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Incluso con menos votos que el primer candidato del Presidente Boric, José Morales, el Senado rechazó este lunes el nombre de Marta Herrera como Fiscal Nacional, provocando una nueva derrota para un atribulado Gobierno que, lejos de un tono autocrítico, culpó a sus adversarios políticos de generar disputas que afectaron el proceso. Acusada de representar el continuismo del saliente fiscal Jorge Abbott, Herrera nunca logró el consenso requerido e, incluso, parlamentarios especulan sobre un «Plan de fracaso» oficialista, orientado a nominarla para que fuese rechazada y, así, la Corte Suprema elaborara una nueva quina. Pero evidentemente, y más allá de los eventuales planes y estrategias del Ejecutivo, esta nueva derrota recae en la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien por segunda vez consecutiva no logró proteger al Presidente Gabriel Boric de un nuevo fracaso político.
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric sumó este lunes 19 de diciembre una nueva derrota, después de que su segunda candidata a Fiscal Nacional tampoco consiguiera el apoyo requerido en el hemiciclo del Senado. Y aunque diversas voces oficialistas insistieron en compartir la responsabilidad de este fracaso con los otros poderes del Estado, lo cierto es que la responsabilidad política recae inequívocamente en los hombros del Mandatario y de las ministras sectoriales involucradas, en especial sobre la encargada del flujo de comunicación entre el Ejecutivo y el Congreso, la titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte.
Luego de que la Comisión de Constitución recomendara rechazar su nominación, la actual directora de la Unidad Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera Seguel, obtuvo 26 de los 32 sufragios que requería para convertirse en la primera mujer en conducir la Fiscalía Nacional. Después del fallido primer intento del Mandatario al nominar a José Morales, el nombre de Herrera resultó sorpresivo incluso para sectores parlamentarios oficialistas, que comparten la hipótesis de que dicho nombramiento corresponde a un «Plan de fracaso», cuyo objetivo sería designar a alguien –en este caso, Herrera– sin el apoyo suficiente, para que la responsabilidad de la elaboración de una nueva quina recaiga en la Corte Suprema.
Se trata de un proceso que comenzó lleno de complejidades para un Gobierno que, en primera instancia, nominó a José Morales a sabiendas de que era un fiscal con fuertes lazos con el piñerismo, grupo de interés que se ha manifestado muy preocupado de que las causas sobre las violaciones a los DD.HH. cometidas durante el estallido alcancen a las máximas autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera, sobre quienes pesan sendas querellas en la materia. Y una vez caída esa carta, se insistió con Marta Herrera, pese a que muchos advertían en la directora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público el continuismo del transversalmente cuestionado Jorge Abbott, algo que fue incluso reconocido por parlamentarios oficialistas, como el senador Alfonso de Urresti (PS), y sobre cuyo potencial rechazo La Moneda tenía información antes de ser nominada.
Pero una vez conocido el detalle de la votación, fue el propio Presidente Gabriel Boric quien se encargó de fustigar el rechazo del Senado a Marta Herrera, asegurando que se trata de disputas políticas y ataques en contra de su Gobierno. «Me preocupa, como Presidente de la República, porque tengo la impresión de que esta votación tiene más que ver con aquello que la ciudadanía rechaza: disputas internas, gallitos con el Gobierno, que no le hacen bien a Chile ni a la ciudadanía y que se alejan del bien público que tenemos el deber de defender», planteó el Mandatario durante una ceremonia en la Escuela de Carabineros, en Providencia.
En esa línea, y lejos de un tono autocrítico, la ministra Ana Lya Uriarte descartó el despliegue de una estrategia orientada a nominar a Herrera para que la responsabilidad de elaboración de una nueva quina volviese a estar en manos de la Corte Suprema. «Invitamos a revisar la votación, y notarán que no es una votación tan estricta, sino que tenemos votos de la oposición y del oficialismo, en distintas columnas, apruebo, rechazo y abstención», planteó la titular de la Segpres.
Además, la ministra e histórica militante del PS enfatizó que, más allá de buscar responsabilidades políticas, el principal desafío de los tres poderes del Estado debe ser, en el corto plazo, brindarle conducción a un Ministerio Público que requiere de un nuevo liderazgo. Por lo mismo, el nombre de Herrera –emparentado en forma y estilo con la gestión del cuestionado ex Fiscal Nacional Jorge Abbott– nunca fue convincente, incluso para sectores del oficialismo.
Al respecto, la ministra Uriarte dijo que «la situación yo creo que es, aun, un poco más grave, en el sentido de que tenemos una preocupación tremenda por parte de la ciudadanía en torno al tema de seguridad, y como país y como instituciones no estamos logrando darle conducción a la Fiscalía Nacional». Frente a ese desafío, precisamente, el Gobierno del Presidente Boric no ha conseguido dar con el nombre indicado.
Sobre los eventuales riesgos de la estrategia desplegada por el Ejecutivo en el nombramiento de la máxima autoridad del Ministerio Público, el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, sostiene que «así opera el sistema, que con una evaluación inadecuada o pensando que una nueva caída de nombre permite que ingresen nuevos nombres a la quina, para llegar a uno que le guste al Gobierno. Recordemos que ni Morales ni Herrera han sido los favoritos del Gobierno”.
Que “alguien tiene que pagar”, explicaba en reserva un dirigente oficialista sobre el segundo rechazo del Senado al nombre elegido por el Gobierno para Fiscal Nacional. En tal sentido, se aseguró que da la impresión de que la estrategia de comunicación del Gobierno es traspasar la responsabilidad a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Instalar que fue “una derrota de los tres poderes”, precisaba otro dirigente de un partido de la alianza de Gobierno.
“No puede ser que la ministra Camila Vallejo diga que esto es un fracaso de los tres poderes del Estado. Los que están fracasando acá, al presentar una carta que no cuenta con el apoyo del Senado y no conseguir los votos para que llegue a ser Fiscal Nacional, es el Gobierno casi de manera exclusiva”, afirma el académico de la U. de Talca y doctor en Ciencia Política, Mauricio Morales.
«Culpar al Senado o a la Corte Suprema, lo único que va a producir va a ser enfrentar peligrosamente a las instituciones del Estado, en circunstancias que el Gobierno, como es quien toma la quina y decide el nombramiento, es el agente más relevante durante el proceso», agrega.
Morales explica que La Moneda, probablemente, está buscando una renovación de la quina que está ofreciendo la Corte Suprema, para incorporar a alguien que sea un tanto más afín al Gobierno y que, al mismo tiempo, le permita obtener los votos necesarios en el Senado.
«Si esa es la estrategia, me parece que es profundamente errada, porque lo que hace es horadar aún más la confianza en las instituciones”, puntualiza el académico de la U. de Talca.
Marco Moreno está de acuerdo, y señala que es una “estrategia riesgosa” la de “hacer lo posible para que vaya corriendo la lista para que ingresen nombres afines al Gobierno”.
Axel Callís, especialista en elecciones y director de Tú Influyes, tiene otra interpretación y apunta como uno de los perdedores al máximo tribunal del país. “Lo que está haciendo el Gobierno es dejar al descubierto que el Senado opera en términos políticos. El sinceramiento tiene un costo, pero también para la Corte Suprema (ya que se han rechazado dos de sus candidatos)”, puntualiza.
En esta pasada, y por segunda vez, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, dejó en evidencia su falta de experiencia en negociación política –advierten los analistas–, quedando hoy como un flanco abierto para el Gobierno. Ha existido –aseguran– una “falta de ejecución política», a la que vinculan también el paro de fiscales y una “relación complicada» con el Ministerio Público.
En este contexto, tanto la eventual estrategia de hacer correr la lista hasta encontrar el candidato que logre el consenso necesario en el Congreso, así como la elaboración de un hipotético «Plan de fracaso» involucrado en la nominación de Marta Herrera, son –en el papel– planes que implicarían un alto riesgo para un Gobierno que ha enfrentado duras derrotas políticas durante su primer año de gestión. Ahora, el desafío para el Ejecutivo es asegurar la continuidad del proceso, mientras el Ministerio Público sigue descabezado.
