 6% pagado por el empleador, encareciendo así la mano de obra”, puntualiza, impidiendo que el porcentaje destinado a solidaridad recaiga “en un porcentaje menor porque el mercado laboral está lleno de informalidad”.
“Estamos dispuestos a discutir prácticamente todo”, precisa a su vez el diputado UDI Guillermo Ramírez, “pero no estamos dispuestos a que ese 6% vaya a un fondo de reparto. Hay encuestas conocidas que muestran que el 91% de los chilenos quiere que el 6% vaya a sus cuentas individuales”, añade.
Pero en el oficialismo creen que esta actitud “dogmática” e inflexible le traerá más dolores de cabeza a la oposición de lo que sus mismos diputados creen, algo que ya les pasó cuando instalaron como otro “sentido común” la propiedad particular de los fondos. A la larga, y vistos en la necesidad imperiosa de agenciarse recursos para capear la pandemia, los cotizantes echaron mano a los fondos precisamente porque consideraron que era de toda justicia disponer de su propio dinero. A causa de los sucesivos retiros, los cotizantes dejaron unos 140 mil millones de dólares en las AFP.
Ahora la derecha estaría probando con otro “sentido común”, cual es la “libertad de elegir”, una de las máximas que han echado raíces en la mentalidad de las personas. Pero cuidado: su constante invocación puede, según un diputado de RN que prefirió mantener en reserva su identidad, jugarle en contra nuevamente al sector. “A veces hay que ser más flexibles y no jugar tanto con esto del tejo corrido, porque eventualmente aparecerá un montón de gente que exija salirse y derive a otros sistemas que no sabemos cómo van a responder. Yo creo que lo mejor es llegar a un acuerdo”, plantea.
“Hay que tener cuidado porque al final podemos perderlo todo. Lo peor que nos podría pasar es llegar a la recesión del próximo año con millones de trabajadores, da lo mismo si cesantes o con pega, pidiendo nuevos retiros de 10%. ¿Se los vamos a negar cómo? Nada compite contra los ahorros de uno mismo. Es necesario atar el sistema a la seguridad social para impedir que esa plata entera se diluya con los retiros, y esto no tiene nada de socialista”, sostiene, no sin antes agregar una propuesta que –según él– ayudaría a cerrar la cuestión previsional de una buena vez y para siempre: “Yo llegaría a acuerdo con la DC, pero en vez de llevar el 6% a reparto como quieren ellos, llevaría el 3% a reparto y el otro 3% a capitalización tal como proponía (Sebastián) Piñera. Y también llegaría a un acuerdo en cuanto a la libertad de elegir, porque eso daría legitimidad al sistema. En mi sector se nos olvida que las AFP tampoco tienen buena fama entre la gente”, apunta el parlamentario.
“Yo le pido a mi sector algo de cordura y un mínimo de estrategia. Lo digo porque la misma izquierda empujará los retiros contrariando a su propio Gobierno, pues para ellos sería muy difícil tragarse el sapo de pasar del ‘No más AFP’ a que las AFP no solo salen intactas, sino que obtienen, más encima, un aumento en la cotización. Muchos estarían tentados de hacer tierra arrasada con los ahorros que administran las AFP, así que cuidado. Acorralar al adversario político cuando anda débil, y humillarlo como hizo la izquierda con la derecha en la Convención, no es un buen camino en política. Supongo que ya lo tenemos claro”, agrega, haciendo sonar el clarín en señal de alerta.
La cuestión es aún más difusa en el Partido de la Gente (PDG), donde el interés mayor reside en que las personas puedan realizar “autopréstamos” para, por ejemplo, pagar el pie para una vivienda. ¿El 6% adicional? Para el partido cuyo referente es Franco Parisi, integrado además por un buen número de pymes y cuentapropistas, ese porcentaje extra debe ir íntegramente destinado a capitalización individual, pese a que la diputada Yovana Ahumada reconoce que “la Pensión Garantizada Universal es un avance, pero no es suficiente”.
“El objetivo es avanzar a un sistema mixto de pensiones que permita superar los 250 mil que están considerados actualmente en la PGU”, dice, olvidando que esta cifra es una proyección, no una realidad. “Proponemos perfeccionar este proyecto tanto en su monto como cobertura, con miras a fortalecer el rol de equidad que ha pasado a tener la PGU”, agrega.
“La propuesta (del PDG) es avanzar en un proyecto de autopréstamo desde los fondos de pensiones, un tema que el Gobierno ha mencionado que estaría disponible a estudiar, puesto que no está dispuesto a avanzar en un nuevo retiro”, añade la parlamentaria, quien no aclara su postura sobre regímenes o esquemas alternativos de previsión que permitan mejorar los paupérrimos resultados obtenidos por el sistema de capitalización individual, uno que prometía –según afirmó hace más de 20 años la Asociación de AFP– una tasa de reemplazo del 100% si se mantenía una rentabilidad promedio del 7% anual. Lo cierto es que con el 8% de rentabilidad entre 1981 y 2019, la tasa de reemplazo llegó al 20%.
Para el experto en pensiones Andras Uthoff, doctorado en Economía en UC Berkeley y consultor de organismos como PNUD, el Banco Mundial, Cepal y OIT, ya es tiempo de dejar atrás tantas disquisiciones y transitar hacia un sistema mixto si el objetivo es de verdad pagar mejores pensiones. De hecho, el economista es más bien partidario de dejar de inventar la rueda, porque para ruedas defectuosas tenemos suficiente –cree él– con el actual modelo de pensiones, una anomalía no ya solo dentro de los países que integran la OCDE, sino que una anomalía también a nivel global.
“Al sistema le falta el componente de solidaridad entre cotizantes. El hecho de que el 6% lo aporten los empleadores permite tratarlo en forma diferente al del 10 % en términos de propiedad, por lo que este nuevo porcentaje debiera ser total para solidaridad. La libertad de elección debiera ser en torno al 10%, sobre todo si se crea una institución pública que gestione el 6%. Incluso las personas pueden derivar ese 10% base a esa institución pública si así lo desean”, concluye.
El diputado de Apruebo Dignidad Andrés Giordano, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sostiene que “la solidaridad, la mancomunión de riesgos, son todos estándares de seguridad social mínimos que aplican en todas partes del mundo, menos en Chile. Y si no nos tomamos esto en serio, nada va a cambiar. Por ejemplo, si planteamos un híbrido como propone Evópoli, reproduciremos lo que ocurre con las isapres, donde los salarios más altos no tendrán ningún interés en ser parte de un modelo flexible”, subraya Giordano, quien recuerda que el sistema actual “no existe en ninguna parte y es por algo. Y lo mismo pasa con la postura de la derecha más dura. Insistir en la capitalización individual es robustecer a las AFP”, señala.
“La solidaridad no solo mejora las pensiones de la inmensa mayoría, sino que además les toca el negocio, y si bien esta es una reforma mesurada, saben que la gente se puede dar cuenta de que les han mentido toda su vida constatando que sus pensiones mejoran con este aporte solidario”, sostiene Giordano.
Pero en política hay que verle el lado positivo a todo, incluso al rechazo que se augura en ambas cámaras a esta reforma. Un diputado frenteamplista, quien se reconoce algo disconforme con la presentación de alternativas de la reforma, adelanta las dificultades que entraña esta discusión para sus adversarios políticos.
“Tengo muchas discrepancias con el ministro (Mario) Marcel, pero me parece que el titular de Hacienda le está dando una última oportunidad a la derecha. Si se cierran a todo, nosotros pediremos zanjar este asunto después de una década de discusiones estériles, que ha sido una década chocando contra un muro, y lo haremos de la única forma posible: que el que quiera, que se vaya. ¿Con qué argumento la derecha les va a impedir que los insatisfechos saquen sus ahorros y lleven su cotización a un sistema distinto, como podría ser una caja o una cooperativa? O sea, ¿que ellos se van a meter con la plata de los ahorrantes? No creo. Lo que sí creo es que, cuando la gente vea que la solidaridad y la cooperación pagan mejores pensiones, no te quepa duda que veremos una estampida hacia el sistema solidario que levantemos como alternativa. Ahí las AFP morirán de muerte natural”, señala, no sin antes dejar una reflexión postrera: “Quizás por eso mismo la derecha ya no se muestra tan entusiasta con la libertad de elegir”.
Pero la propuesta tampoco contenta a los que vienen luchando hace años contra el sistema de capitalización individual. Luis Mesina, vocero de No Más AFP, está entre los que expresan su disconformidad con la timidez de la reforma propuesta. «No es efectivo que el 6% adicional irá a un fondo común. De hecho, lo que propone el Gobierno es que un 70% de ese porcentaje irá a un registro contable, o sea, una cuenta nocional, y solo el 30% a un fondo común».
Y agrega: «Dado que la capitalización individual sigue la lógica de rentabilizar el ahorro, las nuevas AFP o llamadas ahora ‘gestoras privadas’, tienen más experticia en esta materia. Por tanto, para competir obligarán al ente público a subcontratar con expertos (…). Ese 6% no lo administrará el Instituto de Previsión Social, sino un ‘nuevo gestor público de inversión’, es decir, algo parecido, si no igual, a una AFP estatal. Y por tanto no será gratis, pues lo cargará al fondo que administrará o directamente lo cobrará como comisión a cada trabajador, la que deberá sumarse a la comisión que se paga actualmente a la AFP como gestora de inversión. O sea, doble comisión», concluye Mesina.
