Delegado presidencial de La Araucanía: “Aquí hay crimen organizado, y veo poco probable que ellos quieran dialogar”

El 11 de noviembre, cerca de las 20:00 horas y bajo la lluvia, el delegado presidencial José Montalva se despedía del Presidente Gabriel Boric, tras la primera visita de este a La Araucanía en sus primeros ocho meses de Gobierno.  

Horas antes, el Mandatario había anunciado la conformación de una comisión transversal –para la Paz y el Entendimiento–, que comenzará a operar en marzo, para calcular cuánta es la tierra que se le debe al pueblo Mapuche, cómo y cuánto se le va a devolver, y en qué tiempo. 

«Esta no es una comisión para hacer un diagnóstico, ya se han hecho suficientes”, declaró ese día el Jefe de Estado.

José Montalva, abogado de 37 años, asumió como delegado presidencial en La Araucanía el 31 de septiembre, tras la renuncia de Raúl Allard. Desde el oficialismo explicaban que se había optado por un perfil más político, lo que podría cumplir Montalva, por haber sido gobernador provincial de Cautín entre 2014 y 2016. 

Nació en Santiago, reside en Temuco y cuenta con un diplomado en Pueblos Indígenas, Políticas Públicas y Normativa de la U. de Chile, y otro en Gestión de Cooperativas de Base Indígena de la U. de La Frontera, Temuco. 

-¿Marzo del próximo año no es una fecha un poco ambiciosa para fijar el inicio de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, siendo que también se anunciaron desde el Gobierno parlamentos con autoridades indígenas para julio de 2022 y no se logró materializar? 
-No es poco tiempo, porque los diagnósticos ya están hechos, ahora hay que ponerse a trabajar en esos temas. Cuando el Presidente viene a la región, lo hace como Jefe de Estado. En ese sentido, recoge la experiencia que se ha ido vertiendo en comisiones pasadas, que nos ayudan a modelar las deudas que tiene el Estado con el pueblo Mapuche, que están más o menos claras. Tiene que ver con el tema político, la justicia reivindicativa en relación con derechos que les han sido vulnerados, y con el derecho a la memoria del pueblo, es decir, la relación histórica del Estado con el pueblo Mapuche. 

-¿Se debe incluir a personas que pertenezcan a grupos como son la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) o la Resistencia Mapuche Malleco (RMM)? 
-La CAM no ha querido dialogar. Con quien no quiere hacerlo, por un tema físico, no se puede dialogar. No solamente se necesita personas sentadas, sino que haya voluntad de diálogo. El diálogo tiene la intención de entender, escuchar y ponerse en la posición del otro. La idea es que no sea un diálogo de sordos. El Presidente ha sido claro: el diálogo se va a hacer con quienes quieran participar, y hacerlo significa estar dispuesto a escuchar. Los requisitos básicos es que haya más de una persona con la voluntad de dialogar.  

-¿Podrán ser parte de la comisión grupos que sigan en el camino de las armas, pese a estar dispuestos a dialogar?
-El diálogo en democracia excluye las armas. Nadie estará dispuesto al diálogo cuando una de las partes esté con armas sobre la mesa. Es difícil que las personas que hayan seguido la vía armada tengan disposición de dialogar. Si están disponibles y se excluyen las armas, podrán. Pero el cumplimiento del Estado de derecho debe ir por carriles distintos. Tengo la convicción de que aquí hay crimen organizado, y veo poco probable que ellos quieran dialogar, porque tienen intereses distintos a los que tiene la población y una democracia, que es el bien común.  

-¿Por qué el Gobierno pone énfasis en una ley de crimen organizado en vez de reformar la Antiterrorista, como consignaba su programa?  
-Estoy convencido de que en la región opera el crimen organizado puro y duro, aunque haya actos de carácter terrorista también. Para poder desarticular el crimen organizado es necesario tener una legislación eficiente y eficaz para su persecución. La ley de robo de madera ha sido eficaz para dar resultado a las investigaciones que se están llevando a cabo. En casi más de un mes de la entrada en vigencia (de la ley) del robo de madera, tenemos incautados más de cuatro mil millones de pesos en especies de estos grupos; además, hay alrededor de quince personas en prisión preventiva, de las cuales, hay que destacarlo, solo el 20% son del pueblo Mapuche. Se trata de organizaciones que operan en esta región con una capacidad de recursos tremenda. Por otro lado, tenemos la Ley Antiterrorista que ha sido ineficiente para perseguir. Hoy día las investigaciones con la aplicación de esta ley no muestran muchos resultados. 

-¿Lo considera un tema más práctico que ideológico? 
-En este caso soy completamente práctico, porque yo vivo en esta región, necesito resultados y que las personas respondan ante la justicia. El daño que generan no es solo a la víctima, como puede ser una empresa que le queman maquinaria. Generan falta de trabajo, que falte el pan en las familias de nuestra región, que haya territorios que estén casi desiertos por miedo, que haya personas que no quieran cosechar porque son extorsionados. Y ahí el Ministerio Público tiene el gran desafío de tener resultados, y eso no lo hemos visto como quisiéramos y, sin duda, se debe trabajar en legislación que permita ser más eficiente en esas investigaciones. 

-¿Me podría describir el encuentro del Presidente con las comunidades mapuche en Lonquimay?  
-Los representantes mapuche se refirieron a «la larga espera». Explicaban que llevaban años de haber optado por tierras a través de la vía institucional, y a quienes ya contaban con todos los requisitos aún no se les compraba la tierra. Otra, es que el Estado se haga cargo de una inversión que mejore la calidad de vida de las personas en Lonquimay, como el estado de los caminos. Se abordó la educación intercultural. La crítica fue que vienen de Santiago a enseñar y pedían que se contextualice en cada territorio y se haga parte a la comunidad de su elaboración.  

-¿Cuál es el avance del Plan Buen Vivir, cuyo objetivo es dar respuesta al conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche, en el que –según la ministra Ana Lya Uriarte– han sostenido ya 165 encuentros?
-Se está trabajando con distintos territorios, y hay que ir moldeando la forma de trabajo. No podemos hacer un plan pétreo, duro, que lo diseñemos en Santiago y lo implementemos acá, sino que se debe ir construyendo con cada territorio, porque en cada uno se van a dar dinámicas distintas. Esto es sin atajos, y es con tiempo. Por eso el Presidente fue a Lonquimay, se quedó una noche allá y conversó más de dos horas. Y eso es para empezar el diálogo, porque esa conversación no ha terminado.  

-¿A qué se refiere con que es sin atajos? 
-El Presidente vino como Jefe de Estado, entendiendo que en estos cuatro años el conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado no se va a solucionar de forma rápida, como tampoco se va a solucionar la pobreza estructural de esta región. Por eso el Presidente ha dicho que hay que hacer una ley que recoja temas de inversión esencial para esta región. Las políticas que hagamos deben trascender al Gobierno. Es pretencioso pensar que solo un Gobierno lo va a resolver. 

-¿Cómo estaban las relaciones de la delegación con las autoridades y las comunidades al asumir, tomando en consideración que cuando llegó al cargo describió que había un clima de hastío?
-El clima de hastío es más bien por no haber solucionado ciertos temas, y no viene con este Gobierno ni delegación, sino que es histórico. Creo que ese hastío hoy es una oportunidad; de todos los sectores he percibido un clima distinto. Necesitamos poner el pie en el acelerador. Tenemos que andar más rápido y bien. Debemos buscar soluciones que se hagan cargo de los diagnósticos que se han ido construyendo en la historia democrática de este país.

Los delitos de la CAM

La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la decisión del Juzgado de Garantía de Los Ángeles que solicitó, el pasado jueves 17 de noviembre, el reemplazo de la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario para tres miembros de la CAM, detenidos por supuestos delitos vinculados a la violencia en el sur, entre ellos, Ernesto Llaitul, hijo del líder de dicha organización.

-Frente a la prisión preventiva, ¿cree que en la zona de conflicto mapuche se ha aplicado especialmente a personas pertenecientes al pueblo Mapuche? 
-Creo que no. Los delitos que se imputan a las personas son en base a sus acciones y no a su ascendencia, ni al pueblo al que pertenecen. Quien dijera algo distinto, debería tener pruebas para comprobarlo, porque sería un escándalo.