PAÍS
El desarrollo de la infraestructura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 sigue dando que hablar, en especial, por las irregularidades denunciadas ante el órgano contralor respecto de una obra que rompió todas las proyecciones de costos: el Centro Acuático del Estadio Nacional, cuyo monto inicial era de $17 mil millones y que en cosa de meses escaló hasta superar los $51 mil millones –lejos la instalación más compleja y cara de todas–, incluso con claras proyecciones de aumentar. Diversas voces ligadas a los Panamericanos advierten de los peligros que entraña el procedimiento que permitió adjudicar el contrato a la empresa constructora Flesan, del grupo Salgado, que se repite en otros proyectos de la justa deportiva, mientras que en el Congreso apuntan a la necesidad de estar vigilantes al desarrollo de una iniciativa que ya no tiene margen de error, máxime cuando la firma a cargo puede experimentar problemas en medio de la severa crisis que afecta a la industria de la construcción, lo que obligaría al Estado a abrir nuevamente la billetera, pero esta vez a niveles aun más elevados.
El 27 de octubre, el ingeniero Bernardo Santander acudió a Contraloría para que los funcionarios de esta examinaran detenidamente todo el proceso de adjudicación de tres obras que han de erigirse en el Estadio Nacional, de cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023: el Estadio Atlético Mario Recordón, las instalaciones para el tenis y, muy especialmente, el Centro Acuático, la obra más cara y compleja de todas las que ahí se emplazarán.
La preocupación del exjefe de la División de Infraestructura del Ministerio del Deporte (Mindep) radica en la magnitud del costo que demanda el centro acuático, obra adjudicada finalmente al grupo Flesan –en Unión Temporal de Proveedores (UTP) con Moller & Pérez-Cotapos– el pasado 21 de octubre, a un precio tres veces mayor al monto por el cual fue inicialmente licitado. En la primera convocatoria, que desechó el Ministerio de Desarrollo Social, se calculó el costo de la obra en $17 mil millones, y ahora, cuando ya faltan pocos meses para que comience la cita deportiva con sede en Santiago, el monto ascendió a $51 mil millones.
El grupo Flesan fue fundado en 1981 por Emilio Salgado Tormo, quien pasaría la posta, con el correr de los años, a sus hijos Esteban y Emilio Salgado Mujica. Es ya un gigante de la construcción gracias a sus cinco empresas integrantes: Flesan propiamente tal, con el foco en obras previas y de construcción; DVC, iniciales de De Vicente Constructora; Fai Inmobiliaria; Difai, empresa orientada al desarrollo e ingeniería de proyectos; y finalmente InexChile, dedicada a la ingeniería y venta de productos especializados para distintas industrias. En 2007 el grupo se extendió a Perú.
“Es un aumento del 57% de agosto a octubre. No hay por dónde que este proyecto se haya disparado de esta manera en términos de costos. Es cierto que el primer presupuesto era un poco bajo y había que corregirlo al alza. Pero pasar de $32 mil millones a más de $50 mil millones hay un trecho grande”, sostiene Santander.
“Lo evidente es que el Estado se atrasó tanto que no tuvo más remedio que aceptar la propuesta del único oferente, porque de otra manera no llega a los Juegos Panamericanos con la piscina. Y sin piscina no hay Panamericanos, así de simple, y entonces el daño reputacional y político sería grande. En el fondo, van a sacar esto adelante al precio que sea”, apunta el denunciante en Contraloría, quien sustenta su presentación ante el órgano contralor precisamente en ciertos hechos que le parecen irregulares. “Una de las cosas más importantes es que se liberó a la empresa de presentar sus ‘Análisis de Precios Unitarios de las Partidas de Obras’, o APU. Para explicarlo en simple: ahí tú dices cuánto me cuesta este material, cuánto me cuesta la mano de obra, cuál es el valor del flete, y así. En el fondo, esto te ayuda a establecer una referencia, pero si tú careces de esa referencia, la empresa puede decirte cualquier cosa ex post e inflar costos, y tú como Estado no tienes nada para refutarle”, señala.
“Además no es un proyecto coordinado con metodología BIM (Building Information Modeling), un modelamiento que te permite anticipar interferencias técnicas. Y si encima falta el estudio sobre las partidas de obra, apuesto a que veremos nuevas alzas», añade.
En la presentación efectuada ante Contraloría se señala que no se exigió la visita a terreno de las empresas proponentes y no se otorgó un plazo razonable para que estas realicen un Estudio Técnico Disciplinar de todas las partidas de obra que implica el megaproyecto.
“Tampoco se previno la concentración de empresas, porque al final en este proceso encontramos otra vez al grupo Flesan, que ya tiene a su cargo las instalaciones del Parque del Estadio Nacional, el Centro de Deportes Colectivos y Explanada de Deportes Urbanos, pero que en el caso del Centro Acuático estableció una Unión Temporal de Proveedores (UTP), junto con Moller & Pérez-Cotapos S.A., aunque pusieron ahí que esta última iba como principal para emitir una imagen distinta”, recalca Santander.
Todo lo anterior se habría solucionado “si se convoca a la Cámara Chilena de la Construcción desde un comienzo, o si se hubieran pagado insertos en medios para informar de estas licitaciones, o hacer llamados internacionales, pero nada de eso se hizo”, puntualiza.
Una de las dudas que surgen del notable aumento de costos de la obra dice relación con la evaluación de rentabilidad social que realiza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cartera que visa todo proyecto a través del “Resultado de Análisis Técnico Económico” (RATE). “No veo qué cambios significativos en términos de rentabilidad social pudo haber en tan poco tiempo de diferencia, como para justificar un desembolso fiscal mayor. En pocos días el Ministerio de Desarrollo Social lo calificó con RS, es decir, Resolución Satisfactoria y ‘con alta eficiencia’ , y esto pasa un par de días después de la apertura electrónica en Mercado Público. Este RS permite adjudicar el proyecto, pues se ajusta al monto ofertado por la empresa constructora”, agrega.
El exasesor senior de Proyectos del Ministerio del Deporte, Pablo Moscoso, cree que asistimos a un “tremendo caso de estudio”, al punto que el relativo al Centro Acuático “sería una buena forma de enseñar a los jóvenes cómo no se tienen que hacer las cosas”.
La crítica de Moscoso se cruza con la de Santander en un punto: desde el comienzo este proyecto tuvo problemas. “Creo que se puede resumir todo en una deficiente planificación del proyecto, teniendo en cuenta que eso involucra la gestión del alcance, el tiempo, los costos, riesgos, stakeholders, etc. Todo radica en los plazos que existen para la ejecución del proyecto, desde su perfil a la ejecución. Cuando un proyecto se planifica de buena forma, se mitigan los riesgos asociados a costos”, enfatiza el profesional.
“Aquí es grosero el error”, sentencia luego Moscoso, quien cree que la primera responsabilidad “es del IND (Instituto Nacional de Deportes), donde estipula mal los costos, porque ni siquiera tienen la experiencia” en el desarrollo de proyectos de infraestructura de estas dimensiones, y ello hará que el país en su conjunto pague dos consecuencias concretas ya adelantadas por Santander: primero, que “este Gobierno está a merced de lo que diga el privado”, en este caso, es “una sola constructora la que se gana los proyectos siempre”, sostiene en relación con Flesan, compañía que asumirá el desarrollo de las faenas a un alto precio para el erario fiscal: “Ni el índice de costos que maneja la Cámara Chilena de la Construcción con estudios de mercado constantes es tan excesivo”.
Una voz al interior del Mindep aporta una idea que explica buena parte del origen del problema, más allá del retraso “histórico” que supuso la lentitud con que actuó el Gobierno de Sebastián Piñera –cuyos efectos se vieron agravados severamente por el estallido social y la pandemia–, y los cambios de planes y correcciones que tuvo que hacer la actual administración. “Quizás ya te lo han dicho, pero en los ministerios no existe, creo yo, una mayor experiencia en el desarrollo de infraestructura compleja, y eso es un problema porque la expertise en infraestructura está en otro ministerio”, lo que Santander complementa con un ejemplo: “Imaginemos que el Ministerio de la Mujer (y la Equidad de Género) decide crear una red de hospedajes para mujeres afectadas por situaciones de violencia. En ese caso, el Ministerio de la Mujer debe asesorarse inmediatamente por el Ministerio de Obras Públicas, porque es la cartera que sabe de fierros y tiene personal calificado en ingeniería de costos. El MOP tiene cien años de experiencia en eso. El Ministerio del Deporte lo hizo, efectivamente, solo que lo hizo un poquito tarde. Se perdieron meses valiosos que bien pudimos destinar para trabajar la licitación de mejor manera, cautelando mejor los recursos del Estado”, declara el ingeniero.
Pero el Gobierno se defiende. A la hora de explicar el alza en los costos, la cartera del Deporte aclaró, por escrito, que “el mayor valor ofertado se explica principalmente por las condiciones del mercado vigentes, el que se ha visto impactado por la adopción de medidas macroeconómicas que permitan controlar la inflación a nivel local y mundial. Por tanto, la incertidumbre obliga a considerar contingencias para mitigar el riesgo del oferente, que se traduce en un aumento de los costos”.
Asimismo, “los lamentables rezagos que provinieron de la gestión anterior han implicado que el oferente tome consideraciones extremas para cumplir el plazo establecido. Es decir, que la obra esté lista para los Juegos de Santiago 2023. Es necesario recordar que el Centro Acuático carecía de diseño, evaluación social, identificación presupuestaria, autorización por el Consejo de Monumentos Nacionales y de bases técnicas de licitación. Esta situación crítica ha sido abordada por la presente administración, presentando una licitación en tiempos y formas que establece la normativa vigente”.
Sobre las otras observaciones expuestas ante Contraloría, respecto de la no presentación de “Análisis de Precios Unitarios de las Partidas de Obras”, el Ministerio del Deporte responde que “la normativa vigente (…) asegura que el Estado no quede a merced de alguna empresa constructora. Adicionalmente, y a diferencia de las obras que se realizan para las disciplinas del tenis o el atletismo, el diseño del centro acuático proviene desde el mandante. Finalmente, la diferencia entre el monto total presupuestado y el ofertado ya fueron validados por el Ministerio de Desarrollo Social, cumpliendo con lo establecido por las regulaciones del Estado”.
Sobre la “concentración de empresas”, el Mindep aclaró que “como mandantes, hemos actuado por medio de la plataforma de Mercado Público, es decir, del canal que otorga la mayor transparencia y acceso a todos los oferentes que existen en el mercado”. ¿Que no se otorgó un plazo razonable para que las empresas realicen un Estudio Técnico Disciplinar de todas las partidas de obra que implica este megaproyecto? El Mindep aclaró que “para actuar conforme a las Bases Administrativas para la Ejecución de Obras, resolución 106 del 2012, el desarrollo de la arquitectura y especialidades estuvieron a cargo del mandante, pudiendo omitir dicha etapa y optimizar los plazos de la licitación. Por lo tanto, el plazo definido fue razonable y conforme a la normativa vigente”, del mismo modo –agrega– que no era necesaria la visita en terreno, ya que “las Bases Administrativas para la Ejecución de Obras, Resolución 106 del 2012, establecen que no es requisito una visita a terreno. Para ello, la empresa emite una declaración en la que indica conocer todos los antecedentes de la licitación”.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia fue contactado por este medio, pero no pudo responder por problemas de agenda.
Sin embargo, este asunto no se agota aquí, porque los ingenieros consultados por El Mostrador, así como parlamentarios integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, han referido no solo al seguro aumento de costos en el desarrollo de las obras, sino también a la frágil situación que embarga a la industria de la construcción producto de la inflación, lo que ha redundado en un incremento significativo en el costo de los materiales (se calcula en alrededor del 35%) y los problemas de flujo derivados de los aumentos en las tasas de interés, lo que tiene a muy mal traer a las empresas del rubro. El punto es no menor, pues, hasta aquí, los críticos del proceso han sido muy acertados en sus proyecciones.
No por nada, este mismo martes el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, firmó un convenio con las empresas para reajustar los contratos de licitación, a efectos de reactivar 96 obras e impactar positivamente en unos 1.400 proyectos, de modo tal de proteger, así, más de 30 mil empleos. Constituye una señal concreta del Ejecutivo de cara a un 2023 complejo en términos de crecimiento, un escenario ya de por sí crispado e inquieto por la quiebra de la constructora Claro, Vicuña y Valenzuela.
Fuentes de la Comisión de Deportes de la Cámara, señalan que es preocupante que la compañía que ganó la licitación diga que tiene problemas para seguir por las eventuales dificultades económicas del minuto y amenace con declararse en quiebra. En ese caso, el Estado –señalan– tendría que ir en su rescate porque, si no, se queda sin Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, algo que no se vería nada bien. «Pero es eso o la vergüenza internacional”, advierten.
Más abierta es la diputada RN y exatleta, Érika Olivera, quien también integra la señalada comisión. Sus palabras rezuman comprensión sobre estas últimas decisiones gubernamentales, así como un espíritu de concordia que –a su juicio– ha de predominar en todas las fuerzas políticas para sacar adelante una política de Estado. En el fondo, lo hecho, hecho está; que nada sacamos con llorar sobre la leche derramada. Ambas parecen ser las máximas de la legisladora en este asunto.
“Efectivamente el aumento del presupuesto del Centro Acuático es escandaloso y llegaría a 55 millones de dólares, lo que la transformaría en la obra más cara de Santiago 2023. Entiendo hay temas técnicos acá que explican el alza y que son poco comunes, pero esta y todas las obras hay que sacarlas adelante porque ya estamos en la cuenta regresiva y nuestro país debe sí o sí llegar con todo el proyecto terminado a los Panamericanos y Parapanamericanos”, sostiene. Lo anterior, no obstante, está lejos de significar un relajo en los controles de gastos: “Esto no significa que dejaremos de usar nuestra facultad fiscalizadora, lo haremos porque Santiago 2023 es un evento de todos los chilenos y chilenas y es responsabilidad de todo el país”.
El Mostrador realizó gestiones para conocer el punto de vista de la empresa Flesan, que estableció una Unión Temporal de Proveedores con Moller & Pérez-Cotapos, pero fue imposible contar con su opinión en cuanto a los cuestionamientos relativos a los costos y la “salud financiera” de una firma a cargo de un proyecto que ya no tiene margen de error. En tanto, las noticias se dan no solo en el ámbito ministerial vinculado a la infraestructura, sino también a nivel de la Corporación Santiago 2023, la entidad encargada de organizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. ¿La razón? Acaban de ser desvinculados dos integrantes clave de la plana ejecutiva: María Elena Mujica, directora corporativa de Santiago 2023; y el brasileño Agberto Guimarães, gerente de Operaciones de Santiago 2023, quien había llegado como fichaje estrella.
Una alta fuente al interior de la Corporación Santiago 2023 fue muy crítica de estos despidos. “Guimarães fue el segundo a bordo en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la Copa América 2019, y Mujica fue jefa de Finanzas de Santiago 2017. Imagínate: sacan a gerentes a 12 meses del evento”, señala con inquietud, debido a las distracciones que ocasionan estos cambios intempestivos y no muy comprensibles, tanto por la calidad de los profesionales desvinculados como por la oportunidad en que se procede a los despidos.
Por cierto: en su carta de despedida al directorio de la corporación, María Elena Mujica pidió mantener los mecanismos establecidos con antelación para cautelar el buen uso de los recursos públicos: “Creo fielmente que la mejor definición de resguardo institucional de las rendiciones es mediante la plataforma proporcionada por la Contraloría General de la República (SISREC), independientemente, que como todo sistema en desarrollo tiene espacios de mejora y ajuste, sin embargo, es invaluable su legitimidad de origen y conceptual, así como de referente, dado la comprobación permanente de su uso y respaldo institucional que hay detrás”.
Y agregó: “En dicho contexto, resulta absolutamente necesaria su mantención, dada la existencia de un contrato en esa línea y lo avanzado del proyecto, por lo que, cambiar es un despropósito y un riesgo tangible. En la misma línea, se hace imprescindible consolidar la implementación de la agenda digital y, fundamentalmente, del sistema SAP, herramienta que asegura la trazabilidad y manejo documental de la gestión de la Corporación facilitando la función de contexto de control de la Gerencia de Contraloría”.
