PAÍS
Lejos de aquietarse están las aguas por la ventaja que estaría tomando el abogado Ángel Valencia Vásquez en la carrera por convertirse en el próximo Fiscal Nacional. Diez de los diecisiete ministros supremos que votaron por él fueron designados en sus cargos durante los gobiernos de Sebastián Piñera. Su participación como abogado defensor en casos de connotación pública ha abierto un intenso debate ético, referido a conflictos de intereses e incompatibilidades, así como a la idoneidad de que un abogado que ha dedicado gran parte de su trayectoria a defender a personas imputadas por delitos de la más diversa índole, pueda ahora estar a la cabeza del Ministerio Público. Es abogado de Miguel Piñera Echenique y ha estado vinculado a las defensas de imputados en escándalos como el financiamiento ilegal de la política, en el caso Corpesca; también, el megafraude al fisco en el marco del “Pacogate”; y, recientemente, en la causa por violaciones a los derechos humanos que se sigue contra distintas autoridades ministeriales que ejercían durante el estallido social y en que está como principal querellado, precisamente, el ex Presidente Piñera. He ahí la madre de las preocupaciones en el entorno piñerista.
Desde el “supremazo” del pasado 7 de noviembre, el abogado Ángel Valencia Vásquez corre como uno de los favoritos para reemplazar a Jorge Abbott en la Fiscalía Nacional. Ese día, Valencia dio la sorpresa al recibir 17 preferencias, la misma cantidad que obtuvo el fiscal José Morales, que hasta ese momento aparecía como el preferido por el piñerismo, dado el interés en el entorno del ex Presidente Sebastián Piñera de que las causas que se siguen en su contra, en el marco de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido, no prosperen.
En los días previos a la votación de la Corte Suprema que elaboró la quina con los candidatos, en el mundo judicial y en el político, especialmente el ligado a RN –el partido del ex Presidente Piñera–, comenzó a levantarse con fuerza el nombre de Valencia Vásquez, un profesional con redes transversales en todo el espectro del arco político, las que se han reforzado a lo largo de los años por distintas actuaciones que ha tenido como abogado defensor de diversos personajes públicos que se han visto en aprietos en las más variadas áreas.
Habiendo pasado al inicio de su carrera profesional un corto período como fiscal (2002-2006), en que no se le conoce ningún logro trascendente en materia de persecución penal, su vasta trayectoria ha sido desarrollada del otro lado de la mesa, ejerciendo como abogado defensor en casos del más amplio espectro: acosos sexuales, estafas, fraude al fisco, violaciones a los derechos humanos y casos de conducción en estado de ebriedad de ilustres personajes, entre muchos otros.
Buena parte de tales defensas han sido o son casos de alta connotación pública. Por ejemplo, estuvo vinculado –y en algunas causas sigue estándolo– a las defensas de imputados en emblemáticos escándalos, como el financiamiento ilegal de la política, en el caso Corpesca; también, el fraude al fisco en el marco del “Pacogate”; y, recientemente, en la causa por violaciones a los derechos humanos que se sigue contra distintas autoridades ministeriales que ejercieron sus cargos durante el estallido social y en que está como principal querellado el ex Presidente Sebastián Piñera. He ahí la “madre del cordero” en las preocupaciones del entorno piñerista.
Durante la exposición ante la Corte Suprema, el pasado lunes, de los 17 postulantes a Fiscal Nacional, no pasó inadvertida la presencia de la senadora UDI Luz Ebensperger –quien es de la idea de que los candidatos al máximo cargo del Ministerio Público expongan ante los senadores–, como tampoco la de Héctor Mery Romero (UDI), estrecho asesor del exministro de Justicia del segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
En su rol como jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, el abogado Mery –que ejerce hoy como asesor de senadores UDI– tenía la misión de mantener la relación con el Poder Judicial, con particular responsabilidad en el nombramientos de jueces.
*Vea aquí votación de los supremos
De los 17 ministros que votaron por Valencia, 10 de ellos fueron designados por el ex Presidente Sebastián Piñera, en alguno de sus dos mandatos. Ellos son: el presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes Belmar (nombrado en 2011); Ricardo Blanco Herrera (2013); Mauricio Silva Cancino (2019); María Angélica Repetto García (2019); Leopoldo Llanos Sagristá (2019); Adelita Ravanales Arriagada (2020); Mario Carroza Espinosa (2020); María Teresa Letelier Ramírez (2021); María Cristina Gajardo Harboe (2022) y Diego Simpertigue Limare (2022).
Dentro de las causas más importantes que están en manos de la Fiscalía, debido a la alta relevancia de los querellados, está la investigación que se sigue en contra del ex Presidente Sebastián Piñera; Víctor Pérez Varela, exministro del Interior y Seguridad Pública; y Mario Desbordes, exministro de Defensa, entre otras autoridades, por sus eventuales responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) cometidas en el marco del denominado estallido social de 2019.
El abogado querellante en esta causa, Carlos Margotta –presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos–, precisa que lo que se busca va más allá de la responsabilidad política, dado que en “el artículo 35 de la Ley 20.357, vigente desde 2009, se considera en calidad de autores a las autoridades políticas y militares que hayan estado en condiciones de evitar lo ocurrido y no lo hicieron”.
“Este cargo (…) no puede ser ejercido por una persona que defiende a una alta autoridad política imputada por crímenes de lesa humanidad. Al día de hoy solo hay 14 condenados, y ninguno de ellos es integrante del alto mando de Carabineros o de las FF.AA., o bien autoridad política, como es el caso del exministro de Defensa Mario Desbordes. Significaría que se ahonda la brecha entre la impunidad y la justicia, y constituiría una pésima señal para las víctimas y para la comunidad internacional que monitoriza el cumplimiento de estas obligaciones”, señala Margotta.
En marzo de 2021, según cifras oficiales del Ministerio Público, había 11.488 denuncias por violaciones a los DD.HH., pero ya en abril del mismo año dicho organismo había archivado el 55,02% de las denuncias, equivalente a 6.321 causas. “Tal fue el escándalo que se produjo, que el fiscal (Jorge) Abbott ordenó hacer un estudio para reabrir las causas. Tanto es así que el fiscal Abbott, el 28 de abril de 2021, anunció que se iba a crear una Fiscalía especializada en Derechos Humanos, y hasta el momento no ha sido creada, lo cual es grave desde la fe pública”, sostiene el abogado.
Las vinculaciones del abogado Valencia Vásquez alcanzan a la propia familia del ex Presidente. Dentro de los profesionales de la plaza, se le conoce como el abogado de Miguel Piñera Echenique, el hermano del ex Mandatario. De hecho, en una de las causas más mediáticas que ha enfrentado el “Negro” Piñera, su abogado fue precisamente Ángel Valencia. En compañía de su otrora socio Gonzalo Cisternas –hijo del exministro supremo Lamberto Cisternas–, Valencia lo defendió en 2010, cuando protagonizó un accidente de tránsito al conducir en estado de ebriedad.
Ese año, Miguel Piñera chocó su Hummer H3 contra el Austin Mini de la ingeniera María Fernanda Köning, en la esquina de Blanco Encalada con Ejército. La víctima resultó con un esguince cervical y otras heridas menores, mientras que Piñera se internó en la clínica Las Condes, lo que postergó su examen de alcoholemia en 13 horas. El director del recinto hospitalario era Jaime Mañalich, que posteriormente fue designado ministro de Salud por el ex Presidente Piñera.
Con las gestiones del abogado Valencia, el mediático empresario nocturno llegó a un arreglo con la víctima del choque a cambio de una compensación económica y 50 horas de trabajos comunitarios.
Si bien el candidato a Fiscal Nacional Ángel Valencia ha sostenido que uno de sus mayores errores fue haber sido abogado defensor del estafador de la estrellas, Rafael Garay, el favorito a reemplazar a Jorge Abbott ejerció como su asesor y apoderado, lo que revela el alto grado de confianza existente entre ambos.
Tal fue el nivel de cercanía que tuvo con el condenado Garay, que una vez que este anunció la disolución de su empresa para poder hacer frente al tumor cerebral (que nunca padeció), delegó en el abogado Valencia la tarea de devolver los dineros proporcionados por sus clientes, a los que prometía un 18% de rentabilidad libre de impuestos.
En las comunicaciones que sostuvo con los inversionistas en momentos en que se aprestaba a huir del país, Garay Pita informó a sus clientes (estafados): “Adicionalmente, y ante cualquier imprevisto, estará trabajando conmigo el abogado Ángel Valencia, de Cisternas y Cortés abogados, que han trabajado con nosotros durante varios años, y nos ayudarán en el proceso de entrega de los dineros, ya sea por depósitos o por documentos”.
Al mensaje le añadía los datos de contacto del abogado, cuyo rol se torna un tanto más confuso, toda vez que, teniendo una relación de cercanía con Garay Pita, además fue presentado en los contratos de suscripción con sus clientes como “árbitro arbitrador o amigable componedor”, en caso de que surgiese un desacuerdo entre las partes.
Paradójicamente, el fallo emitido por el Segundo Tribunal Oral en lo Penal declaró a Valencia tan víctima del embuste como las personas que confiaron sus ahorros en el ingeniero comercial. Se lee en la página 328 del fallo: “De esta manera, las argucias maquinadas por Rafael Garay también alcanzaron al abogado Valencia, quien también resultó defraudado, esta vez no patrimonialmente como las víctimas de la presente causa, pero sin duda en la credibilidad que como profesional debía mantener en su cliente, exponiéndolo con sus mentiras al riesgo de un daño en su imagen y prestigio profesional, a lo que se suma la natural preocupación que puede generar en cualquier persona el asumir problemas de otro que dice estar ante una muerte inminente, preocupación que por supuesto también se extendió a buena parte de los afectados por los delitos…”.
La versatilidad de Ángel Valencia Vásquez en su calidad de abogado defensor, también lo vinculó al escándalo por el financiamiento ilegal de la política, en el marco del caso Corpesca. Según se cita en el fallo que condenó a presidio efectivo al exsenador UDI Jaime Orpis, el abogado Valencia Vásquez actuó como representante de Raúl Arrieta, excolaborador del otrora senador y exconvencional Felipe Harboe (ex PPD). En esa calidad, Valencia solicitó varias diligencias a su favor.
Arrieta se vio vinculado a este caso a través de una boleta por 12 millones de pesos que emitió al grupo Angelini, y que después Corpesca tuvo que rectificar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), porque no estaban suficientemente acreditados los servicios prestados. De acuerdo a la empresa, las rectificaciones se realizaron porque no fue posible encontrar todos los respaldos de los trabajos, pues algunas asesorías fueron verbales, y en otros casos tenían dudas sobre los servicios.
Las actuaciones de Valencia también están ligadas a defensas en el marco del “Pacogate”, el megafraude al fisco –probablemente el más grande de la historia de Chile– que llegó a sumar más de 130 personas procesadas y 35 mil millones de pesos en pérdidas. En una de sus aristas, denominada “gastos reservados”, el nombre de Ángel Valencia aparece como defensor de Bruno Villalobos, exgeneral director de Carabineros. Según la investigación del Ministerio Público, Villalobos se apropió de $67.461.000 de gastos reservados.
Respecto a esta causa, el abogado Cristián Cruz sostiene que “cuando un abogado toma una defensa y la mantiene es porque hay una confianza entre el defendido y ese abogado. Si ha defendido a Bruno Villalobos en causas de fraude al fisco, entonces hay que preocuparse”, advierte Cruz, quien apunta a la existencia de eventuales conflictos de intereses. En temas de fraude institucional el asunto es muy grave, “ya que no son delitos al azar o de aprovechamiento circunstancial, sino que son delitos de criminalidad organizada. Entonces, cuando estos delitos se organizan desde el Estado, y más encima por altos mandos, se socavan las bases del Estado de derecho”.
“¿Cómo va a obrar un fiscal que, por ejemplo, investiga a Carabineros, si ve que su superior jerárquico ha defendido a oficiales vinculados a casos de violaciones a los derechos humanos o en casos de corrupción? Nos preocupa”, subraya el profesional, quien cree –al igual que otros abogados consultados– en la necesidad de elevar el estándar exigible para ocupar tan importante cargo, de modo que en el futuro se equipare la defensa de violadores a los DD.HH., de defraudadores institucionales y la defensa de narcotraficantes, como acciones incompatibles con el ejercicio de cargos públicos.
Pero este no es el único caso en que ha intervenido Valencia en favor de uniformados sorprendidos desfalcando al fisco, ya que también terció en defensa del teniente coronel del Ejército Mauricio Fernando Lazcano Silva, quien, en calidad de jefe de Informática del Comando de Bienestar de la institución castrense, cometió los delitos de estafa y cohecho entre 2013 y noviembre de 2014. Por ambos ilícitos fue condenado, pero con pena remitida.
En otra arista, esta vez en el marco del montaje de la Operación Huracán, Ángel Valencia, en mayo de 2019, tuvo una breve participación como abogado del fiscal adjunto Sergio Moya, a quien se le acusó de manipular pruebas en dicho caso.
La acusación por abuso sexual en contra del juez de Garantía de Rancagua, Luis Hernán Barría Alarcón, permitió a Ángel Valencia abrirse al ámbito de la defensa de delitos sexuales.
El caso salió a la luz a comienzos del 2021, cuando se conocieron las primeras denuncias contra Barría. En síntesis: cuatro funcionarias del Poder Judicial señalaron haber sido víctimas de acoso sexual y laboral. Finalmente, el pasado mes de septiembre, el ahora exjuez Barría Alarcón fue formalizado por abuso sexual.
Entre los argumentos de Ángel Valencia en medios de comunicación, calificó “de falsos los hechos descritos por la fiscal”, junto con describir las alegaciones como “injustas y abstractas”.
Su contraparte en este caso, la abogada de las víctimas, Katherine Villagra, señala al respecto: “Lamentablemente la forma de litigar del colega es denostando a las víctimas, lo que está totalmente obsoleto en litigación con perspectiva de género. Él excede con creces su rol de defensor del imputado; trata a las víctimas de mentirosas, indicando de manera reiterada que faltan a la verdad. Basta con acceder al registro audiovisual de la audiencia para constatar que no le importó siquiera el llanto desgarrador de la víctima presente, para morigerar su conducta”.
Uno de sus argumentos recurrentes es acusar, siempre, a las víctimas “de faltar a la verdad, a pesar de que su defendido fue sancionado y comprobado todo hasta por la Corte Suprema”.
Y agrega la abogada Villagra: “A mí, en plena audiencia, me amenazó con ejercer acciones judiciales si continuaba argumentando en favor de mis representadas. Me parece nefasto el retroceso que significaría con todo lo relativo a la protección de las víctimas y la erradicación de violencia de género. Estamos seguras de que si él asume como Fiscal Nacional, va a enterrar la causa. No se hará justicia. Y este juez va a quedar impune de sus fechorías”
