Carlos Palma, candidato a Fiscal Nacional: “Como Ministerio Público no hemos estado a la altura. Somos ineficientes y ese cambio hay que producirlo”

Carlos Palma Guerra (46) está por estos días en Santiago. Pidió vacaciones para realizar con dedicación y tiempo su postulación a la Fiscalía Nacional. El pasado lunes 7 realizó la presentación ante la Corte Suprema, junto a otros 16 colegas postulantes, y fue seleccionado (7 votos) para ser parte de la Quina (hasta ahora de cuatro por la renuncia al proceso de Rodrigo Ríos) de la que el Presidente de la República elegirá un nombre que debe ser ratificado por los 2/3 de los integrantes del Senado.

Divorciado y padre de cuatro hijos, Palma Guerra nació y estudió derecho en Talca. Entró al Ministerio Público a los 25 años (2001) y entre los casos más emblemáticos que le ha tocado investigar y que, por los cuales, lo mantiene hoy bajo escolta policial, está en caso del montaje de la unidad de inteligencia de Carabineros conocido como Operación Huracán, que tenía como propósito engañar a otras instituciones del Estado, presentando pruebas falsas contra mapuches, para mostrar efectividad en el conflicto indígena.

También está el llamado caso FAM (Fondo de Ayuda Mutua) de la IV División del Ejército en la región de Aysén, donde se inició una investigación contra 750 personas. Bajo la comandancia en jefe del Oscar Izurieta Ferrer, se ideó el flujo de recursos fiscales del Presupuesto Institucional bajo la denominación “Plan de Cultura y Clima Organizacional”, plan que nunca existió y que tenía como único objeto dar apariencia de legalidad a los recursos fiscales utilizados y destinados a resarcir los montos perdidos por los beneficiarios del FAM y sus familiares en su caso. Durante la investigación, se debatió la competencia de las justicias y la Corte Suprema resolvió 3×2, entregarle la competencia a la fiscalía militar. Hecho el despeje de los antecedentes, por competencia penal común quedaron 122 imputados, de los cuales ha formalizado a 43.

Especializado en la investigación de delitos sexuales, lavado de activos, crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas y delitos de corrupción pública. Ha estado a cargo de perseguir casos como la Operación Huracán, el fraude al fisco en la IV División del ejército en Coyhaique, en el llamado Caso FAM (Fondo de Ayuda Mutua) donde imputó de una vez a 750 personas. Este tipo de causas lo tienen hace cuatro años con escolta policial y solo se moviliza en vehículos de la PDI.

—Habiendo acusado al ex general Gonzalo Blu y otros funcionarios de Carabineros por el montaje de la Operación Huracán, hoy pesa sobre usted una querella por obstrucción a la investigación en esa misma causa. 

—Cuando uno investiga a cuerpos organizados tan potentes como la unidad de inteligencia de una de las fuerzas policiales, y luego de desbarata una asociación ilícita montada para producir falsas pruebas en contra de la Fiscalía, del Ministerio del Interior, en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia y por cierto en contra de los 11 comuneros mapuche, que fueron privados de libertad producto de esa información falsa… Uno termina querellado y otras veces con escolta. Es una estrategia muy básica de gente poderosa con estudios jurídicos detrás.

—Ahora usted es candidato a Fiscal Nacional ¿en qué está esa causa?

—El fiscal a cargo la sobreseyó, pero presentaron una segunda querella y esta vez encargaron diligencias por esa segunda causa. El fiscal regional ahora pidió sobreseimiento. No tengo miedo, soy un funcionario público que ama lo que hace, me encanta ser fiscal del Ministerio Público y estos son gajes del oficio. Sé que cuando hay desempeño con lealtad y compromiso, hay ciertas consecuencias. Yo he golpeado puertas que no quieren ser golpeadas, he investigado y desbaratado redes de corrupción pública, tráfico de drogas, internación de armas, son delitos de mucha peligrosidad y que tienen una estructura muy potente y por lo tanto uno cuando investiga está muy expuesto. Luego, sin miedo, pero con el mismo coraje hay que seguir investigando y dotar a los fiscales de las medidas de protección necesarias. Desgraciadamente en los últimos meses llevamos en Latinoamérica seis fiscales muertos por el crimen organizado. Yo no quiero que eso ocurra en Chile. Vamos a perseverar en la investigación y no vamos a soltar, pero también vamos a darle todas las medidas de protección a nuestra gente para desempeñar el trabajo con la mayor tranquilidad posible”.

—Hoy la mayor preocupación de los chilenos es la seguridad pública, ¿cuál es su diagnóstico?

—Estamos en el momento más álgido de la delincuencia en la historia de Chile. Como escribió el senador Quintana en uno de sus libros: estamos perdiendo el control, si no tomamos las riendas hoy de la delincuencia, no nos ponemos de acuerdo entre los distintos organismos del Estado, la situación se nos va a desbandar definitivamente. Tenemos un 30% de aumento de los homicidios y el 50% de ellos sin resolver, un enorme porcentaje de delitos violentos: robos con intimidación, encerronas, secuestros, sicariatos, delitos de narcotráfico asociado al tráfico de armas y crimen organizado.

—¿Cómo llegamos hasta acá?

—Hay muchos factores: relajo en la persecución penal, no entender algunas normas en un concepto errado de ser extremadamente garantistas, falta de control en la migración, suma y sigue. Es un descontrol del proyecto en general y en lo particular un descontrol de los homicidios, mucha droga, mucho crimen organizado. Para eso hay que tener ideas claras, un liderazgo potente para producir el cambio y habilidades para coordinarse con todas las instituciones, el ejecutivo, el legislativo. Tener conversaciones serias con el Poder Judicial, un trabajo realmente de la mano con las policías, mejorar capacitación… Crear en conjunto un plan de seguridad nacional para producir el cambio.

—Pero existe un plan de seguridad nacional.

—No hay. Sin duda se han hecho esfuerzos, pero han sido menores. El Ministerio Público probablemente no ha estado a la altura en la persecución penal y eso ha producido un tremendo vacío y ante esa ausencia de acción la delincuencia avanza.

—¿Qué ha fallado?

—El Ministerio Público no ha sido eficiente porque se ha producido una cierta distancia con aquello que nos era propio cuando partimos allá por el 2000. Ese sentir en carne propia que esto es un servicio de personas dedicado a otras personas. Somos servidores públicos. De a poco, esto se fue alejando, por la recarga laboral, por la falta de recursos, por la ausencia de una gestión eficiente, por falta de control de las jefaturas. Externamente llegó más delincuencia y no estábamos preparados como Estado para enfrentarla y esa suma de errores, de negligencias, de falta de productividad produce el estado de casi desborde que tenemos hoy.

—¿Hay exportación de métodos delictuales? Crímenes que en Chile antes veíamos en las películas.

—El nivel de violencia en el país y sobre todo en Santiago, en el norte es al nivel de película. Ningún órgano del Estado lleva una estadística respecto de “la exportación de delitos”. Es cierto que hay sicariatos, que hay violencia colombiana y violencia venezolana y otras técnicas propias del narcotráfico, de la guerrilla de Centroamérica. Hay que ponerle coto hoy.

La desesperanza aprendida

La Reforma Procesal Penal partió el 2000 en las regiones de Coquimbo y la Araucanía y se fue extendiendo gradualmente hasta concretarse en la región Metropolitana en 2005 y, con ello, en todo el país.

“El Ministerio Público propiamente tal tiene una ley orgánica que es de 1999, y esa norma posee una estructura rígida de cómo debemos funcionar, la esencia está estructurada allí. Y esa esencia está obsoleta. Hay que hacer modificaciones legislativas que nos permitan funcionar rápidamente. Ahora se habla mucho de crear una fiscalía suprarregional o de crimen organizado nacional. Hace falta, y también poder mover recursos de un lado para otro rápidamente. Identificar un foco y reaccionar de inmediato”, explica Carlos Palma.

Sin embargo, agrega que no solo es cuestión de más recursos. Se necesita sobre todo, capacidad de gestión y liderazgo para producir ese cambio y análisis. “Eso no lo hemos tenido en todo este tiempo. Sin duda se han hecho muchísimos esfuerzos, el Estado el 2015 con la Ley de Fortalecimiento, inyectó prácticamente un 10% más de recursos, pero no fue suficiente porque había mala gestión. Y eso determinó que hoy tengamos los porcentajes históricos más altos de no persecución penal. En Chile se archivan el 55% de las causas. En Santiago se llega al 69%, es decir, 7 de cada 10 causas se archiva. En otras palabras, sólo perseguimos tres de cada 10 delitos y de esos tres solo el 10% llega a sentencias, es decir, una eficiencia extraordinariamente baja.

—Esto no es de hoy. Ningún Fiscal Nacional ha podido disminuir esas cifras ¿Por qué la Fiscalía es tan deficiente en esta materia?

—Es la suma de todo: un cambio de la delincuencia por factores externos e internos que trajo una modificación muy importante en la cultura criminológica; falta de recursos humanos y financieros para enfrentar estos cambios; mala gestión que nos impidió ver y reaccionar oportunamente ante esto; una desaprensión respecto del funcionamiento diario, una apatía probablemente de mucha gente que quiso hacer cambios y que la estructura interna no se lo permitió y se vio cada vez más sobrepasada. Así se fue produciendo lo que los expertos llaman la desesperanza aprendida: la conciencia clara de que aun cuando se intenten hacer las cosas no se va a producir un cambio. Y allí poco a poco nos fuimos distanciando. Probablemente hace unos años estas cifras eran la mitad y antes la mitad de la mitad… Pero hoy estamos en un tope que desde el punto de vista de la eficiencia de un sistema es inaceptable. Hace un tiempo conversaba con el jefe policial de Emiratos Árabes en una charla  magistral sobre crimen organizado. Ellos tienen un 97,5% de resultados. Yo en Aysén tengo un 73%, que es la más alta del país, sabiendo que es una fiscalía más pequeña. Chile tiene un 27% de resultados. Y él decía  que no dormía en la noche para saber cómo solucionar ese 2,5 que le faltaba.

—¿Bastará con cambiar la cabeza del Ministerio Público para revertir la situación?

—La fiscalía somos todos los miembros del Ministerio Público, pero la cabeza construye la política criminal, visualiza los objetivos y con su equipo arma lineamientos estratégicos. Cuando el objetivo está errado y las acciones no están alineadas estratégicamente, los resultados van a ser paupérrimos. Una visión clara puede producir ese cambio. El fiscal nacional solo, evidentemente no lo va a lograr, tiene que construir equipos. Y el Ministerio Público aislado no sirve para nada, debe trabajar de la mano de las otras estructuras del Estado: Ejecutivo, legislativo, con las policías, la comunidad viva, las organizaciones vecinales donde se producen los delitos. También internamente con el congreso para que el legislador conozca las debilidades y fortalezas del ente persecutor y las policías. Una vez que se reconstruyan las confianzas recíprocas se empieza a producir el cambio. Al menos esa es la experiencia que he tenido en las tres regiones en que he trabajado.

—Cuando se habla de delincuencia se apunta con rapidez a las policías, ¿están preparadas, pasa por ahí parte de la solución?

—Nuestras policías son extraordinarias comparadas con otras del mundo. Si pensamos que la criminalidad cambió, es más violenta, masiva y tenemos un porcentaje de falta de resultados de identificar imputados sobre el 50% y en perseguir casi del 70%, entonces obvio que nos faltan recursos, pero recursos que no solo se reducen a un mayor número de personas a cargo de una investigación, sino recursos que tengan que ver con investigación, tecnología, inversión en capacitación tanto de fiscales como de policías para que tengan las herramientas para hacer frente a este cambio cultural —si queremos llamarlo así— de la delincuencia. Que sean capacitados en Israel, en España, donde el crimen organizado es muy poderoso y donde la policía y la fiscalía tiene años de perfeccionamiento y experiencia.

—También se culpa al Poder Judicial de ser extremadamente garantista

—Bajo la lupa de algunos, el Poder Judicial puede ser garantista. Pero sí hay errores jurídicos para eso está el sistema del Poder Judicial. Para eso está la Corte respectiva o la Suprema. En todo caso, este punto de inflexión en la delincuencia tiene que ver con que todos los organismos y por distintas razones no hemos estado a la altura. A mí como Ministerio Público sólo me compete hacer el mea culpa por la fiscalía. Yo creo que como Ministerio Público no hemos estado a la altura. Somos ineficientes y ese cambio hay que producirlo.

—¿El crimen organizado debería ser la prioridad de la próxima gestión?

—Todas las encuestas dicen que las chilenas y chilenos tienen mayor miedo por la percepción que tienen de los delitos violentos. La fiscalía es un servicio público que tiene como fin investigar para producir seguridad jurídica, somos parte de la estructura del Estado. La política del nuevo Fiscal Nacional tiene que estar orientada a eso: delitos violentos, crimen organizado con todas las ramas: droga, armas, para producir mayor persecución con resultados y por consecuencia mayor seguridad jurídica a la población.

—También control de la corrupción

—Por supuesto, la herramienta principal del crimen organizado es la corrupción. Por ejemplo, para producir el tráfico de droga se requiere contaminar a los órganos del Estado. El cohecho, malversación de fondos, son herramientas clásicas del narcotraficante. Hace unos días formalizamos a personas universitarias, muy bien formadas, que además estaban asociadas con un ex militar y con un funcionario activo de un gobierno regional. La corrupción pública está presente en eso y es vital perseguirla. Lo peor que puede ocurrir en Chile es que el crimen organizado y la corrupción pública lo permee como Estado porque después de eso se pasa ese punto de inflexión y es muy difícil controlarlo.

—¿Cómo se le hace frente a aquello?

—Nos falta una base unificada de datos que se sigue discutiendo en el Congreso. Debemos tener un registro unificado de armas y municiones, un registro de ambas policías y de organismos del Estado de evidencias. Hay que trabajar en información, en inteligencia. Es fundamental para la seguridad del Estado fortalecer una ley de inteligencia para el manejo de información para la autoridad ejecutiva como también para las instituciones encargadas de la investigación penal. Eso no existe como tal. Yo como Ministerio público digo: vamos a estar al servicio del Estado para construir una política nacional de seguridad, vamos a estar al servicio del Estado para producir el cambio. No voy a estar encerrado en una oficina.

—Está planteando casi refundar el Ministerio Público

—Lo dije en mi discurso en la Corte Suprema; hay que producir un cambio de fondo. No puede ser refundacional; es un viraje profundo, pero conservando lo que es realmente importante: hace 21 años ingresé orgulloso de ser fiscal y hoy solo el 15% de la población confía en nosotros. Somos una de las instituciones peor evaluadas. Cuando uno va a una reunión social y dice que es fiscal, me miran de manera pésima. Ese es el día a día de muchos fiscales que quieren producir cambios y que se dan cuenta de que esto se fue deteriorando y que hoy se requiere cambiar.

—Pero no bastan sólo los discursos para producir el cambio

—Lo que puedo decir es que en las tres regiones en que he estado he tenido ideas innovadoras, premiadas internacionalmente como mejores prácticas en persecución penal, y además he logrado producir ese cambio. Hemos reducido los robos en ciertos porcentajes, la región se transformó en la más eficiente del país en los últimos años. La gente dice que Aysén, es una fiscalía pequeña de 12 mil habitantes, pero tiene que ver con la actitud y la forma de enfrentar el problema. Lo que proponemos —somos un equipo— es otra mirada, más humana del Ministerio Público, pero con ideas claras de persecución penal y por cierto con un trabajo firme en el control de delitos violentos y el crimen organizado que hoy afecta a Chile.

Ordenar la casa por dentro

—En el contexto de esta elección de Fiscal Nacional, se ha criticado la gestión del ex fiscal Abbott, ¿basta cambiar una persona para cambiar el sistema?

—No me corresponde evaluar el desempeño de Jorge Abbott. Pero hay  datos, hechos ciertos. Primero que tenemos la peor persecución de la historia, tenemos la peor imagen institucional de la historia, y la mayor crisis de confianza de la historia. Teniendo presente que es una instrucción joven y que solamente han pasado tres periodos, en el último se han producido todos estos cambios. Bajo esa premisa se puede decir: estamos en un tremendo momento para cambiar. Nunca antes el Ministerio Público estuvo tan bajo. Solo nos queda mejorar. Creo que sí las personas hacen la diferencia. El Ministerio Público merece un estado muy distinto al que tiene hoy. Hay demasiada gente comprometida con ello: funcionarios, fiscales, administrativos que aman la función pública y que al igual que yo se incomodan en las reuniones sociales cuando la gente les habla de la delincuencia, la corrupción, la desconfianza y la falta de eficiencia..

—A eso se suma la imagen de que hay una justicia para pobres y otra para ricos. Un tratamiento para poderosos y uno diferente para ciudadanos de a pie

—Mi concepción es que la igualdad ante la ley es fundamental. En estos 21 años me ha correspondido llevar a juicio a funcionarios de la policía de investigaciones de Chile, a carabineros e investigado a uniformados de la Fuerzas Armadas, sacerdotes de la Iglesia católica, pastores evangélicos, el rector de un prestigioso colegio en Concepción, magistrados y también gente, entre comillas, común y silvestre que cometía delitos. No existe ninguna razón para hacer diferencia y una forma de producir el cambio es mostrar esta transversalidad y para que eso se cumpla, la autonomía absoluta del poder sobre el órgano que investiga es fundamental.

—Usted ha nombrado en esta entrevista a los funcionarios. Ellos han hecho varios llamados a que en esta elección no se paguen favores políticos y han pedido mayor dotación, ¿qué les responde a ellos?

—La única forma de producir un cambio afuera es tener la casa ordenada  por dentro. Me reuní con la asociación de funcionarios y de fiscales en este tiempo para escucharlos. También me he reunido en el día a día con mi gente. Los problemas van variando según el tipo de fiscalía. Lo importante es sentarse, saber escuchar y conectarse. Yo comparto muchas de las pretensiones que tienen los funcionarios y fiscales también, ¡claro que nos falta gente!