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Foto: Cristóbal Escobar, Agencia Uno.
El Mandatario Gabriel Boric viajará este jueves 10 de noviembre a La Araucanía, en su primera visita a la zona. Allí se reunirá con los alcaldes de la provincia de Cautín en Villarrica y, posiblemente, con los de la provincia de Malleco en Angol. El Jefe de Estado convocó dos días antes a los parlamentarios de La Araucanía a una reunión. Encabezada por el propio Presidente, además del acento especial que puso en que la seguridad es «una condición habilitante» para la vida de las personas –y que, se señala, será el principal foco que marcará su visita–, la novedad en la instancia fue la intención de convertir el Plan Buen Vivir, diseñado para dar respuesta al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, en uno que trascienda a los gobiernos mediante una ley. Sin embargo, en la zona existe preocupación de que el énfasis en seguridad deje de lado temas como el desarrollo de la región más pobre del país, de acuerdo a la Casen publicada en 2021, así como el diálogo con comunidades mapuche.
El Mandatario concreta este jueves su primera visita a La Araucanía. Dos días antes (martes 8 de noviembre) y casi a las 21:00 horas, recién comenzaba la reunión fijada para una hora antes por el Presidente Gabriel Boric y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte (PS). Quince parlamentarios de La Araucanía, más la diputada por la Región de Los Lagos, Emilia Nuyado (PS), se sentaban a la mesa con el Mandatario y otras autoridades en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, para hablar sobre su viaje a la señalada zona, donde permanecerá hasta el viernes.
El Jefe de Estado llegaba horas después de que se reportaran dos ataques incendiarios, uno en la comuna de Lautaro y otro en Lonquimay. El sector también sufrió hace una semana, concretamente el viernes 4 de noviembre, la quema de seis vehículos en la Provincia de Malleco por parte de encapuchados. A esto se suma la undécima renovación del Estado de Excepción en la zona decretado por el Gobierno de Boric, medida que fue aprobada este miércoles en el Congreso.
En Cautín, en el sector de Quepe, se vio el miércoles 9 de noviembre a un grupo de personas instalando carteles, uno de los cuales consignaba que «las tierras robadas serán recuperadas».
El Presidente aterrizará en La Araucanía después de que el domingo 6 de noviembre se sentenciara a presidio efectivo, con 7 años de cárcel, al exoficial de Carabineros, Marco Treuer Heysen, quien fue el autor del disparo de escopeta que causó la muerte del joven mapuche Alex Lemun (17 años), en noviembre de 2002.
En pocos días, cuando comience la APEC en Tailandia, instancia a la que asistirá Boric –lunes 14 de noviembre–, se cumplen también cuatro años desde los disparos que le causaron la muerte a Camilo Catrillanca (24 años).
Este clima propició el comunicado de 22 comunidades y grupos que llamaron al “sabotaje” con duras críticas al Ejecutivo. “Repudiamos rotundamente al Gobierno y su nula disposición de justicia, entendiendo claramente que su balanza es en favor de las forestales e intereses capitalistas que, al ver como nuestro pueblo nación mapuche avanza recuperando los territorios usurpados es que instaló este aparataje militar”, señala la declaración. Entre las comunidades firmantes está la Comunidad Tradicional de Temucuicui, liderada por el lonko Juan Catrillanca, abuelo del joven que murió por disparos de Carabineros en 2018.
La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) emitió su propia declaración este miércoles 9 de noviembre, a través de Werkén Noticias. Escribieron que «mientras por arriba la pseudoizquierda cocina sus acuerdos, el movimiento mapuche autonomista debe seguir el camino del weychan (lucha), profundizar su estrategia, expandir el control territorial y expulsar a las expresiones capitalistas del Wallmapu».
«Lo que pretende realmente es reunirse con un séquito de reconvertidos y lacayos del poder, con yanaconas (traidores) y oportunistas que ya están de rodillas frente a la ignominia de mantener el sistema”, sostiene el comunicado.
Frente a todas diatribas, el Gobierno, a través del subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo (PC), mostró su perfil duro al restarles valor a esas declaraciones: «Lo que diga o no diga la CAM, nos tiene sin cuidado», señaló Cataldo.
Según asistentes al encuentro del martes en Cerro Castillo, todos los congresistas tuvieron un espacio para hablar, mientras el Presidente tomaba nota.
Estuvieron presentes en la cita Ana Lya Uriarte (PS), titular de la Secretaría General de la Presidencia; Matías Meza Lopehandía, el jefe de gabinete del Mandatario –quien tras egresar de Derecho se desempeñó como abogado del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y en Palacio aseguran que ha tenido una gran influencia en el relato del Gobierno sobre La Araucanía–; Carolina Tohá (PPD), ministra del Interior; Miguel Crispi (RD), cabeza del Segundo Piso; y Víctor Ramos (CS), el jefe del Plan Buen Vivir –iniciativa enfocada en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos–.
Los asistentes describen que uno de los temas centrales de la cita, y sobre los que expuso el Presidente, además del foco en seguridad, fue el anuncio de convertir el programa gubernamental Buen Vivir en un plan que trascienda a los gobiernos mediante una ley. La idea, cuentan, es que de esta forma pase a ser una política de Estado. Así, relatan que el Mandatario propuso a los parlamentarios elaborar esta política pública en conjunto.
El Plan Buen Vivir fue anunciado por la exministra del Interior, Izkia Siches, el 17 de mayo de 2022, pero ahora está en manos de la titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte (PS). Este aviso se concretó meses después de que la entonces jefa de la cartera del Interior, el 15 de marzo, durante su viaje a la región, fuera recibida al comienzo del camino que lleva a la comunidad de Temucuicui con disparos al aire, lo que provocó que junto a su comitiva tuvieran que dar media vuelta.
Dos focos de la iniciativa gubernamental son la creación de parlamentos que reconozcan a las autoridades propias mapuche y la inversión. “Se contemplan alrededor de 400 mil millones de pesos de inversión pública destinados a mejorar la calidad de vida de las comunidades y habitantes de la Región de La Araucanía y de las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío”, se informó el día que lanzaron el programa.
Con el fin de establecer parlamentos, hasta el 29 de septiembre se realizaron 152 encuentros en 35 comunas de las cuatro regiones que abarca el plan, según información entregada a El Mostrador por el Ministerio del Interior.
En Palacio afirman que el equipo que está detrás del Plan Buen Vivir fue “constituido por el Presidente, quien tiene un mandato especial sobre él”, ya que es “parte del diseño del Gobierno”.
Además del psicólogo de Convergencia Social, Víctor Ramos, el equipo nacional está conformado por el militante de Comunes Francisco Arellano. Este abogado de la U. de Chile es fundador del centro de pensamiento ligado a su partido, Nodo XXI, y sus áreas de especialización son derechos humanos, derecho laboral y teoría política. Además, fue coordinador general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) en 2012 y jefe de gabinete, entre 2014 y 2016, del entonces diputado Gabriel Boric.
Otro de sus miembros a nivel central –desde La Moneda– es la socióloga de la U. Alberto Hurtado, Francisca Magnani. Ha sido profesora en la U. San Sebastián y estuvo más de un año trabajando como consultora en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de acuerdo a su LinkedIn.
De acuerdo con fuentes del oficialismo en La Araucanía, el Presidente mantendrá reuniones con los alcaldes de la provincia de Cautín en Villarrica, y posiblemente con los jefes comunales de la provincia de Malleco en Angol. Dentro de los planes presidenciales también estaría encontrarse con víctimas de la violencia rural, comunidades mapuche, además de gremios de salud y educación.
Desde la academia centrada en derechos humanos miran con preocupación los énfasis del actual Gobierno, que –dicen– parecen estar enfocados en el impulso de políticas de seguridad para contener la violencia en la Región de La Araucanía y no en los problemas de fondo que generan el conflicto.
Alcaldes, en privado, aseguran también sentir preocupación respecto a que la visita se enfoque solamente en la seguridad y no en el desarrollo de la región más pobre del país, según la Casen publicada en 2021.
A la espera de la visita presidencial, el jefe comunal de Temuco, Roberto Neira (PPD), dice que se espera que el Gobierno venga con un “mensaje de inversión pública que se manifieste en el Plan Buen Vivir, para que los alcaldes tengamos claro dónde estará específicamente la inversión en la región”. Señala que los alcaldes aún no tienen claro de qué se trata el plan y que valorarían una «bajada completa” sobre la inversión que habrá por área.
Los sectores más relevantes para invertir, según Neira, son «conectividad, obras públicas, agua potable rural, apoyo a la microempresa y la pyme, y seguridad”. Además de una mayor dotación de Carabineros.
Desde Ercilla, el alcalde Valentín Vidal (independiente elegido a través de la lista integrada por la DC, el PRO y Ciudadanos) explica que “el Plan Buen Vivir apunta a que una parte importante de recursos lleguen a las comunas más rezagadas de la región. Pero si esa política no se amplía en el tiempo, con el cambio de Gobierno terminará. Para que no lo haga, tiene que pasar por la Cámara de Diputados y el Senado y convertirse en ley”.
El jefe comunal de Ercilla subraya que, como comuna, están pidiendo la construcción de un Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) y un liceo técnico profesional.
En reserva, alcaldes de Malleco aseguran que ellos mismos le han pedido al Gobierno que el Plan Buen Vivir pase a ser ley, para que cuando termine la actual administración no se desmantele. Desde las municipalidades admiten que algunos jefes comunales han sido críticos y acusan una “nula ejecución» de la iniciativa.
Puntualizan que ya le han entregado a La Moneda la información de sus comunas respectivas, a través de representantes del Buen Vivir, y que ahora están esperando la respuesta. «Necesitamos los proyectos, vamos a exigir los recursos y los tiempos”, recalcan.
Además, cuentan que han mantenido reuniones entre alcaldes y que comparten mensajes en común para plantear al Presidente los mismos focos problemáticos: “Cesantía y salud. Los Sauces, Lumaco y Ercilla no tienen hospital”.
Desde Cautín detallan que en su reunión con Boric la duda principal será respecto del Plan Buen Vivir. Explican que existe la duda acerca de dónde se sacarán los recursos para cubrir el plan de inversiones que supone.
Según cercanos al alcalde de la comuna de Renaico, Juan Carlos Reinao —doctor y presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches (AMCAM) y quien fue miembro de la CAM–, estuvo el miércoles en La Moneda, donde sostuvo reuniones con la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve (PS). El encuentro se suma a otro que mantuvo con la titular este mes, concretamente el miércoles 2 de noviembre.
Personas que conocen a Reinao advierten que ha manejado el porqué de sus citas con ministros con total hermetismo, sin embargo, señalan que ha habido conversaciones entre la AMCAM y el Gobierno, donde este último ha rescatado algunos de los puntos presentados por los alcaldes y que podrían ser parte de los anuncios este jueves y viernes en la Región de La Araucanía.
Las palabras del Presidente en la reunión con parlamentarios de La Araucanía estuvieron enfocadas en seguridad y, en dicho marco, planteó que es una «condición habilitante» para el desarrollo de la vida de las personas. Se refirió, asimismo, a la importancia de un catastro de tierras, hacerse cargo de los problemas del agua potable rural, la falta de hospitales en la región, las víctimas de violencia –enfocado este aspecto en la reparación, iniciativa que ha impulsado el gobernador de la región, Luciano Rivas (Evópoli)–, además del diálogo político con el pueblo mapuche a través del Plan Buen Vivir como una política estatal.
Según describen parlamentarios, algunos plantearon que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) estaba obsoleta, y la diputada Ericka Ñanco (RD) recordó el compromiso del Gobierno con un Ministerio de Asuntos Indígenas, iniciativa que también está dentro del Plan Buen Vivir y que busca “robustecer la institucionalidad que se ocupa de las temáticas indígenas y propiciar la eficiencia de los organismos vinculados a esta materia”.
El Mandatario no especificó su agenda por temas de seguridad, pero afirmó que iba a tener un “diálogo transversal”, junto con anunciar que esperaba seguir con reuniones periódicas con los congresistas de La Araucanía tras la visita.
“Espero que el Presidente trace una línea de Gobierno distinta a la que tenía como parlamentario, y que lidere la lucha contra la violencia y el terrorismo en La Araucanía y contra la pobreza”, planteó el diputado Miguel Mellado (RN) a la salida.
El senador Felipe Kast (Evópoli) contó que le pidieron al Presidente el «nombramiento de un ministro encargado del terrorismo en la Macrozona Sur». «Estamos esperanzados de que el Gobierno cambie la actitud y deje de confundir el tema indígena con el terrorismo», explicó.
«Necesitamos enfrentar con fuerza al terrorismo, empoderar a las policías y a los fiscales, y por otro lado, con una mano amigable, trabajar con los pueblos indígenas», agregó Kast.
La diputada Ñanco sostuvo que en la visita presidencial se deberían dar señales de diálogo con el pueblo mapuche y subrayó como clave «la iniciativa de convertir el Plan Buen Vivir en un proyecto de ley, para que el Estado se haga cargo del diálogo”.
«Si se va a transformar en un programa de Estado, necesita de un consenso, que es lo que estamos produciendo ahora: de qué se va a tratar el programa, cuál es la dirección que va a abarcar. Esos plazos se van a ir definiendo. Esperaría que pudiésemos comenzar a trabajar muy fuertemente, en el marco legal que plantean las ministras, el próximo año», dijo a El Mostrador Víctor Ramos, jefe del Plan Buen Vivir, el 14 de octubre.
