PAÍS
Crédito: Agencia Uno
La comisión investigadora ha recibido más de 100 denuncias sobre abuso laboral, abuso sexual, acoso, homicidios y suicidios, entre otros, al interior de la PDI. La instancia parlamentaria ha observado a la fecha 23 testimonios. Revisarán otros tres el miércoles, en una sesión secreta, mientras que examinarán 12 denuncias el próximo lunes. En total, revisarían 38 casos. A su vez, la comisión enviará al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, una carpeta con 100 declaraciones adicionales, que no alcanzarán a ser vistas por la instancia, pues su labor concluye el jueves 22 de diciembre. Por otro lado, funcionarios de la policía civil que han denunciado abusos han sido sumariados, se encuentran en proceso de desvinculación o ya han sido expulsados. «El viernes 9 de diciembre me pidieron mi placa y me avisaron que sería desvinculada. Lo vengo advirtiendo hace meses», dijo la comisaria de la PDI Tania Jara, quien será desvinculada en 30 días más -según relató- por haber denunciado un caso de abuso sexual al interior de la institución.
Una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados -llamada «Eventuales irregularidades y presunto tráfico de influencias autoridades alto mando de la PDI»- ha recibido más de 100 denuncias por situaciones de abuso al interior de la Policía de Investigaciones (PDI).
La comisión (que concluye el jueves 22 de diciembre) ha observado a la fecha 23 declaraciones sobre abuso laboral, abuso sexual, acoso, homicidios y suicidios, entre otros. La instancia revisará otros tres testimonios este miércoles, en una sesión secreta, mientras que examinará 12 denuncias el próximo lunes. En total, revisarían 38 casos.
Durante el desarrollo de la comisión, la instancia recibió numerosas denuncias que no alcanzarán a ser revisadas. Por ello, entregarán al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, una carpeta con 100 testimonios adicionales.
El Mostrador consultó a la PDI sobre las denuncias enviadas a la comisión investigadora. «Considerando que la investigación está en desarrollo, no vamos a referirnos», señalaron en un correo electrónico.
Algunos funcionarios de la PDI que han denunciado abusos han sido sumariados, se encuentran en proceso de desvinculación o ya han sido expulsados. Son los casos de la comisaria de la PDI Tania Jara y la expsicóloga de la institución Verónica Garrido.
«El viernes 9 de diciembre me pidieron mi placa y me avisaron que sería desvinculada. Lo vengo advirtiendo hace meses. También me retiraron el teléfono que me habían dado cuando pedí protección», dijo ayer Jara, quien será desvinculada en 30 días más -según relató a la comisión- por haber denunciado un caso de abuso sexual al interior de la PDI.
«Me encuentro con licencia médica psiquiátrica, porque todo ha sido muy difícil. Haré uso de mi derecho a apelar, porque a pesar de todo, tengo un profundo cariño por esta institución. Creo que es momento de hacer cambios profundos sí», añadió Jara.
Por su parte, la expsicóloga de la PDI Verónica Garrido narró, a la instancia parlamentaria, que fue desvinculada, teniendo fuero maternal, por involucrarse en una denuncia de violencia intrafamiliar de un funcionario y hacer reclamos sobre las contrataciones de algunos profesionales que, a su juicio, no estarían capacitados.
En la comisión, la diputada Claudia Mix (Comunes) también pidió explicaciones al subsecretario de Interior, conectado por Zoom, y a sus representantes presentes, Katherine Román y Roberto Gallardo, jefe de la División de Gestión y Modernización de las Policías, respecto a los dichos de la funcionaria Leslie Sánchez, quien durante su única sesión presencial se refirió al tema como «el show».
«Aquí estamos enfrentando un tema de extrema seriedad y las palabras de esta funcionaria fue, por decir lo menos, una falta de respeto y pido explicaciones a nombre de esta mesa y de las víctimas», dijo Mix.
La Ley 21.427 permite a los funcionarios de la PDI -desde el 17 de agosto pasado- apelar a sus desvinculaciones y sumarios. El representante de las víctimas, Andrés Cáceres, lamentó que muchos casos queden fuera de dicha ley solo por haber ocurrido antes de la fecha de su promulgación.
«No podemos hacer lo que la ley no permite. La modificación que introduce la norma pretende mejorar el sistema que había antes», contestó el subsecretario Monsalve en la comisión.
«Antes, nuestra incidencia era nula. Interior no podía instruir sumarios administrativos. Ahora sí y además podemos ordenarlos. Si llegamos a la convicción que estos casos deben ser revisados, no dudaremos en hacerlo y lo mismo respecto a los casos de discriminación», agregó.
